Por Esteban Valenti (*)
Se ha lanzado la iniciativa de la anulación de la ley de caducidad.
Los que promueven esta medida legislativa son personas y organizaciones que
respeto y valoro y con las que he compartido batallas muy importantes: la recolección
de firmas por el referéndum contra esa misma ley; la campaña por
el voto verde y la larga marcha por la verdad y la justicia; y con la mayoría
de ellos he compartido y comparto objetivos políticos.
A sus razones y a sus argumentos les presto mucha atención. Me cuesta discrepar con
ellos.
No por razones políticas porque en realidad me he acostumbrado que en
materia política hay que estar siempre dispuestos a debatir sobre cualquier
tema. Las barricadas y los límites son siempre una forma de derrota de
las ideas y al espíritu de izquierda. Me cuesta discrepar desde el punto
de vista humano, que en este tema no es un aspecto secundario.
Cuando se habla de estos temas siempre trato de colocar por delante - incluso
de los aspectos políticos - los aspectos humanos, lo que no garantiza
en absoluto una correcta definición de mi parte. Es simplemente una protección
contra la deshumanización siempre posible de la política. En este
caso siento una profunda tensión entre ambos aspectos, entre lo humano
y lo político.
No creo en absoluto que la actitud adoptada por los promotores de la iniciativa
tenga como elemento determinante los factores humanos, creo que es una muy meditada
actitud política, aunque la mayoría de ellos hayan sufrido de
manera terrible y personal o familiarmente los horrores de la dictadura. También
por ello merecen todo mi respeto. Las páginas de Bitácora están
abiertas para exponer sus razones.
Sigo creyendo que el Estado debía hacerse responsable de los crímenes
cometidos por la dictadura a nivel institucional y que los principales responsables
de esos crímenes y de esas violaciones de la constitución y las
leyes debían ser procesados y condenados y que la herida más terrible
de todas, la de los muertos y desaparecidos debe aclararse, por sus familiares,
amigos y compañeros, pero por la salud de toda la sociedad uruguaya.
Y dentro de mis posibilidades aporté y seguiré aportando mi esfuerzo
a esa causa junto a decena de miles de ciudadanos.
Ahora con la misma convicción considero que no es correcto plantearse
la anulación de la ley de caducidad, o para usar la misma terminología
de antes, la ley de impunidad. Podría dejar que la polémica me
pasara por el costado pero no me parece honesto. Cuando las cosas tienen que
ver con el alma y con la política hay que opinar.
Cuando con tanto esfuerzo juntamos las firmas en una campaña que duró
muchos meses y llegamos a la cifra requerida, aceptamos un terreno de la batalla
democrática con todas sus posibilidades y sus riesgos. Cuando fuimos
al plebiscito y desplegamos una campaña de argumentos y de razones para
votar contra la ley también asumimos un compromiso con todo el país.
Y cuando en 1989 fuimos derrotados pero no convencidos (recuerdo haber escrito
un doloroso editorial con este título) también asumimos no solo
los aspectos institucionales y legales de la vigencia de la ley, sino algo que
incluso está por encima de eso: aceptamos el funcionamiento de todos
los compromisos democráticos, con todas sus posibilidades y sus límites.
Sigo pensando que teníamos razón los que apoyamos el voto verde
y la anulación de la ley y no creo que la razón estuviera del
lado de la mayoría de los ciudadanos - no siempre las mayorías
tienen razón - pero eso no invalida en absoluto, al contrario refuerza
la necesidad de respetar ese resultado. Así funciona la democracia, y
ese es el principal capital de nuestra sociedad organizada. Por la vigencia
de esa democracia, de esa constitución pagamos un precio enorme.
Los ciudadanos que perdimos pero que seguimos creyendo que había que
batirse por la verdad y por los espacios de justicia que existían en
relación a los crímenes de la dictadura, comprendimos que la batalla
se había trasladado al terreno de la disputa del gobierno. Si no había
un cambio en el gobierno la impunidad seguiría siendo total y absoluta
y la verdad una aspiración imposible.
Y ese fue el cambió fundamental por el cual se ha logrado buscar los
restos de los desaparecidos, encontrar a unos pocos pero, demostrar de manera
indiscutible que fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos en predios
militares, se logró el encarcelamiento de algunos de los principales
represores y criminales, y ahora el procesamiento del dictador Bordaberry y
de su canciller Blanco. Falta el gran responsable militar: Gregorio Alvarez.
Sin el cambio en el gobierno, absolutamente nada de esto hubiera sido posible.
En la campaña electoral del 2004 como era absolutamente previsible ese
fue un tema central de debate. Y como tal fue discutido en un congreso del Frente
Amplio y tuvo una resolución mayoritaria, que expresa a texto expreso
que respetaríamos la resolución ciudadana de 1989. Pero hay algo
mucho más importante que eso y es el mensaje, las ideas y las respuestas
que a lo largo y ancho del país el Frente Amplio y nuestro entonces candidato
a presidente Tabaré Vázquez le dió a la gente. Y no hay
dos interpretaciones: los convocamos a votarnos incluyendo nuestra definición
de que respetaríamos el pronunciamiento de los ciudadanos y la ley y
que la haríamos cumplir integralmente incluyendo el artículo 4to.
No es un tema formal, ni sólo se trata de respetar las promesas electorales,
es un aspecto central de la moral republicana.
Para la izquierda, para los progresistas, esa definición por la que
tanto peleamos nos costó un gran esfuerzo y el compromiso que asumimos
no puede ahora, cuando alcanzamos el gobierno, cuando estamos cumpliendo rigurosamente
con lo que prometimos, hacer referencia a temas formales, legales o de un renacer
de razones históricas para borrar o olvidar nuestras palabras.
¿Cuánto influyó en el voto de los uruguayos que nos apoyaron
mayoritariamente el 31 de octubre del 2006 esa definición? Y no me refiero
al aspecto puntual, sino a un aspecto que era uno de los centros del debate
y del ataque de nuestros adversarios y también de preocupación
de la ciudadanía: nuestro compromiso y nuestras convicciones democráticas.
No voy a cometer el atrevimiento de debatir o analizar la anulación
desde el punto de vista legal. Lo hago desde el punto de vista político.
Y considero un grave error esta propuesta y esta campaña. Divide un frente
que en estos 20 años siempre fue unido y que se fue ensanchando y además
descentra totalmente el debate. Mientras deberíamos concentrar todo nuestro
esfuerzo en los muchos frentes abiertos como la búsqueda de la verdad,
de la justicia y de la justicia histórica, los ejes del debate serán
otros. Le damos protagonismo a un debate legal que en nada aporta a la batalla
política principal sobre los derechos humanos.
Reafirmar el respeto a la voluntad ciudadana en un plebiscito sobre un tema
que nos embiste de manera tan directa y profunda es una prueba central, una
definición que tuvo un fuerte impacto en toda nuestra campaña
y por lo tanto en nuestro proyecto de país y en nuestro triunfo. Y lo
estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo en toda su complejidad y en todo su
valor político, democrático y moral.
Cumplimos en el giro radical que ha tenido la impunidad en el Uruguay y la
defensa de los derechos humanos. Cumplimos en la búsqueda de la verdad
sobre los hechos y sobre la historia. Cumplimos en que aquellos que no estaban
incluidos en la ley de caducidad, como los civiles o los mandos deben afrontar
sus responsabilidades. Cumplimos respetando rigurosamente el funcionamiento
de la justicia que le da a todos los ciudadanos las garantías del debido
proceso, incluso para los que transformaron la justicia en una parodia durante
la dictadura. Cumplimos, los requeridos por la justicia de otros países
con los que tenemos tratados han sido extraditados porque no hay nadie por encima
de la ley.
Cumplimos porque uno de los objetivos institucionales más importantes
es que las Fuerzas Armadas se integraran plenamente a la democracia y no sean
un instrumento de ciertos poderes tradicionales y ciertos intereses sectoriales
y que la defensa nacional sea un tema integrado al debate democrático
nacional.
Cumplimos cuando fue necesario reafirmar que las Fuerzas Armadas están
y deben estar plenamente subordinadas al poder civil y en particular del Presidente
de la República. No de este presidente, sino de todos los presidentes.
Y en eso no puede ni debe haber matices.
Y seguiremos cumpliendo no porque fue una promesa electoral, sino por el renovado
compromiso con la ciudadanía y con la democracia, de la que cada día
nos sentimos una parte fundamental y fundacional en el Uruguay de los cambios.
(*) Periodista, coordinador de Bitácora. Uruguay.
