Cardales: los puntos sobre las íes

Por Manuel Zarza (*)

La verdad es que nunca me han entusiasmado las polémicas a través de la prensa. Es dudoso que los lectores recuerden los argumentos que se contraponen y lean, pacientemente, uno y otro artículo. En general, suelen terminar en diálogos de sordos.  De todas maneras, se me ocurrió publicar en Bitácora (20/12) algunas consideraciones sobre un artículo del Sr. Carlos Santiago acerca del Plan Cardales y ANTEL (13/12).  Este, a su vez, creyó necesario responderme (10/1), de tal modo que al siempre penoso retorno de las vacaciones se me agrega ahora (por imperio del arcaico pero vigente quien calla, otorga ) la necesidad de poner algunos puntos sobre las íes y con ello dar por terminada mi fugaz  intervención periodística sobre este tema. 
Como lo primero es lo primero, tranquilizo a mi ocasional contendor. No pertenezco a la casta de intocables (léase, funcionario público), ni ordeño , directa o indirectamente, ninguna vaca sagrada   (léase empresas públicas).  De tal modo que si desea citar a Marx  a propósito de las ideologías y los intereses concretos que ellas ocultan, en este caso mis ideas no ocultan  otros intereses  que los que tiene cualquier ciudadano  en las empresas que, a mi juicio felizmente, son todavía propiedad de nuestro estado y por consiguiente, de todos los uruguayos.

En segundo lugar, vayamos a lo positivo de este intercambio, que algo hay.  Ahora  sabemos  que Santiago admite expresamente que  hasta ahora ANTEL no ha sido un freno para el desarrollo de las telecomunicaciones , que ha terminado con la demanda insatisfecha , que ha logrado grandes penetraciones del uso de Internet con servicios de última tecnología, que desarrolló Ancel, Adinet y muchos otros servicios .  Y admite también, implícitamente, con su silencio  respecto  a mis dichos, admite que las tarifas de ANTEL no son la variable de ajuste que asegura los salarios de la casta de intocables y que esas tarifas se han reducido sistemáticamente desde agosto de 2005, en todos los servicios de la empresa. Y también  acepta que, a pesar de la dura competencia  con empresas multinacionales, que le fuera impuesta sin prepararla adecuadamente,  ANTEL sigue siendo líder del mercado y, en este período, ha multiplicado por cuatro sus clientes de telefonía celular y por doce sus clientes de servicios de internet, al tiempo que ha realizado inversiones por 475 millones de dólares y aportado a Rentas Generales 489 millones de dólares.  No es poca cosa para una vaca sagrada integrada por una casta de intocables cuyos intereses impondría, como actor dominante, la corporación SUTEL .  Y todo ello se logró  al tiempo que ANTEL era factor fundamental para la concreción del Plan Ceibal, del Plan de Conectividad Educativa, del programa de Centros MEC, se multiplicaban  los infocentros comunitarios y se llevaban a cabo otras numerosas iniciativas de responsabilidad social.
Ahora sabemos también que Santiago ya no discute que la atención que los clientes reciben en la organización mastodóntica llena de burocratismos , es mejor que la que se brinda en las modélicas empresas multinacionales, si se juzga por un indicador objetivo: las denuncias y quejas que con respecto a una y otras  se tramitan en el Área de Defensa del Consumidor.

Hasta ahí las bienvenidas coincidencias.  Pero subsisten diferencias muy importantes.  Santiago cree que existen dentro del estado castas de elegidos   amparados en la enormemente perniciosa inamovilidad y que el propósito del Presidente electo de reformar el estado causa particular nerviosismo a esos elegidos . Una expresión de ese nerviosismo podría ser mi artículo. Reitero lo que ya escribí, muy claramente. El estado  y las empresas públicas necesitan ser reformados.  Pero no sé de ningún estado que funcione sin reconocer, a ciertas categorías  de quienes trabajan para  él, un estatuto de inamovilidad.  Lo difícil es definir qué servidores públicos y en relación con qué funciones deben estar protegidos por esa garantía y cuál debe ser su alcance.  Y nada peor que creer que la solución de problemas extremadamente complejos, creados a lo largo de muchos años y que involucran a cientos de miles de personas, puede lograrse con soluciones simples o varitas mágicas, de un día para otro. La solución, si a ella se llega algún día, surgirá de un proceso gradual, negociado, que implique cambios en culturas profundamente arraigadas,  y que suponga acuerdos sobre una política de estado,  para asegurar la necesaria continuidad del proceso pese a los previsibles cambios de gobierno. 
Otra diferencia que subsiste es que el Sr. Santiago cree que yo manejo cifras ilusorias sobre la penetración de Internet en Uruguay al afirmar que llega al 40% de la población. Y cree que no vale la pena polemizar sobre esos números, porque sería aburrido y árido . Aún reconociendo el riesgo de aburrirlo le reitero, por si quiere recurrir a ellas, las fuentes de los datos manejados en mi nota: el INE, la URSEC  y las publicaciones internacionales más serias en este campo:  Barómetro Cisco, Convergencia Latina, Signals y Pyramid Research. Aunque él no lo crea, nuestro país ha hecho en estos años un esfuerzo extraordinario para acercar el servicio de internet y la banda ancha a capas cada vez más amplias de la población, con un objetivo de inclusión social y de desarrollo económico.  Los resultados obtenidos están ahí y ANTEL ha sido el factor fundamental de esos logros.

Una tercera diferencia es que Santiago sostiene que el mercado de servicios de internet debe abrirse aún más de lo que ya está a la competencia de las empresas multinacionales (y a través de un simple decreto, el 537/009), porque ya se ha demostrado que ANTEL puede competir con ellas. En mi opinión, ningún país serio (y el nuestro sin duda lo es) abre sus mercados y menos uno tan  trascendente hoy como el de las telecomunicaciones, sin antes analizar detenidamente, en un proceso público, los pros y los contras de la decisión, sin determinar las contrapartidas que deberán exigirse a los nuevos jugadores, sin dar a la empresa pública los tiempos necesarios para prepararse, proceso que culmina con la sanción de una norma de rango legal, que establece las condiciones, el alcance, los límites y las garantías que serán el marco de esa apertura. El decreto dictado al día siguiente de las elecciones nacionales a pretexto de la implementación del Plan Cardales, es inconveniente e inoportuno.  Felizmente, la oposición unánime que ha suscitado en el Frente Amplio y en el movimiento sindical, confirmada ahora por el dictamen de una comisión especial designada por el presidente electo, parecen augurar que  carecerá de aplicación práctica, lo que sería sin duda el mejor de sus destinos posibles.
Por último, el Sr. Santiago pretende demostrar la ineficiencia de ANTEL a partir de anuncios publicitarios de precios para servicios de internet o triple play en ciertos municipios de la comunidad de Madrid o en la República Argentina.  En mi opinión, comparar precios y servicios en economías separadas por abismales diferencias de escala y pretender extraer de allí conclusiones sobre eficiencia empresarial, resulta simplemente absurdo. No lo seguiré por ese camino.
ANTEL es la demostración de que una empresa pública puede funcionar con altos niveles de eficiencia social y económica. Y en definitiva, lo que el país necesita con urgencia es un plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, en el que la empresa pública deberá, necesariamente, ser actor fundamental. Un plan cuya herramienta básica no puede ser otra que una ley sobre la materia.  Si esto nos quedara claro a todos, allí estaría, tal vez,  la única consecuencia beneficiosa del malhadado decreto 537/009.

(*) Experto en telecomunicaciones. Uruguay