25.11.24

Bolivia, noviembre 2024

Por Farit L. Rojas Tudela (*)

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), guardián e intérprete oficial de la Constitución en Bolivia, ha emitido tres resoluciones controversiales en lo que va el mes de noviembre.

Todas ellas acusadas de apartarse del texto constitucional vigente y de invadir las competencias de otros órganos de poder.

La sentencia SCP 770/2024-S4 de 4 de noviembre de 2024 que anula las elecciones judiciales para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando, y además anula las elecciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Una sentencia que manifiestamente deja sin efecto las actuaciones del Órgano Legislativo y del Órgano Judicial.

El auto constitucional 0083/2024-ECA de 1 de noviembre de 2024 complementario a la sentencia constitucional SCP 1010/2023 de 28 de diciembre de 2023, mediante el cual se precisa que la reelección de autoridades sea continua o discontinua es solo posible por dos periodos, lo cual se traduce en la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales, quien ya fue presidente por tres periodos, y que sobre-interpreta la Constitución boliviana la cual solo permite la reelección continua y guarda silencio sobre la discontinua.

La sentencia SCP 0776/2024-S4 de 14 de noviembre de 2024 que da por válido el Congreso Nacional del partidos político MAS-IPSP llevado a cabo en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz los días 3 y 5 de mayo de 2024, lo cual se traduce en la expulsión de Evo Morales del partido político que lo llevó a la presidencia desde el 2006 y deja sin efecto actuaciones del Órgano Electoral sobre el tema. En el imaginario popular el MAS-IPSP era sinónimo de Evo Morales.  

Para entender este escenario, es necesario señalar que los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional debían haber cesado de su mandato el pasado 31 de diciembre de 2023, pues la Constitución Política del Estado boliviana establece que el tiempo de ejercicio de estos magistrados es de seis años sin derecho a re elección, pues este tiempo, en el caso de los actuales magistrados, se cumplió, como se señaló el pasado 31 de diciembre, sin embargo la sustitución de estos magistrados, tarea que debía llevar a cabo el Órgano Legislativo, no se realizó, por lo cual mediante la Declaración Constitucional DCP 0049/2023 de 11 de diciembre de 2023, los mismos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional determinan su (auto)prórroga de mandato sin establecer plazo alguno, refiriendo que se mantendrán en el cargo hasta que sean sustituidos formalmente, lo cual supone una pre selección de candidatos por parte del Órgano Legislativo y una elección popular que es conocida como elección judicial, la misma que ha sido dejada sin efecto parcialmente mediante la sentencia SCP 770/2024-S4 de 4 de noviembre de 2024 referida.

Para entender este escenario, también es necesario señalar que desde el comienzo del gobierno del presidente Luis Arce en 2021, elegido con apoyo del ex presidente Evo Morales y bajo el partido político MAS-IPSP, se ha ido produciendo una ruptura y separación entre el llamado MAS evista (que reconoce como líder a Evo Morales) y el MAS arcista (que reconoce como líder a Luis Arce), esta ruptura se hizo más evidente cuando en diciembre de 2023, mediante la sentencia constitucional SCP 1010/2023 de 28 de diciembre de 2023 se mencionó sin mucha precisión que la reelección en Bolivia es solo por una vez, decimos sin mucha precisión pues esta sentencia resolvía un tema distante a la relección que tenía que ver con la vulneración de derechos de un ciudadano que observaba el reglamento de pre selección de candidatos para las elecciones judiciales. El resultado fue la especulación de si el ex presidente Evo Morales podría o no presentarse a elecciones generales el 2025, lo cual llevó a marchas y bloqueos por parte del MAS evista contra el gobierno de Luís Arce, en medio de todo este conflicto el partido político MAS-IPSP se parte en dos, uno evista llevando a cabo su Congreso en la región de Luca Ñ del departamento de Cochabamba en octubre de 2023 y otro arcista llevando su Congreso en el Alto entre el 3 y 5 de mayo de 2024, asimismo empieza una guerra mediática contra Evo Morales por supuestos delitos de estupro, trata, y acusaciones de que el expresidente mantenía relaciones sexuales con menores de edad.

Como se mencionó, mediante el auto constitucional 0083/2024-ECA de 1 de noviembre de 2024 complementario a la sentencia constitucional SCP 1010/2023 de 28 de diciembre de 2023, se precisó que la reelección de autoridades sea continua o discontinua es solo posible por dos periodos, es decir Evo Morales no podrá ser candidato, y mediante la sentencia constitucional SCP 0776/2024-S4 de 14 de noviembre de 2024 que da por válido el Congreso Nacional del MAS-IPSP llevado a cabo en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz los días 3 y 5 de mayo de 2024, la sigla del partido político MAS-IPSP deja de pertenecer al grupo afín a Evo Morales.

A todo este escenario debe sumarse la crisis económica que vive Bolivia, expresada en la falta de dólares en el mercado (pues hay un tipo de cambio oficial que establece que un dólar equivale a 6,96 bolivianos, sin embargo en el mercado paralelo el dólar se cotiza en 10 y 11 bolivianos), largas filas en las gasolineras por falta de diesel y gasolina (pues en Bolivia la gasolina y el diesel están subvencionados por el Estado, pero debido a la crisis económica el gobierno no está garantizando la provisión regular de estos hidrocarburos), encarecimiento de alimentos, medicamentos y todos los productos importados.

Es lógico que las sentencias y decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional no solucionan estos problemas efecto de la crisis económica, sin embargo, revelan la manera en la que se ha invisibilizado al Órgano Legislativo y al Órgano Electoral los cuales deben someterse a la decisiones de referido tribunal el cual goza de un apoyo expreso del Órgano Ejecutivo.

Los meses que vienen son de amplia incertidumbre tanto en el plano económico-social como en el plano político. Las elecciones generales se prevén para el 2025, sin embargo, queda aún en la incertidumbre cuál será la resolución de las elecciones judiciales para fin de año, pues al estar anuladas en lo que respecta a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en cinco de los nueve departamentos que tiene Bolivia y en dos para el Tribunal Supremo de Justicia, queda pendiente saber si la misma se realizará pues el Órgano Electoral ha dado a entender que baraja la posibilidad de no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, queda en la incertidumbre cuál será la respuesta de Evo Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan a la inhabilitación tanto de su posibilidad de candidato como la captura de su partido, dado que por la situación económica, cualquier manifestación o movilización de reclamo es vista por el aparato mediático claramente afín al gobierno, como una acción que afecta a la ya débil situación económica boliviana.

En resumen, en esta Bolivia gobernada por el Órgano Ejecutivo (el presidente y sus ministros) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (y sus sentencias que parecen una pésima agenda de gobierno), se vive en una compleja incertidumbre que nubla todo lo que podamos decir. Incertidumbre, no de lo que sucederá los próximos meses o años, sino de lo que sucederá los próximos días, las próximas semanas.

 

(*) Farit L. Rojas Tudela. Profesor de teoría del Derecho y teorías de la democracia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz - Bolivia).

Fuente: Sin Permiso, 17/11/24