1.5.23
Francia: Construir una salida política a la crisis de las pensiones
Por Léon Crémieux (*)
Claramente, Francia atraviesa una crisis social y una crisis democrática. Incluso se puede decir razonablemente que estas dos crisis se traducen de hecho en una crisis de régimen, es decir, en una incapacidad de la clase dominante, la clase capitalista, para seguir ejerciendo el poder de manera normal apoyándose en las instituciones políticas vigentes.
Esto no significa que hayamos entrado en una crisis revolucionaria, ni siquiera prerrevolucionaria, sino en una fase de inestabilidad social y política cuyo desenlace difícilmente se puede predecir. Como tal, plantea una serie de cuestiones políticas, de paradojas.
El rechazo masivo a la postergación de la edad de jubilación a los 64 años, con una ley impuesta por varias imposiciones institucionales, incluyendo la utilización del artículo 49,3, la prolongada movilización popular en una escala sin duda inédita en su profundidad son manifestaciones evidentes de la crisis social. Manifestaciones, porque este movimiento, en torno a la cuestión de los 64 años, cristaliza una crisis más profunda.
Una revuelta global
Las clases trabajadoras han sido atacadas durante varios meses por las consecuencias de la inflación, el aumento del coste de la vida en general, ante todo, alimentos y energía, los efectos de Covid. A esto se suman ataques a más largo plazo que han llevado a la miseria del sistema público de salud, de la vivienda pública, las dificultades de la vida cotidiana, con bajos ingresos, problemas de estabilidad laboral, transporte, hacerse cargo de la escolarización de los niños y el cuidado de sus mayores. Todas estas dificultades se viven tanto en los barrios populares como en los pequeños pueblos de la periferia. Todos ellos reflejan el deseo del capital de reducir aún más la parte del valor agregado dedicada a las clases trabajadoras, directamente a través de los salarios, indirectamente a través de la fiscalidad y la redistribución.
Todas estas preocupaciones de la vida cotidiana se han encontrado en las manifestaciones desde enero, aunque las pensiones son el punto de cristalización y la base única de la acción intersindical. La masividad, la constancia del rechazo a la ley de Macron no se puede entender sin tener en cuenta toda la indignación que se encuentra en el movimiento actual. Son pues, en general, todas las condiciones de vida de las clases trabajadoras las que determinan la indefectible popularidad del apoyo a las huelgas y manifestaciones e incluso a los bloqueos y las huelgas renovables para hacer triunfar el movimiento.
El aislamiento político de Macron obviamente corresponde a esta realidad social ya que es el representante de una sociedad donde la riqueza producida es utilizada para el beneficio de la clase capitalista, cuya riqueza, a través de las empresas que posee o de otros bienes, ha aumentado constantemente en los últimos años. El 5% de los hogares posee el 95% de los activos industriales. Macron encuentra un apoyo bastante relativo, aparte de la propia clase capitalista, solo en una parte de los estratos superiores de la clase asalariada, los directivos, las profesiones liberales, en términos generales las categorías que vinculan su prosperidad al sistema capitalista, que apenas han sufrido el Covid, que están poco atacadas en su nivel de vida por la inflación y no temen el aumento a los 64 años de la edad de jubilación.
La polarización en el tema de las pensiones es claramente de clase: agrupa a quienes sólo pueden vivir de su salario o ingreso social y sufren ataques contra la protección social y todos los sistemas de redistribución.
La expresión política del movimiento está limitada por la Intersyndicale
Podemos decir que la unidad forjada en torno a la intersindical nacional desde enero ha permitido la construcción del movimiento, su pujanza, sobre todo en los pueblos pequeños habitualmente menos movilizados por los movimientos sociales. Pero esta intersindical, si ha reunido hasta hoy a todos los sindicatos, se ha limitado voluntariamente, para mantener su unidad, a la exigencia del levantamiento de la medida de la ampliación hasta los 64 años, única base común. Podría decirse entonces que en el país se ha construido un frente único general, completo, de las organizaciones sindicales y políticas del movimiento obrero, traduciéndo y reforzando la fuerza del movimiento.
Pero todos entienden también que esta autolimitación forzada de la base intersindical (no olvidemos que la CFDT apoyó la reforma de Touraine de 2014 y la transición gradual a las 43 anualidades) hace que este movimiento no ocupe el lugar político que, objetivamente , corresponde a su profundidad, a su radicalización. No es que quienes se manifiestan, los activistas de la huelga y los bloqueos, los participantes en los cientos de manifestaciones, no expresen todas las reivindicaciones que subyacen en este movimiento, sino que la autolimitación de la intersindical se debilita, limita su paso a un escenario político.
Objetivamente, el movimiento disputa el poder, la organización de la sociedad por los partidos y la clase capitalista, plantea las principales reivindicaciones sociales, debilita la hegemonía intelectual y política de la clase dominante, que ha perdido la batalla en el tema de su reforma (aunque logre imponerla mañana), pero el movimiento no produce su propia expresión política para avanzar como un todo otra política, otras opciones sociales en beneficio de las clases trabajadoras. En esto podemos decir que el contenido de los objetivos de la Intersindical no es la emanación del nivel de conciencia, sino que está muy por detrás de él; por otro lado, el movimiento no tiene la fuerza para crear estructuras propias capaces de sacudir la Intersindical.
Conseguir la unidad de los explotados
Los marxistas revolucionarios, el movimiento obrero del siglo pasado se han enfrentado muchas veces a situaciones similares, muchas veces en el seno de enfrentamientos a otro nivel, en crisis revolucionarias o prerrevolucionarias. La elaboración por parte de la Internacional Comunista de la táctica del frente único y la presentación de la consigna de "gobierno obrero" durante su III y IV congresos en 1920/1921 expresaron esta preocupación.
La táctica del frente único debe permitir al movimiento la más amplia unidad de los explotados. Esto no significa la suma aritmética de sindicatos y partidos, sino iniciativas que permitan la movilización, a partir de las necesidades fundamentales y, a través de la acción colectiva, la lucha, el avance de la conciencia, el cuestionamiento de la hegemonía capitalista. En esto, la alianza, en la realización del frente único con organizaciones reformistas ligadas material e ideológicamente a la política capitalista neoliberal, es, paradójicamente, necesaria para lograr la unidad, pero esto no debe hacerse en detrimento de la acción misma. "El problema histórico no es unir mecánicamente a todas las organizaciones que quedan de las diferentes etapas de la lucha de clases, sino unir al proletariado en la lucha y para la lucha. Estos son problemas absolutamente diferentes, a veces incluso contradictorios", explica León Trotsky en ¿Cómo derrotar al fascismo?
A principios de la década de 1920, en medio de situaciones de crisis, el problema al que se enfrentaban los comunistas era la coexistencia con importantes partidos socialdemócratas en varios países capitalistas avanzados, especialmente en Alemania, y la elaboración de una política revolucionaria. El objetivo era crear un movimiento, un proceso que, a partir de las luchas por las reivindicaciones, una a los explotados y lleve a un enfrentamiento revolucionario. La situación era paradójica cuando se buscaba confluir con partidos socialdemócratas con los que los comunistas acababan de escindirse durante la guerra del 14/18, la Revolución Rusa y la crisis revolucionaria en Alemania del 18/19."Si hubiéramos sido capaces de unir a las masas trabajadoras en torno a nuestra bandera, o a nuestras consignas actuales, dejando de lado a las organizaciones, partidos o sindicatos reformistas, eso sin duda sería lo mejor de todo. Pero entonces la cuestión del frente único ni siquiera se plantearía en su forma actual... el grupo reformista tiende a la paz con la burguesía. Pero para no perder su influencia sobre los trabajadores, se ve obligado, contra la voluntad profunda de sus dirigentes, a apoyar los movimientos parciales de los explotados contra los explotadores". Así lo explicaba Trotsky a los comunistas franceses en 1922, un año después del Congreso de Tours.
El "gobierno de los trabajadores"
Asimismo, en la época, los congresos de la IC debatieron la cuestión del "gobierno obrero". El comité internacional del 21 de diciembre, luego el IV congreso de la IC, el 22 de noviembre, detalló esta cuestión, y la Resolución sobre la táctica de la IC explica precisamente que "la consigna del 'gobierno obrero' es una consecuencia inevitable de toda la táctica del frente unido". En el movimiento de los explotados y oprimidos posibilitado por una táctica de frente único, el resultado es un gobierno obrero, en un programa revolucionario de confrontación con el estado burgués. La resolución, por tanto, enumera los diferentes escenarios de "gobiernos obreros" que pueden traducir la alianza entre los comunistas y los socialdemócratas, advirtiendo en particular contra un gobierno obrero liberal como en Australia, o un gobierno social-liberal como en Gran Bretaña, ambos de los cuales eran simplemente "gobiernos de coalición camuflados entre la burguesía y los líderes obreros contrarrevolucionarios". Pero, el Congreso consideró posible la participación de los comunistas en gobiernos que organicen el enfrentamiento con el Estado burgués y comiencen a cumplir tareas revolucionarias.
Como extensión de lo que Gramsci elaboró ??entonces sobre la hegemonía, parece que la consigna de gobierno obrero puede traducir, algebraicamente o más concretamente, en propaganda o situaciones prácticas, esta idea de que los oprimidos y explotados deben romper la hegemonía política y cultural ejercida por la burguesía en la sociedad civil, que le permite completar su poder más allá de la esfera económica y del Estado político coercitivo, para legitimarse a través de la hegemonía en las instituciones estructurantes de la sociedad, sindicatos, iglesias, partidos,... Crear una nueva hegemonía, la de los explotados y oprimidos, en el movimiento de lucha, es pues un desafio, afirmando un proyecto de toda la sociedad, cuestionando el capitalismo, partiendo de la satisfacción de las necesidades de las clases populares y de las exigencias de las luchas y luchas democráticas contra la opresión, y afirmar esa hegemonía para enfrentarse al Estado coercitivo y atacar la explotación.
Reclamando el poder para los explotados y los oprimidos
Estas tareas habían sido elaboradas por los comunistas a principios de la década de los 20 del siglo pasado, unos años de incandescencia revolucionaria. Pero, nuevamente, el contexto de la lucha contra la reforma de las pensiones y las cuestiones que plantea pueden subrayar tanto la importancia de una táctica de frente único -entendiendo que su dinámica debe extender su base de reivindicaciones sociales- como el lugar de la consigna de gobierno de los explotados y los oprimidos, lo que en este caso significaría ante todo la manifestación positiva de la pretensión de las clases trabajadoras de presentarse como candidatas al poder, no por delegación en los marcos institucionales presentes, sino por su capacidad de organizarse en todos los niveles de la sociedad. Esto obviamente va de la mano con la capacidad de hacer converger en la oposición al capitalismo el conjunto de las luchas contra la explotación y la opresión.
Las muchas reivindicaciones que se expresan en este movimiento no se han materializado en estructuras que reúnan a los activistas, a las organizaciones que llevan tres meses liderando la lucha. No se ha establecido un lazo con las preocupaciones sociales que, cristalizadas en torno a la cuestión de los 64 años, no se reducen a esta. En una palabra, para usar la terminología política, este movimiento sí ha logrado un frente de organizaciones sindicales, un levantamiento masivo de las clases populares, pero no ha superado la ausencia de estructuras que recojan la energía política, que expresen las reivindicaciones presentes en este movimiento.
Recordemos que hace cuatro años fueron los chalecos amarillos los que mostraron, en menor número, una indignación similar, que cristalizó también en las capas más precarias de la fuerza de trabajo, especialmente en las regiones rurales y periféricas. La indignación y las reivindicaciones eran las mismas."Nos rebelamos contra el alto coste de la vida, la precariedad y la miseria. Queremos, para nuestros seres queridos, nuestras familias y nuestros hijos, vivir con dignidad. 26 multimillonarios poseen tanto como la mitad de la humanidad, esto es inaceptable. ¡Compartamos la riqueza y no la miseria! ¡Acabemos con las desigualdades sociales! Exigimos aumento inmediato de salarios, mínimos sociales, asignaciones y pensiones, derecho incondicional a la vivienda y a la salud, a la educación, servicios públicos gratuitos para todos... Somos fuertes en la diversidad de nuestras discusiones, en este mismo momento cientos de asambleas están elaborando y proponiendo sus propias reivindicaciones. Tratan de la democracia real, la justicia social y fiscal, las condiciones de trabajo, la justicia ecológica y climática, y el fin de la discriminación". (Asamblea de asambleas de Comercio).
Ha sido también socialmente una revuelta de clase, que apunta explícitamente a los explotadores, como lo hacen los manifestantes de las movilizaciones actuales. Esta indignación social la encontramos en las luchas locales contra las empresas públicas de vivienda, por los alquileres o el precio de la energía, en los suburbios obreros que sufren discriminación, las altas tasas de desempleo, la desaparición de los servicios públicos, las dificultades de transporte. También se encuentra en la amplia convocatoria unitaria al paro feminista del 8 de marzo de 2023:"Siempre pagadas una cuarta parte menos, concentradas en los trabajos peor pagados y a tiempo parcial, cada vez son más las mujeres que no alcanzan a llegar a fin de mes. En lugar de castigar a las empresas que discriminan, en lugar de aumentar salarios y pensiones, de luchar contra la violencia machista y sexual contra las mujeres, este gobierno y la patronal quieren imponer una reforma de las pensiones violenta e injusta".
La convocatoria a los Levantamientos de la Tierra de 2021 también expresó esta cólera popular, "al reunir a jóvenes en rebeldía contra el desastre ecológico y campesinos que se niegan a hacer de la tierra un mercado... Después de haber cercado y privatizado los comunes, el mercado capitalista y sus instituciones están precipitando hoy la devastación de la biodiversidad, la convulsión climática y la atomización social".
Ante la ilegitimidad de quienes nos gobiernan
El actual descontento social, las huelgas y manifestaciones son por tanto producto de todas estas reivindicaciones sociales. La gran mayoría se encuentra frente a un poder que se esconde tras una legitimidad institucional, la de las reglas "democráticas" que han permitido la elección de un presidente, de una asamblea nacional. Y como estas reglas en sí mismas no son suficientes, se les agregan todos los artificios legislativos que permiten que el poder escape a la ausencia de una mayoría -en un sistema diseñado sin embargo para asegurar una mayoría presidencial-, para escapar de la presión de los diputados en sus distritos electorales.
En consecuencia, a la cuestión social se suma una evidente cuestión democrática: ¿cómo es posible que un presidente que ha recibido el respaldo de sólo el 20% del electorado, cómo una minoría parlamentaria que ha recibido el apoyo de sólo el 11,97% de este electorado tenga la soberbia de pretender ser legítimo para imponer una ley condenada por una inmensa mayoría de la población?
Esta doble situación de crisis social y crisis democrática plantea una cuestión directamente política: ¿cómo imponer las necesidades, las aspiraciones, las opciones de quienes se oponen en las huelgas y en las calles contra la reforma de las pensiones, de quienes luchan contra el sistema capitalista, cómo hacer valer una fuerza capaz de imponer su legitimidad frente a un poder minoritario e ilegítimo?
El peligro de la ultraderecha
Avanzar en esta dirección es también una necesidad vital ante una situación aberrante. A tres meses del inicio de un movimiento social que lucha contra un ataque proveniente del capitalismo liberal, un movimiento social organizado por el movimiento sindical y con la participación y el apoyo de la izquierda antiliberal, la extrema derecha parece estar aprovechando en gran medida la crisis de la situación social actual, mientras que obviamente se niega a presentar la menor reivindicación que atente contra los intereses de los capitalistas, de los empresarios. Al igual que sus colegas italianos de Fratellid'Italia en torno a Meloni, la extrema derecha francesa solo espera su momento, esperando que la ausencia de una poderosa dinámica popular anticapitalista la haga aparecer como una alternativa institucional en 2027, mientras se beneficia de la criminalización y demonización de la NUPES orquestada por el gobierno. El aislamiento de esta extrema derecha sólo puede darse si se construye un frente de las clases trabajadoras, un frente sindical, social y político que tienda un puente entre el movimiento por las pensiones y todas las demandas sociales, democráticas y ambientales del momento, estructurado en torno a medidas que desafían el poder de los grupos capitalistas.
Las bases de tal frente existen en las luchas sociales que se llevan a cabo en los campos social, feminista, ecológico, antirracista, porque el capitalismo estructura y reestructura en su beneficio la explotación y las opresiones generalizando su poder en toda la sociedad. Estamos en uno de los momentos en que la tarea es "destruir una hegemonía y crear una nueva", como decía Gramsci. En la sociedad civil se afirma la hegemonía de la clase dominante, que suele encontrar aliados en las direcciones reformistas del movimiento obrero. Pero hay momentos en que esta hegemonía puede ser cuestionada por las luchas sociales, cuando se afirma una identidad política de los explotados y oprimidos, más allá de sus divisiones. Estamos en un momento en que esta identidad política podría afirmarse, expresando la lucha por su propia hegemonía. Por lo tanto, es necesario construir una hegemonía política de los explotados y oprimidos, una hegemonía correspondiente, no solo a su peso social -aglutinando todas las luchas contra la explotación y la opresión-, sino sobre todo orientando estas luchas en torno al cuestionamiento del sistema que estructura esta explotación y estas opresiones, el sistema capitalista.
La violencia de Darmanin en Sainte-Soline es reveladora del gran temor a la convergencia de la lucha social contra los 64 años con las luchas ecológicas. Del mismo modo, Darmanin y Macron tienen mucho que temer de una convergencia con las luchas de los suburbios de clase trabajadora por los servicios públicos, el racismo y la violencia policial. La convergencia positiva de estas luchas no existe hoy. Para avanzar en esa dirección, sería necesario construir y afirmar un frente social y político, portador de reivindicaciones sociales urgentes y trazar así la perspectiva de lo que podría ser una sociedad de los comunes, gestionada por y para los explotados y oprimidos, estructurada a partir de empresas, barrios y localidades, teniendo entre las manos la organización de la sociedad para la satisfacción de las necesidades populares.
Por una unidad al servicio del combate
Hablar de un gobierno de los explotados y oprimidos supone al mismo tiempo partir de la situación actual, tener en cuenta las organizaciones sociales y políticas que forman parte de los combates actuales, que organizan las luchas sociales. Obviamente les tocaría reunirse para definir y debatir cuál podría ser un programa de atención a las necesidades sociales, de ruptura con el sistema actual. Tocamos concretamente un problema esencial de las actuales semanas: la necesidad de que la convergencia de las fuerzas sociales y políticas rompa el actual desconocimiento mutuo.
La debilidad de las asambleas locales, de las estructuras autoorganizativas de este movimiento, no debe impedirnos dar pasos adelante. La indispensable autonomía del movimiento social frente a los partidos políticos no puede conducir, como hoy, a la ausencia de amplias iniciativas comunes basadas en las reivindicaciones sociales y democráticas por las que ambos luchan. Al contrario de lo que esencialmente hace la NUPES, la cuestión no se limita a una lucha institucional, parlamentaria, sumada al apoyo a las luchas sociales, hasta que se traduzca en apoyo electoral en 2027 o en caso de disolución. Los parlamentos de la Unidad Popular (hoy adormecidos) abriéndolos de par en par podrían haber ayudado en esta tarea. Esto debería suceder ahora, no solo mediante la celebración de reuniones nacionales y locales que agrupen a partidos, sindicatos y asociaciones, sino también mediante un esfuerzo militante conjunto para construir estructuras unitarias nacionales y locales para promover esta convergencia dentro de la lucha. Esto obviamente se refiere a tareas comunes en los temas de represión y respuestas a las acciones de la extrema derecha, en defensa de los derechos democráticos. Pero esto atañe también a la necesidad de converger, más allá de la negativa a los 64 años, las reivindicaciones sociales comunes en un programa de lucha. Debemos lograr darle un sentido, una orientación política a la lucha social, una orientación política que se construya en la dinámica del movimiento social actual, pero también a través de un esfuerzo militante conjunto para construir estructuras nacionales y locales unitarias para avanzar en esta convergencia dentro de la lucha.
Asimismo, nos encontramos en un momento en que se combina la evidencia de las demandas sociales con la evidencia de las demandas democráticas. La situación actual vuelve a poner en la agenda reivindicaciones democráticas como las que planteamos cuando se creó el NPA (y que maduraron durante el movimiento de los chalecos amarillos). No se trata de luchar por una simple limpieza de los "excesos" de la Quinta República, sino de plantear una serie de reivindicaciones concretas:
"Una democracia política ampliada requiere romper con las instituciones de la Quinta República y su hiperpresidencialismo, para abolir la función presidencial. Reivindicar la plena proporcionalidad, la elección de una asamblea constituyente, la abolición de todos los órganos que, como el Senado y el Consejo Constitucional, confiscan aún más la democracia. Establecer una rotación y una estricta limitación de mandatos, paridad en cualquier órgano electivo. Desarrollar la plena ciudadanía de residentes y trabajadorores basada en el jussoli integral. Estas nuevas conquistas democráticas no pueden pensarse sin movilizaciones profundas, emancipatorias, inventando nuevas formas de prácticas democráticas...".
La consigna de una asamblea constituyente está, pues, claramente en la agenda, no como un simple paso a otra República, como si el Estado pudiera cambiar el carácter de clase con la mera proclamación de una nueva República. No se trata sólo de derribar instituciones que fragmentan, laminan, esparcen, como un "rompe cabezas", todas las dinámicas sociales de las clases populares, sino de plantear un proceso de autoorganización popular que combata explícitamente la delegación y que sea una herramienta de ruptura y no de mera limpieza del Estado burgués. El movimiento lleva las semillas de dinámicas que pueden ir en esta dirección. Depende de nosotros estimularlas, cualquiera que sea el resultado de la fase actual del movimiento.
(*) Léon Crémieux. Técnico aeronáutico de Air France jubilado, sindicalista de Sud Aérien y militante del NPA.
Fuente: https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article66335
Traducción: G. Buster
