bitacora
ESPACIO PARA PUBLICIDAD
 
 

18.01.21

Qué se encubre al encarar un déficit fiscal

imagen

Por Roberto Sansón Mizrahi (*)

La forma como se encara un déficit fiscal está lejos de ser un problema técnico de naturaleza económica. Encubierto detrás de las argumentaciones para defender una u otra opción están temas críticos para el país y su población: quienes dominan, la distribución de las cargas y los ingresos, el papel del Estado, qué es lo que se promueve y qué se castiga, la soberaní

Está fuera de discusión que el Estado necesita realizar ciertos gastos, lo que sí está en discusión es la envergadura del gasto público, el tipo y destino de los gastos a realizar y qué nivel de efectividad social y de gestión debiera alcanzar. Esto es, el papel del Estado y cómo maneja su capacidad regulatoria, financiera y de gestión.

También está fuera de discusión que el Estado requiere proveerse de los ingresos necesarios para atender el gasto público que decida realizar. Lo que sí se está en discusión son las fuentes de esos ingresos, su composición, quienes y en qué proporción aportan ingresos.

Vale decir que no existe una única determinación del gasto y de los ingresos públicos. Todo lo contrario, hay opciones diversas, cada una con diferentes implicaciones sociales, económicas y ambientales. ¿En qué se basa esa elección? En el proyecto de país que cada sociedad escoge considerando logros y consecuencias esperadas. Así, la elección del gasto y del ingreso público, como todas las decisiones estratégicas, es de naturaleza política con condicionamientos técnicos cuyo alcance y rigurosidad son discutibles. Más adelante analizaremos los condicionantes.

Lo crítico es comprender cómo se impone una opción sobre otra; depende de la correlación de fuerzas que prime en cada sociedad. Si se trata de democracias que han sido capturadas por grupos minoritarios, entonces el proyecto de país que guiará la definición de ingresos y gastos públicos será uno que proteja los intereses de los apropiadores y sólo subsidiariamente atenderá las necesidades e intereses de los sectores populares. En cambio, en situaciones donde avanzan procesos de liberación de las democracias procurando conjugar derechos políticos con derechos sociales, económicos y ambientales, el proyecto de país impondrá otros rumbos y trayectorias, priorizará inclusión, equidad, justicia, cuidará a toda la población y al ambiente. Esa será la guía para determinar ingresos y gastos públicos.

Vamos ahora hacia el déficit fiscal. Una vez definido el gasto público que el Estado se propone realizar suele ocurrir que los ingresos legítimos del Estado no alcanzan a cubrirlo (por diversos motivos que enseguida analizaremos), aparece el déficit fiscal. Lo que sigue explicita cómo se genera un déficit fiscal y cómo uno u otro proyecto de país lo encaran.

El papel del Estado, el nivel y orientación del gasto público

Vale comenzar focalizando en el nivel y orientación del gasto público, lo cual está relacionado con el papel que las distintas fuerzas sociales le asignan al Estado. Si el Estado es controlado por poderosas minorías, prima un Estado subordinado a sus intereses los cuales, imposibles de defender abiertamente, son encubiertos. El argumento más utilizado es que el Estado no debe interferir con las fuerzas del mercado; esto es, que no debe limitar el ritmo de acumulación de lucros que los dominadores logran obtener. La estrategia impuesta por estos sectores siempre pasa por desregular aquello que les perjudica pero cuidando de imponer regulaciones que les favorecen. Esto tiene un correlato en la estructura y el nivel del gasto público: se aprueban partidas y regulaciones que les son afines, como ser subsidios a empresas petroleras y de transporte, tarifas de servicios básicos liberadas, construcción de infraestructuras que les sirve, entre varias otras. Al mismo tiempo, aduciendo la escasez de los recursos disponibles procuran reducir partidas sociales consideradas costos, no derechos, como jubilaciones, salud, educación, apoyo a pymes y a la economía popular, saneamiento, urbanización de asentamientos precarios, y otros servicios esenciales para la población.  

Como se señaló y vale insistir, si el Estado fuese controlado por gobiernos de base popular muy distinto sería el rumbo y la trayectoria planteada y, consecuentemente, la estructura del gasto público, también su nivel. Los gastos e ingresos están lejos de ser variables independientes, son decisiones estrechamente relacionadas como a continuación explicitaremos.      

Los ingresos públicos legítimos e ilegítimos

El Estado cuenta con una diversidad de ingresos considerados legítimos, en el sentido que hacen a sus atribuciones. El principal ingreso proviene de los impuestos aunque con dos tremendas restricciones. Por un lado, quienes debieran ser los mayores contribuyentes (grandes empresas y personas de altos patrimonios e ingresos) tienden a evadir su responsabilidad tributaria, en criollo, suelen ser grandes evasores que fugan al exterior los lucros no registrados. Con ello, no sólo desfinancian al Estado sino que, al no reinvertir esos excedentes en el país, esterilizan eventuales efectos multiplicadores. La otra restricción refiere a que la estructura tributaria es en general regresiva; pesan fuerte los impuestos al consumo lo cual, sumando los aumentos de tarifas de servicios esenciales, golpea dura y desproporcionadamente mucho más a los pobres y sectores medios que a quienes poseen elevados patrimonios. Una injusticia con demoledores efectos sociales.

Una segunda fuente de ingresos públicos proviene del endeudamiento soberano. Esta fuente tiene una tenebrosa historia: cada vez que el Estado es controlado por gobiernos neoliberales se contraen enormes deudas sin atender la capacidad nacional de repago. Así, los países caen en recurrentes situaciones de no poder cancelar sus deudas forzándolos a encarar onerosas renegociaciones. Se produce un enorme drenaje de recursos públicos por pagos de intereses y amortizaciones y se desplazan gastos sociales e inversión pública para el desarrollo. Las deudas impagas se transforman en un mecanismo de sometimiento nacional ya que, por largas décadas, se exige a los países adoptar políticas anti populares para garantizar pagos a los acreedores.

Otra legítima fuente de ingresos públicos es una prudente y bien aplicada emisión monetaria. Cada vez más, en casi todos los países del mundo se acepta como un factor positivo que dinamiza la demanda interna una emisión acorde con un déficit fiscal de alrededor del 3% del PBI. Más allá de ese límite pueden incrementarse desfasajes macroeconómicos. Sin embargo, este nivel puede y debiera superarse ampliamente en situaciones de emergencias como las de la doble pandemia sanitaria y neoliberal donde el Estado es el único actor capaz de salir al cruce de abruptas caídas de la producción, del empleo, los ingresos, el cuidado de la salud y la alimentación.

Vale explicitar que países centrales como Estados Unidos y China suelen incurrir en siderales niveles de sobre endeudamiento y emisión monetaria sin mayores consecuencias. Habrá que ver si este privilegio de emitir dólares y yenes, divisas utilizadas para transacciones a nivel internacional, podrá sostenerse permanentemente.

Cómo encara el déficit fiscal un proyecto de país orientado al buen vivir

Quedó señalado cómo los gobiernos neoliberales encaran un déficit fiscal, básicamente no tocan sus privilegios y descargan el peso de ajustes sobre los sectores populares. Explicitamos en las líneas que siguen cómo lo haría un proyecto de país orientado al buen vivir.

La principal diferencia entre ambas perspectivas es que los gobiernos neoliberales dan como datos inamovibles (aunque nunca explicitados) la gran evasión y fuga de capitales, la estructura tributaria regresiva, la sesgada asignación del gasto público y, cuando se desmadra la situación, el lanzarse a un sobre endeudamiento soberano. No ponen en tela de juicio el "contexto" en el que se desenvuelve cada país. En cambio., un proyecto de país orientado al buen vivir apunta a transformar ese orden impuesto como inmutable. Veamos.

Comencemos señalando que el buen vivir requiere que el gasto público atienda principalmente la deuda social y los proyectos considerados estratégicos para sustentar una nueva economía. Es un pilar innegociable del buen vivir.

Por su parte, los gastos en infraestructura productiva que beneficien a sectores de ingresos altos y medios altos deben necesariamente ser confrontados aplicando una contribución de mejoras, de este modo se realizarán pero sin desfinanciar el gasto público.

De igual modo, los subsidios a empresas atendidos con gasto público deben analizarse caso por caso para justificar destino y monto; ocurre que algunos subsidios son necesarios pero otros responden a abusos de poder de sectores dominantes. Es fundamental reducir o eliminar los que no sirven al buen vivir.

El sobre endeudamiento soberano debe renegociarse con mano firme de modo de descargar el peso de intereses y amortizaciones. Al mismo tiempo, será necesario establecer firmes límites al endeudamiento soberano y, dentro de ese rango restringirlo a servir el buen vivir.

Queda claro que un proyecto de país orientado al buen vivir descarta encarar un déficit fiscal acudiendo a los ajustes que cortan partidas sociales. Otras soluciones deben ser trabajadas encarando el déficit fiscal desde la doble perspectiva de mejorar la efectividad del gasto (como se acaba de señalar) junto con transformar las fuentes de ingresos genuinos (desmontando todos los mecanismos que utilizan grandes contribuyentes para evadir impuestos y fugar ganancias no declaradas, y estableciendo un sistema tributario claramente progresivo donde los que más tienen asuman su plena responsabilidad tributaria).

Mentiras y mitos en defensa de los sectores dominantes

Cuando se discuten opciones para encarar un déficit fiscal, los sectores dominantes presentan falaces argumentos empaquetados como mitos. Si se conociese cómo encubren sus intereses, podrían desenmascararse engaños y mentiras. Veamos dos ejemplos entre tantos otros casos.

Un mito refiere a que los sectores concentrados soportan una enorme carga impositiva, lo cual es una falacia. En verdad los que sufren una carga excesiva son los sectores populares y medios bajos; los de mayor patrimonio no la sufren porque descargan sobre los demás lo que a ellos les correspondería pagar. Se amparan en legislaciones con sesgos y huecos que sus asesores saben explotar para evadir o eludir su responsabilidad tributaria.

Un segundo caso es que los sectores dominantes se victimizan permanentemente mostrando balances de sus compañías que muestran muchas veces modestos resultados, inclusive cuando gobierna el neoliberalismo. Dicen que obtienen ganancias menores que las vigentes en países "serios". Mentira. Obtienen tasas de ganancias que jamás alcanzarían al operar en esos países. Lo que ocurre, como ya señalamos, es que suelen ser grandes evasores que fugan sus capitales al exterior. Esas tremendas ganancias no se registran sino que se acumulan en guaridas fiscales y otras jurisdicciones más laxas en cuanto a impuestos y a identificar quienes son en verdad los propietarios de esas fortunas.

Este tipo de argumentaciones son utilizadas como defensas preventivas cuando se evalúan mejoras recaudatorias para reducir o eliminar un déficit fiscal. El mensaje que buscan imponer es que no cuenten con ellos porque están muy limitados financieramente.

A modo de conclusión

Existen muchas formas de encarar un déficit fiscal pero un proyecto de país orientado al buen vivir no puede caer en soluciones estáticas o parciales que terminan siempre castigando a los sectores medios y populares. Aplicará, en cambio, una perspectiva sistémica donde todas las variables entran en juego desenmascarando los enfoques sustentados en realidades de contexto impuestas como inmutables. Hace falta advertir que todo muta, siempre, casi inevitablemente, sólo que esas mutaciones, muchas imprevisibles, pueden ser facilitadas y ordenadas en favor del buen vivir si el Estado democrático interviene regulando comportamientos, administrando conflictos, alineando intereses, cuidando a todos. ¿Vale ese Estado, avanzar responsablemente en paz, o preferimos cosechar huracanes sociales y ambientales? También eso se juega al encarar de una forma u otra un déficit fiscal. 

 

(*) Roberto Sansón Mizrahi. Economista, planificador regional y urbano, consultor, dirigió empresas, autor de Un país para todos, Crisis global: ajuste o transformación, Democracias capturadas y otros libros, Co-Editor de Opinión Sur www.opinionsur.org.ar