Subsidios para pobres: ¿ciudadanía libre o suplicante?
Por Daniel Raventós (*)
La mayor parte de la población de Cataluña, como cualquier otra zona de la UE, ha sufrido las consecuencias no ya de la "crisis económica", sino de las políticas económicas que los distintos gobiernos de Europa han puesto en funcionamiento desde hace casi 10 años.
Políticas que fueron conocidas, con más o menos fortuna, como "políticas de austeridad". Austeridad es una palabra que intenta ser objetiva y al margen del conflicto social: una tontería no de las más pequeñas para intentar camuflar una variante de la lucha de clases desde arriba. Recordemos algunos datos ineludibles para entender de dónde venimos. En 2010 había, como ahora, un gobierno del PSOE.
Este gobierno accedió, rodilla en tierra, a las exigencias que imponía la gran banca europea y los organismos políticos de la UE al servicio de las finanzas:
La reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos; la congelación de las pensiones; la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial; el fin de cheque para bebé de 2.500 euros; el control de las dosis de los medicamentos en la sanidad pública; la eliminación de la retroactividad en el cobro de las prestaciones de la Ley de Dependencia; el recorte en 600 millones de euros de la ayuda a los países en desarrollo; la reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraestructuras; y, para terminar en algún lugar, un recorte de 1.500 millones en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales. Quién impuso estas medidas fue el gobierno español que es quien puede hacerlo en un Estado de las características constitucionales centralizadas del español. Hasta diciembre de 2010, el Presidente de la Generalitat catalana fue el socialista José Montilla que acató de forma sumisa todas estas medidas. Poco después, desde finales de diciembre de 2010 hasta enero de 2016 el Presidente fue ArturMas que se convirtió en campeón adelantado de las medidas austeridad.[1]
Las consecuencias de las políticas austeridad combinadas de los gobiernos del PSOE y del PP en el reino de España y de los que han tenido en Cataluña, con unas competencias económicas incomparablemente raquíticas respecto al gobierno español (que es una constatación como la ley de la gravedad pero que no pretende disculpar las políticas de los gobiernos de la Generalitat de 2010 hasta hoy, que como es obvio hubieran podido apostar por otras opciones) son bastante conocidas. Unas pocas cifras serán suficientes: en Cataluña más de un 20% de la población está en riesgo de pobreza (las mujeres seis puntos porcentuales por encima de los hombres), hay una desigualdad de la renta de las más elevadas de Europa, la tasa de paro es superior al 11 por ciento (siendo la tasa de desempleo juvenil, de 16 a 24 años, de un insultante 25 por ciento), las condiciones de vida y trabajo son mucho peores a las que había al inicio de la crisis para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica, etc. El círculo de Viena decía que los hechos no dan patadas, pero para muchas personas los hechos de sus condiciones de vida son unos patadas permanentes a su existencia. Una existencia más cercana al esclavismo que a una vida que lejanamente pueda merecer la calificación de libre.
Todo esto es abastecimiento conocido o así quiero creerlo. Quizás lo que sigue no es tan conocido. Para hacer frente, digámoslo así, a las situaciones de pobreza, precariedad y dificultad de existencia de una parte de la población muy importante, las diversas comunidades autónomas del reino de España fueron poniendo en funcionamiento, desde hace algunas décadas, subsidios para pobres que han recibido nombres distintos según la comunidad. En Cataluña la renta para pobres actual se llama Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y fue aprobada el 12 de julio de 2017 por el Parlamento de Cataluña, y sustituía a otro subsidio para pobres que recibía otro nombre. Según la Generalitat, el objetivo de la RGC es garantizar que todos los ciudadanos de Cataluña puedan hacerse cargo de los gastos esenciales para el mantenimiento propio o de las personas que integran la unidad familiar o de convivencia. No es broma, lo dice la propia Generalitat en su web oficial.
No es que la Generalidad de Cataluña sea mucho mejor ni peor que otros gobiernos autonómicos en el tratamiento a los "pobres". Aunque la comunidad autónoma vasca y luego la navarra están muy por encima de las otras, absolutamente todas las comunidades autónomas hacen aguas por todas partes en su lucha (sic) contra la pobreza. Vale la pena, por ejemplo, leer el librito de 100 páginas de Sara Mesa sobre un caso real que es representativo de miles y miles de otros casos reales por sólo intuir parte de lo que pretendo decir. Algunas cifras de la RGC son suficientemente elocuentes: en Cataluña 1,6 millones de personas están bajo el umbral de riesgo de la pobreza (el 21,3% de la población catalana), de las cuales 400.000 tienen un puesto de trabajo. 234.000 hogares con 400.000 personas adultas y 113.000 menores deberían poder acceder a la RGC, pero... los hogares que la reciben no llegan a 30.000. 30.000, sí, es el 13 por ciento de las personas que deberían recibirla.
El caso de Cataluña es sólo un ejemplo del fracaso de los subsidios para pobres. No es sólo un problema de gestión, es de concepción. Los problemas y las limitaciones de los subsidios para pobres hace años que son conocidos, pero posiblemente con las consecuencias de las políticas económicas que se han practicado en la última década, se han mostrado aún más evidentes. Las limitaciones de los subsidios para pobres, por decirlo de forma académica (en buen castellano debería decir ser: la miseria de los subsidios condicionados), son estas: restricciones presupuestarias, errores de cobertura, estigmatización de los beneficiarios, costes de administración muy altos y, por encima de todo, la terrible trampa de la pobreza.[2]
Por estos motivos, entre otros, la propuesta de una renta básica (RB), una asignación monetaria, universal e incondicional a toda la población, está centrando la atención de activistas de movimientos sociales, de algunos académicos y algunos militantes de partidos políticos de izquierdas.[3] Algunas de las razones que hay que apuntar son:
1. Dicho fracaso de los subsidios condicionados. Que cada vez resulta más evidente, excepto por sus más dogmáticos defensores.
2. El trabajo asalariado ya no es garantía de salvarse de la pobreza. El incremento de los workingpoor es una constatación.
3. La proliferación de experimentos sobre la renta básica. En los últimos años se han puesto en funcionamiento o están todavía vigentes experimentos (muy parciales) de RB: Finlandia, Barcelona, ??Utrech, Namibia... Esto hace mucho ruido y ha motivado que la RB aparezca a veces de forma sensacionalista en muchos titulares de prensa.
4. La mecanización y sustitución de muchos puestos de trabajo. Proliferan los informes y estudios sobre la sustitución mecánica en un período de tiempo más o menos corto de multitud de puestos de trabajo. Y no todos de baja calificación.
5. Las condiciones de vida y trabajo cada vez peores de buena parte de la población no rica. Aunque se habla de recuperación económica, las condiciones de la gran mayoría de la población son peores que antes del estallido de la gran crisis hace una década.
6. La constatación según la cual una RB se puede financiar. "La RB es muy cara", "no se puede financiar de forma factible", "son más baratas otras opciones"... son algunas de las objeciones más habituales. Desde hace ya algunos años, a pesar de que hay quien sigue mirando hacia otro lugar para no tener que tratar la cuestión directamente con razones, se han mostrado varios estudios de cómo se puede financiar una RB. Para distintos países. En el caso de Cataluña y el reino de España también se han hecho.[4] Incluso el servicio de estudios del BBVA ha tenido que dar su opinión, por supuesto en contra, no de forma brillantemente informada.[5]
Libertad
Las propuestas sociales se pueden hacer basándose en cuestiones técnicas ("esto es más factible que esto otro", "es menos costosa esta medida que esta otra", etc.) o en fundamentos normativos de justicia ("esta medida es más adecuado por la libertad que esta otra", "esta medida permite el disfrute de una concepción determinada de la libertad que no esta otra ", etc.). O en las dos: técnicas y normativas. Hasta aquí he estado comentando la RB y criticando los subsidios para pobres (con mención específica a la RGC) básicamente por cuestiones técnicas, pero creo que puede ser útil esbozar aunque sea esquemáticamente la diferencia entre los subsidios condicionados y la RB desde un punto de vista normativo.[6]
La diferencia normativa fundamental entre la RB y los subsidios condicionados como la RGC se expresa en términos de libertad. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda ex-post a los que han fracasado, a los que han caído y pueden demostrarlo ante la burocracia estatal. Sea porque se han quedado en paro; sea ??porque, a pesar de trabajar remuneradamente, no llegan al umbral de la pobreza; sea ??por cualquier otro motivo, la configuración política de los mercados de trabajo -todo mercado siempre está configurado políticamente-, estas personas son "merecedoras" de tutela ex-post. Y no hay duda de que un mundo con tutela ex-post es más deseable que un mundo sin ningún mecanismo de protección. Pero la mera asistencia ex post nos conduce irremediablemente a la pérdida de nuestra libertad efectiva. Cuando operamos ex-post, se nos obliga a acatar el status quo, a tomar la configuración política de los mercados, empezando por los de trabajo, como un hecho consumado y, en caso de que nuestra interacción nos deje mal parados, nos ofrece una tabla de salvación. Pero hay que notar que, en ningún momento de este recorrido, hemos podido actuar como libres e iguales: en todo momento nos hemos visto obligados a hacerlo como sumisos suplicantes. En cambio, con la RB abrazamos otra lógica: la incondicional de las medidas que entran en vigor ex-ante, como derechos de existencia. Y garantizar la existencia material de entrada, por el solo hecho de ser habitantes de un mundo donde la riqueza ha sido producida socialmente, equivale a dar voz y voto a todas las personas para que puedan alzarse y, ya de entrada también, negociar los términos de la interacción social de una manera tal, que permita que todos y todas vamos desplegando vidas que merezcan el nombre de libres. Incondicionalidad significa poder de negociación, y poder de negociación supone mayores niveles de libertad efectiva para el conjunto de la población.
La RGC en Cataluña y las rentas similares para pobres de las otras comunidades autónomas apuestan por otras cosas, no por la libertad. Porque nadie puede ser libre si no tiene la existencia material garantizada.
(Una versión algo más reducida de este artículo fue publicada en catalán en https://ctxt.cat/ca/20190927/Signatures/27726/Daniel-Raventos-renda-gara...).
[1] Hecho que ha servido a algunas personas de izquierdas para utilizar el carácter de clase claramente sesgado de aquel Presidente para atacar las legítimas reivindicaciones de autodeterminación nacional de una gran parte del pueblo de Cataluña. Esta es otra historia penosa de una izquierda que no será aquí tratada.
[2] Para un tratamiento sistemático de cada uno de estos problemas: https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/20332
[3] Un resumen de las razones de por qué los sindicatos, con algunas heroicas excepciones, tienen tantas dificultades para defender la RB, puede leerse en http://www.sinpermiso.info/textos/los-sindicatos-y-la-renta-basica
[4] En el caso del reino de España: http://www.redrentabasica.org/rb/la-renta-basica-incondicional-y-como-se-puede-financiar-comentarios-a-los-amigos-y-enemigos-de-la-propuesta/
Y en el caso de Cataluña: https://www.degruyter.com/view/j/bis.2014.9.issue-1-2/bis-2014-0005/bis-2014-0005.xml?format=INT
Lluís Torrens explica también cómo se pueden recaudar los impuestos necesarios en Cataluña, dadas las pocas competencias fiscales catalanas, para financiar una RB a esta nación en una serie de artículos el primero de los cuales es https://www.larepublica.cat/la-renda-basica-el-repartiment-del-treball-i-el-capital-social-1a-part/
[5] Per ver el "debate": http://www.sinpermiso.info/textos/no-son-188000-millones-los-torpes-errores-del-informe-del-bbva-sobre-la-renta-basica
[6] Para ser más concreto: desde una fundamentación normativa de la libertad republicana. Es decir, no tan solo como la propuesta de estado republicana que puede ser defendida en sustitución de una monarquía por mera racionalidad e higiene públicas. Una fundamentación republicana de la libertad exige también, por destacado ejemplo, una renta máxima. Para algunos detalles ver http://www.sinpermiso.info/textos/renta-basica-y-renta-maxima
(*) Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con JulieWark, "AgainstCharity" (Counterpunch, 2018) recientemente editado en castellano (Icaria) y catalán (Arcadia).
Fuente: https://ctxt.cat/ca/20190927/Signatures/27726/Daniel-Raventos-renda-garantida-renda-basica.htm
Traducción: Roger Tallaferro
