Venezuela: ¿Quién dirige Venezuela? ¿Casta o boliburguesía? (Continuación)

Por Patrick Guillaudat (*)

Este artículo pretende ser una contribución al debate que atraviesa a toda la izquierda sobre la naturaleza del poder en Venezuela. La contribución al debate aparece sin embargo en una coyuntura particularmente difícil, en el momento en el que se multiplican  los intentos estadounidenses para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro e imponer a Juan Guid

 

Los militares: de la institución de Estado al complejo financiero e industrial

Fuera de la gestión de las licitaciones de armas para las fuerzas armadas, la primera participación directa de los militares en la economía que no fuera en su "ámbito de competencias", tuvo lugar en ocasión del Plan Bolívar 2000. El 27 de febrero de 1999, Hugo Chávez lanzó la primera misión hacia los barrios populares, cuyo objetivo era principalmente un plan de vacunaciones masivas, atención médica de urgencia y distribución de alimentos. Ese Plan, organizado por los militares y que movilizó a 40.000 efectivos de las fuerzas armadas y se terminó con denuncias de corrupción contra generales que se habrían enriquecido gracias a él [6].

Luego, progresivamente, el lugar de los militares será central, hasta el gobierno de Maduro, con alrededor de 30% de puestos ocupados por ellos, incluidos los puestos clave. Esa progresión del peso de los militares [7] se debe a un fenómeno doble.

El primer fenómeno es de índole económica, con la implicación directa, como se vio desde el Plan Bolívar 2000, de los militares en la vida económica del país. Esa misión extra que se suma a la de la defensa del territorio, permite la inmersión de los cuadros de la institución militar directamente en el mundo económico y de los negocios. El segundo fenómeno, es una operación de seducción por parte de Maduro, que pretende asociarlos a la gestión del país. Es una operación de supervivencia, sobre todo después de la crisis política abierta en 2014 con las movilizaciones de la derecha y la derrota del PSUV en las legislativas de 2015, acentuada por la crisis social y económica. En ese contexto, el régimen necesita el apoyo de todo el aparato represivo. En la historia de la Venezuela chavista, no hay que olvidar que el golpe de Estado de 2012 fue apoyado por una parte de los militares y que conllevó la depuración de sus filas. Maduro no quiere correr el riesgo de reeditar los hechos.

Si bajo Chávez los militares están limitados a funciones de apoyo a un gobierno mayoritariamente civil, bajo Maduro, los militares asumen también la dirección de la mayoría de las empresas públicas del país (PDVSA, metro de Caracas, puertos, empresas metalúrgicas...). Para consolidar  esta transformación de una parte de la jerarquía militar en un grupo de hombres de negocios, ésta crea empresas específicas, un banco en 2013 (El Banco de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, BANFANB), una empresa de minería en 2016 (Compañia Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas, CAMIMPEG), pero también alrededor de diez empresas más en el transporte, la agricultura, la construcción, el agua, las telecomunicaciones, etc. Mientras que entre 1950 y 1998, sólo cuatro empresas fueron creadas por los militares, principalmente en el sector de armamentos, un servicio de viajes y seguros, bajo Chávez, fueron dos empresas, en el sector automotriz y en la construcción. Pero bajo Maduro, entre 2013 y 2017, 14 empresas se establecieron en el conjunto de los ámbitos productivos y de servicios.

Desde 2014, este fenómeno de presencia militar en los negocios se aceleró y fue ratificado, entre otras cosas, tras la aprobación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de 17 de noviembre de 2014, que reafirma: a partir de su artículo 3, como misión atribuida a la FANB, la necesidad de participar activamente en el desarrollo nacional, una misión ya contemplada en el artículo 328 de la Constitución. En setiembre de 2016, el recién creado «Comando para el Abastecimiento Soberano», encargado de controlar la distribución de los principales bienes de consumo en el país, es confiado a los militares. Este Comando está dividido en 18 grupos por tipos de productos, cada uno bajo la dirección de un militar (aceite, carne de vacuno, azúcar, manteca...) [8]. Una lista de los militares directamente implicados en la gestión de empresas privadas o públicas, ya sea dirigiéndolos directamente o desempeñando funciones clave en su seno (consejo de administración, etc....) indica a 785 oficiales de alto rango [9] y a más de 1600 si se incluyen los que tienen cargos políticos y gubernamentales.

Para hacer negocios, hay que ponerse de acuerdo con el poder político. En Venezuela, el Estado desempeña un papel determinante en el control de las políticas económicas. La creación de zonas económicas especiales, destinadas a facilitar la explotación de los recursos en aras del interés público, abre la puerta a la desregulación de las normas ambientales y sociales y de los derechos de los pueblos indígenas. La más emblemática es la del Arco Minero del Orinoco (AMO), situada principalmente en el Estado de Bolívar sobre una superficie equivalente a la de Portugal. En las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017, el CNE (Consejo Nacional Electoral) proclamó el resultado en el estado de Bolívar y nombró vencedor al candidato de la oposición, Andrés Velásquez, del partido Un Nuevo tiempo. Dos días después, el CNE declaró que Justo Noguera Pietri, candidato del PSUV, ¡había sido elegido [10]! Este ex comandante general de la Guardia Nacional tomó el control del Estado de la AMO, permitiendo así una confluencia entre el poder político y el poder económico.

Ante los escándalos de corrupción que afectaron tanto a miembros del poder político y militar como a partidarios de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia decidió, mediante su sentencia N°1.421 del 15 de diciembre de 2016, que el control fiscal de las empresas vinculadas a los militares ya no sería ejercido por el Contralor General de la República sino directamente por el de la FANB, permitiendo así que las empresas creadas por las fuerzas armadas escaparan a todo control público y a todo riesgo de persecución en caso de malversación. Estas empresas militares funcionan como cualquier empresa privada. La CAMIMPEG se asoció con empresas extranjeras, como el gigante anglo-suizo Glencore, empresa de comercio de materias primas, regularmente perseguida y acusada de corrupción y contaminación, o SouthernProcurementServices, compañía británica especializada en petróleo, para explotar los territorios que controla. En la actualidad, una parte de la jerarquía militar está integrada directamente en la dirección y en la gestión de las empresas. Esto la vincula al régimen de Maduro, lo que explica en parte la debilidad de los apoyos militares a Guaidó durante el intento de golpe de estado de abril de 2019.

Los mecanismos de enriquecimiento: cambio dólar/bolívar, y la ley sobre inversiones extranjeras

La confluencia entre el poder político y las finanzas a través de la renta minera y del comercio internacional será posible y extremadamente rentable a partir de la crisis bancaria de 2008.

Cuando llegó la crisis bancaria de 2008, todos los países se vieron afectados por la interconexión de los sistemas bancarios. En Venezuela varios bancos se encontraron en bancarrota y el gobierno decidió comprarlos. Mientras que muchos economistas pedían la nacionalización de los bancos para crear un polo bancario nacional bajo control del Estado, el gobierno venezolano rechazó y limitó su acción al rescate de los bancos en quiebra o de sus activos [11].

La crisis bancaria tuvo un profundo impacto en Venezuela porque el sistema financiero está totalmente liberalizado y globalizado, y además está en un continente, América Latina, donde el dólar es rey. La decisión política del gobierno de Chávez de no cuestionar el carácter privado de los principales bancos del país tendrá consecuencias duraderas y catastróficas. Los bancos venezolanos son conocidos por su amplia participación en el blanqueo de dinero y la corrupción, especialmente durante los últimos 20 años de la IV República. Los testimonios de aquella época son esclarecedores [12] sobre los asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, conspiraciones y tráficos de todo tipo en los que participaban más o menos directamente banqueros y políticos.

Esta corrupción, inherente a la revolución neoliberal y a la liberalización total de los mercados financieros, se aceleró en Venezuela con la instauración del RECADI (Régimen de cambio diferencial) en 1983, es decir, la instauración de un régimen de cambio a dos tipos, insertado en el seno de un sistema bancario y político ya ampliamente corrupto. En 1989, la corrupción generada por este sistema dio lugar a la acusación de cinco ministros y a la supresión del RECADI. Este sistema bancario gangrenado es el que recibió el nuevo poder chavista y es el que ha sido mantenido, desde 1998 y especialmente durante la crisis de 2008.

No es de extrañar que en 2009, en un coloquio organizado en el Banco Central de Venezuela, en torno a economistas de muchos países latinoamericanos, la mayoría de los participantes hayan pedido la nacionalización de los bancos en Venezuela y la creación de un centro bancario público. Pero Chávez optó por la continuidad del sistema. Esto llevó al Gobierno a establecer la CADIVI (la Comisión Nacional de Administración de Divisas) en 2003 con las mismas prerrogativas que el RECADI de los años 1980. No pasará mucho tiempo antes de que se detecten los mismos efectos, amplificados con la introducción del SITME (Sistema de Transacciones en moneda extranjera) a partir de junio de 2010. Este sistema introdujo un tercer tipo de cambio reservado a las empresas e inversores con el fin de comprar y obtener dólares en el mercado internacional. En realidad, el SITME facilitó el rápido enriquecimiento de cualquier inversor que tuviera acceso al mercado mundial[13]. En 2012, el Ministro de Finanzas y Planificación, Jorge Giordani, denunció que este sistema había permitido el robo de 25.000 millones de dólares y que esta corrupción atravesaba todos los niveles del poder. Tras la muerte de Chávez, Giordani será rápidamente descartado y publicará un testimonio tras su expulsión del gobierno de Maduro el 16 de junio de 2014 [14].

El primer tipo de enriquecimiento que se acaba de ver está estrictamente vinculado a la política monetaria aplicada por el gobierno de Chávez, política incambiada por Maduro. Eso permite la aparición de un estrato social que, por poseer dinero o poder en instituciones, se enriquece muy rápidamente. Sería ingenuo creer que sólo los allegados del régimen beneficiaron de este sistema. Todas las empresas e inversores con acceso al mercado exterior se han beneficiado, aunque la proximidad al poder facilita el acceso al mercado de divisas. Pero hay un segundo tipo de enriquecimiento que está estrechamente vinculado a la política económica del poder y que se basa en dos pilares.

El primero pilar es la creación de sociedades «mixtas» en relación con las multinacionales extranjeras. Estas empresas, incorporadas al mercado mundial, están totalmente integradas en el sistema capitalista y se gestionan como cualquier empresa «clásica», con un código laboral en el que reina la subordinación del asalariado, un modo de propiedad con múltiples capitales. Si bien este sistema siempre ha existido en Venezuela, la Ley de protección de las inversiones extranjeras publicada discretamente el 27 de diciembre de 2017 va más allá. Luis BrittoGarcia, chavista de la primera hora, denuncia esta ley como una ley «terminator» y habla de victoria del lobby neoliberal en el seno del madurismo [15]. Todas las renuncias de principios aparecen en la ley. Del reconocimiento de los tribunales internacionales para resolver los problemas de conflictos en los que estén implicados contratistas extranjeros (artículo 6) y la concesión de ventajas directas (artículo 22) como las desgravaciones fiscales, las franquicias, los accesos privilegiados a los servicios públicos, hasta la repatriación del 100% de los beneficios al cabo de un año (artículo 28) etc. A esta ley se añaden toda una serie de disposiciones legislativas que facilitan las derogaciones de las leyes progresistas introducidas al principio del chavismo. Este es claramente el caso con la creación de las Zonas Económicas Especiales, seguida de la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO).

El segundo pilar se basa, ante todo, en el lugar que ocupa el personal político en el aparato institucional. Hay que recordar que la dirección de las empresas públicas y la gestión al más alto nivel de las instituciones se efectúan en un país plagado de corrupción, corrupción que, debemos subrayar, no data de Chávez sino que se instaló en todo su esplendor en los años 80 con la victoria del neoliberalismo. Sin embargo, no se han eliminado los principales vectores de esa corrupción. Signo de los tiempos, una de las principales figuras que defendió el chavismo en el extranjero, Eva Golinger [16], abogada estadounidense, denunció el increíble nivel de corrupción alcanzado bajo Maduro [17], lo que le valió la acusación de «agente del imperialismo» por parte de Diosdado Cabello, en su programa de televisión del 3 de octubre de 2018.

La debilidad organizativa de la corriente política que condujo a la victoria de Chávez, limitada a los que lo apoyaron en el golpe de 1992 y a las transferencias desde otras organizaciones de la izquierda venezolana, obligó en un primer momento al nuevo poder a apoyarse  casi totalmente en las estructuras anteriores y también en cuadros del antiguo régimen. Pero la voluntad de controlar los movimientos sociales por el chavismo y la dificultad que tenía Chávez para tolerar las críticas, impidieron la aparición de cuadros surgidos de estos movimientos, aparte de los seguidores incondicionales, acríticos, cuyas convicciones se limitan a su voluntad de acceder a los privilegios del poder. Las salidas forzadas sucesivas de los dirigentes políticos chavistas que habían denunciado la corrupción permiten afirmar que el régimen se concentró rápidamente en torno a la corriente más permeable al vértigo del poder y de los beneficios materiales que éste permite.

¿Casta burocrática o fracción de la burguesía?

En un artículo publicado en el sitio Aporrea, Argimiro Durán intenta explicar por qué, según él, no existe «boliburguesía» [18]. Define a la burguesía como reducida a una «cantidad limitada de miembros» propietarios de las grandes empresas. Durán explica que existe un grupo social que se enriquece con su puesto en los ministerios, en las instituciones o en las empresas del Estado. Esto basta, según el autor, para diferenciarlo totalmente de la burguesía y establecer una escala de valor entre la burguesía -enemigo irreductible- de este grupo, simple deformación del sistema compuesto de «traidores». Y concluye diciendo que hablar de boliburguesía deprecia el «bolivarismo».

El problema es que este concepto es a-histórico. Si bien es perfectamente posible admitir que una casta de arribistas y corruptos haya podido desarrollarse a través de la gestión del Estado venezolano, es también admisible que, después de 20 años de chavismo, este grupo parasitario se haya transformado en una fracción mayoritaria y, sobre todo, haya podido pasar del enriquecimiento ilícito o especulativo a la titularidad de una parte de la economía.

Ahora bien, la Venezuela Bolivariana es ante todo una sociedad capitalista dependiente. El PIB se distribuye entre un tercio del sector público y dos tercios del sector privado. Ambos sectores se rigen por las normas de la economía de mercado. En cuanto a los asalariados de estas empresas, tanto públicas como privadas, no sólo están bajo el dominio de un código del trabajo que no ha sido modificado fundamentalmente, sino que sirven también como variable de ajuste para el mantenimiento o el aumento de la ganancia. La política económica del Estado venezolano se ha limitado a construir un conjunto de empresas públicas en sectores estratégicos, dominado en gran medida por el sector privado. En la actualidad, el Estado aplica una política preferencial hacia las multinacionales, como lo demuestran ampliamente la Ley de inversiones y la creación de las zonas económicas especiales.

El Estado, a pesar de la nueva Constitución de 1999, no es en absoluto un Estado socialista. Está compuesto por profesionales de la política, no revocables, mezcla de personajes regularmente acusados de negocios turbios, o procesados por corrupción. La fracción más poderosa de la burguesía, representada por ejemplo por Cisneros, comprendió bien la distancia entre las proclamaciones sobre el socialismo del siglo XXI y la realidad de las prácticas y decisiones políticas. Esto explica que la fracción más radical de la oposición sea conducida por partidos que se desarrollaron principalmente en el seno de la pequeña burguesía (como voluntad Popular que se construyó en torno a las movilizaciones estudiantiles anti-Chávez), abierta a la influencia norteamericana y vinculada también al capital transnacional. Hubo entonces una ruptura entre, por un lado, las viejas corrientes de la burguesía representadas por AD, COPEI o Primero Justicia, y por el otro, la alianza entre la pequeña burguesía desclasada y una parte de la burguesía internacionalizada, negociante y excluida del poder.

Esta porosidad entre la realidad capitalista de la economía venezolana y el aparato estatal encuentra su clímax con la irrupción masiva de los militares bajo el mandato de Maduro, que ocupan la economía en todos los sectores. Se convierten en propietarios de un gran número de empresas, a la vez que reciben recursos financieros. Y contrariamente a lo que afirma Víctor Álvarez, el empresario socialista es un mito, sobre todo si se tiene en cuenta la definición que da de ello: « a diferencia del empresario capitalista, motivado por el lucro, el empresario socialista está motivado por su vocación de servicio y por los principios de solidaridad, cooperación y de objetivos realizados» [19].

Los trabajadores que han tenido que luchar en las empresas públicas, PDVSA, SIDOR, Corporación Eléctrica Nacional, Metro de Caracas, etc., contra la corrupción o la incompetencia de estos dirigentes, o incluso contra la intransigencia patronal de la que han dado pruebas, podrán testimoniar fácilmente que el empresario socialista se parece como dos gotas de agua al empresario capitalista.

La novedad de este régimen madurista es la fusión entre el personal político y los negocios. La corrupción les ha permitido enriquecerse, pero también ha permitido diversificar sus activos. La elección deliberada de Maduro de abrir a los militares la posibilidad de ocupar todos los sectores de la economía se inserta en la continuidad de la formación de este grupo de nuevos ricos, surgidos de las especulaciones sobre la moneda y el comercio en los años 2000 y que ahora invierte en la producción. Todo este conjunto de individuos, a partir de su lugar en el aparato de Estado y en relación con los círculos empresariales, se ha constituido en «boliburguesía», distinguiéndola de la burguesía «histórica» que ha atravesado la historia del país.

Recordemos que, para Marx, el concepto de clase se refiere a un grupo social definido a partir de la producción de conjunto y no reducido a la naturaleza individual del trabajo. Tiene en cuenta tanto los ingresos, la propiedad, el Estado y se diferencia de la casta que se constituye por una condición particular. Un ejemplo bien conocido de casta es el de la burocracia soviética. Analizada por Trotsky como surgida del proletariado soviético, y cobrando autonomía a través del Estado soviético y cuyos intereses se refractan a través de ella, se podría de hecho sacar una analogía con lo que algunos llaman la «casta bolivariana». Pero aquí, en Venezuela, estamos en una sociedad burguesa donde el Estado anterior no fue destruido por Chávez sino ligeramente remodelado, esto explica que la burocracia corrupta se haya vuelto indisociable de la burguesía, que sigue siendo la clase dominante del país.

En términos más generales, esta burocracia chavista original que ha podido desarrollar fortunas personales sobre la base inicial de la «simple» corrupción, está ahora estrechamente vinculada a la dirección de empresas, a la producción y al comercio, posibilidad abierta por las opciones políticas de los Gobiernos de Chávez y de Maduro. Los dirigentes de este país, en su mayoría de estratos medios o del aparato militar, se integraron a la burguesía venezolana. La boliburguesía, limitada inicialmente a los empresarios que se enriquecieron gracias a las relaciones establecidas con el Estado, se ha extendido a lo largo de los años al aparato de este Estado y se ha convertido en la norma del poder madurista. Los que se negaron a participar en esta evolución y lo denunciaron, o bien fueron excluidos o bien se marcharon por su cuenta.

Para llegar a esta conclusión, ha sido esencial trazar la trayectoria del poder chavista. Descubrimos así que la debilidad originaria del grupo de poder, unida a las opciones políticas de negarse a modificar en profundidad las relaciones sociales y económicas, llevó a lo contrario del programa con el que Chávez fue elegido.

Sin embargo, si la izquierda se ha interesado, e incluso a veces identificado con el chavismo, se debe a los resultados positivos de las políticas aplicadas en los primeros años. El establecimiento de misiones, con acceso gratuito a la atención sanitaria en los barrios populares, la creación de universidades bolivarianas, la política preferencial en favor de los más pobres, alimentaban una esperanza de ruptura con el neoliberalismo que dominaba el planeta. Para muchos en los rangos de la izquierda, el chavismo devolvía la esperanza y abría la posibilidad de cambiar el orden de cosas. Pero la política ambigua, la de tratar de satisfacer a todos, tropezó con la realidad de los conflictos de clase. Rápidamente se multiplicaron los retrocesos, y la victoria de Maduro selló el fin del juego y de los debates. A pesar de su retórica antiimperialista, el régimen se recostó a la fracción que se apoderó del chavismo: la boliburguesía. Como dice Manuel Sutherland, la «ruina de Venezuela no se debe ni al «socialismo» ni a la «revolución» [20], dos fenómenos que nunca han existido como tales en este país.

Este debate sobre la trayectoria y la naturaleza del régimen venezolano desde la toma del poder por parte de Chávez es esencial, ya que debe también permitirnos tratar de comprender el repentino giro que sacude a América Latina con las sucesivas victorias de la derecha, incluso extrema, en las últimas elecciones, ya sea en Brasil, Colombia, Argentina, Chile, etc. Porque esta situación no es exclusiva de Venezuela. También habrá que plantearse la cuestión sobre la evolución de Ecuador que condujo a la salida de Correa, como la de Nicaragua y la feroz represión del pueblo nicaragüense por parte del presidente Ortega.

¿Por qué perdieron y por qué fueron repudiados por su propia base electoral, unos gobiernos que habían llegado al poder apoyándose en las reivindicaciones de las capas populares?

Notas:

[1] PSUV: Partido Socialista Unido de Venezuela, partido en el poder; Polo Patriótico, coalición de pequeños partidos con el PSUV para las campañas electorales.

[2] Véase la descripción hecha por André-Gunder Frank en su obra Lumpenburguesía y Lumpendesarrollo, (Ndt: primera edición en Era, México, 1971).

[3] Recordemos que la Constitución de 1999 confirma su apoyo a la iniciativa privada en materia económica (artículo 112). Esta falta de cuestionamiento del sistema y del modo de producción explica en parte que, veinte años después de la victoria de Chávez, el peso del sector privado en la economía haya permanecido casi idéntico al del año 1998, alrededor del 65%.

[4] Explicación de las siglas políticas: URD (Unión Republicana Democrática), COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), MAS (Movimiento al socialismo), PCV (Partido Comunista de Venezuela), FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional), AD (Acción Democrática), MEP (Movimiento Electoral del Pueblo), Causa R (La causa radical), PPT (Patria Para Todos).

[5] Fue detenido en 2009 y todas sus empresas fueron confiscadas.

[6] En 2013, el Tribunal Supremo de Justicia decidió enjuiciar al General encargado del Plan Bolívar 2000, Victor Cruz Weffer, tras una investigación iniciada en 2002. Sin embargo, las primeras denuncias tuvieron lugar durante la ejecución del Plan Bolívar 2000. En el informe de ClodosvaldoRussián, de la Oficina del Contralor General, se explicaba que se estaban realizando facturas ficticias con empresas inexistentes que permitían tráficos de fondos en muchas regiones. El elevado número de denuncias aceleró el fin de este Plan Bolívar, a pesar de que el trabajo social realizado fue considerable, en contraste con el abandono de los barrios populares de los períodos anteriores.

[7] Ver el artículo de FrancineJacome, Los militares en la política y la economía de Venezuela, publicado en el nº 274 de marzo-abril de 2018 de la revista Nueva Sociedad.

[8] Recordar que, desde 2014, 10 de los 11 ministros de Agricultura fueron militares.

[9] Ver en el sitio ArmandoInfo, El gobierno bolivariano subcontrató a los caudillos de la Fuerza Armada

[10] De los 19 estados en los que ganó el PSUV, y sus aliados, 8 fueron ganados por militares jubilados.

[11] Banco Confederado y Banco Bolívar fueron nacionalizados. Banco canarias y Banpro fueron liquidados.

[12] Ver por ejemplo el de Thor Havorssen, publicado en Tal Cual el 31-5-2007

[13] El principio se basa en el hecho de que este inversor obtiene dólares a un tipo preferencial para comprar una mercancía y venderla al tipo de cambio «normal». Tomemos un ejemplo ficticio: obtiene 1 dólar por 2,5 bolívares al tipo preferencial con un tipo de cambio «normal» de 1 dólar por 5 bolívares. Compró una mercancía por 100 dólares y, por lo tanto, gastó 250 bolívares para conseguir esos 100 dólares. La venderá en Venezuela por 100 dólares o 500 bolívares. Ha duplicado su inversión inicial y, por lo tanto, puede repetir la misma operación, con fondos duplicados.

[14] En su texto de junio de 2014, testimonio y responsabilidad ante la historia, habla de «mecanismo perverso» a propósito del SITME.

[15] Véanse sus dos artículos publicados en los números del diario Últimas Noticias de los días 12 y 19 de noviembre de 2017. En particular en el del 19-11-2017, donde explica: En el más absoluto secreto, un lobby neoliberal prepara en la Constituyente una Ley Terminator de Promoción y Protección de las Inversiones, o de Inversión Extranjera Directa, para conceder a empresas particulares de otros países más privilegios que a los venezolanos y arruinarnos».

[16] Publicó varias obras que establecían los vínculos entre la CIA y la administración Bush con la oposición venezolana que promovió el golpe de Estado de 2002, en particular en 2006 con su libro Bush vs. Chávez - La guerra de Washington contra Venezuela y en 2005 con Code Chávez - CIA contra Venezuela.

[17] Ha publicado varios artículos en la prensa norteamericana, en particular durante el intento de encuentro entre Trump y Maduro a finales de 2018, donde denuncia a los dos dirigentes como estrellas gemelas. Luego, en su sitio web, el 8 de enero de 2019, publicó una investigación sobre el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, donde lo presenta como un ex criminal, además ex guardaespaldas del ex presidente Carlos Andrés Pérez. De ello deduce que este caso representa la evolución peligrosa y malsana del madurismo, así como su ruptura con el chavismo.

[18] Por qué no existe la «boliburguesía» publicado el 20 de junio de 2016 en el sitio venezolano www.aporrea.org

[19] Ver el artículo en su sitio, mayo de 2011, titulado «el Empresario Socialista». Víctor Álvarez fue Ministro de Industrias Básicas y Minas durante Chávez.

[20] Título de su artículo, publicado en el N° 274 de marzo-abril de 2018 en la revista Nueva Sociedad.

Traducción de Ruben Navarro - Correspondencia de Prensa

 

(*) Patrick Guillaudat. Doctorado en Antropología y Sociología en la Universidad de París VIII, sindicalista, autor (con Pierre Mouterde) de "Hugo Chavez et la révolutionbolivarienne - Promesses et défisd'unprocessus de changement social", M Editeur, Québec, 2012, y de "Les mouvementssociauxau Chili, 1973-1993", Editions L' Harmattan, París, 1995. Fue activista en los comités de la solidaridad con Chile luego del golpe de Pinochet, y con otros países de América Latina bajo dictaduras militares en los años 1970-1980.

Fuente: http://www.contretemps.eu/, 29 de mayo 2019