Venezuela: ascenso y crisis de la Revolución bolivariana (Continuación)

Variaciones en el consumo aparente diario per cápita de alimentos entre el primer semestre del 2013 y el segundo semestre del 2017[33]

De acuerdo a esto, no solo se ha dado una reducción generalizada en el consumo de alimentos, sino igualmente un cambio en la dieta de la población, con reducciones drásticas en el consumo de proteínas. El consumo de carne y huevos y el de leche y sus derivados tuvo una reducción de más de 60%. El único renglón para el cual se produce un incremento del consumo (muy leve, 5,1%) fue raíces y tubérculos. Esto se ha traducido en una pérdida generalizada de peso entre todos los estratos de la población, una pérdida promedio que se estima en 8 kilos por persona solo durante el año 2016.[34]

La desnutrición tiene una incidencia particularmente severa en la infancia. Durante los últimos años Cáritas Venezuela ha venido haciendo un seguimiento de la situación nutritiva de menores de cinco años en 38 de las parroquias más pobres en siete estados del país. De acuerdo al último informe, correspondiente a enero-marzo del 2018[35], 17% de los niños estudiados tienen desnutrición moderada o severa, 27% tienen desnutrición leve, y 34% están en riesgo de desnutrición, ya han comenzado a deteriorarse. Solo 22% no tienen déficit nutricional. Estas cifras presentan un importante incremento comparada con las cifras del último semestre del año anterior. El grupo de menores de 6 meses es el más afectado: 35% presenta niveles agudos, moderados o severos de desnutrición. En esas mismas parroquias, 38% de las mujeres embarazadas tenían desnutrición severa y 24% una desnutrición moderada. Dado el impacto de la desnutrición en el desarrollo psicomotor y cognitivo de los infantes, se trata, sin lugar a dudas, del impacto de mediano y largo plazo de consecuencias más severas de la actual crisis venezolana.

El sistema de salud nacional en su conjunto está colapsado. La escasez de medicamentos es severa. Es muy limitado el acceso a los medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas como la hipertensión y diabetes. Los centros de salud carecen de los recursos para el mantenimiento de sus equipos e instrumentos. Mueren pacientes renales por que las salas de diálisis no los pueden recibir. Mueren pacientes con trasplantes de órganos porque carecen de los tratamientos para evitar el rechazo. Son frecuentes las fallas de electricidad y agua. Muchos servicios hospitalarios han dejado de funcionar u operan en mínimas condiciones porque los médicos han renunciado.

Reaparecen enfermedades que ya habían sido controladas. La malaria (paludismo), una enfermedad que había sido reducida a un solo municipio en el país, hoy se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional. La gran mayoría de los casos de malaria reportados en el continente americano en el año 2017 fueron en Venezuela. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 42, se reportaron 319.765 casos de malaria, lo que representó un aumento con respecto al número de casos acumulados notificados durante todo el año 2016, 240.613 casos.[36] Más de la mitad de los casos de sarampión reportados en todo el continente americano en los primeros tres meses del año 2018 corresponden a Venezuela.[37]

Los pueblos indígenas son los más severamente afectados por esta crisis del sistema de salud, el pueblo yanomami en la frontera con Brasil presenta una seria epidemia de sarampión.[38] El pueblo Warao, en el Delta del Orinoco, tiene una extendida epidemia de VIH-SIDA.[39] El pueblo Yukpa, en la Sierra de Perijá está padeciendo de una enfermedad desconocida de carácter letal. La sobrevivencia misma de estos pueblos está en riesgo si no se logra detener estas epidemias.

El deterioro en la cobertura del sistema educativo ha sido alarmante en todos los niveles. Entre los años 2015 y 2017 la población entre los 3 y los 24 años escolarizadadescendió de 78% a 71%. Los sectores más pobres de la población asisten a la escuela con irregularidad como resultado principalmente de la falta de comida en el hogar y fallas en el servicio de agua. [40]  Como resultado de fallas en el transporte, tanto maestros y profesores como estudiantes dejan de asistir a las escuelas. Maestras y maestros reportan casos de estudiantes que se desmayan en el aula por falta de una alimentación adecuada. Las universidades, sobre todo las públicas, están sufriendo un profundo proceso de deterioro. Prácticamente todo el presupuesto se dedica a salarios casi simbólicos, sin posibilidad alguna de cubrir los gastos correspondientes a equipos y materiales de investigación o publicaciones y mantenimiento. Todas las universidades reportan renuncias de profesores y una masiva deserción estudiantil tanto por no poder costearse los estudios, por la necesidad de contribuir al sustento familiar, como por la sensación de inutilidad de dichos estudios en un contexto en que los salarios de los profesionales no alcanzan ni para alimentarse. Muchos optan por irse del país.[41] Múltiples concursos para nuevos cargos de profesores en las universidades se declaran desiertos porque en estas condiciones la carrera académica dejó de ser vista como una opción de vida.

De consecuencias igualmente severas para la población es la inseguridad, producto tanto del hampa como de la represión policial/militar. La tasa de homicidios se ha incrementado en forma sostenida en el país desde el año 1995. De acuerdo a diversas fuentes, Caracas es hoy la segunda ciudad más violenta del mundo.[42] Las fuerzas de seguridad del Estado, lejos de garantizar la protección de la ciudadanía son parte del problema.[43] El ejemplo más violento ha sido el de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), creadas a mediados del año 2015 con el argumento de ofrecer seguridad ciudadana y controlar el hampa. Han operado como aparatos represivos que en forma sistemática han aplicado la pena de muerte en operativos policiales en los barrios populares.[44]

Como consecuencia combinada de la ineficiencia, la falta de inversión y mantenimiento y la corrupción, todos los servicios públicos en el país se encuentran en la actualidad en un sostenido proceso de deterioro. Las interrupciones del servicio eléctrico son frecuentes sobre todo en algunas regiones del país como el Estado Zulia.[45] Las comunicaciones telefónicas son cada vez más precarias, Internet cada vez más lenta. Hay sectores tanto populares como de clase media en Caracas que pasan meses sin servicio de agua potable. La basura se acumula. El Metro de Caracas, principal medio de transporte de la ciudad, está cada vez más deteriorado, tiene retrasos frecuentes. Su uso es cada vez más peligroso. Es similar el deterioro de los servicios en las oficinas de atención al público y las correspondientes a la emisión de cédulas de identidad, pasaportes y la legalización de documentos. Con frecuencia lo único que garantiza la realización de trámites burocráticos es mediante el pago de elevadas comisiones a los funcionarios públicos responsables. El alumbrado público es cada vez más limitado. Las calles y carreteras del país están llenas de huecos por falta de mantenimiento. Tiende a instalarse como sentido común la idea de que lo público es necesariamente ineficiente y corrupto. El trasporte público y privado, tanto urbano como interurbano, cuenta con cada vez menos unidades en servicio por carecer de repuestos, especialmente cauchos y baterías. En la época navideña de 2017 se formaron colas hasta de tres días para comprar pasajes para viajar de Caracas a algunas ciudades del interior.

En los últimos cuatro años se ha producido una fuerte diáspora de venezolanos y venezolanas que buscan un futuro mejor en el exterior. Aunque, como en tantos otros ámbitos, no hay cifras oficiales, diferentes fuentes estiman un volumen de emigración entre los dos y los cuatro millones de personas.[46] El gobierno colombiano ha anunciado la presencia de más de un millón de venezolanos en su territorio.[47] Esta migración, que comenzó con sectores medios y profesionales, tiende a ampliarse hacia todas las esferas de la sociedad. Ha sido particularmente severo el impacto que, en hospitales, universidades y la industria, en especial PDVSA, está teniendo este masivo abandono por parte de su personal. La escala de esta migración es la expresión más dramática de una sociedad que se siente derrotada y sin salida, de una juventud que busca nuevos horizontes porque ya no ve posibilidades de futuro en su país. Para los familiares que permanecen en el país esta migración tiene dos caras. Por un lado, Venezuela se ha convertido en un importante receptor de remesas y una proporción creciente de la población depende de estas para sobrevivir. Pero, por otro lado, esto está produciendo dolorosos desgarramientos familiares.

¿Se acerca el fin?

En términos políticos, durante el año 2017 el gobierno logró consolidar su control sobre cada una de las estructuras del Estado, desde el poder ejecutivo hasta la gran mayoría de las alcaldías y cuenta con un control político que, por el momento, parece bastante firme. La oposición de derecha y centro derecha ha quedado profundamente dividida y sus bases de apoyo desmoralizadas. La oposición de izquierda, incluyendo aquí lo que han sido denominados como el "chavismo crítico" y "chavismo democrático", está constituida por grupos pequeños sin capacidad de incidir a corto plazo sobre el rumbo del país.

Con una hábil combinación de discurso radical antiimperialista que atribuye todos los problemas del país a la "guerra económica", dirigido a sus bases más incondicionales, una política clientelar ampliamente extendida que combina dádivas, subsidios y amenazas, ha logrado relativos apoyos electorales, de modo alguno mayoritarios, y la desmovilización de la mayor parte de la población que está dedicada a la difícil tarea del día a día. Una elevada proporción de la población ha pasado a ser absolutamente dependiente del reparto de bonos y de las bolsas de comida subsidiadas que distribuye el gobierno para su sobrevivencia. La principal tarea de muchas de las organizaciones populares de base ha pasado a ser la coordinación de la distribución de bienes subsidiados.

En el año 2018 se han producido significativos desplazamientos en las expresiones del descontento de la población. Ante la derrota de las masivas movilizaciones de mediados del año 2017, y la pérdida de legitimidad de los mayores partidos de la oposición entre sus anteriores seguidores, la conflictividad y protesta social en el año 2018 ha tenido un carácter fundamentalmente gremial/social, huelgas, paros, cortes de calles, protestas y movilizaciones tanto por el salario y condiciones de trabajo, como por otros asuntos como la ausencia de agua, los cortes de electricidad, la carencia de comida, la crisis del transporte -tanto urbano como inter-urbano- y la inseguridad. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el primer semestre del año se registraron 5.315 potestas, unas 30 por día. De acuerdo a este observatorio "la mayoría de las protestas (84%) se caracterizó por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales." [48]

A mediados del 2018 los conflictos gremiales o sindicales más destacados eran los de los trabajadores de la empresa pública nacional de electricidad CORPOELEC, los profesores y trabajadores universitarios y de enfermeras y enfermeros. Para finales del mes de julio el paro de este gremio ya llevaba un mes y las enfermeras y enfermeros estaban amenazando con una drástica renuncia colectiva si el gobierno no satisfacía sus demandas. Ha sido este un conflicto paradigmático que se ha convertido en un punto de referencia nacional. Ha logrado sintetizar en una sola lucha demandas compartidas por una elevada proporción de la población. Por un lado, la exigencia de un salario digno, en condiciones en que el ingreso de toda la población asalariada ha sido pulverizado por la hiperinflación. Pero igualmente, se lucha por la recuperación del sistema de salud que, como se ha señalado arriba, está en condiciones de severo deterioro. Las enfermeras y enfermeros se enfrentan a diario ante el drama de pacientes que requieren una atención que no pueden brindar por carecer de las condiciones físicas, equipamientos y medicamentos necesarios para llevar a cabo su tarea. Se han llevado a cabo movilizaciones de pacientes en apoyo a la lucha de las enfermeras.

En condiciones de creciente despolitización de la población, de desconfianza generalizada en la política y en los políticos, ya sean estos del gobierno o de la oposición, la conflictividad social ya no se expresa -como en años anteriores- en posturas polarizadas, a favor o contra del gobierno, sino en demandas más inmediatas que tienen que ver con la sobrevivencia. El futuro inmediato del país dependerá, en una importante medida, del grado en que estas múltiples protestas logren articularse en un nuevo tipo de movimiento más allá de los partidos que hasta el año 2017 habían sido los principales actores en la escena política nacional.

Ante la grave crisis económica, política, humanitaria y ética que vive el país, el gobierno carece de iniciativas y propuestas, lo más común es que responda a las protestas con represión. Al negarse a reconocer la profundidad de la crisis y sobre todo sus causas, ser incapaz de toda autocrítica sustantiva en torno a su responsabilidad en ésta, carecer de propuestas medianamente sistemáticas y coherentes, el gobierno anuncia una y otra vez políticas improvisadas que nunca van al fondo de los problemas. La gran solución que ofreció Maduro en julio 2018 fue la emisión de un nuevo cono monetario, el Bolívar Soberano, con el cual se prevé quitar cinco ceros a la moneda nacional. Con el fin de frenar la inflación se ha anunciado que se traspasaría al Banco Central de Venezuela la propiedad del petróleo del Bloque Ayacucho I de la Faja Petrolífera del Orinoco para que sirva de respaldo a la nueva moneda y, de acuerdo con Maduro, detener en seco la hiperinflación a partir del día 20 de agosto, fecha en que entraría en vigencia el nuevo cono monetario. Este anuncio ha generado un debate y rechazo nacional. Si lo que se busca es que ese petróleo sirva como garantía a la nueva moneda, se estarían hipotecando en forma inconstitucional estos bienes ya que de acuerdo al artículo 12 de la Constitución:

Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles...

En términos prácticos inmediatos es previsible que este respaldo petrolero a la moneda tenga poca incidencia en el control de la hiperinflación. El petróleo sirve de respaldo efectivo a la moneda solo en la medida en que los poseedores de la moneda puedan tener un acceso previsible a dicho petróleo, lo que evidentemente no es el caso. Esas reservas solo tienen valor efectivo si pueden ser extraídas del subsuelo y el gobierno carece de los masivos recursos financieros que serían requeridos para ello. ¿Será que de lo que se trata es de dar un primer paso dirigido no solo a la privatización de esas reservas sino del conjunto de la industria petrolera?

En estas condiciones no está claro cuál es el proyecto político del gobierno, más allá de un hecho indudable: busca permanecer en el control del Estado a como dé lugar.

Los principales instrumentos con los cuales cuenta para ello son el apoyo que hasta ahora le ha brindado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el poder total que le da una Asamblea Nacional Constituyente "supraconstitucional" y "plenipotenciaria". La fuerza armada tiene mucho que perder con un cambio de gobierno. Además de condiciones salariales muy superiores a los del resto de los empleados públicos, una elevada proporción de los masivos niveles de corrupción de este gobierno han sido llevados a cabo por integrantes de algunos de los cuerpos de las fuerzas armadas.

En cuanto al futuro de la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno ha dado señales contradictorias. Inicialmente se había anunciado que su tiempo de vigencia sería por dos años. Sin embargo, de acuerdo a Diosdado Cabello, presidente de dicha Asamblea, esta podría extender su vigencia hasta cuatro años más.[49] Dado su carácter "plenipotenciaria" y "supraconstitucional", podría prolongar su vigencia por tiempo indefinido.

La elaboración de un nuevo texto constitucional parece estarse llevando a cabo en secreto, al margen incluso de los y las integrantes de dicha Asamblea Constituyente. No existe, por tanto, información pública confiable sobre lo que podrían ser sus orientaciones fundamentales, sobre qué es lo que se busca con una nueva constitución que no pueda lograse con la constitución del año 1999.

Hay sin embargo dos hipótesis principales, probablemente complementarias sobre lo que podrían ser los objetivos principales del nuevo texto constitucional. En primer lugar, buscar opciones a corto plazo ante la severa carencia de recursos con los cuales cuenta el Estado para responder a la crisis que vive en país. Con toda seguridad el gobierno está consciente de que en las condiciones actuales se le está acabando el tiempo. Ante la urgencia de nuevos ingresos, durante los últimos tres años ha venido tomando medidas para atraer al capital trasnacional, las más importantes de las cuales fueron la creación por decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, la creación de la zonas económicas especiales, y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de una nueva ley de promoción y protección de la inversión extranjera.[50] Sin embargo, a pesar de las condiciones extraordinariamente favorables ofrecidas al capital extranjero, tanto en términos de flexibilidad regulatoria como de incentivos fiscales de todo tipo, y de las extraordinarias riquezas energéticas y mineras que está ofreciendo el Estado a las trasnacionales, los torrentes de inversiones que esperaba el gobierno no han llegado. Y esto, fundamentalmente, porque se trata inversiones de gran escala que solo serían rentables a mediano y largo plazo. Para ello las empresas, además de las condiciones favorables que les ofrece el Estado venezolano, requieren tanto de estabilidad política como de seguridad jurídica. Ninguna de esas dos cosas está hoy garantizada en el país.

No hay seguridad jurídica porque todos los decretos, normativas, y contratos de esta nueva política minero/energética son anticonstitucionales y violatorias adicionalmente de las leyes de hidrocarburos, y la legislación referida a pueblos indígenas, ambiente y relaciones laborales. Estas decisiones, además no han contado con el respaldo de la Asamblea Nacional, el único órgano legislativo reconocido por la mayoría de los países. Con un cambio de gobierno todas estas medidas inconstitucionales podrían ser revertidas. Por ello, para atraer las inversiones que necesita con urgencia, el gobierno, con toda seguridad, buscará darle un piso de legitimidad constitucional a todas estas políticas de orden neoliberal. Es, sin embargo, muy poco probable que estas modificaciones constitucionales alterasen la percepción del país y sean capaces de generar la ansiada confianza.

En segundo lugar, para permanecer en control del Estado por tiempo indefinido, la actual dirigencia política del gobierno-PSUV tendría que modificar sustancialmente la estructura jurídico política del Estado Venezolano, dejando a un lado o acotando severamente las "rémoras" de la democracia representativa liberal. Con un sistema político basado en elecciones universales, directas y secretas y con suficiente legitimidad como para que participe en éstas la mayoría de los ciudadanos, el gobierno no puede garantizar su control sobre el aparato del Estado. Para ello son diversas las modalidades de organización del Estado, y sobre todo del régimen electoral, basados en otros principios que, como en los tiempos del socialismo realmente existente, a nombre de profundizar la democracia termine por liquidar toda posibilidad de expresión democrática. Podrían incorporarse al nuevo diseño constitucional elecciones de segundo grado, o elecciones basadas en organizaciones y sectores sociales que puedan ser controlados por el gobierno. Un paso en esta dirección ya se dio en las elecciones de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente donde se estableció un régimen discriminatorio que dividía arbitrariamente a la población entre ciudadanos de primera, con derecho a dos votos, y ciudadanos de segunda con derecho a un solo voto.

En un contexto de divisiones internas y mucho malestar en las bases por la situación del país, se realiza a partir de finales de julio 2018 el IV Congreso del PSUV, con unos 670 delegados. En las semanas previas a su realización diversas voces, incluso de altos dirigentes, argumentaron públicamente que había llegado el momento de democratizar el partido y darle más peso a la opinión de las bases. En este congreso el vice-Presidente del partido propuso que Nicolás Maduro fuese ratificado y electo como presidente del partido. Propuso adicionalmente "otorgarle de una vez toda la potestad necesaria para que el presidente Maduro tome todas las decisiones que él considere convenientes para nombrar a su dirección nacional, a los equipos políticos, y cualquier decisión que en materia organizativa sean necesarias para el fortalecimiento del partido y de la revolución."[51] Esto fue aprobado por aclamación. "Democrática" y "voluntariamente", los delegados al congreso del PSUV aceptan que todas las decisiones las puede tomar el líder máximo. Se repite así el verticalismo y la total ausencia de democracia partidista interna propia de los tiempos más oscuros del estalinismo.

Todo eso define un nuevo momento político caracterizado, por un lado, por la profundización de la crisis humanitaria, una oposición partidista fragmentada y profundamente debilitada, el mayor o menor auge que puedan tomar las crecientes protestas sociales en el país, y los intentos de avance del proyecto autoritario, con contenidos económicos neoliberales que, contra viento y marea, se propone imponer el gobierno.

Caracas agosto 2018

Notas:

[1]. Este texto hace uso libre de algunos trabajos anteriores del autor, así como de algunas declaraciones de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución de la cual el autor forma parte. Será publicado en: El eclipse del progresismo. La izquierda latinoamericana e debate, José Correa Leite, JanainaUemura y Filomena Siqueira, editores, Colectivo 660 y Editora Elefante, Sao Paulo, 2018. [ISBN 978-85-93115-12-7]

[2]. The White House, Office of the Press Secretary. Notice.Continuation of the National Emergency with Respect to Venezuela, Washington, 13 de enero de 2017. [https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2017/01/13/notice-continuation-national-emergency-respect-venezuela]

[3]. Ben Jacobs, "Trump threatens 'military option' in Venezuela as crisis escalates", The Guardian, Londres, 12 de agosto 2017.

[4]. Transparencia Venezuela, Empresas propiedad del Estado en Venezuela, Caracas 2017. [https://transparencia.org.ve/project/empresas-del-estado/]

[5]. Coninduistria, Radiografía actual de la industria venezolana, Caracas 2017. [www.conindustria.org]

[6]. Una excepción es el informe anual que continúa presentando cada año el gobierno venezolano ante la UnitedStatesSecurities and Exchange Commission (SEC). Bolivarian Republic of Venezuela's Annual Report on Form 18-K to the United States Securities and Exchange Commission for the fiscal year ended December 31, 2016. [https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/103198/000119312517376486/d505622dex99d.htm]

[7]. Idem.

[8]. Idem.

[9]. "Venezuelan inflation predicted to hit 1 million percent this year", CNBC, Nueva York, 27 de julio 2018. [https://www.cnbc.com/2018/07/27/venezuelan-inflation-predicted-to-hit-1-million-percent-this-year.html]

[10]. Banco Central de Venezuela. Liquidez monetaria. Caracas, julio 2018. [http://www.bcv.org.ve/estadisticas/liquidez-monetaria]

[11]. Bolivarian Republic of Venezuela's Annual Report on Form 18-K to the United States Securities and Exchange Commission for the fiscal year ended December 31, 2016.

[12]. Idem.

[13]. Banco Central de Venezuela, Reservas Internacionales. Caracas, julio 2018. [http://www.bcv.org.ve/estadisticas/reservas-internacionales]

[14]. Prodavinci. Venezuela: la deuda externa en cifras, Caracas, 2018. [https://www.http://especiales.prodavinci.com/deudaexterna/]

[15]. Idem.

[16]. En mayo del año 2017 el presidente Maduro informó que, en los 24 meses previos, el gobierno había dedicado un total de 60 mil millones de dólares para el pago de la deuda. Kevin Arteaga González, "Maduro: En 24 meses hemos cancelado 60 mil millones de dólares", El Carabobeño, Valencia, 19 de mayo 2017.

[17]. OPEC. Monthly Oil Market Report July 2018, Viena, julio 2018.

[https://momr.opec.org/pdf-download/index.php]

[18] Mendoza Potellá, op. cit.

[19]. Petróleos de Venezuela S.A. y sus empresas filiales. (PDVSA) Estados Financieros Consolidados, Caracas 31 de diciembre 2016. [http://www.pdvsa.com/images/pdf/estado_financiero/PDVSAestado_financiero_espaol_16.pdf]

[20]. Prodavinci, op. cit.

[21]. "69 personas han sido detenidas por casos de corrupción en PDVSA", Ciudad Caracas, Caracas, 29 de diciembre 2017.

[22]. Sobre los contratos de esta empresa con el Estado venezolano en estos años, los sobreprecios y las obras que no fueron culminadas Ver: Transparencia Venezuela. Informe Odebrecht 2018, Caracas. [https://transparencia.org.ve/odebrecht/informe-2018/]

[23]. Agencia Venezolana de Noticias, "Gobierno nacional prevé certificar en año y medio reservas del Arco Minero Orinoco", Caracas 25 de febrero, 2016.

[24]. De acuerdo a la constitución nacional, "El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley." (Artículo 119). "El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley." (Artículo 120)

[25]. Decreto 2248 de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.855, Caracas viernes 26 de febrero 2016

[26]. Idem.

[27]. Muchos analistas coinciden en indicar que más que expresión de respaldo a la MUD, muchos de cuyos candidatos no eran conocidos por los electores, esta votación es la expresión plebiscitaria de un rechazo creciente al gobierno de Nicolás Maduro.

[28]. Ver: "Colectivos y organizaciones populares se pronuncian por el caso en Simón Planas", Aporrea, Caracas 3 de enero del 2018. [www.aporrea.org/poderpopular/n319179.html]

[29]. La fuente de información de mayor cobertura nacional sobre la situación social del país es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI). Es este un proyecto desarrollado desde el año 2014 por un equipo multidisciplinario de tres de las universidades más importantes del país: la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

[30]. ENCOVI, Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, Caracas, febrero 2018.

[31]. CENDA, Canasta alimentaria junio 2018, Caracas julio 2018. [http://cenda.org.ve/noticia.asp?id=171]

[32]. ENCOVI, op. cit.

[33]. Cálculos propios sobre la base de: Instituto Nacional de Estadísticas, Indicadores SocioEconómico-Demográfico de Venezuela. Período 2013-2018. Caracas, 2018. Por lo menos hasta julio del año 2018, estos datos no habían sido dados a conocer públicamente por el INE

[34]. ENCOVI, op. cit.

[35]. Cáritas Venezuela. Monitoreo de la situación nutricional de menores de cinco años. Caracas. enero-marzo 2018. [http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2018/07/6to-Boletin-SAMAN-Enero-Marzo-2018.pdf]

[36]. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Actualización Epidemiológica. Aumento de malaria en las Américas. 30 de enero 2018. [https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43437&lang=es]

[37]. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Actualización Epidemiológica Sarampión, 6 de abril 2018. [https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=44330&lang=es]

[38]. OPS investiga muertes de 53 indígenas por brote de sarampión en Amazonas, Efecto Cocuyo, Caracas, 23 de julio 2018.

[39]. Kirk Semple, "En Venezuela, el aumento del sida amenaza a toda una población indígena", New York Times, Nueva York, 7 de mayo de 2018.

[40]. ENCOVI, Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela: Educación. Caracas, febrero 2018.

[41]. De acuerdo al Director de Asuntos Estudiantiles de una de las principales universidades públicas del país, la Universidad de los Andes, entre el año 2015 y finales del 2017 se produjo una deserción de 65% de los estudiantes, aproximadamente 25 mil estudiantes. "En 65% se incrementó en el 2017 deserción estudiantil en la ULA", Analítica, 29 de diciembre 2017. [http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/en-65-se-incremento-en-el-2017-desercion-estudiantil-en-la-ula/]

[42]. "Caracas, la segunda ciudad más violenta del mundo" La Patilla, Caracas, 6 de marzo 2018. [https://www.lapatilla.com/2014/01/16/caracas-es-la-segunda-ciudad-mas-violenta-del-mundo/]

[43]. 35% de los homicidios que ocurren en Caracas son cometidos por uniformados #MonitorDeVíctimas, Efecto Cocuyo, Caracas, 27 de octubre, 2017. [http://efectococuyo.com/principales/35-de-los-homicidios-que-ocurren-en-caracas-son-cometidos-por-uniformados-monitordevictimas/]

[44]. KeymerAvila, "La represión como respuesta", Contrapunto, Caracas 20 de junio, 2017. [http://contrapunto.com/noticia/la-represion-como-respuesta-142848/]; KeymerAvila, "Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP): entre las ausencias y los excesos del sistema penal en Venezuela", Crítica Penal y Poder, no. 12, 2017, Universidad de Barcelona.

[45]. El gobierno siempre atribuye la causa de las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico al saboteo a las instalaciones. Por su parte los trabajadores del sector afirman que se trata de fallas en el mantenimiento. "Presidente de Fetraelec, Ángel Navas, afirma que apagón en Caracas fue por falta de mantenimiento, mientras presidente Maduro asegura que fue 'sabotaje'" Aporrea, Caracas 1 de agosto del 2018. [www.aporrea.org/actualidad/n329052.html]

[46]. "Consultores 21: 4 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años", Noticiero Digital.com, Caracas 12 de enero 2018, [http://www.noticierodigital.com/2018/01/consultores-21-4-millones-venezolanos-emigrado-los-ultimos-anos/]

[47]. "Tras la finalización del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), que inició el pasado 6 de abril y terminó el 8 de junio, el Gobierno Nacional estableció que, en los últimos 15 meses, debido a la situación de crisis que atraviesa el vecino país, Colombia ha recibido más de un millón de migrantes venezolanos, de los cuales 442.462 son irregulares, 376.000 regulares y 250.000 son colombianos retornados." "Cerca de un millón de venezolanos hay en el país y 442.462 son irregulares", vanguardia.com, 14 de junio 2018. [http://www.vanguardia.com/colombia/435863-cerca-de-un-millon-de-venezolanos-hay-en-el-pais-y-442462-son-irregulares]

[48]. Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Venezuela en emergencia humanitaria compleja. Conflictividad social. Primer semestre 2018, Caracas 12 de julio 2018. [https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/destacado/conflictividad-social-en-venezuela-primer-semestre-de-2018]

[49]. "Cabello: ANC podría extender su vigencia hasta por cuatro años más". El Universal, Caracas, 30 de julio del 2018.

[50]. Gaceta Oficial N° 41.310: Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, Finanzas Digital, Caracas, 2 de enero del 2018. [http://www.finanzasdigital.com/2018/01/gaceta-oficial-n-41-310-ley-constitucional-inversion-extranjera-productiva/]

[51]. "Así fue el apagón durante IV Congreso del Psuv este 30Jul", [https://www.youtube.com/watch?v=HGXG_77FOsE]

 

(*) Edgardo Lander. Sociólogo, es profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la plataforma ciudadana En Defensa de la Constitución de la República Bolivariana.

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/a267859.html