La Renta Básica, ¿da igual?
Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens (*)
El domingo pasado el suplemento salmón de El País, publicaba un largo artículo principal sobre la Renta Básica (RB).
En un momento dado contraponían los cálculos catastróficos sobre el coste de financiar la misma en el Reino de España realizados por el servicio de estudios del BBVA (187.870 millones de euros adicionales), con nuestra postura en la que desmentíamos estos cálculos, pero sin ninguna explicación adicional. Nuestra explicación y demostración del error del BBVA ya se ha explicado en varios artículos, como éste. Por cierto, el nuestro es el mismo razonamiento que han dado por ejemplo dos economistas tan dispares políticamente, pero académicamente reputados como Thomas Piketty o Greg Mankiw. Ambos parten de algo que es una perogrullada pero que parece que algunos están empeñados en ocultar para exagerar los costes de la financiación de la RB: lo relevante es el coste neto de la medida, calculada como la suma de lo que pagarían de más los ricos en impuestos restando lo que recibirían de RB, y lo superfluo, pero en donde ponen el énfasis, su coste bruto. Éste es el razonamiento que se quiere ocultar por parte de algunos supuestos razonamientos no sea (y esa empieza a ser nuestra sospecha) que a la mayoría de la población se le ocurra pensar que implantar una RB universal, individual e incondicional que acabaría con la pobreza de manera inmediata, y financiarla con un incremento de la presión fiscal de 3 puntos del PIB que pagarían los más ricos, puede ser una buena decisión.
Quizás por eso el artículo de El País, después de mencionar nuestra oposición a la que mantiene el BBVA, zanja la cuestión con un lacónico "da igual".
Y la verdad es que viendo la que está cayendo después de 10 años de crisis, de una recuperación que básicamente beneficia a los más ricos en donde los pobres ganan menos y están más endeudados que nunca, y eso que ni siquiera pueden hipotecarse, en donde nuestros índices de desigualdad y de transmisión intergeneracional de la pobreza lideran los rankings europeos, y en donde el acceso a un derecho fundamental como el de la vivienda se está convirtiendo en un privilegio inaccesible a los jóvenes y a las rentas bajas, no da igual.[1]
Y tampoco da igual viendo el fracaso del sistema de protección social para las familias más vulnerables, aquellas que viniendo del desempleo o de la precariedad laboral deben acudir a los servicios sociales o a las oficinas de empleo a pedir, o quizás a implorar, alguna ayuda de emergencia que les permita que no les echen de casa, que no les corten la luz o que puedan acudir a algún banco de alimentos. Centenares de miles de familias están en esta situación en el Reino de España. O que en los mismos puntos soliciten alguna versión de las rentas mínimas garantizadas existentes en diversas variantes en las comunidades autónomas, algunas más generosas, otras más rácanas, sobre el papel o en su aplicación práctica.
Ahora que estamos recibiendo numerosas noticias sobre el auge de la inteligencia artificial y las posibilidades de la robotización, les recomendamos que vean o vuelvan a ver las escenas de la maravillosa película de Ken Loach, Yo, Daniel Blake (si es posible en versión original, con o sin subtítulos) y escuchen las respuestas monocordes carentes de ningún sentimiento de los locutores telefónicos o de los puestos físicos de los servicios de ocupación externalizados que atienden (o más bien torturan) a Daniel: pensarán que podrían tratarse de robots, o lo que es peor, que quizás un robot lo haría mejor.
Ya escribimos hace unas semanas del previsto fracaso de la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de Catalunya, no parece que de momento se haya corregido. Han aparecido noticias igual de inquietantes sobre la variante de Andalucía y ya hemos comentado otras veces que incluso la más generosa de las rentas garantizadas, la vasca, también adolece de carencias importantes en su accesibilidad y resultados. Los motivos son variados y los podríamos resumir en dos: en primer lugar la falta de compromiso político real en destinar todos los recursos (organizativos y monetarios) necesarios para que se cumplan las leyes que la regulan y en segundo lugar las propias deficiencias del diseño del modelo.
En primer lugar, en el caso de la RGC catalana, o en la recientemente inaugurada renta mínima valenciana, las estimaciones de beneficiarios potenciales y costes realizadas por los propios gobernantes que la aprobaron ya muestran que ni de lejos se van a cubrir las necesidades reales de la población y que habrá que recortar mediante procedimientos no transparentes o discutibles a quién va a beneficiar la medida o a quién se le va a quitar. En el caso de Catalunya se ha vivido la hipérbole de ésta estrategia, solo 5.023 personas nuevas habían recibido a finales de abril la nueva la RGC desde su arranque en septiembre del año pasado, cuando se esperaba un incremento de más de 70.000 familias. En diciembre del año 2016 había 28.904 expedientes activos de su antecesora la Renta Mínima de Inserción con un total de 72.554 personas beneficiarias[2]. En abril de este año, solo 26.228 familias y 67.350 beneficiarios cobraban la RGC para personas activables comparable a la RMI del 2016. ¡1.700 familias y 6.000 personas menos con una nueva ley que se suponía ampliaba los derechos![3]. Recordemos que con datos de rentas de la Encuesta de Condiciones de Vida del 2016 había 211.847 hogares y 493.990 personas susceptibles de recibir la RGC en Catalunya (con datos de renta de 2015).[4]
Y claro, como no es una renta incondicional ni universal, es relativamente fácil esconder cuáles son los motivos para no conceder la ayuda, siempre puede haber alguna razón intrincada o compleja para denegar una petición, puesto que la ley permite muchas interpretaciones. Y esto vale para cualquier prestación condicionada, páginas y páginas de instrucciones y legiones de funcionarios dedicados a velar por la "correcta" aplicación de la ley, que básicamente significa controlar que nadie cobre un euro de más sobre lo que se merece. Nuestra intuición es que si se dedicaran los mismos esfuerzos a la lucha contra el macrofraude fiscal que a la lucha contra el microfraude de prestaciones sería más sencillo financiar la RB.
La segunda categoría de razones que explican el deficiente funcionamiento de las rentas mínimas es intrínseca al propio diseño de las mismas y, en general, se deben a que no cumplen las propiedades fundamentales de incondicionalidad e individualidad de la RB. Vamos a citar tres ejemplos surgidos en conversaciones con profesionales de los servicios sociales o expertos en el funcionamiento de las rentas mínimas que explican su práctica diaria con las familias perceptoras de alguna renta condicionada y son tres muestras de ineficiencia, de trampas de pobreza y de precariedad que acarrean estas rentas.
Caso 1. Familia que cobra 1.200 euros mensuales de la RGC catalana porque todos sus miembros en edad de trabajar están en paro. Uno de los hijos recibe una oferta de empleo de 900 euros mensuales para la campaña turística. La familia le prohíbe al miembro aceptar la oferta puesto que esto implicaría la suspensión del cobro de la RGC y tendrían que esperar 6 meses para volver a cobrarla. Claro, la ley dice que no se pueden rechazar ofertas laborales adecuadas so pena de que te quiten las ayudas, pero como los servicios públicos de intermediación prácticamente no intermedian (menos del 4% de los empleos se consiguen mediante las oficinas de empleo) al final se acaban rechazando ofertas temporales de empleo porque la racionalidad de una familia bajo ingresos mínimos les dice que más vale pájaro en mano (o pajarito equivalente a la renta garantizada que ya están cobrando) que no salirse de la ayuda temporalmente y luego encomendarse a los astros o los dioses para recuperarla.
Caso 2. Persona que una vez agotada la prestación por desempleo pasa a cobrar la RGI vasca (644 euros mensuales) y al cabo de un tiempo le ofrecen un trabajo a tiempo parcial de 650 euros netos en 12 pagas: su RGI se reduce a 358 euros y sus ingresos pasan a 1.008 euros. A su vez una persona que nunca ha cobrado la RGI, cobra 650 euros netos haciendo un trabajo similar (con el agravio comparativo que supone). Este estímulo al empleo dura 3 años como máximo y luego pasará a cobrar los 644 euros, y cualquier trabajo que le ofrezcan por debajo de esta cifra le supondrá menores ingresos. La combinación de ambas genera inequidad entre individuos y a la larga trampa de la pobreza o abocar al trabajo irregular.
Caso 3. Persona en paro que cobra 600 euros de la renta garantizada de Navarra. Encuentra trabajo a tiempo parcial de 400 euros netos y pasa a cobrar 520 euros de renta garantizada, total 920 euros. Al cabo de un tiempo le ofrecen pasar a jornada completa y cobrar 800 euros netos, la renta garantizada se reduciría a 160 euros y en total cobraría 960 euros, 40 euros más al mes netos por trabajar 20 horas más a la semana. Ya no quedan sistemas fiscales tan expropiatorios como éste para los pobres (bueno sí, el de Corea del Norte que envía trabajadores al extranjero para generar divisas para los caprichos de Kim Jong-un).
Son tres casos de diferentes trampas de pobreza y precariedad que generan las rentas mínimas garantizadas y que no existirían con una RB, en donde cualquier ingreso se añade a la misma por un importe neto de impuestos incentivador a aceptar el empleo y en donde los incentivos a trabajar irregularmente serían mucho menores. Desgraciadamente por el momento ningún partido con opción de gobernar se cuestiona seriamente que estos sistemas sean intrínsecamente defectuosos. Incluso Podemos, que en un primer momento abrazó la RB como objetivo electoral, claudicó rápidamente para plantear en sus programas para las dos pasadas elecciones generales, y por lo que parece para las siguientes, un sistema de rentas mínimas, eso sí, con un complemento de estímulos a los salarios bajos, similar al vasco o al navarro de los ejemplos y por lo tanto con los mismos problemas y defectos.[5] Lo cierto es que un modelo de rentas garantizadas o mínimos vitales con complementos salariales no desincentivadores podría asemejarse a una RB[6], con la gran ventaja para la RB de que se aplicaría automáticamente y evitaría toda la burocracia aparejada a las rentas condicionadas.[7]
Podríamos buscar muchos más ejemplos de las perversiones que generan estos sistemas, algunas favoreciendo las lecturas demagógicas o populistas interesadas, como las ya consabidas guerras de los penúltimos contra los últimos ya relatadas o como en el ayuntamiento de Barcelona han tenido que hacer un mapa de ubicaciones de vehículos de una conocida marca alemana para mostrar que no se concentran en los barrios pobres beneficiarios del proyecto B-Mincome.
En fin, que no da igual, y menos da igual cuando según la recientemente publicada Encuesta de Condiciones de Vida del 2017, el 21,6 % de los hogares, cuatro millones, se encuentra bajo el umbral de riesgo de pobreza y el 9,3 % declaran que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Ya son muchos años con cifras de pobreza por encima del 20% de la población, y por encima del 25% en los menores de 16 años, lo cual está hipotecando de por vida las posibilidades de muchas personas jóvenes de salirse de esta situación. A los que nos importa la libertad de toda la ciudadanía, imposible de conseguir sin la existencia material garantizada, no nos da igual. Para una cierta concepción liberal del mundo, de la libertad y de la igualdad, sí puede dar igual. Para nosotros, no da igual.
[1] Quizás para otra ocasión dejamos la referencia a la "reciprocidad" que también hace el artículo de El País citando a un autor que dice ( y no es broma): "El desafío ético más interesante de esta renta es que viola la idea de reciprocidad. Los críticos sostienen que como se recibe, aunque no se trabaje, resulta inconsistente con el principio democrático de reciprocidad". ¡En el año 2018! "El desafío ético más interesante", ¡caramba! Este "no se trabaje" se refiere claro está al empleo, para nada al trabajo doméstico o al voluntario. Pero no solamente se trata de esto. Que en el año 2018 aun haya académicos que se entretengan disertando sobre la "reciprocidad" en relación a la Renta Básica sin mención alguna a las características reales del mundo que vivimos, es una muestra del grado de degeneración teórica al que llega determinada filosofía política y politología en general. En breve, lo que Toni Domènech se refería como las "quisicosas" que llenan determinadas publicaciones y departamentos académicos.
[2]http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/07memories/2016/Memoria_DTSF_2016_gener18.pdf página 78
[3] Además, cobraban la versión de la RGC de complemento de prestaciones estatales 45.093 personas no activables contra 43.909 en diciembre de 2016 que cobraban el complemento de pensión no contributiva.
[4] En el caso de la Comunidad Valencia la ECV del 2016, estimaba cifras que van entre 140.000 y 466.000 personas potencialmente beneficiarias (dependiendo de la modalidad) frente a las 75.000 anunciadas por el gobierno valenciano.
[5] En su propuesta de las elecciones del 2015 proponían un complemento salarial entre 3.600 euros (hogares de 1 miembro) y 4.644 euros (hogares de 6 miembros) que generaran ingresos por trabajo. Sin más detalle que éste ya se intuye que los sueldos superiores a entre 300 y 387 euros mensuales sufrirían una imposición marginal equivalente al 100 % (o quizás un poco menos siguiendo los casos mencionados).
[6] Si obviamos lo que representa la lógica expostde los subsidios condicionados y la exante de la RB. Véase por ejemplo aquí y aquí.
[7] Esta comparativa se puede ver en el capítulo 9 de nuestro libro.
(*) Jordi Arcarons es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Su último libro es, en colaboración con Daniel Raventós y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).
(*) Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con JulieWark, "AgainstCharity" (Counterpunch, 2018).
(*) Lluís Torrens es economista. Director de servicios de planificación e innovación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-UniversitatPompeuFabra. Es miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación REVO prosperidad sostenible. Su último libro es, en colaboración con Jordi Arcarons y Daniel Raventós, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).
Fuente: www.sinpermiso.info, 24-6-18
