La política sí es cosa de niños
Por Alberto Casado (Ayuda en Acción) (*)
La creación del Alto Comisionado contra la pobreza infantil es una espléndida noticia para el 32,9% de menores en riesgo de exclusión.
El anuncio, hace apenas unos días, de la creación de un Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil es una estupenda noticia para la sociedad española y, especialmente, para ese 32,9% de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social que viven en nuestro país. Y es también una nueva esperanza para sus familias, equilibristas de la crisis, a las que el Estado quitó la red de protección con los sucesivos recortes sociales. En los últimos años, España no ha hecho sus deberes: siendo la tercera economía del euro, ocupa el tercer puesto dentro de la Unión Europea en el triste ranking de la pobreza infantil.
En 2016, antes de las elecciones de diciembre, en Ayuda en Acción lanzamos la campaña Candidatos a la pobreza, en la que llamamos la atención sobre la emergencia nacional que suponía tener a más de un tercio de nuestra infancia y adolescencia en riesgo de exclusión y pobreza. Una cifra que, a día de hoy, sigue siendo una realidad que puede quedar estancada si no se abordan todas las problemáticas de una forma decidida y desde una política de Estado; ese famoso Pacto de Estado por la Infancia que muchas organizaciones de infancia, con la Plataforma de Infancia a la cabeza, venimos reclamando desde hace años.
En los presupuestos de 2018, que a día de hoy siguen siendo una incógnita, el resultado de la partida de inversión en infancia ha sido también desalentador. Apenas un 1%, prácticamente lo mismo que se dedicó en 2017, o sea, la misma cantidad que ha demostrado ser insuficiente para abordar la dramática situación de muchos niños, niñas y sus familias.
Una realidad que, aunque afortunadamente no se aprecia en la calle cuando caminamos y nos cruzamos con grupos de chavales, se traduce en una inequidad de acceso a las oportunidades que toda la infancia debería tener y que están protegidas por la Convención de Derechos del Niño, de la que España es país firmante. Imposibilidad de poder irse de vacaciones siquiera una semana al año -el 40% de los hogares en España-; de asistir a las actividades de verano que organizan los colegios, ayuntamientos o asociaciones; de afrontar el pago de unas simples gafas o acudir al dentista de forma regular; de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno -el 11% de nuestros hogares no puede hacer frente al pago de las facturas energéticas-; de disfrutar de una dieta equilibrada y saludable para su crecimiento -el porcentaje de obesidad infantil en familias empobrecidas es del 54,8%-; o de disponer de las mismas oportunidades para recibir una educación de calidad, ya que hay aspectos que, por no considerarse estrictamente educativos, como las becas comedor, las clases de refuerzo, las salidas de ocio escolar o el transporte no se encuentran en el paquete de gratuidad educativa. Estos aspectos los denunciamos en el informe "La sombra de la equidad educativa" que Ayuda en Acción publicó, junto a la ONG Educo, el año pasado.
Para Ayuda en Acción, este Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, que depende además de modo directo de Presidencia, es una de las mejores noticias en mucho tiempo. Un Alto Comisionado que debe atender a muchas demandas, como por ejemplo, a las recomendaciones que Naciones Unidas hizo al Estado español como firmante de la Convención de Derechos del Niño, en donde se reflejaba entre otras la preocupación, compartida por esta Organización, de la lotería que supone para nuestra infancia vivir en una comunidad autónoma u otra, a la hora de tener mayor o menor protección frente a la pobreza. Hay sin duda mucho trabajo por hacer, pero también muchas personas y organizaciones dispuestas a ayudar en su labor con una enorme experiencia de trabajo al lado de la infancia más desprotegida.
El Alto Comisionado debe estar muy pegado a la realidad de los más vulnerables y debe escuchar, también y de manera prioritaria, a los niños, niñas y adolescentes que aunque no voten son ciudadanía con derechos y voz. Esperamos que las políticas de protección de los niños y niñas más vulnerables se conviertan, por fin, en políticas de Estado, y que estemos más cerca de blindar esa protección con un Pacto de Estado por la Infancia.
(*) Alberto Casado es director de campañas en Ayuda en Acción.
