Ecuador: La consulta del 4-F y el fin de un ciclo político. Dossier

Por Francisco Hidalgo Flor y Franklin Ramírez (*)

Resultados de los referéndum en Ecuador

Estos son los resultados oficiales

Pregunta 1 - Inhabilitación por corrupción: Sí 73.91 % / No 26.09 %

• Pregunta 2 -Derogación reelección indefinida: Sí 64.32 % / No 35.68 %
• Pregunta 3 -Consejo Participación Ciudadana: Sí 63.15 % / No 36.85 %
• Pregunta 4 -Lucha contra la pederastia: Sí 73.72 % / No 26.28 %
• Pregunta 5 -Explotación minera: Sí 68.79 % / No 31.21 %
• Pregunta 6 -Ley de plusvalía: Sí 63.2 % / No 36.8 %
• Pregunta 7 -Reserva del Yasuní: Sí 67.44 % / No 32.56 %

 

No es traición, es evolución pragmática... ¿y crisis?

Francisco Hidalgo Flor

En Ecuador el próximo domingo 4 de febrero se realizará la consulta popular convocada por el presidente Lenin Moreno cuyo objetivo principal es consolidar una base de apoyo institucional y social para su estrategia de conducción de gobierno en ruptura y confrontación con su ex - correligionario Rafael Correa, proceso que ha llevado a la par a la fragmentación del partido de gobierno Alianza País.

Es la culminación de un transcurso trascendente y vertiginoso, pues en apenas ocho meses alteró radicalmente aspectos sustanciales de la hegemonía política que dio sustento a la elección de Lenin Moreno y mayoría parlamentaria a Alianza País: Jorge Glass no solo que ya no es el vicepresidente de la república, sino que guarda prisión y está condenado por asociación ilícita en el entramado de corrupción protagonizado por Odebrecht; el partido de gobierno se fracturó en dos alas: la una, calificada de "morenista", controla ahora el aparato oficial y la mayoría del bloque parlamentario; la otra, calificada de "correista" se ha desafiliado del  partido, intenta formar otro, y significa la principal expresión de oposición al régimen.

El estudio de estos acontecimientos es complejo y requiere de una lectura integral, pero observamos que en los analistas internacionales, en especial aquellos ubicados dentro de la llamada tendencia progresista, predomina una lectura inmediatista y simplificadora de la traición al líder y a la autodenominada dirección revolucionaria.

Para estos analistas en Ecuador estamos frente una situación asimilable a la de un golpe de estado, se trata de derechistas solapados e incrustados que se han tomado al asalto el poder, una nueva versión de los denominado "golpes blandos".

Y no es así. Leer de la mencionada manera la situación de Ecuador es un grave error, desconoce la complejidad del proceso político en sus niveles de larga y corta duración, las tendencias y sectores en disputa, las debilidades y fuertes errores de los diez años de una denominada "revolución ciudadana".

Actuar con dicha mirada ligera y ahistórica hace mucho mal, en primer lugar, al propio progresismo, en segundo lugar, al conjunto de sectores que luchan por una transformación profunda en Latinoamérica.

Aspiramos a presentar lectura diferente que intenta dar cuenta de los procesos de corto alcance:  contexto poselectoral, las opciones de Moreno y el rol de la consulta de febrero; de mediano alcance: los límites y contenidos reales de los gobiernos de Correa; una mirada de largo alcance: los desafíos históricos de una etapa que va mas allá de Correa y el progresismo.

Escenario poselectoral: las opciones de la tendencia "morenista"

El primer aspecto a establecer es la fragilidad del triunfo electoral en primera y segunda vuelta electoral del binomio Moreno - Glass y de la hegemonía de Alianza País, fragilidad porque ese pequeño margen por encima del 50% fue fruto de ocultar al conjunto de la población tres aspectos cruciales: la crisis económica provocada por la caída precipitada de los precios de venta del petróleo crudo y en general de las comoditties a partir del 2016,  el involucramiento directo del régimen en el entramado de corrupción de Odebrecht en la ejecución de la gran obra pública, y el fraccionamiento interno de Alianza País.

A Lenin Moreno en lo fundamental, en ese contexto de fragilidad, le quedaban solo dos opciones: i) ser títere de Correa, sostenerse sobre el "capital político" del ex - presidente y delegar en él las estrategias confrontativas, para tapar los escándalos de corrupción, el endeudamiento externo, la fractura  interna  y la ausencia de consensos reales; o, ii) romper con el caudillo, escapar a su égida e intentar generar un espacio propio con una parte del partido de gobierno añadiendo alianzas con los sectores que habían sido confrontados por Correa.

Lo sorprendente fue que, en ese camino acelerado de distanciarse del caudillo, se alinearon a su alrededor las dos terceras partes del partido gobernante, y solo una tercera parte se mantuvo con el viejo líder.

Este fenómeno evidencia que era una agrupación política construida alrededor del aparato gubernamental, pero también que la mayoría era partidaria de una evolución diferente a la planteada por Correa, que los supuestas cohesiones que aquel mostraba eran superficiales y frágiles.

En el Ecuador la mayoría del agrupamiento del progresismo optó por una vía de evolución que implica alianzas hacia la derecha y hacia la izquierda, para así hacer frente a la situación internacional de "cierre del ciclo", y la situación interna de inminente crisis política y económica. La vía evolutiva está marcada por ese pragmatismo ¿será eso suficiente?

El rol de la consulta de febrero

La consulta popular del próximo 4 de febrero tiene por objetivo dar una base política y social propia al gobierno de Moreno en condiciones de ruptura con el viejo caudillo, por ello de las siete preguntas las centrales son dos: aquella que elimina la reelección indefinida (pregunta 2) y aquella que reestructura el consejo de participación ciudadana (pregunta 3).

La evolución de los dos planteamientos son decidores de los contenidos de construcción política planteados en la fase Correista y la posterior a la misma: en el proceso constituyente una de las tesis fundamentales fue el rechazo a la reelección indefinida y de esa manera quedó plasmada en el texto de la Constitución del 2008, pero luego fue reformada por la mayoría de la Asamblea Nacional (nombre del poder legislativo).

Y el otro dato es que el llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que supuestamente asemejaba a lo que se pudiera llamar poder popular, terminó conformado íntegramente por miembros cercanos al partido de gobierno e incluso familiares directos de parlamentarios o funcionarios gubernamentales.

Paradójicamente pudiera ser que un triunfo del Si en la Consulta genere condiciones para el cierre de la hegemonía de Alianza País al resquebrajar la maquinaria de control político implantada en los diez años anteriores.

¿Más de lo mismo? caudillismo + extractivismo

Proponemos leer el desenvolvimiento actual del progresismo ecuatoriano como una confrontación entre dos vías: la vía pragmática que opta por un nuevo juego de alianzas políticas y sociales que den sustento al gobierno de Moreno y le permitan gobernar cuatro años; y la vía ideológica que pone acento en la lectura de traición y apuesta por la quiebra inminente del régimen vigente, para el retorno del viejo caudillo.

Pero el escenario nacional es mucho mas amplio que las tendencias a lo interno de Alianza País, y eso está cada vez más claro. Los consensos anteriores eran un espejismo.

Para todos es indispensable una evaluación de la década 2007 - 2017 y dos aspectos determinantes: una construcción política basada en el caudillismo y una construcción económica basada en el extractivismo, como telón de fondo una vía de modernización capitalista bajo planificación y parcialmente inversión estatal.

La cohesión política giró alrededor del caudillo y generó un aparato tecnocrático y propagandístico para asumía los roles de construcción que hubieran correspondido al partido. El desarrollo económico combino un fortalecimiento del aparato estatal, merced al auge del precio de las comodities, mas alianzas con el agronegocio, modernizando y sosteniendo el patrón de acumulación primario exportador, que se mantiene intacto.

Un progresismo construido sobre pilares de caudillismo y extractivismo es un progresismo con pies de barro.

Desafíos históricos: una etapa que va más allá de Correa y el progresismo

Una lectura adecuada sobre las evoluciones proceso actual en el Ecuador requiere una visión del largo plazo, que no empieza ni termina con el correísmo; debe ser ubicada en una etapa que inicia en el año 1990 y que avanza hasta el momento presente.

1990 por el levantamiento indígena del Inti Raymi que propuso por primera vez al país un programa de demandas que pone en cuestión el viejo modelo de estado nación, que en el trayecto, con el desmoronamiento de los regímenes neoliberales (1996 - 2006), fue asumiendo nuevas reivindicaciones y nuevos movimientos sociales, que optaban por la vía del proceso constituyente (2007 - 2008).

Si en verdad queremos hablar de una fase posneoliberal debemos remitirnos a los contenidos sustanciales del proceso constituyente.

Y esos elementos sustanciales son: plurinacionalidad, interculturalidad, economía social y solidaria, soberanía alimentaria, y un horizonte de cambio que mira al sumakkawsay - buen vivir.

Correa los trastocó bajo un programa desarrollista clásico denominado "cambio de la matriz productiva", cuya principal vitrina fue la gran obra pública y los subsidios.

Su sucesor ha renegado del padrino, pero mantiene la vía de capitalismo guiado por la mano del estado. Ahora la derecha pugna por asumir el control directo del programa económico y retornar al neoliberalismo. La pregunta es: ¿será posible que emerja una izquierda que haga suyo el programa histórico constituyente?

La inminencia de una crisis política y económica parece estar pospuesta, un probable triunfo del Si en la consulta de febrero lo evidenciaría, pero solo han ganado tiempo, los desenlaces determinantes están por venir. Una fase de crisis no está descartada.

www.sinpermiso.info, 30 de enero 2018

¿Electoralizar el Consejo de Participación?

Franklin Ramírez Gallegos

Eliminar la posibilidad de la reelección indefinida no es el asunto fundamental a dirimirse en la Consulta Popular (CP) que tendrá lugar el próximo 4 de febrero. Lejos de ello. En términos de las relaciones de poder en juego y de la transformación de la vigente estructura estatal, la cuestión central de la CP es la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Dicha reforma excede, con mucho, el anunciado propósito oficialista de poner fin a la influencia de Rafael Correa en los órganos de control y supone una verdadera transfiguración del CPCCS diseñado por la Constitución de 2008.  Bajo la retórica de la "des-correización" se disimulan, pues, delicadas operaciones de transformación institucional que lejos están de abrir promisorios horizontes para la democracia ecuatoriana. Una de dichas operaciones es la "electoralización" del Consejo.

***
Aunque el gobierno de Lenín Moreno y los circuitos opositores a la Revolución Ciudadana promocionan la Consulta como una cruzada anti-caudillista contra la reelección indefinida, lo cierto es que aquella ya fue políticamente inviable tiempo atrás. Ya en 2015, en efecto, Correa debió recular en una de las enmiendas constitucionales que introducían dicha figura para las elecciones de 2017. Las condiciones políticas para tal enmienda no estaban dadas. La sociedad nunca vio con buenos ojos semejante posibilidad. Ya entonces una Consulta habría arrojado resultados adversos a la opción reeleccionista. El ex presidente no pudo presentarse como candidato y hoy hace política en las calles y las redes sociales.

En este sentido, si bien ratificar en la Constitución el impedimento de que la reelección corra desde 2021 puede ser virtuoso para la salud de la República, de ninguna forma aparece como el meollo político fundamental de la Consulta. Un acontecimiento político asume cualidad dirimente, en particular, cuando contribuye a trastocar las relaciones de fuerza que resuelven una determinada coyuntura crítica. La re-distribución de poder político en la próxima CP tiene poco que ver con el problema de la reelección -eso ya está zanjado- y se resolverá más bien en torno a la reforma del CPCCS. El debate sobre los alcances de dicho cambio institucional, no obstante, apenas ha tomado curso en medio del unanimismo de una opinión pública que solo quiere ver en el Consejo el fantasma correísta.

Entre las cuestiones "discutidas" destacan dos grandes contradicciones. Una, la paradoja de descabezar la institución en nombre de la cercanía de los actuales consejeros al ex Presidente y, en el mismo acto, instituir un órgano transitorio cuyo ente directivo será designado por el nuevo Presidente en sintonía con su bloque legislativo (cualquiera éste pueda ser). Dos, el carácter extorsivo del montaje de un poderoso Consejo de Transición en capacidad de destituir a los electos -usurpando funciones legislativas- por el vigente CPCCS. Pende allí una espada de Damocles sobre un amplio conjunto de instituciones públicas. Dicho poder de extorsión, de hecho, ya ha venido operando. Para muestra está el escaso apego al Estado constitucional de derechos y justicia de parte de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral al dar paso a la Consulta Popular sin mediar ningún tipo de debate sobre la constitucionalidad de las preguntas enviadas por Moreno. Abundan otros ejemplos. Como fuere, en la convergencia de ambas contradicciones se aprecia como en medio de la trama des-correizadora se forjan las pautas para "morenizar" el Consejo y las instituciones que de allí emergen.  

Un tercer elemento fundamental de la reforma, aún menos debatido, concierne la elección por sufragio universal de los siete consejeros que representan el órgano en cuestión. Allí una innovación. Ni el CPCCS, ni su inmediata antecesora, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (C4) creada en 1997, usaron el sufragio directo para elegir sus "autoridades". La C4 se configuró con colegios electorales para siete tipos de organizaciones. El diseño del CPCCS estipuló la figura de concursos públicos que premiaran las trayectorias organizativas de los postulantes. Instituciones de similar perfil en la región y en el globo tampoco han acudido al voto ciudadano. Las razones de aquello parecen obvias: se trata de peculiares agencias públicas -que, aún cuando son parte de la estructura estatal, poseen una base ciudadana o cívica- cuya pretensión de autonomía reposa en configurar un tipo de representación social diferenciada, a la vez, de las lógicas de poder del estado y del mercado.

La literatura especializada las conoce como instituciones "mixtas", "híbridas", de "interfaz socio-estatal", "diagonales", entre otras nominaciones, y suelen articular funciones de control social con las de promoción de la participación ciudadana y la deliberación pública. La peculiaridad del CPCCS, y su gran fardo, ha sido su rol como organizador de los procesos de selección de altas autoridades estatales. Aquello supuso desde un inicio una sobrecarga de funciones que, en medio del escaso rigor con que operaron tales procesos, contribuyó a la pérdida de legitimidad global de la institución. Una reforma política es imperiosa pero la vía elegida abre dudas y opacidad en el camino a su rediseño institucional.  

Como fuere, las "agencias de interfaz socio-estatal" emergen como respuesta a la crisis de confianza en las instituciones de la democracia representativa y, lógicamente, procuran construir un tipo de representación social distinta a la autorizada por el sufragio directo. Aquello ha dado lugar a una amplia corriente de experimentalismo democrático que propende a generar organizaciones estatales atravesadas por el principio de la participación social. La procura de dicho ethos cívico ha tomado la forma, en versiones elitistas, de la designación de los denominados "notables". En versiones populares se ha ensayado con arreglos neo-corporativos en que específicos colectivos, redes, movimientos u organizaciones postulan sus delegados. Otras formulaciones, más radical-democráticas, sugieren retomar la elección por sorteo (y otras combinan diversos métodos de selección). Se trata, en suma, de instituciones post-liberales que desconectan su configuración de tres mecanismos clásicos del gobierno representativo: el voto ciudadano (1) en circunscripciones territoriales (2) y a través de los partidos (3). En la propuesta de CP solo este último aspecto ha sido preservado en relación al diseño constitucional original: partidos y movimientos políticos no podrán presentar candidaturas.  

En medio del predominio de la democracia de audiencia, sin embargo, sabemos de sobra que cualquier campaña electoral es reino de aceitadas máquinas político-mediático-financieras. No hay razones para pensar que en las próximas elecciones de las autoridades del CPCCS dichas maquinarias vayan a dejar de funcionar. Al contrario, con partidos políticos interdictos es altamente probable que su despliegue sea del todo dirimente en la conformación de la nueva "plana mayor" del Consejo. Así, poca oportunidad de ser electa tendrá, por ejemplo, una dirigente sindical esmeraldeña frente a una activista de ONG que aparece cada tanto en TV y tiene 60.000 seguidores en Twitter.

La alta sociedad civil -encarnada en la aristocrática figura del "notable- retomará entonces pleno protagonismo legitimada por el voto ciudadano. De ahí que, electoralizar, sin más, instituciones participativas como el CPCCS no solo dista del espíritu post-liberal de Montecristi sino que luce incompatible con la igualdad política y con la autonomía de los consejeros en relación a los poderes reales. No debe olvidarse que estado y mercado -cuya plena conjunción es un caro objetivo de Moreno- aceitan cualquier maquina electoral con una fuerza tal que ni la sociedad más organizada está en capacidad de contra-balancear su poder.  

Queda la pregunta de por qué el gobierno no consideró para nada en la CP las alternativas movimientistas, neo-corporativas, populares o radicales de conformación democrática de órganos de participación como el CPCCS. Aquellas tuvieron enorme eco en los días de Montecristi y luego (también) fueron desoídas.  Todo indica que en la cúpula gobiernista primó la realpolitik de, por un lado, copar en el corto plazo el Consejo de Transición y, por otro, evitar toda confrontación con la visión elitista de la democracia que comparten sus elites aliadas.

www.sinpermiso.info, 1 de febrero 2018

 

(*) Francisco Hidalgo Flor (1959) Sociólogo y politólogo ecuatoriano que trabaja en temas agrarios y rurales orientados a la reforma agraria en Ecuador como profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.

(*) Franklin Ramírez. Profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO-Ecuador.