La izquierda y las políticas regresivas

Por Esteban Valenti (*)

Partamos de la base que una política regresiva genérica es la que hace retroceder las cosas y los procesos, pero de manera más específica es la que redistribuye la riqueza sacándole a los que menos tienen y dándoselo a sectores  de mayores recursos.

En el entendido que la izquierda tiene en sus objetivos fundamentales una distribución de la riqueza, no hay política más negadora de los principios de izquierda, que la regresiva.

En estos casi 13 años que gobierna la izquierda, una línea clara y firme fue en el conjunto de la política redistribuir la riqueza de arriba hacia abajo, de los que más tienen hacia los que menos tienen. Y las cifras están a la vista, la disminución de la pobreza, de la indigencia, el aumento ininterrumpido de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y de todas las familias, el aumento diferencial de las jubilaciones y pensiones más bajas. Son números que nadie puede negar.

Eso se hizo por tres grandes motivos, el primero y del que cierta izquierda no quiere acordarse es porque la economía creció de manera ininterrumpida durante 13 años y el segundo fueron las políticas públicas destinadas a servicios e inversiones con un sentido popular y el aumento de salarios conseguido en las negociaciones colectivas.

No todo se hizo bien, ni todas las políticas tuvieron los resultados esperados, pero nadie puede negar que estuvieron orientadas a mejorar sensiblemente la distribución, como lo demuestra la mejora constante del coeficiente Gini. Tenemos el mejor coeficiente Gini de toda América Latina (El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual). El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 0, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

Pero estamos todavía muy lejos con el  0.386, de los países más desarrollados y justos en la distribución de la riqueza y las oportunidades, por ejemplo con Noruega que tiene el 0.259.

En los últimos 9 años en Uruguay, la diferencia de ingresos entre el 10% de la población de mayores ingresos respecto al 10% de la población de menores ingresos, cayó de 17,9 veces a 12 veces. Esa es la mejor síntesis de políticas progresistas e inclusivas.

Eso es lo que se está afectando por primera vez en 13 años nada menos que con un proyecto de ley que para tratar de resolver el problema generado por una ley de 1996 que reformó la previsión social, aprobada durante el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, perjudicó a algo más de 75.000 personas que actualmente perciben más de 55.000 pesos de ingresos y que son definidos como cincuentones. Entre 51 y 60 años de edad aproximadamente.

¿Fueron perjudicados) Si.

¿Tienen derecho a que se busque una solución? Si.

Ese grupo y sus abogados decidieron reclamar primero ante el poder judicial y, la Suprema Corte de Justicia desechó sus reclamos, no tienen razón legal para reclamar, solo se puede buscar una solución a través de una ley.

La inmensa mayoría del sistema político uruguayo, o todos, están de acuerdo en buscar una solución, donde hay diferencias profundas, fundamentales, es en el alcance de una solución.

El Uruguay muestra una vez más que tiene una sensibilidad especial, en todos los países donde se realizaron reformas en el sistema previsional hubo sectores que, en la transición fueron perjudicados y no tuvieron donde reclamar. En especial en todos aquellos países donde aumentaron la edad jubilatoria. Nadie les va a pagar doble o darle una compensación a las personas que tuvieron que trabajar más años para jubilarse.

En Uruguay somos diferentes, buscamos hacer justicia.

¿Cuál es el límite de esa justicia?

Que no sea una ley profunda y radicalmente regresiva que para pagar lo que los cincuentones perdieron, ponga en juego la economía del país, la salud del sistema de previsión social, en primer lugar el BPS y comprometa un aumento del déficit generado por las jubilaciones y pensiones de tal nivel que eso afecte el presupuesto, las finanzas nacionales y en definitiva el rumbo del país. Una ley regresiva.

La ley que presentó el gobierno al parlamento para los cincuentones, es la primera ley regresiva presentada por un gobierno de izquierda en Uruguay.

No es una afirmación personal, ni siquiera del MEF, está muy clara en el informe enviado por la OPP al Parlamento para evaluar la ley. Son cifras, datos y no especulaciones, y es este el argumento más importante, no solo favorece a un sector reducido de los jubilados, sino que dentro de ese sector favorece a los que ganan más. Es regresivo con el resto de la sociedad y dentro de los propios cincuentones. (1)

Actualmente el BPS además del aporte obrero y patronal se financia con 7 puntos del IVA que equivale a 1.400 millones de dólares, la recaudación completa del IAS, 250 millones de dólares; COFIS otros 250 millones (2) y en este año Rentas Generales deberá aportar entre 450 a 500 millones de dólares. El déficit que debe cubrir rentas generales comenzó en el año 2008 y crece todos los años.

Por otro lado está el costo de la ley de cincuentones, que sería de 3.648 millones de dólares y nos impondrá tres formas de financiación. Una, aumentar los impuestos del estado, en particular el IVA destinado al déficit del BPS, reducir los gastos e inversiones del estado y por lo tanto las políticas sociales (vivienda, educación, salud, seguridad, cultura, infraestructura) y como esta es una "solución" muy provisoria, seguir metiendo la mano en las AFAPS. Cuando se termine el fideicomiso creado con los fondos de los cincuentones, el siguiente paso, no confesado de los autores de este proyecto, es terminar, vaciar y destruir las AFAPs.

Este último motivo es el de fondo y por el cual sectores de la izquierda política y sindical son tan intransigentes en que el proyecto es intocable. Pero no lo dicen claramente.

Y si ese es el proyecto, deberíamos discutirlo abiertamente, descarnadamente y la gente debería saber dónde quieren llegar sus autores políticos y sindicales.

También quieren que el BPS administre un fideicomiso de cientos de millones de dólares que sirve para tratar de afrontar la crisis que enfrenta y que irá agravándose año a año. La ley de cincuentones la agrava y según sus autores la posterga.

Las propuestas alternativas del Ministerio de Economía y Finanzas, que estimó el costo de la aplicación de esta ley en 3.648 millones de dólares son dos, primero que cada trabajador elija con que sistema jubilarse, si la AFAP o el BPS al momento de llegar a la edad jubilatoria. El proyecto de ley del gobierno obliga a que todos se definan en los dos próximos años. ¿Para qué? ¿Por qué se oponen con tanta fiereza a que cada uno elija en el momento justo cual es el sistema que más le conviene? Muy simple, para de un solo golpe sacar 75.000 personas y sus ahorros de las AFAPS, del actual sistema. Pero nunca lo han explicado así. ¿Por qué?

La otra propuesta del MEF es que se calcule el 80% del valor que le correspondería a cada persona por jubilarse, para llevar el costo de esta reforma a 1.200 millones de dólares. Una cifra alta pero manejable. Yo creo que no debería ser al barrer, se deberían beneficiar más aquellos cincuentones que más aporten pierden con el actual sistema.

Los autores de la Ley, el BPS y el MTSS calcularon que el costo total de la reforma será de 2.500 millones de dólares. Yo me baso en los datos aportados por el MEF. ¿Por qué? Porque los países serios y los gobiernos serios protegen su institucionalidad y la profesionalidad de sus estructuras y en el Uruguay no hay dos organismos que deban manejar cifras de esas dimensiones y que tienen ese impacto en el balance y la economía del Estado, lo debe hacer, como lo hizo siempre el MEF. Y no me importa absolutamente nada que todo el gobierno haya firmado el proyecto de ley, quiero conocer la realidad y las bases del cálculo y comparando los porcentajes utilizados por ambas partes, creo que la cifra realista y en cierta manera bastante conservadora es la del MEF y quiero discutirla con todas las cifras del costo actual y proyectado del BPS. Y eso cambia todo.

Si en el momento de hacer la ley, los datos que disponía el gobierno eran los del BPS, tenían que haber esperado y discutido y no elaborar un proyecto de ley con esas inseguridades. Pero...además incluso los 2.500 millones de dólares que maneja el BPS y el MTSS me parecen una enormidad y no cambian en nada el sentido regresivo de esta supuesta solución.

¿El BPS tan ágil en sus cálculos, incorporó a los mismos el crecimiento anual incontenible del déficit que YA tiene el BPS y como se proyectará dentro de 4 y 6 años agregando al costo de esta ley?

Este es un primer paso, que durará entre 4 y 6 años, es decir le caerá encima con todo su peso al próximo gobierno, sea del color que sea, que se sumará en cascada al aumento del déficit del BPS y eso impactará directamente en cualquier posibilidad de seguir mejorando las jubilaciones más bajas, pero en realidad pondrá en crisis todo el sistema, incluyendo a los cincuentones.

Vuelvo al principio, no estamos discutiendo cualquier ajuste jubilatorio, estamos definiendo temas cruciales para la economía del país y para la política económica y social de los futuros gobiernos.

Hay otro elemento a tener en cuenta, si se aprueba esta ley, no solo nosotros sabemos calcular, también lo harán los economistas que se ocupan de seguir a nuestro país y la calificación del Uruguay empeorará porque en el análisis del déficits general de las finanzas públicas se aumentará con ese compromiso de miles de millones de dólares. Por lo tanto las consecuencias no serán solo a seis años, sino a un plazo mucho menor.

Los que reclaman 6% para la educación, más plata para la investigación científica y tecnológica, una nueva etapa para el Sistema Nacional Integrado de Salud, aumentos diferenciados para los jubilados y pensionistas que ganan menos, no hagan actos de fe, calculen, piensen y analicen estos 13 años de gobierno y verán que al menos las dudas son enormes con esta ley. Y digan adiós a sus aspiraciones.

Las leyes regresivas aunque tengan la cobertura de un discurso "progresista" son un grave retroceso político e ideológico para la izquierda.

La otra política profundamente regresiva es la inflación sin control, porque siempre absolutamente siempre la pagan los asalariados, los que menos tienen. Los uruguayos tenemos experiencia y si nos olvidamos de sus resultados miremos hacia la ruina creciente del pueblo venezolano con la inflación más alta del mundo y apreciaremos cómo fue posible que el nivel de ingresos de las familias uruguayas haya crecido de manera constante desde hace 13 años, mientras la economía comenzó a crecer hace 14 años...En el 2004, último año del gobierno colorado, el PBI creció 6% y la indigencia y la pobreza creció en otros 50.000 uruguayos. No es automático el crecimiento de los ingresos de la gente, es una política.

Para tomar dos ejemplos actuales en América Latina, en Argentina (con un gobierno de centro derecha) este año la inflación será del 25% (muy alta, más de 3 veces la uruguaya) y, en Venezuela la inflación este año será de 1.100% y para el año que viene se estima que superará el 2.400%. Eso es regresión, pero los admiradores del régimen de Venezuela le echarán la culpa al imperialismo y a la oposición.

No desfavorecer a los más débiles, a los que menos tienen, para la izquierda es un problema de principios. ¿Qué hay más de principios? Y por lo tanto no hay disciplina que pueda obligar a nadie a votar una ley que piense en forma fundada que esta será la consecuencia de una ley. Es contra sus principios.


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(1) De acuerdo al informe de la OPP, "2 de cada 3 de los cincuentones que podrían acogerse a los beneficios de la ley pertenece a los deciles 8, 9 y 10 de la población total (el 50% se encuentra en los deciles 9 y 10)". Los deciles 8, 9 y 10 son los que tienen los mayores ingresos.

(2) El COFIS se anuló con la reforma fiscal de 2007, pero se sigue aportando todos los años una cifra similar a la última recaudación de este impuesto (250 millones).

En el mismo informe hay una gráfica todavía más grave. Compara a quien favorecería dentro de los cincuentones la aprobación de la ley propuesta por el gobierno. Los de los deciles 1 al 4 y el decil 7 estarían mejor sin la ley, los de los deciles 5 y 6 estarían igual con o sin ley, mientras que los que notoriamente serían beneficiados serían los deciles 8, 9  y 10.


(*) Periodista, escritor, director de UYPRESS y BITACORA. Uruguay