22.1.24
El conflicto armado en Ecuador. Dossier
Por Daniel Kersffeld, Jaime Chuchuca Serrano, Luis Córdova-Alarcón (*)
Ecuador se abre a la intervención militar de Estados Unidos
Daniel Kersffeld
La violencia e inseguridad que desde hace más de un lustro impera en Ecuador, fomentada por una sucesión de gobiernos de derecha, alcanzó hoy un nuevo hito, luego de que 2023 cerró con cerca de 8 mil muertes violentas, la tasa más alta en el número de asesinatos en la historia del país, y casi el doble respecto a las más de 4 mil producidas un año antes.
La aparatosa toma del canal de televisión TC, la sospechosa fuga de la cárcel de dos narcotraficantes, diversos actos de violencia cometidos por organizaciones delictivas en la Universidad de Guayaquil y en distintos centros comerciales fueron el detonante para que Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, ordenada al Ejército el inmediato restablecimiento del orden en todo el país.
Para ello apeló a la caracterización de la actual crisis que atraviesa el país andino como un "conflicto armado interno", una fórmula que, sin duda, remite a la extensa crisis sufrida por Colombia en el enfrentamiento armado entre fuerzas militares, guerrillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
De igual modo, el presidente identificó y denunció a más de una veintena de bandas criminales de distinto volumen y presencia territorial como "organizaciones terroristas" y como "actores no estatales beligerantes". Esta denominación no es gratuita y las derivaciones políticas y militares de esta decisión resultan altamente preocupantes para toda la región.
La lectura oficial asegura que en la actualidad en Ecuador se produce el enfrentamiento de dos de los más poderosos cárteles de la droga de México: el de Sinaloa y el de Jalisco, que operarían a partir de distinto tipo de organizaciones satélite.
Más allá de la veracidad de este relato, lo que resulta indudable es que podría posibilitar la intervención militar de los Estados Unidos para la preservación de la paz y el orden, y la protección de sus intereses internacionales.
En este sentido, el último viaje del ex presidente Guillermo Lasso a los Estados Unidos, realizado a fines de septiembre de 2023, resultó clave para la firma de dos acuerdos internacionales que no, no casualmente, no fueron difundidos de manera oficial por el Departamento de Estado.
Mientras que el primer acuerdo permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas, el segundo directamente fija las condiciones para la presencia de militares de Estados Unidos en Ecuador.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes el representante republicano Dan Crenshaw, que preside el "Grupo de Trabajo del Congreso para Combatir a los Cárteles de la Droga Mexicanos", así como también altos funcionarios de la Guardia Costera y del Departamento de Defensa.
La participación de fuerzas militares extranjeras en Ecuador estaría fundamentada también en varias iniciativas adoptadas durante el gobierno de Joe Biden.
En primer lugar, se encuentra la "Estrategia de los Estados Unidos para Prevenir Conflictos y Promover Estabilidad", emitida en abril de 2022 y en la que se pretende atacar "la vulnerabilidad de un país o región al conflicto armado, la violencia a gran escala u otra inestabilidad, incluida la incapacidad para gestionar amenazas transnacionales y otras perturbaciones significativas".
Por otra parte, debe mencionarse la "Estrategia de Seguridad Nacional (NSS-2022)", publicada por la Casa Blanca en octubre de 2022, y en la que se presenta la idea "disuasión integrada" como elemento fundamental de la política de defensa estadounidense, al mismo tiempo en que se plantean los desafíos de China y Rusia para la geopolítica diseñada desde Washington.
Por último, no es menor el aporte realizado por el mencionado congresista Crenshaw quien, junto con el también republicano Mike Waltz, en enero de 2023 presentaron el proyecto denominado "Autorización para el uso de la Fuerza Militar" contra los carteles mexicanos. Una propuesta que luego fue complementada por la senadora republicana Lindsey Graham a través del proyecto "Fin Narcos" para designar a nueve cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras".
En caso de prosperar, la participación militar estadounidense estaría a cargo de las Brigadas de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), creadas en 2017 para asesorar y acompañar a los ejércitos de Afganistán e Irak.
A diferencia de lo ocurrido hasta hace pocas décadas, no se trataría de establecer formaciones a largo plazo (como en Ecuador aseguraba la permanencia en el tiempo de la base de Manta) sino de proporcionales un carácter dinámico y móvil, reforzando los lazos técnicos, ideológicos y formativos con las organizaciones militares locales.
La voluntad colaborativa de Ecuador, y la estrategia a ser utilizada, fueron confirmadas el 3 de octubre por el canciller Gustavo Manrique quien aseguró que se contemplaba que las tropas estadounidenses participen en "operativos de corta duración" enmarcados en la lucha "contra el narcotráfico, el crimen transnacional y otros delitos", en principio, en espacios marítimos.
Para erradicar cualquier duda, Manrique recalcó: "No es que vienen a instalarse tropas. Entran (los militares estadounidenses) en periodo de corta duración, hacen los operativos y se retiran". Asimismo, el ministro agregó que las autoridades ecuatorianas estarán presentes en las embarcaciones estadounidenses, "para no perder soberanía".
En la actualidad, Ecuador es una pieza cada vez más importante en la geopolítica con la que Estados Unidos quiere recuperar influencia y terreno en los países del Pacífico, frente a la amenaza representada por China, principalmente, en el área económica y comercial. Sin descartar, claro está, la actuación de Rusia en la región, a la que dos años de conflicto militar en Ucrania y de bloqueo económico por parte de las potencias de la OTAN no han conseguido doblegar.
Con programas de seguridad como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida ya enterrados en el pasado, desde Estados Unidos se desenvuelven nuevas estrategias para asegurar la intervención de sus ejércitos en el contexto latinoamericano.
Una combinación funesta de inoperancia y corrupción de las fuerzas policiales y de seguridad, junto con la reprobable voluntad política de los últimos gobiernos neoliberales que manifestaron su interés indiscutible en el alineamiento irrestricto con Washington, podría ser hoy determinante para la inminente llegada de fuerzas militares estadounidenses a territorio ecuatoriano.
pagina12.com.ar, 11 de enero 2024
Ecuador: guerra y narco
Jaime Chuchuca Serrano
En 2021 estalló en Ecuador el conflicto armado entre bandas criminales vinculadas a fuertes capitales transnacionales. El país se incorporaba por la fuerza de los acontecimientos al mayor río de sangre de su historia. Richard Nixon, en 1971, popularizó la frase "Guerra contra las drogas" (War on Drugs) y desde entonces se han movido miles de millones de dólares y armas en ese conflicto.
El concepto jurídico de guerra, de la Convención de Ginebra (1949), como enfrentamiento entre dos estados, o el régimen interno de un Estado contra un grupo político insurrecto, está en debate aquí.
De otro lado, tenemos el concepto militar de Karl von Clausewitz: la guerra como un acto de fuerza para obligar al adversario a acatar la voluntad del otro, en el que apenas interviene el derecho. Magistralmente, resumía: la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios.
En la guerra regional de las drogas, grupos económicos y políticos juegan numerosos intereses en áreas legales e ilegales, dentro y fuera del Estado. Ecuador cerró el año 2023 con 7878 asesinatos (46 homicidios cada 100 mil habitantes), muy superior a los 4603 de 2022. Estas son las mayores cifras de homicidios del registro nacional. La criminalidad de Ecuador es similar a la de Irak, Afganistán, Siria, Colombia y México.
El Decreto 110 del presidente Daniel Noboa impuso el Estado de Excepción, y el Decreto 111 reconoce un "conflicto armado interno" (Art. 1); 21 grupos delincuenciales fueron caracterizados como "organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes" (Art. 4), (Águilas, Choneros, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Tiguerones, etc.). A estos se irán sumando más.
El jefe del comando de las fuerzas armadas, a su vez, llamó a todo grupo terrorista como "objetivo militar". En la tarde del 10 de enero, el jefe del comando conjunto, Jaime Vela, dijo haber detenido a 329 terroristas y abatido a 5.
A tenor de estos hechos se ha abierto el debate político sobre si hay o no un real estatus de guerra. Aunque estas bandas sean denominadas terroristas -un concepto ambiguo en derecho y política-, no obstante, no hay disposición que circunscriba a los funcionarios públicos (fiscales, jueces, ministros, secretarios), que participan de las redes criminales.
Con o sin estatus jurídico, Latinoamérica está envuelta en la Guerra de la Drogas, como en algún momento lo estuvo China en la Guerra del Opio. El problema mayor será ver si el actor estatal que está contaminado con la corrupción y el narco podría o no acabar con estos.
La descomposición orgánica
La guerra regional tiene varias similitudes en los países latinoamericanos, y Ecuador no es la excepción. A saber: el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el comercio de armas, la multiplicidad de delitos, y grupos políticos y económicos que someten a su voluntad el Estado.
Desde la escalada bélica, los gobiernos de Moreno, Lasso, y ahora Noboa, no producen cambios, sino que garantizan la continuidad de lo anterior.
Aunque ha bajado la capacidad de pago de los créditos, lo contradictorio es que los 10 bancos ecuatorianos más grandes cerraron con utilidades netas por 672,7 millones dólares. Datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) refieren que en Ecuador se lavan alrededor de 3500 millones de dólares al año.
A los casos León de Troya-Gran Padrino, que involucran al gobierno de Lasso y su cuñado banquero, Danilo Carrera, -antecedente de la Muerte Cruzada decretada por Lasso- se suma el proceso Metástasis, impulsado por EE.UU., que demuestra la conexión entre el narco, policías, militares, funcionarios judiciales y públicos.
En este proceso no solo se ve el modus operandi de los capos, sino también el contubernio de autoridades estatales y políticos de todas las tendencias. Este proceso ha servido también para que las fuerzas políticas vencedoras en las elecciones se disputen el manejo de la justicia y otras instituciones.
Además, el actual gobierno, como regalo de Navidad, ocultó la huida de la cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, el delincuente de mayor peligrosidad, el 25 de diciembre, y lo hizo público apenas el 7 de enero de este año.
Noboa empezó con su flamante gabinete y nombraron a las nuevas autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), pero ya el 9 de enero se revelaba que la directora de la cárcel Zonal 8 colaboró en la huida de Fito, al igual que algunos agentes penitenciarios.
Los motines
Los motines de la segunda semana de enero, al igual que otros anteriores, están conectados con ciertos objetivos: traslado de reos, presión a los gobiernos de turno, conflicto entre bandas, silenciamiento de testimonios (como el asesinato de los sospechosos por la muerte de Fernando Villavicencio).
El gobierno ha hecho público que hay 144 guías penitenciarios rehenes por las pandillas de los reclusos. Como se ve, además de la complicidad, cada funcionario carcelario pone en peligro su vida.
En el exterior, generalmente los motines están conectados con otro tipo de atentados con explosivos contra instituciones estatales, policiales y vehículos. El 10 de enero, Colón Pico, un sospechoso apresado por vínculos en el asesinato de Villavicencio y posibles acciones contra la Fiscal Diana Salazar, luego de sacar un video que decía que corría riesgo su vida, escapaba junto a 49 reos; 14 fueron apresados nuevamente.
De la desarticulación del Estado al intento de un Estado gendarme
Las políticas neoliberales de disminución de presupuesto para la educación, cierre de escuelas y la quiebra de empresas por el aperturismo transnacional han sembrado el terreno para que gran cantidad de jóvenes sean reclutados por las mafias. Si el banquero Danilo Carrera fue reclutado por la mafia albanesa ¿que pasaría en los suburbios?
La intervención de adolescentes armados en TC Televisión, es el resultado de esas políticas que han generado ignorancia y hambre (TC está a cuatro minutos del Cuartel Modelo de la Policía). Aunque la policía menciona que querían leer un manifiesto, no se ha hecho público.
Del mismo modo que la manipulación de los concursos públicos para jueces, la compra de cargos y los diezmos abrieron la puerta a los actos de corrupción permanentes en toda la función judicial, al narco le fue fácil infiltrar las instituciones putrefactas. La libertad de los capos del narco, delincuentes comunes, pero también de funcionarios públicos, así como sentencias que los favorecen, surgen de este entramado.
La disminución de espacios barriales en los suburbios, la extinción de casas comunales, instituciones, parques o puestos de control policial tienen su reverso en la ampliación territorial de las pandillas, que utilizan el término "naciones", y ganan terreno subordinando familias y jóvenes, en los circuitos delincuenciales.
De los 30 atentados con explosivos a vehículos, entre el 8 y 9 de enero, en su mayoría se distribuyen en la región costa (Guayas, El Oro, Los Ríos Esmeraldas), pero también se realizaron en la sierra (Pichincha, Chimborazo, Azuay y Loja). Estos atentados estuvieron dirigidos a generar terror en la ciudadanía. Por estos sucesos, la policía ha apresado a 70 individuos, y se reportan 11 muertos.
Sistema pandémico en medio de los atentados
Así como las actividades delictivas, narcotráfico, tráfico de armas, atentados y motines carcelarios de estos días son un escalón en una cadena interminable de acontecimientos atroces, también las políticas estatales se encuentran en este torrente.
La sociedad ecuatoriana, al igual que el mundo entero, se subordinó al sistema pandémico global de un gran conjunto de leyes, instituciones y políticas del Gran Encierro por coronavirus. Ahora, contra la guerra de la droga, se retoma la misma institucionalidad de crisis: estados de Excepción, teletrabajo, virtualidad educativa, suspensión de actividades.
En estas medidas no entra ni el 30 % de la población, que goza en algo de la formalidad laboral. El 70 % restante afronta con sus propios medios el conflicto interno, como en algún momento lo hicieron con la pandemia.
El miedo producido por los atentados y la actividad delincuencial es aprovechado políticamente por diferentes actores de la Asamblea Nacional y el poder Ejecutivo. La mayoría asamblearia Correísmo-PSC-ADN ha apoyado la ley neoliberal de Noboa, llamada Ley de Eficiencia Económica, que perdona 3 mil millones de dólares a grandes grupos económicos; casi la misma cantidad de capital narco que se lava en el sistema financiero. Además de la Ley de Competitividad Energética, que también fue enviada por Noboa y permite las privatizaciones de sectores estratégicos.
Anteriores leyes de desarticulación del Estado, que abrieron las puertas al crimen organizado, continúan un ciclo más.
oncubanews.com, 11 de enero de 20124
El belicismo insulso de un gobierno amateur
Luis Córdova-Alarcón
"Para conseguir la paz tenemos que hacer la guerra», sentenció el nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, durante su posesión en el Palacio de Carondelet, el pasado 30 de noviembre. Días más tarde, la flamante superministra de Gobierno y del Interior pontificó siguiendo el mismo guión belicista «tenemos que entender que estamos en una guerra". Y anadió ribetes de un heroicismo trasnochado mencionando al Quijote y retando a la misma muerte para refrendar su compromiso patriótico.
En ambas alocuciones hicieron de todo, menos darle sustancia al mensaje. Se trató de un belicismo insulso que esgrime un gobierno amateur; casi como el de Lasso, pero con el agravante de que se ignoran los errores pasados.
Mientras el Presidente Noboa busca desesperadamente completar las designaciones más importantes del frente de Seguridad, los ya posesionados tocan tambores de guerra y anticipan la victoria.
Parece que fue ayer cuando el ex presidente Lasso declaraba la guerra al narcotráfico (julio 2021), a la minería ilegal (enero 2023), a los terroristas (mayo 2023), sin que la espiral de violencia criminal se detenga.
Después de dos años de un gobierno -el de Guillermo- que erró de forma olímpica en materia de seguridad, cualquier ciudadano sensato esperaría que el nuevo gobierno aprenda del pasado. Pero no. No han tardado dos semanas en montarse en el mismo relato belicista que nos conducirá, de forma inexorable, a los mismos resultados.
Dos preguntas son urgentes: ¿Por qué persisten en la misma fórmula de proclamar la «guerra» sin saber cómo ganarla? Y ¿Por qué es un error pensar en términos bélicos el problema que padece el Ecuador?
Para sugerir una respuesta, aprendamos del pasado (historicemos nuestro presente) y de los vecinos (comparemos nuestra realidad).
En 2003, el presidente salvadoreño Francisco Flores anunció el «Plan Mano Dura» para combatir a las pandillas y reducir la tasa de homicidios. No lo consiguió. Entonces, vino el siguiente gobierno, del presidente Antonio Saca, quien en un derroche de creatividad e ingenio anunció un nueva política denominada «Súper Mano Dura». Las maras se fortalecieron como nunca.
La respuesta belicista del gobierno salvadoreño no podía tener éxito en un país en el que la mayoría de sus niños, niñas y adolescentes carecía de un «horizonte de futuro» alternativo a la violencia criminal. Mientras policías y militares hacían "su guerra" y sus negocios en torno a ella, las políticas de «ajuste fiscal» del Estado salvadoreño abonaban el terreno para que las pandillas recluten sus ejércitos de descamisados.
O miremos el caso de México, durante la presidencia de Felipe Calderon (2006 -2012). Agobiado por la creciente ola de violencia decidió declarar la «guerra al narcotráfico» y abrir los cuarteles policiales para reclutar jóvenes desempleados. El resultado fue funesto: el reclutamiento masivo de policías condujo a su descalabro institucional y el dar rienda suelta a los militares en el campo produjo una estela de desapariciones sin precedentes.
Ecuador parece un experimento cruel de calco y copia. Por un lado, se apuesta por políticas de «desregulación fiscal» y prebendas para los más ricos, acentuando las desigualdades de todo tipo. Por otro lado, se opta por la «mano dura» como la única fórmula posible.
En un país donde sus adolescentes aspiran a ser sicarios o miembros de las pandillas que constituyen la base de la pirámide criminal, como lo reveló recientemente un diario local, ninguna política belicista tiene probabilidad de ser exitosa. A menos que se busque consolidar una "democracia homicida".
www.planv.com.ec, 4 de diciembre de 2023
(*) Daniel Kersffeld. Investigador CONICET - Universidad Torcuato di Tella
(*) Jaime Chuchuca Serrano. Jurista y filósofo, es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Cuenca, Ecuador.
(*) Luis Córdova-Alarcón. Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.
Fuente: VVAA
