29.5.23
"En los tiempos de la IA no queremos medir la precariedad laboral ni sus efectos". Entrevista a Joan Benach
Por Joan Benach (*)
En abril del pasado año, la vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, encargó a una comisión de expertos que hiciera un diagnóstico detallado de la precariedad laboral y sus efectos sobre la salud mental.
Un año más tarde, esta comisión ha presentado el informe PRESME ("Precariedad Laboral y la Salud Mental"). Lo ha coordinado Joan Benach, codirector del Centro de Políticas Públicas de John Hopkins University-Universitat Pompeu Fabra, director del Grupo de Investigación en Desigualdades, Salud, Ecología-Employment Condiciones Network (GREDS-ENCOMET) y catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra.
¿Se puede asegurar que existe una relación clara entre la precariedad laboral y los problemas de salud mental? ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que causa la precariedad laboral?
Por supuesto. La salud mental es sensible a la precarización de condiciones laborales. La relación entre la precariedad y la salud mental de la población trabajadora estaba ya ampliamente documentada antes de la pandemia. Sin embargo, es cierto que la mayoría de estudios entienden la precariedad como un fenómeno unidimensional, estudiando como la inseguridad o tener un contrato temporal afecta a la salud. Por ejemplo, los estudios sobre inseguridad laboral han mostrado una clara asociación con trastornos de salud mental como la ansiedad, en forma de dosis-respuesta; es decir, a mayor inseguridad, peor estado de salud. En comparación con quienes tienen puestos de trabajo estables, quienes tienen contratos temporales suelen tener peores condiciones de trabajo, pero no siempre los resultados sobre su salud mental han sido concordantes. En cambio, la mayoría de estudios que entienden la precariedad laboral de forma multidimensional (inseguridad, salarios, contratos, derechos laborales, etc.) muestran cómo quienes sufren precariedad laboral tienen peor salud mental (depresión, ansiedad, estrés, malestar psicológico, etc.) que aquellos que no sufren situaciones de precariedad.
¿Nos puedes dar datos concretos de la relación y el impacto entre la precariedad laboral y la salud mental?
En España, un análisis con datos del 2005 estimó que la precariedad laboral multidimensional afectaba a casi la mitad de trabajadores asalariados; es decir, unos 6,5 millones de trabajadores, de los que 900.000 poseían niveles de precariedad muy elevados. Además, el estudio mostró que, de no existir precariedad laboral, podrían haberse evitado alrededor del 17% de casos de mala salud mental en la población asalariada española, especialmente en el caso de mujeres y trabajadores manuales más precarios. Más recientemente, el informe PRESME estimó en casi 12 millones el número de personas en situación de precariedad laboral en 2022 en España, incluyendo asalariados, autónomos y parados que han trabajado previamente. En este caso, a partir de los cálculos de riesgo atribuible se estima que de los 511.000 casos de depresión entre la población activa en 2020 se habrían podido evitar 170.000 si la población precarizada hubiera tenido un trabajo estable en mejores condiciones.
Desgraciadamente, sin embargo, parece que no hay demasiados estudios que analicen esta relación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es complicado hacerlos?
La realización de estudios sobre la precariedad laboral en relación con la salud se enfrenta a dos problemas principales. Por un lado, la precariedad laboral es un fenómeno social conflictivo que hace referencia al desigual poder y al secular conflicto entre capital y trabajo, entre empresarios/as y trabajadores/as, donde hay millones de personas que sólo tienen su fuerza de trabajo para vender, y que deben trabajar (o son relegados al paro) con el consentimiento de quienes controlan el mercado laboral y las condiciones de trabajo. Esto significa que, por ejemplo, se pueda ir a una empresa a realizar un estudio sobre los riesgos de los trabajadores asociados al riesgo de fumar o incluso al estrés, pero que, en cambio, sea mucho más difícil poder analizar la precariedad laboral. Por otra parte, porque es necesario disponer de medidas multidimensionales de la precariedad laboral, que es un fenómeno dinámico y complejo de analizar. Hoy, los sistemas de información europeos y españoles son todavía muy limitados y no permiten mostrar de forma rutinaria e integral la situación y evolución de la relación entre la precariedad laboral y la salud mental. Además, los fondos de investigación para investigar el tema y el número de buscadores/as interesados/as son todavía muy limitados. Todo esto hace que no podamos realizar un seguimiento adecuado, tal y como sí se puede hacer, por ejemplo, con el paro. Así pues, para combatir la precariedad laboral y sus efectos tóxicos para la salud, es necesario poder analizar de forma integral la precariedad laboral y sus impactos sobre la salud. Digámoslo de forma directa: Es muy significativo que en tiempos de la inteligencia artificial parece que no queremos medir la precariedad laboral y sus efectos.
¿Qué puede decirnos de los colectivos laborales más afectados por esta problemática? ¿Existe un factor de género y de migración en la relación entre precariedad laboral y salud mental? ¿Cómo afecta a los trabajadores autónomos?
A pesar de las carencias de información, hoy sabemos bastante bien que los efectos derivados de trabajar de forma precaria penetran desigualmente en los cuerpos y las mentes de las personas, provocando daños en la salud, sufrimiento psíquico y trastornos mentales muy diversos donde destacan la angustia y la depresión. Por ejemplo, sabemos que en Cataluña y en España existe un marcado gradiente social en la prevalencia de los problemas de salud mental -sobre todo la ansiedad y la depresión- en función de la clase social, el estatus migratorio, el género y otras condiciones sociales relacionadas con la precariedad. Así, las clases y grupos sociales más explotados y discriminados son aquéllos que están más expuestos a sufrir problemas de salud mental derivados de la precariedad. Concretamente, la investigación disponible estima que el riesgo de sufrir problemas de salud mental es más de dos veces superior entre las personas trabajadoras en situación más precaria frente a las que están en una situación menos precaria. Esto también se aplica a los trabajadores autónomos, que representan casi un 20% de la población ocupada española. Tenemos evidencia, aunque muy limitada y fuera del contexto español, de la relación entre trabajo autónomo y salud mental. Por ejemplo, en un estudio se hallaron asociaciones entre el trabajo por cuenta propia y la depresión, la ansiedad, la mala salud autopercibida y el estrés.
¿La pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto la vinculación entre la precariedad laboral y los problemas de salud física y mental de los trabajadores?
El impacto de la COVID-19 entre los distintos grupos sociales puso de manifiesto las desigualdades sociales de la salud. Por ejemplo, las clases trabajadoras más precarizadas se desplazan con mayor frecuencia desde el extrarradio hasta el centro de las ciudades para realizar los servicios de limpieza, mantenimiento, reparto, cuidados, etc. Este es un factor determinante, aunque no el único, que explica porqué los brotes de la pandemia no se distribuyeron aleatoriamente, sino que se concentraron más en los barrios más pobres. Otros ejemplos son el mayor riesgo de contagio que sufrieron grupos de población precarizados, como obreros, migrantes y mujeres. En este sentido, por ejemplo, es necesario comprender la sobrecarga laboral y doméstica que sufren tantas mujeres; el no poder mantener la distancia social y no poderse cambiar a menudo las mascarillas; vivir en viviendas sobreocupadas; desplazarse de forma poco segura; o no poder permitirse una atención sanitaria y de cuidados con suficiente calidad. Además, no hay que olvidar que fruto en gran medida de las condiciones sociales previas, los grupos sociales desfavorecidos también concentran más factores de riesgo y enfermedades como la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, las enfermedades del corazón, entre otros. Parece claro que esto les hizo más susceptibles al impacto del coronavirus. En definitiva, la COVID-19 agudizó el llamado gradiente social de la desigualdad de salud, es decir, que a medida que empeora la situación socioeconómica de los grupos sociales y barrios, también empeora gradualmente su salud.
El actual gobierno español ha aprobado una reforma laboral que pretende reducir la precariedad en el trabajo. ¿Se han notado sus efectos o todavía es pronto para determinarlo?
La reforma laboral de 2021 corrige algunos de los muchos efectos negativos de las reformas regresivas anteriores. Por ejemplo, está teniendo un impacto significativo en la reducción de la muy elevada temporalidad, que es característica del mercado de trabajo español, fomentando un empleo más estable mediante contratos de carácter indefinido, más o menos continuos, lo que contribuye a la lucha contra la precariedad laboral. Cabe decir que, aparte de la reforma laboral, existen otras disposiciones normativas de carácter más específico que también pueden ayudar a reducir la precariedad, como son la Ley 12/2021 conocida como la "Ley rider" o la Ley 1/2020 que deroga el despido objetivo por absentismo (incluido el relacionado con bajas médicas). Sin embargo, el Informe PRESME señala que todavía hay mucho margen de mejora para continuar en el camino de asegurar la eliminación de la precariedad desde el plan normativo. Hay que avanzar mucho más en la calidad del empleo, el reforzamiento de los derechos laborales y el establecimiento de medidas legales y de protección social frente a la precariedad. Además, como ya he comentado, es necesario realizar un seguimiento y una evaluación de todas estas medidas con instrumentos de vigilancia e investigación que nos permitan comprender de forma integral la evolución de la precariedad laboral y de todos sus impactos.
Hay muchos trabajadores pobres. ¿Es mejor tener un trabajo precario y angustiado o no tenerlo y sobrevivir con los subsidios existentes?
Ninguna de las dos situaciones es buena para la salud. Es de sobras conocido que estar parado tiene consecuencias sociales y de salud muy dramáticas. Por ejemplo, aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente; también incrementa la desigualdad social, la pobreza, la inseguridad ciudadana, la xenofobia y el racismo, los desahucios, la dificultad de que los jóvenes se independicen, o que las mujeres se planteen tener hijos cuando lo deseen. El paro aumenta el riesgo de alimentarse peor, tener problemas de ansiedad o depresión, tener conductas de riesgo y abusar de drogas como el alcohol o el tabaco, y un mayor riesgo de suicidarse. A pesar de ser limitado, el conocimiento sobre las consecuencias de la precariedad laboral en la salud ha aumentado bastante y es muy relevante. Sin embargo, todavía nos faltan estudios que permitan conocer de forma integral los impactos de ambas situaciones, paro y precariedad, en función de los niveles de protección y prestaciones sociales. En cualquier caso, no hay que olvidar que, en un sentido general, las situaciones de precariedad también incluyen el encontrarse de forma más o menos intermitente en situación de subempleo o de paro.
¿Qué es más eficaz para mejorar la salud mental de la población? ¿La medicalización o la garantía de puestos de trabajo seguros, dignos y bien pagados?
El malestar, el sufrimiento psíquico o la medicalización permanente por aguantar la jornada laboral son hoy una respuesta normalizada ante las adversidades generadas por los problemas de un medio laboral que está lleno de procesos patológicos. Desgraciadamente, todavía son muchas las personas (incluyendo muchos profesionales sanitarios) que piensan que la mayor parte de trastornos de salud mental se explican principalmente por factores psicológicos o biológicos de tipo individual y no social, o por la interacción entre lo social y lo biológico. Esto hace que gran parte de la población trabajadora individualice el sufrimiento y se sienta responsable de sus síntomas, sin comprender las raíces profundas detrás de su situación laboral y su malestar psicológico. A menudo, este sentido común hegemónico tiene como resultado la medicalización y el abuso farmacológico, en lugar de actuar sobre el origen del problema y eliminar los factores sociales asociados a la precariedad laboral. Hoy sabemos que muchos de los problemas de salud mental relacionados con la precariedad laboral tienen su raíz en determinadas condiciones socioeconómicas, en decisiones políticas o legislativas y en estrategias, modelos organizativos o prácticas laborales nada democráticas que llevan a cabo muchas empresas. Eso es lo que es prioritario cambiar. Asimismo, también es necesario potenciar la salud pública, la salud laboral y la salud mental comunitaria, que deben jugar un papel importante en la prevención de los trastornos mentales y la promoción de la salud mental de la población. No podemos hacer frente al sufrimiento laboral que genera la precariedad a base de pastillas.
En el informe defienden la implantación de una Renta Básica Universal, aunque se reconoce que no es la solución definitiva. ¿Sería útil, de todos modos?
Lo que defendemos en el informe es un debate serio sobre medidas que, de acuerdo con la evidencia disponible, pueden contribuir a la desprecarización laboral. Por lo que respecta a la renta básica universal, es un mecanismo de redistribución de la renta mediante el cual se proporciona, por derecho de ciudadanía e independientemente de cualquier otro ingreso que se perciba por otras vías, un pago monetario regular a toda la población, de forma individual, sin comprobación de recursos económicos ni de su situación laboral. Su rasgo más distintivo es su incondicionalidad, ya que cada individuo recibe una cantidad mensual de dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas sin contrapartida alguna. Desde el punto de vista de la precariedad laboral, la renta básica puede empoderar a trabajadores y trabajadoras en sus reivindicaciones laborales, permitiendo que sea más fácil rechazar puestos de trabajo precarios y favoreciendo a aquellos que son más dignos. Es una medida con gran potencial desprecarizador porque aumenta la libertad real de muchas personas que actualmente viven con miedo. También puede servir para incrementar la equidad, el tiempo de ocio, el desarrollo personal y la creación de nuevas iniciativas laborales y comunitarias de economía social y solidaria. En consecuencia, tal y como muestra la evidencia disponible, puede tener efectos muy beneficiosos para la salud mental de toda la población al reducir la incertidumbre vital y el desgaste psíquico que causan las situaciones de precariedad laboral y la amenaza constante de perder el trabajo. Sin embargo, su instauración no puede utilizarse para reemplazar el estado de bienestar y mercantilizar los servicios sociales, ni tampoco puede ser la "solución" a todos los problemas sociales relacionados con la precariedad laboral, ni resolver la desigualdad económica. Hay que emprender numerosas medidas para realizar un cambio de modelo productivo, afrontar la dramática crisis ecológica actual, incrementar la democracia en las empresas o combatir el racismo, xenofobia o sexismo existentes, por mencionar algunas de las principales formas de discriminación laboral. Como apuntamos en el informe, más allá de sus ventajas y limitaciones, es muy importante debatir en profundidad y con toda su complejidad la estrategia de la posible implementación de la renta básica adaptada a cada contexto político.
¿Cuál sería, pues, la solución definitiva para garantizar que ir a trabajar no comporte poner en peligro la salud mental? Y mientras llega la solución perfecta, ¿cómo avanzar en la lucha contra la precariedad laboral y los efectos negativos que supone para la salud mental?
Desgraciadamente, no podemos hablar de "solución definitiva", en singular, para resolver la precariedad. Más bien deberíamos hablar de "proceso" de desprecarización donde se necesitan muchas medidas complementarias para lograr su eliminación y lograr así un mundo más justo, democrático y saludable. En el Informe PRESME ofrecemos una extensa lista de conclusiones y recomendaciones específicas que merecen una reflexión y debate adecuados. Las recomendaciones generales más importantes que proponemos son tres. Primero, desarrollar una regulación de las relaciones laborales con un nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI que promueva trabajos dignos y justos en un sistema productivo más democrático y realmente sostenible en el marco de un decrecimiento material justo. Esto significa desprecarizar las condiciones de trabajo, reforzar los derechos colectivos de las personas trabajadoras y fomentar una mayor participación democrática en el desarrollo económico y la vida laboral. Segundo, la ampliación de la protección del empleo y las prestaciones sociales con una atención sociosanitaria pública, integral y de calidad que debe incluir la educación, la sanidad pública, la salud colectiva y los cuidados. Complementariamente, es necesario debatir y poner en práctica políticas como la gestión del tiempo y el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la renta básica universal o garantizada y la democracia económica en las empresas, orientando el mercado de trabajo hacia trabajos socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles. Y tercero, reconocer que la precariedad laboral y la salud mental son dos cuestiones fundamentales en las que es necesario invertir los recursos y los medios necesarios para su análisis y evaluación. Esto es esencial para poder pasar a la acción. En este sentido, es necesario desarrollar sistemas de vigilancia integrales y de calidad que permitan realizar un seguimiento sistemático de la magnitud, la evolución, la desigualdad y los efectos sobre la salud mental y el bienestar de la población, así como evaluar la efectividad y la equidad de las políticas y las intervenciones implementadas.
*[1] El resumen del Informe es accesible en: https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=4.200&idContenido=4.262
(*) Joan Benach coordinador del estudio PRESME sobre la "Precariedad laboral y la salud mental" promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social
Fuente:https://catalunyaplural.cat/es/en-los-tiempos-de-la-inteligencia-artificial-no-queremos-medir-la-precariedad-laboral-ni-sus-efectos/
