22.5.23

Política líquida

Por Esteban Valenti (*)

En Uruguay conocíamos muchos estados de la política, seguramente en otros países y diversas velocidades, pero ahora alcanzamos un nuevo estado, la política líquida, que se nos escurre entre los dedos de las manos en circunstancias muy difíciles.

La mayoría de la población del Uruguay sufre una importante carencia en el abastecimiento de agua, en la zona metropolitana 60% del total de la población, se está distribuyendo agua con índices elevados de cloro y de sodio, lo que genera serios problemas para todos los usos del agua potable, excepto para el saneamiento.

Y las perspectivas son realmente negativas, dependemos de que llueva en cantidades suficientes para aumentar de manera importante el embalse del río Santa Lucía, que, de un promedio de 27 millones de metros cúbicos de agua, en la actualidad dispone de solo DE 6.5 millones y en caída permanente.

La sequía que sufre el país es muy prolongada, hace tres años que estamos por debajo de la media anual de precipitaciones y esto se debe al fenómeno de la "Niña", ya anunciado en el año 2020 en toda la región. El gobierno no tiene ninguna posibilidad de influir en el nivel de las lluvias y nadie, ni el más feroz opositor se lo ha reclamado. Somos racionales.

Pero el gobierno nacional, la empresa pública de aguas corrientes OSE sin duda tiene otro tipo de responsabilidades muy graves. A eso nos referimos cuando hablamos de política líquida, una política que deja correr los hechos y a lo sumo corre detrás de ellos y a destiempo. Exactamente lo que no debe hacer un gobierno.

La situación no era imprevisible, era una posibilidad anunciada por los organismos meteorológicos nacionales y regionales. El anterior gobierno, presidido por Tabaré Vázquez dejó un completo plan, muy avanzado y con la financiación aprobada por la Confederación Andina de Fomento (CAF) para la construcción de una represa en Casupá y la generación de una reserva que ocuparía 2,000 hectáreas de agua. Todos estos datos están documentados, reconocidos parcialmente por el Presidente Lacalle Pou, firmados por el Ministerio de Economía y Finanzas y con claras opiniones favorables del alcalde blanco de Casupá. No hay manera de desmentirlo.

Había hace años alertas importantes de diversas fuentes, militares y civiles.

Ahora estamos con el agua en los tobillos y bajando y además salada. El torrente de declaraciones serias, de memes, de notas periodísticas es interminable sobre este tema. Pero estamos parados frente a un precipicio que pone en peligro la salud de la población, crea serios problemas a la industria en la principal zona del país, a la propia refinería de ANCAP y el reloj funciona incansable empeorando la situación.

El gobierno tenía y tiene una seria responsabilidad y casi no tiene agua para lavarse las manos.

No hizo a tiempo lo que tenía que hacer, en realidad hizo todo lo contrario. En estos tres años de ejercicio le redujo en 200 millones de dólares el presupuesto a la OSE, como parte de su política fría y premeditada de reducir la financiación y las inversiones públicas.

Doscientos millones de dólares menos para OSE, representaron una reducción de casi mil trabajadores y la paralización de obras e inversiones básicas. Si las pérdidas de agua potable en el sistema de cañerías de agua y la lentitud en repararlas siempre fue un problema, ahora en las peores circunstancias y por falta de personal y equipos se agravó notoriamente. Más del 40% del agua se desperdicia precisamente por esas pérdidas, que con la debilidad presupuestal de OSE son todavía más lentas las reparaciones.

Es posible que por diversos motivos, incluso el notorio aumento del consumo en la Costa de Oro y en diversas empresas, lo que estaba planificado no fuera suficiente y se necesitarán soluciones de fondo y con perspectivas de largo plazo, pero lo que no hay dudas es que no tendríamos porqué llegar a esta situación de asfixia en el abastecimiento de agua potable y de pésima calidad.  Esasi es responsabilidad directa del gobierno.

No todos los temas se pueden y se deben politizar, pero cuando hay indudables responsabilidades políticas y la gravedad de las consecuencias es tan clara, hay que llamar a las cosas por su nombre, sobre todo cuando forman parte de un diseño integral de políticas equivocadas.

Es sobre la base de este recorte drástico de recursos, que no se han construido ni cerca los 136 centros educativos prometidos durante la campaña electoral. Prácticamente no se ha construido ninguno, se han pitando y reparado algunos. Y esto impacta claramente en la calidad de la educación, en la cantidad de alumnos por clase.

Más allá del escándalo de la entrega sin sorteo y a dedo de viviendas que casi hace explotar a la Coalición multicolor, lo cierto es que estamos a años luz de las 50.000 viviendas prometidas, también durante la campaña electoral. Se están terminando planes de viviendas del anterior gobierno.

El mercado, el supremo sacerdote de la política económica, financiera y monetaria se ha demostrado bastante líquido y tenemos un notorio atraso cambiario, siguió aumentando el endeudamiento y las perspectivas de crecimiento para este año apenas alcanzarán el 2%. Para no hablar de los salarios y jubilaciones que llevan tres años de pérdidas en su capacidad adquisitiva y la inflación que ha situado el país entre los más caros de la región.

Una de las claves de una política seria, sólida, es su capacidad de prevenir, de planificar las posibles dificultades y oportunidades. No se trata de un terremoto, de un tsunami, sino de una sequía prevista hace tres años, a la que le corren de atrás, en el campo, en las ciudades, en las empresas. Y lo más grave es que le hemos perdido el ritmo y vamos de mal en peor.

Todos sin excepción, los uruguayos, estamos pidiendo encarecidamente que llueva, que llueva mucho y en las zonas del país que más lo necesitamos.

Todos sin excepción, los uruguayos debemos hacer un uso muy responsable, diríamos restrictivo del agua y, el gobierno también nos debería advertido y transparentado la situación hace mucho tiempo.

Ahora la política líquida tenemos que evitarla de este lado, desde la oposición o desde la gente responsable y coherente y deberíamos buscar soluciones de emergencia, uso de pozos ya existentes y en desuso, pozos de emergencia cavados en diversas zonas del país, medidas económicas de apoyo a las políticas de apoyo a la población y al conjunto de las necesidades. No cuando ya estamos zozobrando, sino previendo, inclusive las inversiones mínimas de emergencia, como la represa de tierra con un costo de 500.000 dólares en el Santa Lucía, que se debería haber ejecutada desde hace bastante tiempo.

Gobernar es elegir las prioridades, prever problemas y oportunidades y cumplir con las mínimas responsabilidades constitucionales, legales, pero sobre todo de sentido común. Lo demás es dejarse llevar por la corriente... líquida.

 

(*) Esteban Valenti. Trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista, escritor, director de Bitácora (www.bitacora.com.uy) y Uypress (www.uypress.net), columnista en el portal de información Meer (www.meer.com/es), de Other News (www.other-news.info/noticias). Integrante desde 2005 de La Tertulia de los jueves, En Perspectiva (www.enperspectiva.net). Uruguay