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22.5.23

Chile: La derrota del Consejo Constitucional. Dossier

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Por Tomás Leighton, José Acevedo, Arnaldo Delgado (*)

Los abismos chilenos

Tomás Leighton y José Acevedo

El triunfo de la extrema derecha en las recientes elecciones en Chile deja a este sector, opuesto al reemplazo de la Constitución de 1980, como principal fuerza del nuevo Consejo Constitucional. Con una campaña alejada del debate constitucional y centrada en cuestiones como la inseguridad, el progresismo sufrió una dura derrota que impactará sobre el gobierno de Gabriel Boric.

Desde hace un tiempo, Chile había vuelto a ocupar un lugar especial en el corazón del progresismo mundial. En 2019, las protestas sociales contra el neoliberalismo derivaron en un proceso democrático para dejar atrás la Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. En 2021, Gabriel Boric, un ex-dirigente estudiantil de 36 años, fue elegido presidente e inició lo que algunos han señalado como una nueva ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica.

Sin embargo, en septiembre pasado la población rechazó masivamente en las urnas el texto constitucional que buscaba reemplazar la antigua Constitución, lo que obligó a los partidos a iniciar un nuevo proceso mucho más tutelado que el anterior. Y esto sería solo la antesala: en las elecciones para el nuevo Consejo Constitucional, celebradas el 7 de mayo pasado, la extrema derecha representada en el Partido Republicano (PR) de José Antonio Kast logró 35,41% de los votos. De esta forma, le pasó por encima a la derecha tradicional (21,1%) y derrotó al oficialismo progresista (que compitió en listas separadas, un error que dará mucho que hablar y reparar). Además, el PR obtuvo por sí solo poder de veto y, en conjunto con la derecha tradicional, logró dos tercios de representación para vetar cualquier modificación que sugiera la comisión experta al borrador de nueva Constitución.

Todo lo anterior dificulta enormemente cualquier acuerdo entre la izquierda y la derecha tradicional (quién habría dicho que se añoraría esa posibilidad). Aunque inevitablemente los resultados dinamitaron la posición negociadora del gobierno para llevar a cabo un programa que ya venía a cuestas por carecer de mayoría parlamentaria, lo cierto es que la mayoría de extrema derecha en el Consejo Constitucional no tiene el camino asegurado hacia un triunfo en las próximas presidenciales. En realidad, los tiempos de las «identidades negativas» y el rechazo a todo lo que huela a poder vienen mostrando justo lo contrario: sin experiencia y puesta a liderar un proceso con expectativas que no podrá cumplir, la extrema derecha puede enfrentar su propio proceso de degradación, tal como la izquierda tuvo el suyo con la primera Convención Constitucional.

Idas y venidas constituyentes

Aunque aún es muy pronto para extraer conclusiones sobre el comportamiento electoral, hay varias cuestiones que mencionar. En primer lugar, la introducción del voto obligatorio desde el año pasado ha estabilizado un alto porcentaje de participación que cambia por completo el mapa electoral. Si en 2022 la participación fue de 86%, esta vez se ubicó en casi 85%. Pareciera que el desinterés ciudadano hacia el actual proceso constituyente, en vez de convertirse en abstención, se ha expresado en votos nulos y blancos: estos sumaron 21,54% del total. Por otro lado, el resto de los votantes que no había acudido a las urnas anteriormente (ni en el primer proceso constituyente ni en la elección del presidente Boric, cuando el voto era aún opcional), esta vez, con voto obligatorio, ha optado por la extrema derecha.

Si esto significa una ampliación de la penetración cultural del conservadurismo en Chile dependerá de si el PR mantiene sus buenos resultados en el tiempo. Por ahora se pueden aventurar tres cosas. Primero, que la votación por el Rechazo al borrador en el plebiscito pasado es similar al porcentaje de apoyo a la oposición, en ambos casos en torno de 62%. Segundo: el centro político ha terminado de desfondarse luego de que la alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia (PPD, del ex-presidente Ricardo Lagos), bautizada Todo por Chile, decidiera ir por fuera del bloque oficialista y no obtuviera ningún escaño. Tercero, y quizás lo más importante: pareciera que la extrema derecha está capitalizando coyunturalmente un voto de repudio al establishment político que no es demasiado distinto del que movilizó a los votantes de la nueva izquierda chilena en el último tiempo. Como ya ha pasado en otros países, las elecciones se están definiendo por las denominadas «identidades negativas», y quien gana las elecciones ve diluido su poder en un abrir y cerrar de ojos.

Ahora bien, para entender más precisamente qué es lo que los chilenos están castigando en esta ocasión, hay que remitirse a la seguidilla de idas y venidas constituyentes de las que deriva el proceso actual. La persistencia del problema constitucional chileno radica en que, a pesar de las múltiples reformas que ha tenido la Constitución de 1980, esta no se desenvuelve como pacto fundante de la comunidad política ni tampoco sirve de base para dirimir las diferencias entre los ciudadanos. Además de su herencia dictatorial, el texto degradó aún más su legitimidad al bloquear reformas que pudieran alterar el carácter subsidiario del Estado.

Tras el estallido social de octubre de 2019, el mundo creyó que todo eso quedaría atrás con la Convención Constitucional y sus innovaciones democráticas inéditas en materia de paridad de género y protección del medio ambiente. Sin embargo, el borrador fue rotundamente rechazado por casi 62% de los votantes en todas las regiones del país. Aunque algunos todavía culpan a la campaña de desinformación conservadora, lo cierto es que esta solo pudo tener éxito debido a un error estratégico y también ideológico por parte de la izquierda: se confundió la redacción de una Constitución con el despliegue y materialización de un innovador programa de gobierno progresista. El problema estructural con la ratificación de nuevas constituciones por referéndum es que cuanto más extenso es el texto, más razones tienen los votantes para rechazarlo. En el caso de Chile, por ejemplo, gran parte de los nuevos votantes de sectores populares interpretaron la «plurinacionalidad» como un ataque a su identidad patriótica.

Con el borrador anterior rechazado, el Congreso Nacional echó a andar un nuevo proceso mucho más limitado por el poder constituido. Aunque esto fue un balde de agua fría para las expectativas de la izquierda, cualquier otra cosa habría dado armas a la derecha. Al igual que en la Convención, el nuevo órgano estableció quórums contramayoritarios, en particular, tres quintos en una asamblea de 51 electos (el acuerdo original contempló 50 escaños, al que se agregarían cupos indígenas en caso de obtener el 1,5% de la votación total del país en una papeleta separada; este fue el caso de AlihuénAntileo, elegido por ese cupo). Y, tal como le ocurrió antes a la derecha, la escasa representación de la centroizquierda en el proceso actual implica que los quórums no cumplirán su objetivo de avanzar en los pactos. Además, la derecha tenía tres exigencias: 12 bases institucionales intocables durante el proceso (como la imposibilidad de eliminar el Senado y la mención explícita a la existencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la Constitución, dos puntos polémicos en la pasada Convención), una comisión de expertos compuesta proporcionalmente por las fuerzas representadas en el Congreso y un comité de árbitros para asegurar la tutela sobre el poder constituyente. La primera paradoja es que, con los resultados electorales favorables a la extrema derecha, estos contornos podrían darle, en el mejor de los casos, un cierto grado de influencia a la izquierda (y ya no a los conservadores, como originalmente) y, en el peor de los casos, resultarían irrelevantes. La segunda paradoja electoral es que un partido como el PR, que defiende la continuidad de la Constitución de 1980, quedó a cargo del cambio constitucional.

El sorpasso de la extrema derecha

El cambio en la hegemonía de la derecha chilena es total. Desde hoy, Kast no es tan solo el ex-candidato presidencial de la derecha que obtuvo 44% en la segunda vuelta de 2021, sino que su partido acaba de sumar más del doble de representantes que las fuerzas clásicas de la derecha, entre ellos Renovación Nacional (del ex-presidente Sebastián Piñera) y la Unión Demócrata Independiente (UDI, fundada por Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la dictadura).

La prensa internacional ha catalogado a Kast como la simple adaptación chilena de populistas como Donald Trump o Jair Bolsonaro, lo que cobra sentido considerando las conexiones del PR con las principales organizaciones de extrema derecha en el mundo. En el plano discursivo, desde 2017 Kast apela al peligro que viven los valores de la familia tradicional y su estabilidad económica. ¿La amenaza? La clásica red conspiranoica de enemigos coordinados: la izquierda, los operadores políticos, la «ideología de género» y los inmigrantes. Nada muy diferente al discurso de la Alt-Right que crece en el resto del mundo.

Desde que Boric salió elegido en 2022, el contexto económico, la crisis migratoria y la crisis de seguridad (particularmente, con el fuerte crecimiento de delitos de alta repercusión social) no solo han dado lugar a una reacción contra el gobierno, sino que además han vigorizado discursos como el de los republicanos, que se las arreglan para ser percibidos como outsiders que vienen a desplegar la «mano dura» contra la delincuencia. En efecto, toda la campaña electoral para el nuevo Consejo Constitucional estuvo marcada por mensajes sobre el descontrol de la seguridad que poco tenían que ver con la Constitución y le sirvieron al PR para antagonizar con el oficialismo.

Ahora bien, ¿es realmente Kast un outsider? A diferencia de algunos de sus pares internacionales, es un político de larga trayectoria que lleva ocupando cargos públicos desde el año 1996 y, hasta su primera campaña presidencial en 2017, siempre se había postulado por la UDI. En particular, Kast proviene del corazón de una de las culturas políticas más tradicionales de la derecha chilena. Cuando estudiaba Derecho en la Universidad Católica, Jaime Guzmán fue su tutor, y así se volvió militante del Movimiento Gremial, un grupo corporativista y religioso, que luego se convertiría en la semilla del partido. Por otro lado, su hermano, Miguel Kast, fue un Chicago boy formado por Milton Friedman que luego se convirtió en ministro de Pinochet. Justo cuando Guzmán y Miguel Kast iban a fundar la UDI, este último falleció, de modo que la figura de José Antonio pasó a ocupar un rol simbólico fundacional que se refleja en innumerables discursos y homenajes.

Todo esto es extremadamente relevante para intuir la forma en que Kast y los republicanos intentarán conducir a su grupo en el Consejo Constitucional. ¿Seguirán antagonizando con el resto de los partidos ahora que les toca conducir? El actual presidente de la UDI, Javier Macaya, se mostró confiado de que esto cambie cuando remarcó que «casi el 90% de los electos de Republicanos viene de la UDI». Aunque no sabemos qué papel elegirá jugar Kast hasta la culminación del proceso, puede que presente algunas diferencias con el guión del populismo de derecha de otras latitudes.

Progresismo chileno: ¿y ahora qué?

Chile eligió el presidente más izquierdista desde el retorno a la democracia pero, al mismo tiempo, votó un Congreso mayoritariamente de derecha. Fue tal la algarabía que desató lo primero, intensificada tal vez por las expectativas del proceso constituyente inicial, que la izquierda cometió un error estratégico: olvidarse de lo segundo. Así, en vez de tramitar de inmediato las principales reformas del programa de gobierno, usando la cada vez más corta luna de miel de los gobiernos, decidió esperar a los resultados del plebiscito de septiembre de 2022, pensando que el triunfo potenciaría el poder de negociación del Ejecutivo en el Congreso. Sin embargo, con el borrador rechazado, el oficialismo se quedó con gran parte del programa de gobierno cuesta arriba, y tras los resultados del 7 de mayo no solo se ha escogido al órgano político más derechista en décadas, sino que la posición de negociación en el Congreso ha vuelto a empeorar.

En un escenario adverso, el progresismo necesita despercudirse rápidamente de su derrota y recoger las autocríticas, no para fomentar la autoflagelación, sino para mirar hacia adelante. ¿Qué elementos del proceso constituyente hasta ahora deben ser recuperados y cuáles abandonados? ¿Cuáles son los consensos necesarios para recuperar la legitimidad de nuestra vida común en un contexto como el descrito?

Si hay algo claro es que la izquierda no puede desentenderse del proceso constituyente. A fin de cuentas, fue la que le propuso al país una nueva Constitución destinada a habilitar un periodo de justicia social. Así, aunque toque hacer múltiples concesiones, sería mucho más perjudicial renunciar a un acuerdo con la derecha tradicional. Por un lado, esto permitiría consensuar un texto con mayores posibilidades de ser aprobado en diciembre de 2023 para zanjar de una vez por todas el proceso. Por otro, se sentaría un precedente para cerrar caminos de autoritarismo.

La era de las identidades políticas negativas también implica que en Chile podría haber espacio para construir una identidad en contra de la extrema derecha, algo que hasta cierto punto se generó en la segunda vuelta presidencial de 2021. Aunque la pregunta es si para construir tal antagonismo basta con denunciar que el PR «no es democrático» justo cuando acaba de ganar las elecciones. En vez de eso, vale la pena volver al origen: la razón por la que comenzamos este largo camino de idas y venidas desde el estallido social fue el malestar con la subsidiariedad del Estado consagrada en la Constitución de 1980. Si se considera la lógica del plebiscito ratificatorio, que no distingue artículo por artículo, sino que somete la totalidad del borrador a votación, entonces lo más importante de cara a la votación final serán los anticuerpos que pueda inducir el nuevo texto. Si la derecha opta por constitucionalizar el rechazado sistema de administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP) o las instituciones de salud previsional (ISAPRE, sistemas privados de seguros de salud), es muy plausible que gane nuevamente el Rechazo.

El dilema de Kast

Decíamos más arriba que el proceso constituyente quedó bajo la conducción de quienes rechazaban un proceso constituyente. Para graficar, basta un ejemplo: Luis Silva, el candidato más votado a escala nacional, indicó que el PR «no quiere una nueva Constitución». En pocas palabras, se podría decir que la propuesta constitucional del PR es la Constitución de 1980, ni más ni menos. Sin embargo, a pesar de las duras derrotas electorales de este año y el pasado, el plebiscito constitucional de 2020 aprobó con 78% de los votos la propuesta de cambiar el texto impuesto por la dictadura y reformado en múltiples ocasiones. En otras palabras, este es un capítulo que difícilmente se cerrará sin más con un nuevo rechazo.

Como se ve, la cuestión no es tan sencilla para el PR. Como la principal fuerza del Consejo con 23 bancas, un poder de veto autónomo y a solo ocho votos de lograr los tres quintos (quórum para aprobar los artículos), la responsabilidad del curso del proceso recae ahora sobre sus espaldas en la misma medida que el apoyo popular recibido en la votación. Y aunque habrá más de un intento de desmarcarse de su responsabilidad, lo cierto es que las expectativas de cierre de la crisis social e institucional de Chile no han desaparecido, a pesar de que la seguridad y la inmigración pasaron a ser cuestiones centrales en la agenda ciudadana.

A diferencia del plebiscito pasado, capitalizar un nuevo rechazo ya no es posible para la derecha. La facilidad con que pueden construir los tres quintos e incluso dos tercios con Chile Vamos implica que los costos del proceso constituyente recaerán en buena parte sobre la derecha. Por eso, es probable que la apuesta del PR sea sacar adelante un borrador para ser aprobado en diciembre. Ello depende de las capacidades de la derecha, pero sobre todo del PR, de actuar de manera moderada. Algo que no es imposible si se considera que, a diferencia de buena parte de la izquierda independiente de la Convención, el PR tiene un líder y una estructura partidista mucho más vertical.

Sin embargo, esta no es la única posibilidad. El PR es un partido nuevo, con muchos cuadros que no se han fraguado en política ni están acostumbrados a debates institucionalizados, reglamentos de votación, apariciones públicas, etc., de modo que pueden cometer los mismos errores comunicacionales y tácticos que se cometieron, en abundancia, en la primera Convención Constitucional. No podemos olvidar que en la Cámara de Diputados y Diputadas los militantes y ex-militantes del PR han estado envueltos en diversas polémicas.

Con todo, mientras el camino de la nueva izquierda chilena encabezada por el presidente Boric enfrenta curvas peligrosas, el de la extrema derecha de Kast, si bien parece despejado, se enfrenta a los riesgos del exceso de velocidad. Deberá generar el marco de una nueva Constitución que debe aprobarse para mostrar que puede gobernar y generar «estabilidad», pero se tendría que cuidar de que sus ideas «ochentistas» no aparezcan en el nuevo texto. Mientras tanto, entre las curvas peligrosas y el exceso de velocidad, sigue creciendo un verdadero abismo entre la política y la sociedad.

https://nuso.org/

"El Consejo Constitucional será un laboratorio para la ultraderecha". Entrevista

Arnaldo Delgado

Detrás del arrollador triunfo del Partido Republicano del 7 de mayo, dice Delgado a Brecha, sigue vigente la enorme crisis de representación que parió la revuelta de 2019. El analista cree que aún hay mucho en juego y que la potencia destituyente desatada desde hace tres años amenaza con carcomer cualquier proyecto político que no le dé respuesta.

Quienes se manifestaron en contra de una nueva Constitución tendrán la facultad de escribirla. El ultraderechista Partido Republicano, que declinó firmar el Acuerdo por Chile para habilitar un nuevo proceso constituyente en Chile, arrasó en las elecciones del pasado domingo y tendrá mayoría en el Consejo Constitucional encargado de revisar y aprobar el anteproyecto constitucional que emanará de la Comisión Experta.

El partido ultraconservador liderado por José Antonio Kast obtuvo 35,4 por ciento de los votos y se quedó con 23 de los 51 escaños del Consejo Constitucional. A esa cifra se suman 11 integrantes electos del pacto Chile Seguro (que aglutinó a la coalición de derecha Chile Vamos, con el 21 por ciento de los votos), con lo cual la derecha en general alcanzó 34 cupos y supera el cuórum requerido (tres quintos) para aprobar las normas de la nueva propuesta. Esto deja sin poder de veto a las fuerzas transformadoras dentro del órgano: Unidad para Chile, el pacto de la coalición de gobierno (Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista y otros), obtuvo 28,59 por ciento de los votos y logró 11 cupos. El Partido de la Gente, que asomaba como una nueva fuerza electoral, se quedó sin representación. Llamó la atención la dimensión histórica que alcanzaron los votos anulados en la votación del domingo, un 16,98 por ciento del total.

Así, la escena política chilena cambió radicalmente desde la revuelta social de 2019, que derivó en la apertura de un inédito proceso constituyente con participación de pueblos originarios y movimientos sociales, hasta un 2023 en que la extrema derecha tendrá la manija en el interior del Consejo Constitucional.

Para analizar el ciclo político en Chile, Cristian González Farfán conversó con el investigador Arnaldo Delgado, del Centro de Investigación Transdisciplinar en Estéticas del Sur, quien asegura que la «potencia destituyente» -es decir, la impugnación al poder en el contexto de una crisis aguda de representación política- continúa vigente de 2019 a 2023, e incluso se ha incrementado. Delgado es magíster en Filosofía en la Universidad de Chile, autor de los libros Comunalización, Prolegómenos sobre el esteticidio y Abecedario para octubre, y columnista del programa en línea La Cosa Nostra, donde destacan sus análisis de las estructuras de poder político.

-¿Cómo explicar el vuelco en este ciclo político en Chile?

Hay un malestar y un descontento social que se ha ido agudizando con los años. Detrás de ese malestar hay una crisis de representación tremenda. No tiene solo que ver con desconfiar de los representantes de turno, sino de la forma de habitar el mundo colectivamente. Buscamos articular una forma de representación política que nos permita salir de esta sensación de malestar. Pero hay un verbo central para explicar este ciclo: impugnar. Yo creo que lo que es transversal en estos cuatro años es ese carácter impugnatorio, que la izquierda intentó capitalizar a través del proceso constituyente anterior, pero no lo logró porque las vías para salir de ese malestar eran promesas muy a largo plazo.

Además, cuando Gabriel Boric llega al gobierno, los partidos de izquierda se vacían. Todos los cuadros se van a trabajar al Estado y con ello se deja de lado la impugnación, y quienes encabezaban la impugnación en 2019 se empiezan a asimilar al poder. Boric pasó de impugnador a impugnado. Queda vacante el cetro de impugnador, y ese cetro lo toman el Partido de la Gente y el Partido Republicano.

En suma, hay un círculo vicioso de impugnación y se enlaza con lo que yo llamo potencia destituyente. Hoy esa potencia destituyente está radicalizada porque ningún sector es capaz de tener una propuesta instituyente creativa, capaz de generar un orden nuevo, ni siquiera los republicanos.

-¿Dirías que esa potencia destituyente está siendo capitalizada por la ultraderecha ahora?

Primero, habría que decir que la anterior Convención Constitucional fue carcomida de inmediato por la potencia destituyente. Los constituyentes pasaron a ser parte de la elite. El neoliberalismo chileno es un proyecto muy preciado para las derechas; les costó mucha imaginación y trabajo académico llegar al «paraíso neoliberal» que se instaló en Chile. A la derecha no le interesa inventar algo nuevo, le interesa recuperar. Por eso su eslogan es «restituir», «restaurar», «recuperar», todo lo que empieza con re. Pero también re implica «repetir», «revertir». La única forma que tiene la ultraderecha para viabilizar algún tipo de esperanza -ilusoria- es la reversión y la repetición de un modelo que está en la génesis del malestar social. En términos constituyentes, no hay ninguna capacidad de proyectar el país de aquí a 30 o 40 años.

-También has propuesto que el «yo pueblo» presente durante el estallido ahora es un «yo nación». ¿Cómo se expresa eso en los resultados del domingo?

Lo que manda es la incertidumbre. En 2019 se intentó abordar a través de solidaridades compartidas y de articulación barrial. Pero, cuando se intensifica la crisis económica por la pandemia, la incertidumbre se individualiza. Ahí el discurso del «yo pueblo» ya no calza tanto en la forma en que se aborda la incertidumbre, y ahí viene la derecha que, a través del discurso de la seguridad pública, vuelve a instalar el «yo nación» como elemento articulador de la colectividad chilena. Además, la izquierda no tiene lenguaje para abordar el tema de la seguridad pública, suena impostado.

-¿Cómo avizoras la discusión en el Consejo Constitucional con la mayoría abrumadora de los republicanos? ¿Qué papel va a jugar la derecha más moderada?

Hay dos almas dentro de la derecha que se están disputando qué tipo de restitución tendrá Chile en los próximos años. Antes del 7 de mayo, un alma estaba encabezada por Chile Vamos y sectores de la ex-Concertación, y la otra por el Partido Republicano y el Partido de la Gente. En el primer caso, la restauración es una democracia tutelada con un neoliberalismo «democrático» y, en el segundo, una restauración ochentera, con ortodoxia neoliberal y seguridad autoritaria. A partir del domingo se empieza a perfilar el carácter de la restauración con el triunfo de los republicanos.

Lo que se jugaba en esta elección no era tanto el asunto constitucional, que ya estaba medio cerrado; lo que realmente se jugaba era si el Consejo Constitucional iba a ser un espacio coyuntural para ensayar el programa de gobierno del Partido Republicano. Con esta victoria arrolladora, el Consejo Constitucional será un laboratorio, un espacio de ensayo y error para la ideología republicana respecto de las próximas candidaturas a las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.

-¿Y qué margen de maniobra tiene el gobierno ante ese contexto?

Creo que ya no tiene margen. No le queda más que resistir. Con la aprobación de la ley Naín-Retamal [una norma conservadora que apoyó el oficialismo y garantiza una legítima defensa privilegiada para Carabineros ante un delito grave], se sepultó cualquier probabilidad de juego. Pero, más aún, el pecado capital del gobierno es haber dejado la impugnación porque, basado en una buena fe democrática, está evitando el antagonismo político.

-A pesar del triunfo, has dicho que el proyecto republicano chocará con la intacta potencia destituyente. ¿Qué pasará ahí?

En algún momento, el Partido Republicano tendrá que mostrar sus credenciales, de dónde viene. Una de las deficiencias del gobierno de Boric es no poder cumplir con su programa ni mejorar las condiciones de la vida cotidiana de las personas. Es decir, los derechos sociales siguen estando ahí. Y esa demanda de seguridad social le va a tocar la puerta a quien esté en la próxima elección presidencial. Y, así como la izquierda no tiene idioma para hablar de seguridad pública, la derecha no lo tiene para hablar de seguridad social.

A la derecha le va a pegar el malestar en algún momento; la potencia restauradora va a ser carcomida por la potencia destituyente. Por eso, no me echo a morir por los resultados del 7 de mayo, porque esta es una carrera larga. En términos objetivos, cuatro años en la historia de un país no es tanto tiempo. Hay todavía mucho en juego. Sin embargo, en poco tiempo la ultraderecha puede provocar retrocesos enormes.

-¿Mantienes la idea de que la sociedad chilena no se derechizó en 2023 ni se izquierdizó en 2019?

Sí. Hay algo superior que es un cambio civilizatorio. Es la incertidumbre lo que está en juego. Lo que queremos como sociedad es un espacio relativamente seguro. No podría decir que la sociedad chilena se derechizó; eso habría que verlo en los próximos diez o 15 años. Lo que pasa es que los requerimientos sociales de hoy coinciden con las banderas históricas de la derecha. Pero ni las victorias ni las derrotas políticas se juegan hoy en hitos específicos. La derrota electoral del 4 de setiembre de 2022 [el rechazo a la propuesta constitucional anterior] no necesariamente fue una derrota política, sino que abrió un campo para que la derecha empezara a ganar. La derecha aprovechó muy bien ese espacio y en los últimos meses ha ido ganando. Incluso si se llegara a aprobar esta nueva propuesta constitucional y si llegara José Antonio Kast a la presidencia, sería cauto en decir que la sociedad chilena se derechizó.

-De persistir este tenor poco dialogante del Partido Republicano dentro del Consejo, ¿crees que el texto se podría rechazar y eso ser aprovechado por las fuerzas transformadoras?

Hoy no hay potencia instituyente para impulsar un proceso constitucional. Pero tampoco hay fuerzas transformadoras articuladas. Hoy la impugnación quedó capturada por los republicanos, y el Partido Comunista y el Frente Amplio fueron perdiendo esa capacidad. Si no la recuperan ellos y los movimientos sociales, no sé si estarán en condiciones de aprovechar la coyuntura que se abrirá cuando la potencia destituyente se coma a la potencia restauradora de los republicanos. Estamos en un período oscuro no porque los republicanos hayan ganado, es porque la izquierda no es capaz de articular fuerza impugnadora: los partidos están vaciados de poder, no hay sindicatos, no hay federaciones estudiantiles. Sería bueno pensar en un repliegue estratégico pensando en los próximos diez o 15 años.

https://brecha.com.uy/

(*) Tomás Leighton magíster en Comunicación Global por la Universidad de Erfurt y director ejecutivo de la Fundación Rumbo Colectivo de Chile.

(*) José Acevedo abogado por la Universidad de Chile y ha trabajado en el Congreso Nacional, la Convención Constitucional y la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile.

(*) Arnaldo Delgado es magíster en Filosofía en la Universidad de Chile, autor de los libros Comunalización, Prolegómenos sobre el esteticidio y Abecedario para octubre, y columnista del programa en línea La Cosa Nostra.

Fuente: Varias


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