15.5.23
América Latina: El "progresismo" en peligro
Por Gilberto Maringoni (*)
Había un cierto parecido con el escenario utilizado por Juan Domingo Perón en los años 1940-50 en Argentina.
A primera hora de la tarde del lunes Primero de Mayo, el presidente colombiano Gustavo Petro atravesó el salón Bolívar del palacio presidencial y se dirigió al público desde el balcón de la ventana principal del primer piso, frente a la abarrotada Plaza de Armas, en el centro de Bogotá. Hablando durante más de una hora contra "las élites y los esclavistas", Petro acusó a esos sectores de no permitir avances sociales, como el fortalecimiento de la salud pública, la reforma agraria y una reforma de la seguridad social que recupere los derechos laborales perdidos en las últimas décadas. Cada cinco o diez minutos, el discurso era interrumpido por gritos de apoyo.
Más que aplausos, Petro buscaba el apoyo popular ante el terremoto que había provocado en las instituciones la semana anterior (26 de abril). Ante las votaciones en el legislativo contra los proyectos oficiales por parte de los grupos que participan en el Gobierno, el presidente dio la vuelta a la tortilla. Pidió la dimisión de todos los ministros y cambió a siete de ellos. La lista incluye a José Antonio Ocampo (ministro de economía: ndt), ex profesor de la Universidad de Columbia y una especie de garante del gobierno ante el mercado internacional. Entre las reformas, la más sensible es la del sistema de salud, que pretende eliminar los intermediarios privados en las redes públicas de atención de urgencias.
Petro se juega su mandato en una lucha de poder entre el Estado y los grandes intereses privados. Si sale victorioso, demostrará interna y externamente que la confrontación merece la pena. Su índice de aprobación cayó del 40% en febrero al 35% a mediados de abril, según el Instituto Invanmer. La anterior mayoría parlamentaria se ha reducido a alrededor del 20% en ambas cámaras legislativas.
Petro literalmente quemó las naves ante obstáculos similares que amenazan a la nueva etapa de gobernantes progresistas sudamericanos elegidos a partir de 2019. Las limitaciones están representadas por las amenazas de la derecha y la extrema derecha, las reformas regresivas y privatizadoras y el fuerte deterioro de la calidad de vida de la población tras tres años de efectos pandémicos y bélicos en Ucrania.
Si Petro representa el gesto de audacia, el chileno Gabriel Boric, con poco más de un año en el cargo, colecciona derrotas, retrocesos en áreas importantes y fisuras públicas en el frente político que lo eligió.
A pesar de la importante victoria parlamentaria el 11 de marzo (127 a favor 14 en contra en la Cámara) del proyecto de ley para reducir de 44 a 40 el número de horas trabajadas, tres días antes Boric vio cómo su propuesta de reforma fiscal era derrotada por 73 a 71 votos. Entre las promesas de campaña que se verían comprometidas por la situación están la reforma de las jubilaciones y de la sanidad y los proyectos para reducir el aumento de la violencia en el país. Entre 2021 y 2022 se ha producido un aumento del 33,4% en el número de homicidios, lo que ha movilizado a varias facciones conservadoras para aprobar en el Congreso duras leyes contra la delincuencia. El apoyo y sanción presidencial a lo que sectores progresistas llaman "ley del gatillo fácil" tensiona la alianza oficial. La deriva conservadora del presidente ha provocado críticas públicas de representantes de los partidos comunista y socialista, que forman parte del gobierno.
Boric perdió gran parte de la iniciativa política en septiembre de 2022, con la derrota del plebiscito del proyecto de Constitución (62% a 38%) debatido durante más de un año en una convención elegida a principios del año anterior. Desde entonces, el Jefe del Ejecutivo ha realizado varios cambios en su gabinete, haciéndolo más conservador, en un contexto de desaceleración económica y tendencia al alza de la inflación.
Incluso con una ligera subida de sus índices de aprobación (33,8% en febrero), el Gobierno chileno sigue luchando por mantener la iniciativa, en vísperas de las elecciones para un nuevo proceso constituyente el 7 de mayo. La principal diferencia respecto a la dinámica anterior será la supervisión de dos comisiones, una de expertos, que presentará previamente un texto base, y otra de magistrados, nombrados por la dirección del Congreso, de mayoría conservadora.
La presión regresiva también asalta al gobierno Lula. Elegido por el frente político más amplio de la historia de la República, el nuevo presidente consiguió derrotar y aislar a la extrema derecha en los actos golpistas del 8 de enero, con acciones rápidas y decisivas, junto con el Poder Judicial. En cuatro meses, se promovieron acciones de impacto, como la denuncia del genocidio de los Yanomami, el retorno de programas sociales como la Bolsa Familia y Mi Casa Mi Vida, la concesión de aumentos salariales a los empleados públicos, congelados durante cuatro años, la adopción de medidas contra todo tipo de descriminación, entre muchas otras, además de un nuevo protagonismo en las relaciones exteriores. Sin embargo, perdió su batalla más importante, por la caída de los tipos de interés, frente al Banco Central independiente.
Desde el principio, el Gobierno brasileño se enfrentó a tensiones internas sobre la dirección que debía tomar. Por un lado, el Ministerio de Hacienda presenta un proyecto de ajuste fiscal al gusto del mercado financiero, que actuará como freno al crecimiento, a pesar de que sus partidarios ven en él características anticíclicas. Por otro lado, están las promesas de desarrollo, industrialización, empleo e ingresos hechas por el presidente desde la campaña. Los dos caminos se excluyen mutuamente y el fiscalismo económico terminó imponiéndose.
El gobierno presenta así una ambigüedad y pérdida de iniciativa política que puede materializarse en una caída del apoyo popular. Según la encuesta Genial/Quaest, divulgada el 15 de abril, la evaluación positiva cayó 4 puntos porcentuales desde febrero, del 40% al 36%. La aprobación negativa ha aumentado del 20% al 29%.
Al otro lado de la frontera, a cinco meses de las elecciones presidenciales argentinas, la crisis inflacionista y la falta de dólares en la economía crean una situación de gran incertidumbre: ni el gobierno ni la oposición tienen un candidato claramente favorito para la contienda. Tanto el actual presidente, Alberto Fernández, como el ex presidente Mauricio Macri renunciaron a presentarse en octubre. Dentro del peronismo, hay movimientos para que Cristina Kirchner se postule a un tercer mandato.
Lo más probable es que la coalición oficialista Frente para Todos (FdT) sea derrotada por la alianza de derecha Juntos por el Cambio, del ex presidente Mauricio Macri. Pero la ausencia de un nombre que entusiasme al electorado indica la posibilidad de que aparezcan en el horizonte aventuras antisistema.
En este ambiente, el diputado de extrema derecha Javier Milei, de la coalición Libertad Avanza, hace ruido con una propuesta explosiva: la dolarización total de la economía. Individualmente, Milei aparecía a la cabeza de las encuestas con un 26,6 por ciento a finales de abril. A pesar de ello, la coalición de Macri cuenta con el 28,1% de las intenciones de voto, frente al 22,8% del FdT y el 16,6% de los libertarios. Aunque seductor para una población cansada de sobresaltos recesivos, el programa de Milei tendería a agravar los problemas de una economía con escaso acceso al crédito internacional y con cerca del 75% de su deuda nominada en dólares.
En Bolivia, el gobierno del socialista Luis Arce se enfrenta a una grave crisis de evasión de dólares, que pone en peligro las reservas internacionales y el valor de la moneda local, con presiones sobre su balanza de pagos.
El país adoptó una política de tipo de cambio fijo en 2011, cuando Arce era ministro de Economía del Gobierno de Evo Morales. A pesar del aumento de los precios del gas en el mercado mundial, la reducción de la inversión en exploración y extracción ha hecho que la producción nacional disminuya. Como en el caso chileno, el MAS (Movimiento al Socialismo), el partido de Arce, está dividido. El ex presidente Evo Morales, su figura pública más importante, no cesa de reprochar públicamente la conducta de su sucesor. El gobierno cuenta con una baza: el hecho de que el 90% de la deuda pública esté nominada en moneda nacional.
Contrariamente al panorama mundial de principios de siglo, cuando la entrada de China en el mercado con su gran demanda de materias primas generó casi una década de prosperidad en la periferia (2004-14), la economía internacional tiende a ralentizarse, con fuertes signos de estancamiento en EEUU y recesión en partes de Europa.
Las debilidades estructurales de los países más pequeños y las presiones fiscales y antidesarrollo de unos sistemas financieros hipertrofiados cuestionan la nueva ola de reformismo. La aparición del neofascismo en la región se perfila como una amenaza para la democracia en un momento en que una ola neoliberal, mucho más agresiva que la experimentada en los años noventa, está atacando no sólo la naturaleza pública del Estado, sino el propio funcionamiento de la democracia. ¿Dónde está la salida, en la radicalización de Petro o en la negociación de Lula, para mantener los principales liderazgos?
(*) Gilberto Maringoni profesor de Relaciones Internacionales en la UFABC (Universidad Federal del ABC.- San Pablo) y director de la Fundación Lauro Campos. Fue candidato del PSOL al gobierno estatal de San Pablo (2014).
Fuente: https://outraspalavras.net/
Traducción: Correspondencia de Prensa
