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8.5.23

El peor negocio del Uruguay en democracia

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Por Esteban Valenti (*)

La planta venenosa de la entrega del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie, cumplió un año de los 60 de su duración total y sus frutos comenzaron a verse en toda su gravedad.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) redujo sus ingresos en casi 3 millones de dólares entre 2021 y 2022 por el movimiento de contenedores, la principal actividad del único puerto de aguas profundas del Uruguay. A pesar de que el año 2022 fue récord histórico por la cantidad de contenedores que entraron y salieron del puerto.

La razón de esta pérdida insólita y escandalosa se produce porque cuando un contendor opera en los muelles públicos (los que no son de Katoen Natie), la ANP percibía ingresos por el uso de de esos muelles, ahora, luego del "brillante" negocio de este gobierno, todos esos ingresos pasaron a Katoen Natie, por el uso monopólico y discrecional del movimiento de contenedores.

La contracara ha sido que la empresa Katon Natie, dueña del 80% de la terminal Cuenca del Plata (TCP) aumentó en 50% en un solo año sus ganancias, los beneficios obtenidos por los belgas ascienden a 2.338 millones de dólares debido a las ganancias adicionales y el aumento del valor de la terminal, según los economistas Jorge Polgar y Martín Vallcorba. En concreto y sin haber invertido un solo dólar, Katoen Natie aumentó sus ganancias en este año en 20 millones de dólares.

En el acuerdo que se firmó violando claras disposiciones legales de que se requería la opinión favorable del Directorio de la ANP, y no alcanzaba con la de su presidente Juan Curbelo, al punto que ni siquiera el vicepresidente de la Administración, el Capitán de Navío (R) Daniel Loureiro, integrante de Cabildo Abierto fue informado y menos se requirió su opinión, incluye además la entrega del manejo por parte de los belgas del Reglamento de Atraque de todo el puerto, por el cual su opinión es determinante para todo tipo de operación portuaria. No se conoce en toda la historia nacional, una cesión de derechos gratuita ni paga de este tipo a una empresa privada, ni nacional ni extranjera.

El Reglamento de Atraque por 60 años, que ni siquiera figuraba en el anterior acuerdo firmado por 30 años con Katoen Natie, vale muchos cientos de millones de dólares que se entregaron generosamente a la empresa privada, que tiene que invertir 600 millones en la ampliación del puerto. Es decir 10 millones de dólares por cada año de la concesión.

Cualquiera, aún el más idiota e ignorante sobre cuestiones portuarias y sobre matemáticas sabe que Katoen  Natie hizo el mayor negocio de su vida. ¿Gratis? Perdonen que lo dude...

Además de le cedió el predio de balizamiento de la Armada en la rambla portuaria y se le dio derecho a generar energía e venderla o compensarla con UTE por la energía que consume TCP.

Por su parte el Estado uruguayo se compromete a realizar a su costo el dragado desde el canal hasta los muelles de TCP hasta los 14 metros de profundidad. Para lo cual y de acuerdo al tratado del Río de la Plata con Argentina, se necesita la explicita autorización de ese país. Todavía no tenemos la la autorización y el dragado costaría más de un centenar de millones de dólares.

Hay varias maneras de analizar esta infamia: legalmente y de acuerdo a la Ley de Puertos (19.355) y luego de que se procedió al archivo de la causa iniciada por la denuncia de los senadores del Frente Amplio, Charles Carrera. Mario Bergara y Enrique Rubio, por parte del fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez el 28 de noviembre del 2022.

Poco después, el 7 de febrero del 2023 la justicia dispuso el reexamen de la denuncia y la asignación del caso a un nuevo fiscal. No debe ser precisamente una honra profesional para el fiscal Gilberto Rodríguez la disposición de la jueza Dolores Sánchez de León de continuar con la causa y designar a otro fiscal a cargo. Pero algunos parecen inoxidables.

Toda la apariencia del trámite es delictiva, en particular para el Presidente de la ANP y si faltaba un elemento para demostrar el "dolo" con el cual actuó en el proceso de la empresa Rilcomar, para un negocio infinitamente más pequeño e importante que el contrato por 60 años para Katoen Natie. En el caso de Ricolmar se pasó a decisión del directorio de la ANP como lo establece la Ley de Puertos, lo que demuestra claramente que Curbelo, conocía perfectamente las obligaciones legales y las violó en forma flagrante en el caso de Katoen Natie.

¿Fue solo el Presidente de la ANP? Eso no lo cree absolutamente nadie, la entrega del puerto la anunció con bombos y platillos el Presidente de la República Luis Lacalle Pou en su discurso del 1 de marzo del 2021 en el parlamento y es más que obvio que cada movimiento estuvo bajo la supervisión de las máximas autoridades nacionales, incluyendo al propio Presidente al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, del pro secretario de la Presidencia que redactó el contrato Rodrigo Ferrés, además de algún otro operador de extrema confianza.

Estos son los aspectos ilegales e inmorales de la operación. Pero hay otros.

Están los aspectos políticos. ¿Cómo es posible que una operación de este tipo e importancia, que compromete el puerto de Montevideo por 60 años, no haya merecido la consulta, la más mínima participación de los propios integrantes de la Coalición Multicolor y ninguna comunicación a la oposición, al Frente Amplio.

Hay muy pocas explicaciones... y todas huelen muy mal y a muchos millones.

El aspecto político más explosivo es que comprometer por 60 años la soberanía del principal puerto del Uruguay, no tenga el impacto, la resonancia que merecería. ES EL PEOR NEGOCIO PARA EL URUGUAY EN TODA SU HISTORIA.

Voy a tomar un solo elemento como ejemplo, si Katoen Natie, que ya intentó vender su participación en TCP (80% y control total) se decidiera a vender en la nueva situación, con el control total del puerto a través del Reglamento de Atraque y el monopolio del movimiento de contenedores, con decenas de años de derechos y obligaciones del Estado uruguayo, el valor sería infinitamente mayor que su precio anterior, con ganancias de miles de millones y con algunas alternativas para su compra que es bueno tener en cuenta, ahora: China, Brasil o Argentina. ¿Hay algo más que agregar de las consecuencias de esa situación?

Katoen Natie es un especialista en montar juicios para ganar cientos o miles de millones y tiene todos los elementos en sus manos en la actualidad.

Hay un último aspecto que debemos analizar y es el contagio, el mensaje que se transmite a todo el Estado y sus altos mandos.

Si es posible violar explícitamente las leyes, entregar la soberanía nacional sobre el puerto de Montevideo por 60 años, empeñarnos en el dragado por cientos de millones, está abierta la temporada de caza. Y eso es lo que sucedió ese 1 de marzo del 2021, anunciar a los cuatro vientos que se estaba procediendo contra el interés nacional, por muchas décadas y que se hacía violando las leyes y con dolo.

La explicación del "caso Astesiano" o el pasaporte "Marset" tiene su marco en esta situación de la moral y del manejo del Estado.

¿Cuántos recogieron el mensaje, a nivel nacional y departamental? ¿Un dron que cuesta 200 mil dólares, los uruguayos lo compramos a 700 mil dólares, con una compleja ingeniería institucional, entre UTE, su Presidenta y su asesor directo, el Ministerio de Defensa y una empresa como Vertical Skies y su gestor Alejandro Astesiano, no es una de las tantas señales de que el pescado se pudre desde la cabeza?

 

(*) Esteban Valenti. Trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista, escritor, director de Bitácora (www.bitacora.com.uy) y Uypress (www.uypress.net), columnista en el portal de información Meer (www.meer.com/es), de Other News (www.other-news.info/noticias). Integrante desde 2005 de La Tertulia de los jueves, En Perspectiva (www.enperspectiva.net). Uruguay


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