17.4.23
Israel: “Democracia”, sionismo, supremacía, discriminación (II). Dossier
Israel: La larga guerra entre generales y extremistas no va a desaparecer
Jonathan Cook
Israel estuvo más cerca de la guerra civil durante el fin de semana que en ningún otro momento de su historia. El lunes por la noche, en un intento por evitar el caos, el primer ministro Benjamín Netanyahu accedió a poner fin temporalmente a sus planes de neutralizar los tribunales israelíes.
Para entonces, las protestas masivas ya habían paralizado el centro de las ciudades. El fiscal general del país había declarado que Netanyahu actuaba ilegalmente. Las multitudes habían sitiado el edificio del Parlamento en Jerusalén. Se cerraron instituciones públicas, entre ellas el aeropuerto internacional de Israel y sus embajadas en el extranjero, en el marco de una huelga general. A ello se sumó en las últimas semanas un motín de grupos militares de élite, como los pilotos de combate y los reservistas.
La crisis culminó el domingo por la noche con la destitución por parte de Netanyahu de su ministro de Defensa, después de que Yoav Gallant advirtiera de que la legislación estaba desgarrando al ejército y amenazaba la preparación de Israel a la hora de combatir. La destitución de Gallant no hizo sino intensificar la furia.
La agitación se había ido acumulando durante semanas a medida que la llamada "revisión judicial" de Netanyahu se aproximaba a convertirse en legislación.
A finales de la semana pasada, consiguió aprobar una primera medida, que le protege de ser declarado no apto para el cargo, un asunto crucial, dado que el primer ministro está inmerso en un juicio por corrupción. Pero el resto del paquete ha quedado en suspenso. En él encontramos disposiciones que otorgan a su gobierno el control absoluto sobre el nombramiento de los jueces superiores y el poder de anular las sentencias del Tribunal Supremo.
Es difícil encontrar una salida sencilla a este punto muerto. Aun cuando Netanyahu cediera el lunes ante el peso de la reacción a favo, la presión ha empezado a aumentar en su propio bando.
Grupos de extrema derecha lanzaron una oleada de airadas contramanifestaciones, con amenazas de violencia a los oponentes de Netanyahu. Itamar Ben-Gvir, ministro de Policía y líder del partido fascista Poder Judío, prometió inicialmente derribar el gobierno si Netanyahu no seguía adelante con la legislación.
Pero al final, su aquiescencia a una demora se compró a un precio típicamente alto: se establecerá una Guardia Nacional bajo la autoridad de Ben-Gvir. En la práctica, el líder de los colonos dirigirá sus propias milicias fascistas antipalestinas, sufragadas por el contribuyente israelí.
Falta de democracia
La cobertura de las protestas sigue presentándolas de forma simplista como una batalla para salvar la "democracia israelí" y el "Estado de Derecho". '
"La brutalidad de lo que está ocurriendo es abrumadora", declaró un manifestante a la BBC. Pero si las protestas fueran principalmente por la democracia en Israel, la gran minoría de palestinos que viven allí, una quinta parte de la población, habrían sido los primeros en salir a la calle.
Tienen una forma de ciudadanía muy degradada, que les otorga derechos inferiores a los de los judíos. En su inmensa mayoría se quedaron en casa porque las protestas no promovían ninguna concepción de la democracia que contemplara igualdad para ellos.
Con el paso de los años, los grupos internacionales de derechos humanos también han ido reconociendo poco a poco esta falta fundamental de democracia. Ahora describen a Israel como lo que siempre ha sido: un Estado de apartheid.
De hecho, sólo porque Israel carece de controles democráticos incorporados y de salvaguardias de los derechos humanos, estaba Netanyahu en condiciones de aprobar planes para la emasculación del poder judicial.
El sistema político de Israel permite -por diseño- el gobierno tiránico, sin controles ni equilibrios decisivos. Israel no tiene carta de derechos, ni segunda cámara, ni disposiciones sobre igualdad, y el gobierno puede invocar invariablemente una mayoría parlamentaria.
La falta de supervisión y responsabilidad democrática es una característica, no un defecto. La intención era dar libertad a los funcionarios israelíes para perseguir a los palestinos y robarles sus tierras sin necesidad de justificar sus decisiones más allá de una argumentación basada en la "seguridad nacional".
Netanyahu no ha intentado destruir la "democracia israelí": se ha aprovechado de la falta de democracia.
El único contrapeso endeble a la tiranía gubernamental ha sido el Tribunal Supremo, e incluso éste ha permanecido relativamente de perfil, temeroso de debilitar su legitimidad mediante injerencias y de atraer un ataque político frontal. Hoy ese momento puede estar a la vuelta de la esquina.
Guerra cultural
Una lectura superficial de los acontecimientos es que las crecientes protestas son una respuesta a la instrumentalización de la ley por parte de Netanyahu en su propio beneficio personal: detener su juicio por corrupción y mantenerse en el poder.
Pero aunque esa pueda ser su principal motivación, no es la razón principal por la que sus socios de coalición de extrema derecha están tan dispuestos a ayudarle a aprobar la ley. Quieren la reforma judicial tanto como él.
En realidad, se trata de la culminación de una larga guerra cultural que corre el riesgo de convertirse en una guerra civil en dos frentes relacionados pero separados. Por un lado, se refiere a quién tiene la autoridad última para gestionar la ocupación y controlar los términos de la desposesión de los palestinos. Por otro, atañe a quién o a qué debe responder una sociedad judía: a leyes divinas infalibles o a leyes demasiado humanas.
Hay una razón por la que las calles están inundadas de banderas israelíes, esgrimidas con el mismo fervor tanto por los opositores de Netanyahu como por sus partidarios. Cada bando lucha por saber quién representa a Israel.
Se trata de qué grupo de judíos juega a ser tirano: la ley de los generales o la ley de los matones callejeros religiosos.
Durante décadas, el estamento militar y de seguridad de Israel, respaldado por un poder judicial laico y deferente, ha marcado una brutal agenda en los Territorios Ocupados. Esta vieja guardia sabe muy bien cómo vender sus crímenes a la comunidad internacional como "seguridad nacional". internacional.
Ahora, sin embargo, un joven aspirante disputa la corona. Una floreciente comunidad teocrática de colonos cree tener por fin fuerza suficiente para desplazar el poder institucionalizado de la élite militar y de seguridad. Pero necesita que el Tribunal Supremo se aparte de su camino para lograr su objetivo.
En primer lugar, considera que el sistema judicial y de seguridad es demasiado débil, demasiado decadente y demasiado dependiente de los favores occidentales para terminar el trabajo de limpieza étnica de los palestinos -tanto en los Territorios Ocupados como dentro de Israel- iniciado por una generación anterior.
En segundo lugar, es seguro que el Tribunal Supremo bloquee los esfuerzos de la derecha por prohibir un puñado de "partidos árabes" que se presentan a la Knesset. Sólo su participación en las elecciones generales impide que una combinación de extrema derecha y derecha religiosa ostente el poder de forma permanente.
Asuntos pendientes
Las placas tectónicas políticas de Israel llevan decenas de años chocando ruidosamente. Por eso la última agitación tiene ecos de los acontecimientos de mediados de la década de 1990. Fue entonces cuando un gobierno minoritario, dirigido por un veterano comandante militar de la guerra de 1948, Yitzhak Rabin, intentó que se aprobara la legislación que apoyaba los acuerdos de Oslo.
El argumento de venta era que los acuerdos constituían un "proceso de paz". Se insinuaba -aunque sólo eso- que los palestinos podrían conseguir algún día, si se portaban bien, un Estado dividido, desmilitarizado y diminuto cuyas fronteras, espacio aéreo y espectro electromagnético estuvieran controlados por Israel. Al final, ni siquiera eso se materializó.
La actual agitación en Israel puede entenderse como un asunto pendiente de aquella época.
La crisis de Oslo no tenía que ver con la paz, como tampoco las protestas de esta semana tienen que ver con la democracia. En cada ocasión, estas posturas morales sirvieron para ocultar el verdadero juego de poder.
La violenta guerra cultural desatada por los acuerdos de Oslo condujo finalmente al asesinato de Rabin. Netanyahu, sobre todo, fue el actor principal entonces, como lo es ahora, aunque hace 30 años estaba al otro lado de las barricadas, como líder de la oposición.
Él y la derecha eran los que decían ser víctimas de un Rabin autoritario. Las pancartas de las manifestaciones de la derecha mostraban incluso al primer ministro con uniforme de las SS nazis.
El viento político de cola soplaba ya entonces con tanta fuerza a favor de la derecha religiosa que el asesinato de Rabin no debilitó a los opositores de Oslo, sino a sus partidarios. Netanyahu no tardó en llegar al poder y vaciar los acuerdos de sus ya limitadas ambiciones.
Pero si el estamento laico de la seguridad se llevó un buen susto durante la escaramuza de Oslo, la advenediza derecha religiosa tampoco pudo asestarle un golpe de gracia. Una década más tarde, en 2005, se verían obligados por Ariel Sharon, un general al que consideraban un aliado, a retirarse de Gaza.
Desde entonces no han dejado de luchar.
A la espera del momento oportuno
Durante el levantamiento palestino de gran parte de la década de 2000, tras el fracaso de Oslo, el estamento militar y de seguridad volvió a hacer valer su primacía. Mientras los palestinos fueran una "amenaza para la seguridad", y mientras el ejército israelí salvara la situación, el gobierno de los generales no podría verse cuestionado seriamente. La derecha religiosa tuvo que esperar su momento.
Pero las circunstancias actuales son diferentes. Netanyahu, en el poder durante la mayor parte de los últimos catorce años, tenía un incentivo para evitar inflamar demasiado la guerra cultural: su supresión servía a sus intereses personales.
Sus gobiernos eran una mezcla incómoda: se sentaban representantes de la clase dirigente laica -como los ex generales Ehud Barak y Moshe Yaalon- junto a fanáticos de la derecha de los colonos. Netanyahu era el pegamento que mantenía unido el desorden.
Pero Netanyahu lleva demasiado tiempo en el poder y ahora está demasiado manchado por la corrupción.
Al no haber nadie en el estamento de seguridad dispuesto a servir con él en el gobierno -ahora ni siquiera Gallant, según parece- Netanyahu sólo puede contar con la derecha teocrática de los colonos como aliados fiables, con figuras como Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.
Netanyahu ya le ha otorgado a ambos un margen de maniobra sin precedentes para desafiar la gestión tradicional de la ocupación por parte de las fuerzas de seguridad.
Como ministro de Policía, Ben-Gvir dirige la Policía de Fronteras, una unidad paramilitar desplegada en los territorios ocupados. Esta semana puede empezar a crear sus milicias de la "Guardia Nacional" contra la gran minoría palestina que vive dentro de Israel, así como contra los manifestantes "prodemocracia". Sin duda se asegurará de reclutar a los matones colonos más violentos para ambas.
Mientras tanto, Smotrich controla la llamada Administración Civil, el gobierno militar que impone privilegios de apartheid a los colonos judíos sobre los palestinos nativos. También financia los asentamientos desde su cargo de ministro de Finanzas.
Ambos quieren que la expansión de los asentamientos se lleve a cabo de forma más agresiva y sin excusas. Y consideran que el estamento militar es demasiado cobarde, demasiado deferente hacia las preocupaciones diplomáticas como para ser capaz de actuar con suficiente celo.
Ni Ben-Gvir ni Smotrich estarán satisfechos hasta que hayan eliminado el único obstáculo importante para una nueva era de tiranía sin restricciones de los colonos religiosos: el Tribunal Supremo.
Gobierno teocrático
Si los palestinos -incluso los ciudadanos palestinos de Israel- fueran las únicas víctimas de la "revisión judicial", apenas habría movimientos de protesta. Los manifestantes actualmente enfurecidos por la "brutalidad" de Netanyahu y su asalto a la democracia se habrían quedado en su mayoría en casa.
La dificultad estriba en que, para promover sus intereses personales -mantenerse en el poder-, Netanyahu también tiene que promover la agenda más general de la derecha religiosa contra el Tribunal Supremo. Y esto no sólo atañe a los Territorios ocupados, o a la prohibición incluso de los partidos árabes en Israel, sino también a las cuestiones sociales judías internas más tensas de Israel.
Puede que el Tribunal Supremo no sea un gran baluarte contra el abuso de los palestinos, pero ha sido un límite eficaz a una tiranía religiosa que se apodera de la vida israelí a medida que las variedades de dogmatismo religioso se hacen cada vez más mayoritarias.
El error de Netanyahu al tratar de debilitar el Tribunal fue empujar a demasiados agentes judíos poderosos al mismo tiempo a un desafío abierto: el ejército, la comunidad de alta tecnología, el sector empresarial, el mundo académico y las clases medias.
Pero el poder del extremismo religioso judío no va a desaparecer, ni tampoco la batalla por el Tribunal Supremo. La derecha religiosa se reagrupará a la espera de un momento más favorable para atacar.
El destino de Netanyahu es otra cuestión. Debe encontrar la manera de reactivar rápidamente la reforma judicial si no quiere que su joven gobierno se derrumbe.
Si no lo consigue, su único recurso es buscar de nuevo un acuerdo con los generales, apelando a su sentido de la responsabilidad nacional y a la necesidad de unidad para evitar una guerra civil.
En cualquier caso, no será la democracia la que salga victoriosa.
Fuente: Information Clearing House, 30 de marzo de 2023
Amir Makhoul: "La Guardia Nacional de Ben Gvir tomará como blanco a los palestinos en Israel". Entrevista
Dos palestinos resultaron muertos el lunes en Nablús durante una incursión del ejército israelí. Mohammed Al Qoutuni y Mohammed Abu Baker Al Junaidi, dos combatientes, fueron alcanzados al parecer por disparos de francotiradores.
Al Junaidi había sido uno de los fundadores del grupo armado Cubil del León. Mientras tanto, la familia de Mohammed Al Osaibi, un joven de 26 años de Hura (Négev), recién salido de la facultad de medicina en Alemania, y que murió hace unos días a manos de la policía en la Ciudad Vieja de Jerusalén, sigue denunciando su asesinato.
La policía israelí afirma que se encontró ADN de Al Osaibi en la ametralladora de un agente, lo que supuestamente prueba su intención de apoderarse del arma de un policía. Sin embargo, extrañamente, no hay ninguna grabación del incidente, a pesar de que tuvo lugar en la Ciudad Vieja, un lugar que se encuentra bajo vigilancia constante.
Los palestinos de Israel llevan tiempo denunciando el aumento de la violencia policial, y contemplan con temor cómo el gobierno de Netanyahu aprobó el domingo la creación de la Guardia Nacional exigida por el ministro de Seguridad y líder político de extrema derecha Itamar Ben Gvir. Michele Giorgio, corresponsal de il manifesto, habla de estos acontecimientos con Amir Makhoul, periodista y analista afincado en Haifa.
¿Qué es lo que más le preocupa de la creación de la Guardia Nacional en los próximos meses?
Nos preocupa por varias razones; sin embargo, me gustaría subrayar que los problemas no empezaron con el ministro Itamar Ben Gvir y no terminarán si Ben Gvir deja de ocupar el puesto que ahora ocupa en el gobierno. La Guardia Nacional va a ser un gran problema para nosotros, pero la cuestión central es la relación entre el Estado de Israel y su minoría no judía, que, me gustaría subrayar, representa más del 20 % de la población del país. La discriminación a la que nos enfrentamos es obvia, y a partir de 2018 se ha afianzado en una Constitución que proclama a Israel como Estado que sólo pertenece a la nación judía. Además, en el pasado fuimos sometidos a un duro régimen militar (1948-66), a pesar de ser ciudadanos. Y ahora tendremos a la Guardia Nacional a nuestras espaldas, que responderá sólo ante Itamar Ben Gvir, el más extremista de los ministros actuales.
Ben Gvir lo ha manifestado de modo explícito: la Guardia Nacional operará de modo predominante en las comunidades árabes de Israel.
No hay duda de las intenciones del ministro. La Guardia Nacional, dice, luchará contra los "delitos nacionalistas", que en lenguaje local significa actividades políticas palestinas. Ben Gvir habla de terrorismo y delincuencia, pero su Guardia Nacional atacará a los palestinos en Israel siempre que intenten expresar sus opiniones, su identidad. Y (Ben Gvir) tendrá libertad para hacer lo que le plazca. El hecho de que Netanyahu, para apuntalar la mayoría de derechas [sacudida por las protestas contra su reforma judicial], accediera a establecer esta milicia exigida por Ben Gvir nos dice que el ministro de Seguridad tiene el control del gobierno.
Dicen que esta nueva Guardia Nacional actuará especialmente en el desierto del Néguev, donde numerosas comunidades beduinas no reconocidas por el Estado se niegan a ser reubicadas en municipios.
Probablemente. Para las comunidades beduinas y árabes en general, la Guardia Nacional engrosará las filas de los peligrosos grupos informales ya existentes. Así, por ejemplo, los activistas de Otzma Yehudit (Poder Judío, el partido dirigido por Ben Gvir) y otros militantes de extrema derecha ya actúan como vigilantes en el Négev, en Bat Yam, Jaffa, Lod y en los asentamientos mixtos donde conviven israelíes judíos y árabes. Es posible que estos extremistas queden absorbidos en las nuevas fuerzas de seguridad. A estas alturas ya sabemos cómo funcionan la policía y el Shin Bet (inteligencia interior, pero probablemente descubramos por las malas cómo va a funcionar la Guardia Nacional. Peor aún, existe la posibilidad de que en el futuro el Ejército también se despliegue en pueblos árabes. La derecha lleva años exigiéndolo, sobre todo desde 2021, desde los sucesos de Sheikh Jarrah [cuando la amenaza de desalojo de 28 familias palestinas de ese barrio de Jerusalén Este desencadenó violentos enfrentamientos entre judíos y árabes en todo Israel]. No olvidemos que en el pasado se produjeron masacres cada vez que ocurría algo así, como en Kufr Qassem (octubre de 1956).
¿Teme que la Guardia Nacional prohíba las conmemoraciones palestinas del Día de la Nakba (15 de mayo) y del Día de la Tierra (30 de marzo)?
Esto ya está ocurriendo, en bastantes casos, incluso sin la milicia que Itamar Ben Gvir ha logrado para sí. A estas alturas ya se considera delito grave ondear la bandera palestina y la policía interviene para impedirlo. No se puede más que imaginar lo que ocurrirá cuando esté la Guardia Nacional. Tememos no disponer de suficiente protección contra los abusos y la violencia de quienes no nos considerarán ciudadanos, sino enemigos a los que hay que combatir por todos los medios. Las expulsiones y desalojos forzosos podrían convertirse en algo cotidiano.
Fuente: il manifesto global, 5 de abril de 2023
Orly Noy: Israel necesita una nueva democracia basada en la igualdad para todos. Entrevista
El domingo por la noche, cientos de miles de israelíes celebraron concentraciones y marchas multitudinarias en Tel Aviv y otras 180 ciudades y pueblos contra el proyecto de reforma judicial que impulsa el gobierno de Netanyahu en la Knesset. A partir del lunes, planeaban provocar una "semana de parálisis" en el país. Michele Giorgio entrevista a Orly Noy, histórica activista por los derechos de los judíos mizrahim (de Oriente Medio). Noy ha lanzado un llamamiento en favor de una nueva democracia israelí, ya no sólo judía, sino de todos los ciudadanos.
En los próximos días, haciendo caso omiso de las protestas y tensiones, hasta en las fuerzas armadas, el gobierno de Netanyahu acelerará el proceso en la Knesset para que la reforma de la justicia se convierta en ley lo antes posible. ¿Qué ocurrirá después?
No lo sabemos. Es posible que el Tribunal Supremo, el órgano de control que figura como uno de los principales objetivos de la mayoría, no dé su aprobación a las nuevas leyes. El Ministro de Justicia ya ha amenazado a los jueces. "No se atrevan a rechazar la reforma", ha advertido. Si lo hacen, ¿qué ocurrirá? ¿Tendremos dos fuentes de autoridad en el país, el Gobierno y el Tribunal Supremo? Juristas y expertos no tienen una respuesta clara a estas preguntas.
En el centro de este enfrentamiento están el Tribunal Supremo y la autonomía de los jueces. Pero también hay un aspecto del que se habla poco. La reforma pretende dar más peso al papel de los tribunales rabínicos, religiosos.
Este es un punto clave que las protestas abordan sólo en pequeña medida. La ampliación de la jurisdicción de los tribunales rabínicos será demoledora, especialmente para las mujeres socialmente más débiles, como las mujeres mizrahi. Dará más poder a los hombres. Ahora los hombres ya pueden extorsionar con condiciones favorables en los casos de divorcio ante jueces religiosos que (basándose en la ley religiosa judía) no garantizan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Muchas mujeres renuncian a sus derechos para obtener el divorcio, renuncian incluso a la custodia de sus hijos para separarse de maridos maltratadores. Tras la reforma, todo irá a peor.
También se prevén cambios en la educación.
Los gobernantes pretenden privatizar el sistema educativo, lo cual tendrá consecuencias negativas, sobre todo para las comunidades que se mantienen al margen, como los palestinos (ciudadanos de Israel) y los judíos etíopes. Al final, esto ampliará la brecha educativa entre los niños de familias acomodadas y los de rentas bajas, y entre judíos y árabes en general.
Hace unos días, el diario Haaretz declaraba que la protesta masiva contra Netanyahu es algo muy importante, pero al mismo tiempo se trata de la protesta de los privilegiados, destacando la ausencia en las calles de la minoría árabe-palestina, así como de los judíos etíopes y algunos mizrahim.
Quienes protestan son los que consideran aceptable la llamada democracia judía y desearían volver a la situación anterior a la llegada al poder de la extrema derecha. ¿Por qué los palestinos (de Israel) no participan en las protestas? Para responder a esta pregunta, basta con observar las propias marchas: un mar de banderas israelíes que hacen ondear cientos de sionistas convencidos, cierto que alineados contra Netanyahu, pero fuertemente nacionalistas. Es un mundo al que la minoría árabe [21% de la población total] siente que no pertenece. Las personalidades a las que los organizadores de las protestas invitan a hablar en los mítines son casi siempre ex altos oficiales de las FDI [Fuerzas de Defensa Israelíes] y ex jefes de policía que se describen a sí mismos como los verdaderos patriotas defensores del Israel judío y democrático. Entre los oradores figuran personas como el ex jefe del Estado Mayor Benny Gantz, que dedicó su vida a luchar contra los palestinos. No olvidemos que el Tribunal Supremo aprobó la ley que proclama a Israel Estado de la nación judía, no de todos sus ciudadanos. Como resultado, la comunidad árabe no se siente implicada en la protesta contra Netanyahu, aunque saben que este gobierno de extrema derecha les golpeará duramente.
Del mismo modo, los judíos etíopes se mantienen alejados de las calles. Están en contra de Netanyahu y son conscientes de que la independencia del poder judicial significa protección para ellos. Pero recuerdan que el Tribunal Supremo guardó silencio ante una violencia policial sin precedentes contra su comunidad, del mismo modo que el Tribunal Supremo se abstuvo de intervenir en contra de la expulsión de tantas familias judías mizrahi pobres de Kfar Shalem, Givat Amal y otras zonas sometidas a una despiadada gentrificación destinada a facilitar inversiones inmobiliarias a gran escala. Estas y otras comunidades marginadas exigen verdadera justicia, democracia de verdad, igualdad de veras, no el viejo orden.
¿Qué tipo de democracia propone el Colectivo Cívico Mizrahi, del que usted forma parte?
Somos un grupo de activistas horrorizados ante la revolución que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu. Al mismo tiempo, no creemos en la democracia israelí que los manifestantes alaban en las calles. Creemos que la lucha contra la discriminación [de los judíos asquenazíes, de ascendencia europea] que sigue asolando a los judíos de origen de Oriente Medio debe sumarse a la de los palestinos de Israel y los Territorios. Pedimos una nueva democracia que incluya a todos sin excepción, desde los ciudadanos árabes a los judíos etíopes, los mizrahim pobres y también los trabajadores inmigrantes, en un plano de total igualdad y de justicia social y económica. Pedimos el fin inmediato de la ocupación militar de los Territorios y que los palestinos disfruten de todos sus derechos como pueblo y como individuos. Este es el Israel del futuro que queremos.
Fuente: il manifesto, 29 de marzo de 2023
(*) Richard Falk es catedrático emérito de Derecho Internacional Albert G. Milbank de la Universidad de Princeton, catedrático de Derecho Global de la Universidad Queen Mary de Londres e investigador asociado del Centro Orfalea de Estudios Globales de la UCSB.
(*) Jonathan Cook, periodista británico y único corresponsal extranjero residente en Nazaret (desde 2001), ha sido distinguido por organizaciones de medios como Project Censored y con galardones como el Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Sus artículos han aparecido en publicaciones como The Guardian, The Observer, The Times, The New Statesman, The International Herald Tribune, Le Monde diplomatique. Counterpunch y Electronic Intifada.
(*) Amir Makhoul, activista radicado en Haifa, ha sido director de Ittijah, la Coordinadora de Organizaciones Palestinas de Base de Palestina.
(*) Orly Noy, activista hebrea de origen iraní, directiva de B´Tselem, el Centro de Información Israelí sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados miembro del Colectivo Cívico Mizrahi y de la Coalición Mujeres por la Paz, es también colaboradora de medios como Ha´aretz, Ynet o Walla , y presentadora en la radio Kol Ha Shalom.
Fuente: www.sinpermiso.info, 9-4-2023
Traducción: Lucas Antón
