3.4.23
Francia: Una reforma de las pensiones carente de legitimidad. Dossier
Por Roger Martelli, Jean-Luc Mélenchon, Christian Mahieux (*)
Emmanuel Macron y Élisabeth Borne alaban la legalidad del "proceso democrático". Pero, ¿qué vale esta legalidad si ya nadie le concede legitimidad?
Roger Martelli
Si nos atenemos al texto de la Constitución, la decisión del gobierno de recurrir a su artículo 49.3 es perfectamente legal. En el espíritu de los constituyentes de 1958, formaba parte de los instrumentos que permitían al ejecutivo mantener la coherencia de su política a largo plazo. Por lo tanto, era la consecuencia directa de una convicción: en el equilibrio de poderes, el gobierno debía prevalecer sobre el Parlamento. Esta era, se explicaba entonces, la condición necesaria para la solidez de las instituciones democráticas. Su estabilidad se basaba así en dos pilares: la preponderancia del Presidente -es "la piedra angular de las instituciones", afirmó el principal inspirador de la redacción constitucional, Michel Debré- y el principio mayoritario de la votación uninominal a dos vueltas. Una mayoría sólida en la Asamblea y poderes presidenciales consolidados: así se debía acabar con la imagen de inestabilidad inherente a las instituciones de la Tercera y Cuarta República.
El sistema funcionó durante mucho tiempo. De 1962 a 1986, el Presidente de la República pudo confiar en una mayoría absoluta en la Asamblea, a costa de algunos compromisos, fricciones e incluso algunas disoluciones (1962, 1968, 1981). Año tras año, la mayoría presidencial y la mayoría legislativa se superponían, en beneficio, sobre todo, del ejecutivo.
Todo cambió en 1986, con la elección de una mayoría de derecha, menos de cinco años después de la llegada al Elíseo de François Mitterrand. Fue el momento de las "alternancias", a favor de la derecha (1986, 1993), luego de la izquierda (1997): las mayorías presidenciales y legislativas acostumbraron a disociarse. La ambigüedad y las tensiones que resultaron de este desequilibrio dejaron un sabor amargo en el escenario político y en amplios sectores de la opinión. En el otoño de 2000, el gobierno de Lionel Jospin decidió modificar la Constitución: los mandatos presidenciales y legislativos se fijaron en cinco años y se estableció que las elecciones legislativas serían inmediatamente después de las presidenciales, la más estructurante para el sistema político. Teóricamente, se suponía que el nuevo dispositivo permitiría al ejecutivo tener una mayoría sólida durante cinco años. Sin contar las crisis políticas.
El presidente sin pueblo
Con el tumultuoso episodio de la reforma de las pensiones, llegamos así al final de una lógica presidencialista iniciada en 1958. Con la era Macron, una decisión gubernamental puede tener contra ella una abrumadora mayoría de la opinión, todo el mundo sindical y potencialmente una mayoría de los diputados elegidos por sufragio universal directo. Formalmente, la Constitución le da derecho a no tener en cuenta esta discordancia: durante cinco años, un ejecutivo puede gobernar en contra de la opinión de quienes le han concedido su voto. Después de su enésimo 49.3, la Primera Ministra aboga por "la finalización del proceso democrático". Un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pero... sin el pueblo: podemos preguntarnos si no es la propia democracia la que se encuentra "apuntillada" por esta paradoja.
Porque si la ley es la ley, su legalidad no le confiere automáticamente los atributos de la legitimidad. Un Parlamento puede decidir una ley y un ejecutivo puede obligarle a decidir indirectamente, sin votar una moción de censura. Pero si la ley aparece con tal evidencia contraria a las expectativas del pueblo soberano, acaba por no tener una legitimidad que, desde 1789, se basa en la soberanía de los ciudadanos. Ciertamente se puede decir que, cuando una ley es ilegítima, el principio democrático permite a los ciudadanos levantarse contra ella y negarse a obedecerla. Pero, para llevar la lógica hasta el final, el horizonte puede ser el de la guerra civil, total o larvada. En países como el nuestro, donde el estado no tiene nada de evanescente - la Francia de 2023 no es ni la Rusia de 1917, ni la China de 1949, ni la Cuba de 1958 - nadie tiene interés en esa perspectiva. En cualquier caso, especialmente no los dominados. En el juego del enfrentamiento, cuya violencia puede llegar hasta las armas, corren el riesgo de salir perdedores: tienen la fuerza del número, pero el número solo se impone si se institucionaliza en una fuerza política aliada.
Es decir, la cuestión debe permanecer en la política, para que se selle el consentimiento popular más amplio posible. En lo inmediato, el apaciguamiento está en las únicas manos del ejecutivo: en el mejor de los casos, renuncia a la propia ley; como mínimo, renuncia a su aplicación. Si persiste en su determinación, sus opositores podrán cultivar obstinadamente el rechazo mayoritario expresado por la población. Para ello, se basarán en el arsenal de medios legales disponibles. El recurso al Consejo Constitucional es el más inmediato (fue presentado por la izquierda, con argumentos sólidos para justificar la censura constitucional). En cuanto a la batalla por un referéndum de iniciativa compartida, pone en el centro de atención la única forma democrática de resolver una crisis en última instancia: la decisión ciudadana directa. Pero podemos convencernos fácilmente de que no podemos dejarlo ahí.
¿Un país ingobernable?
Si la indignación es inmensa, puede desembocar, por supuesto, tanto en lo mejor como en lo peor. El bloqueo actual es, de hecho, solo la manifestación concentrada de una crisis política que combina la pérdida de confianza en el voto y la división del electorado en al menos tres grandes bloques, ninguno de los cuales es mayoritario. Hasta ahora, las mayorías se basaban en la movilización más o menos grande de la derecha y la izquierda. La división original no ha desaparecido y sigue estructurando la distribución de los votos. Pero ha perdido su sentido popular y, por lo tanto, ha perdido su fuerza propulsora: ocupando alternativamente el poder durante casi cuarenta años, la derecha y la izquierda llamadas "de gobierno" han fracasado y, por lo tanto, han erosionado la dinámica de movilización de cada polo.
El problema es que, en este juego, la que más sufrió fue la izquierda, que se mantiene alrededor del 30%, y la extrema derecha la que obtuvo los mayores beneficios. Hay que volver a dar sentido a la división refundándola sobre bases contemporáneas: el principal desafío está ahí. Hubo un tiempo en que la gran esperanza de la "República Democrática y Social" dio sentido a la indignación, conectaba la lucha social y la lucha política, entremezclaba el movimiento social y la izquierda política, reunía en "pueblo" a las categorías populares dispersas. Hoy en día, el macronismo oficial y la extrema derecha "desdiabolizada" encarnan proyectos bien identificados. La izquierda, por su parte, ciertamente mantiene una base sólida y tiene propuestas sólidas; sin embargo, su proyecto aún no tiene la evidencia y la fuerza propulsora que antes articulaban su dinamismo. De repente, estas "multitudes", que desprecia Emmanuel Macron cuando ya son una "multitud" que lucha, no logran, como en la época de la izquierda expansiva, constituirse en un pueblo plenamente consciente de su fuerza y su derecho. La historia no ha terminado, como puede haberse dicho, pero duda y la extrema derecha de exclusión, marginada durante mucho tiempo, está ahí para intentar sacar las castañas del fuego.
La causa de la crisis no está en las instituciones... Sin embargo, tiene una dimensión institucional: la crisis política se prolonga ahora en una crisis abierta de régimen. Sin embargo, es poco probable que su resultado progresista se imponga si las fuerzas críticas no aparecen en este punto como fermentos alternativos. La izquierda puede asumir esta función, en torno a un proyecto cuya ambición podría ser a la vez hacer llegar la Sexta República de una larga historia constitucional francesa y abrir el camino a una nueva era democrática. Todavía es necesario que esta izquierda se imponga como protagonista activo del inevitable debate constitucional.
A lo largo de los años, sus organizaciones han acumulado propuestas para una gran recuperación democrática. Su ambición debe ser mucho más que un capítulo de programa entre otros. El nuevo episodio de la crisis sugiere que se percibe cada vez más como una dimensión estructurante de un proyecto global de emancipación.
http://www.regards.fr/actu/article/retraites-quand-la-legalite-n-est-plu...
La etapa de la censura popular
Jean-LucMelénchon
Esto es lo que escribe Le Figaro: "El presidente habló en el Elíseo con el ministro del Interior, GéraldDarmanin, para hacer un balance de los incidentes. Y para señalar a un responsable: el líder de los insumisos. "Toda la historia que vivimos en este momento ha sido reflexionada y escrita por Jean-LucMélenchon, asegura alguien cercano al jefe de Estado. Desde el principio, ha hecho todo lo posible para que no haya votación en la Asamblea Nacional. Es el bombero pirómano que provoca el recurso al 49.3 para denunciar el recurso al 49.3. A continuación, sus tropas han tomado el relevo en la calle para provocar el caos".
Es decir, el desfase del personaje presidencial, su lado absolutista por encima de todo. Como si el movimiento social no existiera, ni la intersindical, ni la NUPES. Solo un pulso personal. Con "las tropas". Es absurdo. Pero lo menciono para ayudar a quien me lee a entender mejor contra quién luchamos y cómo lo hacemos.
Sí, lo admito: los insumisos siempre hemos estado decididos a ganar la batalla contra la jubilación a los 64 años. Las razones son amplias y profundas. Esta reforma marca una época, un régimen, un momento de la historia. Para liderar esta batalla actuamos calculando maduramente en cada etapa lo que estábamos haciendo, con todas las discusiones que esto plantea necesariamente.
Pero no estamos librando tal batalla, en un país tan central como Francia, sin un análisis profundo del momento, de los medios que ofrece, de las dificultades que conlleva. Mantener una estrecha articulación entre la acción parlamentaria y el movimiento social es algo nuevo para nosotros, la "izquierda radical". Y este es un caso único en el mundo, observado por todos.
Mi análisis desde la noche de la primera vuelta de las elecciones presidenciales es que el segundo mandato de Macron comenzaría con una crisis de legitimidad. Sería elegido por defecto y esto se notaría más que la primera vez. La tesis se verificó en la primera vuelta de las elecciones legislativas, perdida por Macron contra nosotros, la NUPES; luego en la segunda vuelta contra todos. Una batalla que ganamos comenzando entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales, incluso antes del resultado, la víspera del debate Macron/Le Pen. Por lo tanto, una victoria muy política, cuya onda de choque llegaría lejos.
Esta crisis de legitimidad es el talón de Aquiles del régimen. Porque Francia es una vieja democracia. El régimen de la monarquía presidencial tampoco se mantiene sin que el vínculo con el pueblo se renueve regularmente, incluso si es por los muy cuestionables métodos plebiscitarios. De Gaulle lo sabía cuando renunció después de un referéndum perdido sobre una oscura reforma del Senado.
Desde las elecciones presidenciales, Macron solo tenía una salida por arriba por su falta de legitimidad: darse los medios para ampliar su posición construyendo una mayoría parlamentaria. Todo dependía del acuerdo con LR. Punto final. Pero en este sentido fue una gran apuesta, al precio de cualquier cosa, non-stop. No solo el texto que permitió la confluencia en este proyecto de reforma de las pensiones no se presentó junto con LR, sino que, a lo largo de su recorrido parlamentario, el método seguido fue una mera sucesión de trucos.
Y esto hasta la votación bloqueada en el Senado y luego los insultos y amenazas en la víspera de la votación en la Asamblea y el mismo día en la tribuna por una grotesca AuroreBergé. Finalmente, "Los Republicanos" (LR) saben con qué ácido serán disueltos si por casualidad se arriesgan a dejarse meter en la probeta. Así que es demasiado tarde. La maniobra se ha vuelto imposible. Pradié ganó su apuesta. Construirá un nuevo polo y Le Pen se equivoca al creer que lo digerirá más rápido que Macron. Cuando llegue el momento, si conduce bien su barco, Le Pen servirá de refuerzo.
El principal resultado de la votación de la moción de censura no es que se salve el gobierno Borne, sino que no decidiera nada. Sin embargo, lo que se ha buscado desde el principio es una salida al conflicto, ¿verdad? Macron contaba con pasar a la fuerza. El movimiento social y la NUPES le cortaron uno tras otro todos los medios de este equilibrio de poder. Un simple trabajo de alerta y denuncia. Había que desnudar la brutalidad e ilegitimidad de los procedimientos utilizados en la etapa parlamentaria. Por su parte, la unidad sindical lo privaba de cualquier compromiso con el movimiento social.
El recurso al 49.3 ya era la constatación de que el texto no contaba con una mayoría parlamentaria. Ciertamente. Pero la constatación fue más profunda. Muchos comentaristas no lo han visto. Y Borne podría haber esperado a la votación de la moción de rechazo presentada por Mathilde Panot al comienzo de la sesión. Pero la "macronia" no dispone todavia del derecho de votar por otros. ¡Al utilizar el 49.3 antes de esta votación, Borne confesó que conocía que había una mayoría contraria al texto , dispuesta a rechazarlo con una simple votación! Eso es lo que tenía que evitar.
Por lo tanto, el miedo reinaba en la "macronia". Solo Macron carecía de la información al comienzo del viaje. Los que lo empujaban a votar habían tomado la decisión de resolver el problema, haciéndole perder "con elegancia". Sabían que ganar un voto de censura también podría conducir al estancamiento en el que Macron se encuentra ahora. Y que podría haber sido peor, porque por 9 votos es realmente por poco, por muy poco.
Y hasta el último momento los diputados de LR e incluso "Modem" (Bayrou) o "Horizons" (ÉdouardPhillipe) dudaron. Se puede pensar que su entente, ya muy debilitada, seguirá erosionándose. No puedo resistir el placer de recordar que al comienzo de la maniobra el objetivo de los macronistas era dividir la NUPES. Pero no se rompió ni una sola vez. Por otro lado, la macronia está desgarrada entre sus diversas tribus.
Sin embargo, el voto de la moción de censura estaba destinado a desatar la tensión con un solo gesto. La votación debía devolver la legitimidad parlamentaria al campo presidencial, que la había perdido en la primera lectura en la Asamblea. Se necesitaban dos condiciones: una disminución de la actividad del movimiento social y una firme mayoría parlamentaria. No se produjo ninguna de los dos. Por el contrario, la vía parlamentaria ha sido un despliegue de debilidad y la huelga se ha extendido. La última esperanza de los macronistas para encontrar legitimidad fue este voto. Pero nueve voces de diferencia envían una lamentable señal exactamente inversa.
Por lo tanto, nada está decidido, nadie se ha rendido ni pide un compromiso. Ni la macronia arrogante en la tribuna y agresiva en los medios de comunicación. Ni el movimiento social. El fracaso de la ocupación policial en Fos, la sorprendente imagen de empleados y ciudadanos avanzando mientras los CRS retrocedían, ha dejado grabado en el mármol audiovisual este momento. Ha dado una señal clara al día siguiente de la votación.
Lo resumimos el día anterior: después de la censura parlamentaria, la censura popular. Este es el problema de estos días. Tenemos un fuerte punto de apoyo, ya que los sindicatos unidos han convocado a la huelga y a las protestas el jueves 23 de marzo. Este día se cruzará un nuevo umbral.
En un conflicto abierto, son las condiciones necesarias para el desenlace las que cuentan. A medida que el conflicto se generaliza, a medida que se extiende el número y los sectores que se implican, el número de posibles salidas se reduce y el tamaño del desague necesario para agotar las energías acumuladas se amplía. Estamos ahí. Pero Macron no tiene ningún medio de acción excepto que se pudra la situación. Macron ha sacado a la calle la cuestión de la retirada de su ley que nadie quiere. Ahora es el movimiento social el que lidera la acción y nuestro deber absoluto es ponernos a su servicio.
Es poco, es arriesgado y es indeleble en la memoria colectiva de quienes tendrán que sufrirlo. En cuanto a nosotros, insumisos, el paso de la "censura parlamentaria" a la "censura popular" es una simple transferencia de personal de un frente a otro. Porque, en el terreno, los activistas insumisos ya están presentes. No sólo en la juventud, no sólo en las manifestaciones, sino también en la huelga y la lucha sindical están presentes, en todas partes.
Por lo tanto, nuestros diputados insumisos se repartirán entre los diferentes puestos de combate donde son indispensables. Quien los vio en la noche del 20 de marzo ir de una comisaría a otra en las guardias sabe que nada los detiene. El estilo elegido por los insumisos se confirma: fuertemente implicados en la acción, y fuertemente comprometidos en el Parlamento. Los miles de grupos de acción insumisos están todos movilizados en todas las regiones. Las colectas de la caja de huelga y las remesas de cheques continúan, igual que las recogidas de alimentos y ahora la participación en el apoyo a los piquetes y los cortes.
No hemos elegido la etapa de la censura popular. Fue Macron quien la abrió cerrando todas las demás vías de resolución del conflicto. Mathilde Panot resumió bien el discurso presidencial y el de sus medios: "si explicas que hacer huelga no sirve de nada ya que hay cierres de fábricas, que manifestarse no sirve de nada, que elegir parlamentarios ya no sirve de nada, ¿cuál es el mensaje?".
La censura popular es la negativa a ceder a la fuerza, el rechazo de la violación de la democracia parlamentaria, la condena de reducir el conflicto a una pelea personal entre el presidente y el opositor de su elección, con el argumento de que éste le hace frente.
https://melenchon.fr/2023/03/21/letape-de-la-censure-populaire/
Reforma de las pensiones, huelgas y manifestaciones
Christian Mahieux
El primer día de huelgas y manifestaciones fue el 19 de enero. Más de dos meses. Ganar lo más rápidamente posible es, por supuesto, el objetivo de todos y todas los que entran en confrontación directa con los defensores del orden capitalista: gobierno, patronal, dirección de empresas, etc. Pero todo el mundo era también consciente del calendario propio de este proyecto de ley y del marco en el que se inscribía: su examen en la Asamblea Nacional [diputados] y en el Senado, las vacaciones escolares y universitarias de febrero, la necesidad de construir un movimiento amplio para oponerse al mismo.
El 7 de marzo, en su llamado, la intersindical (CFDT / CGT / FO / CGC / CFTC / UNSA / Solidaires /FSU) se fijó el objetivo de "paralizar Francia". En la tarde de ese día, el mensaje de las mismas organizaciones interprofesionales nacionales fue muy claro: "[la intersindical] apoya e incita a todos los sectores profesionales a continuar y a ampliar el movimiento". A diferencia de lo ocurrido durante movimientos similares en el último cuarto de siglo, esta vez, la intersindical no fue en absoluto un freno; les guste o no a algunos comentaristas "radicales" pero no huelguistas, o a algunos "revolucionarios" cuyo propio sector no se destaca por el número de huelguistas. Al contrario, su resistencia a largo plazo es un elemento determinante en el nivel de movilización. Esto se observa, naturalmente, en las manifestaciones, pero también en las huelgas, como en el caso de la SNCF [ferrocarriles] donde, desde el 7 de marzo, los ferroviarios renuevan la huelga, convocados por las cuatro federaciones CGT, UNSA, SUD-Rail [Solidaires], CFDT. Con las diferencias relativas a la implantación sindical, ocurre más o menos lo mismo en las otras profesiones, donde hay huelgas masivas a escala nacional. La unidad es también muy visible en las diferentes acciones decididas localmente a través de todo el país: distribución de volantes en las entradas de las empresas o en lugares públicos, bloqueo de peajes, rotondas o carreteras, apoyo a las ocupaciones de centros de producción, etc. Existe una relación dialéctica entre el mantenimiento de la intersindical nacional a lo largo del tiempo y las consignas planteadas por cada una de las fuerzas sindicales. El efecto sobre la realidad -y eso es lo que cuenta- se refleja en el alto nivel de la movilización social.
La movilización social
La movilización es a la vez excepcional e insuficiente. Excepcional por el número de manifestantes, por su duración, por la revuelta popular reactivada por la elección gubernamental de "pasar a la fuerza" en la Asamblea Nacional, y también por el hecho de que las huelgas afectan desde hace dos meses a numerosas empresas privadas en diversos sectores profesionales. Insuficiente, porque, como venimos diciendo desde el principio, "las manifestaciones no bastan"; sin embargo, éste sigue siendo el modo de acción preferido por muchos. Bloquear la economía, parar los medios de producción, es decir, ir a la huelga, sigue siendo difícil de generalizar, a largo plazo por supuesto, pero incluso durante las "jornadas nacionales". Las razones son bien conocidas. En primer lugar, las insuficiencias sindicales en términos de organización interprofesional local. Esto se debe al antisindicalismo militante de la patronal (ausencia de derechos en las empresas más pequeñas, cuestionamiento de los derechos en las demás, desviación a través de "instituciones" representativas del personal cada vez más institucionales y cada vez menos representativas, represión antisindical en todas partes). Pero también se debe a las opciones de los propios sindicatos: cuando se quiere cambiar radicalmente la sociedad y se piensa que la huelga general es la forma de hacerlo, no se puede marginalizar la dimensión interprofesional del sindicalismo en la actividad cotidiana
Si esta constatación es necesaria para avanzar, también lo es la necesidad de reiterar el poderoso carácter de este movimiento de masas. Sin volver sobre las enormes manifestaciones en el conjunto de los territorios, hay que señalar los bloqueos, las concentraciones, que continúan desde el 7 de marzo. No remplazan a la huelga, porque tienen un efecto más débil sobre la economía, sobre la producción y, por lo tanto, sobre los beneficios de los capitalistas. Pero sí ponen en acción, juntos, a equipos sindicales de CGT, Solidaires, FSU, incluso FO o CFDT [estas dos últimas, más conciliadoras, Réd.] de cada ciudad, de los mismos barrios de las grandes ciudades; son iniciativas sindicales que reúnen a cientos, a veces miles, de participantes. A corto plazo, esto refuerza la confianza popular en el movimiento y en las organizaciones sindicales que lo organizan; a largo plazo, crea una dinámica positiva para el movimiento sindical.
La crisis de su "democracia" burguesa
Resumamos el episodio anterior con una breve cita: "Durante unas semanas, la 'representación nacional' no ha hecho más que... una representación teatral; lo que no es de extrañar. La oposición intervino para retrasar la adopción del texto, el gobierno hizo lo propio para acelerar su validación. Cada grupo fingió sentirse ofendido por los medios utilizados por la otra parte: multiplicación de enmiendas, por un lado, voto bloqueado por el otro. No es más que el juego institucional normal, previsto por la Constitución de la V República francesa; esta república al servicio de la burguesía, construida sobre la masacre de los Comuneros de 1871." Siguiendo esta lógica, en lugar de someter su proyecto de ley a la votación de los diputados, y arriesgarse así a su rechazo, el presidente de la República optó por la aplicación del artículo 49-3 de la Constitución. Esto significa que el texto en cuestión se considera adoptado por defecto, a menos que una moción de censura sea votada en los días siguientes por la mayoría de los diputados. Hay, por supuesto, una nueva artimaña aritmética y democrática detrás de esta opción: mientras que la aprobación o el rechazo de una ley está determinada por una mayoría relativa (las abstenciones y las ausencias hacen que baje el umbral, basta con tener más votos "a favor" que "en contra"), la moción de censura que sigue a la aplicación del artículo 49-3 requiere una mayoría absoluta del número de diputados [presentes en el momento del voto o no. Red.]; en este caso 287. Eso barre, de hecho, con la necesidad de una mayoría sobre el texto: incapaz de reunir los votos que habría necesitado para que fuera aprobado, el gobierno le exigió a la oposición parlamentaria que reuniera 287 votos para rechazarlo mediante una moción de censura. Tal como estaba previsto, esta mayoría no se consiguió, con 278 votos (superior al número de votos que el gobierno habría obtenido en ocasión de la votación ordinaria del 16 de marzo).
Es necesario señalar que desde que existe el artículo 49-3, tanto los gobiernos llamados de izquierda como los de derecha lo han utilizado alegremente: antes de esta centésima edición, desde 1962 había habido 56 "49-3 de izquierda" y 33 "49-3 de derecha". Desde 1962, concretamente desde 1981, ningún gobierno integrado por las fuerzas de la izquierda, que tanto se rasga las vestiduras desde la decisión Macron/Borne del 16 de marzo, no esbozó siquiera una reforma destinada a suprimir esta modalidad constitucional. Pero el hecho es que la decisión del presidente de la República de recurrir a este método contribuyó a reavivar la revuelta en el país. De hecho, el 49-3 vino a coronar todo el proceso: plazos cortos para el examen del texto, votación bloqueada de todo el texto en el Senado y, sobre todo, mentiras descaradas desde la presentación del proyecto. El mejor ejemplo es el caso de la jubilación mínima de 1.200 euros para todos: las primeras declaraciones se referían a 2 millones de personas [beneficiarias], pero de desmentido en desmentido, el ministro de Trabajo llegó a la cifra de 10.000 al año. Otro ejemplo son los regímenes especiales de pensiones, que son la fuente de tantos males según el gobierno: ¡los regímenes escandalosamente ventajosos de los que gozan los parlamentarios no se ven afectados! Hay una exasperación democrática en el país, en primer lugar, entre los explotados del sistema capitalista. Y esto no es ajeno a lo que estaba en la base de gran parte del movimiento de los Chalecos amarillos, con el desprecio mostrado durante la crisis sanitaria del COVID, durante la cual el gobierno dijo y se desdijo alegremente.
Violencia policial
Desde el 16 de marzo, sobre todo, se vuelve a hablar de contenedores de basura quemados y de vidrios rotos. Por supuesto, en el periodo actual, no son éstos signos de radicalidad, si entendemos este término como la perspectiva de romper más rápidamente con el capitalismo. Pero la rabia es grande y está muy extendida; ¡tanto peor si arden unos cuantos contenedores de basura! "Dijimos varias veces que, al no sentirse escuchada, la gente tendría ganas de radicalizarse. Lo sentíamos venir, incluso entre nuestros militantes que no son anarquistas"[2]: ¡son palabras del presidente de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC)!
La utilización que hacen las autoridades de estos escasos hechos para hablar de "violencia" es inaceptable. ¡La violencia está en el hecho de que quieran hacer perder a millones de personas dos años de jubilación! También está en la represión policial, reforzada considerablemente en los últimos días. En París, la UnionDépartementaleSolidaires había declarado su intención de organizar una concentración ante la Asamblea Nacional el día de la votación. El día previo, ¡la prefectura de policía la prohibió! Fue necesario presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo para que la prohibición fuera levantada. Miles de personas se congregaron allí en cuanto se anunció el 49-3. Por la noche, ¡la policía detuvo a más de 200 manifestantes! Las manifestaciones, concentraciones y represión policial volvieron a repetirse en muchas ciudades en los días siguientes. En un comunicado de prensa del 20 de marzo titulado "La autoridad judicial no está al servicio de la represión del movimiento social", el Sindicato de la Magistratura resumía muy bien la situación: "La prohibición de la manifestación en la plaza de la Concordia de París, el 18 de marzo, se saldó con una multitud de detenciones policiales, sin ningún elemento que tipificara una infracción. De 292 detenciones, 283 fueron sobreseídas. Esta utilización abusiva de la detención policial ilustra los desmanes en el mantenimiento del orden [...]". El ejemplo citado se refiere a París, pero los mismos métodos - detenciones sin motivo y violencia policial - fueron utilizados en muchas otras ciudades.
Huelga por procuración, referéndum, Consejo constitucional
En términos de huelga nacional renovable, están la SNCF, las refinerías, el sector de la energía. Otros sectores participan también, pero no a nivel nacional (la limpieza, pero no bajo la forma de un movimiento reconducible). Ante las dificultades de prolongar la huelga, una parte de las fuerzas sociales trató de encontrar soluciones bajo otras formas. Se trata, en primer lugar, del retorno de la "huelga por procuración": la insistencia en los fondos solidarios de huelga en este tipo de periodo forma parte de esta estrategia. Si bien la constitución de tales herramientas, a largo plazo, es una necesidad para el movimiento sindical, no tiene sentido pretender pensar en ello cuando ya se ha iniciado un movimiento que queremos que sea general: aparte de los jubilados o las personas que están en el paro, ¿quién debería entonces aportar a los fondos de huelga, sino aquellos que deberían estar en huelga? La cuestión de la creación de verdaderos fondos solidarios de huelga es importante. Es una pena caricaturizarlos de esta manera.
La oposición parlamentaria presentó un recurso ante el Consejo constitucional; es posible que éste declare nulas algunas de sus disposiciones; ¿pero alguien puede creer que lo invalidará en su totalidad?
¿Y qué decir del referéndum de iniciativa compartida [RIP, por sus siglas en francés] para oponerse al aumento de la edad legal más allá de los 62 años? Tiene la ventaja de congelar la ley durante nueve meses; pero se necesitan 4,7 millones de firmas para validar el proceso. Un proceso que conduce a la convocatoria de un referéndum... a menos que el propio Parlamento examine la solicitud en un plazo de seis meses. Y vuelta a empezar.
La dimensión internacional
No sorprende que la dimensión internacional de lo que ocurre actualmente en Francia sea prácticamente ignorada por el movimiento social. Al igual que ocurre con la actividad interprofesional, es la consecuencia de la insuficiente importancia que se da al internacionalismo en el sindicalismo, a escala mundial. Las organizaciones sindicales reciben mensajes de apoyo de sus homólogas de otros países. Se han organizado algunas presencias internacionales en manifestaciones, como lo han hecho en varias ocasiones durante los últimos meses las organizaciones miembros de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas [3]. También se han llevado a cabo acciones transfronterizas. Esto es importante pero aún resulta demasiado simbólico. En Europa, y más allá, todas las poblaciones han sido objeto de los ataques capitalistas a las pensiones y jubilaciones; todas se ven confrontadas además a lo que está detrás de la cólera popular y que también está en el centro del movimiento actual en Francia: la propagación de la miseria, la precarización del empleo, la destrucción de los servicios públicos, la negación de la democracia y el desprecio de clase. Si observamos solamente los países geográficamente cercanos, hubo, o hay aún, huelgas importantes en Gran Bretaña, en el Estado español, en Grecia, en Bélgica, en Alemania, en Portugal; y la lista dista mucho de ser exhaustiva. Una de las claves de la victoria social es también la acción sindical internacional.
La lucha continúa. ¿Gracias a quién?
Gracias a los millones de personas que participan en las manifestaciones; si no hubiera sido por esos días de acción, la crisis política provocada por el rechazo masivo del proyecto de ley del gobierno no habría alcanzado tal magnitud. Esto es gracias a los huelguistas. Huelgas difíciles, huelgas insuficientes, pero huelgas que dejan claro que esta ley no podrá aplicarse por ahora, que el periodo de inestabilidad política institucional abre perspectivas, siempre que no nos encerremos en dichas instituciones. Próxima etapa, el jueves 23 de marzo: millones en las calles, una oportunidad para lanzar una huelga allí donde todavía no había podido hacerse. Es necesario: "Los ferroviarios llevamos una semana de huelga renovable. Lo mismo sucede en otros sectores. [...] La mejor manera de apoyar a los que están en huelga consiste en organizarla huelga allí donde ustedes trabajan. La mejor manera de ganar rápidamente es luchar juntos." Este llamamiento de los trabajadores ferroviarios [4] es del 10 de marzo.
El movimiento que empezó el 19 de enero es muy importante. Decenas de miles de personas han descubierto o redescubierto la utilidad, la necesidad, de organizarse dentro de su clase social, contra los capitalistas y sus representantes. Es un primer logro político que engendrará otros.
Notas:
1] Come los dos textos anteriores, éste es el resultado de intercambios con militantes de Solidaires y de la CGT, plenamente comprometidos con el movimiento actual. Gracias a ellas y a ellos.
2] Le Monde 20-3- 2023.
3] www.laboursolidarity.org
4] Llamado de la federación de sindicatos de SUD-Rail.*
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http://alencontre.org/, 22-3-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa
(*) Roger Martelli es historiador. Antiguo dirigente del PCF, actualmente co-preside la Fundación Copernico y es co-director de la revista Regards.
(*) Jean-Luc Mélenchon. Antiguo militante del PS hasta 2008, ministro de Formación Profesional en el gobierno Jospin (2000-2002), fundador y diputado de La Francia Insumisa (LFI), principal coalición de la oposición de izquierdas (NUPES) a Macron.
(*) Christian Mahieux, ferroviario jubilado, sindicalista SUD-Rail [Union syndicale Solidaires], miembro activo de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas, miembro de los colectivos de redacción de Cerises la coopérative, La Révolution prolétarienne, Les utopiques, coopera también con éditions Syllepse.
Fuente: Varias
Traducción: Correspondencia de Prensa Enrique García
