19.12.22

Nicaragua: represión contra la izquierda y los movimientos sociales. Dossier

Por Octavio Enríquez, Raúl Zibechi, Redacción de "Confidencial"  (*)

Fabrican caso exprés contra Guisella Ortega y otros dos reos políticos

Octavio Enríquez

Los acusan por "conspiración" y "noticias falsas"

La tormenta contra la catedrática y opositora Guisella Elizabeth Ortega Cerón, de 34 años, empezó cuando la Policía la encontró el pasado 24 de noviembre con su bebé de dos años. Se la llevaron detenida de manera arbitraria y sobrevino un guion repetido con otros presos políticos: la separación familiar, una acusación sin imaginación, un fiscal diligente y un juez dispuesto a acoger las fabricaciones judiciales incluso en fin de semana.

Los delitos imputados a Ortega Cerón, quien ha sido asediada por la dictadura desde 2018, fueron "provocación", "proposición" y "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y propagación de "noticias falsas", de acuerdo con el expediente del caso registrado bajo el número 025521-orm4-2022-PN.

Según un reportaje publicado el 24 de octubre pasado por CONFIDENCIAL, la dictadura había condenado a 45 nicaragüenses por "conspiración" y "noticias falsas" hasta esa fecha -con penas que oscilaron entre siete y trece años de prisión-. Entre las víctimas se encuentran los siete precandidatos presidenciales que fueron encarcelados en la escalada previa a las votaciones de 2021 cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron sin garantías democráticas.

Si algo evidencia la documentación del caso de la profesora, sin embargo, es la celeridad con que se coordinan las autoridades del sistema de justicia cuando sientan en el banquillo a los reos de conciencia. "La verdad es que los 235 reos políticos en Nicaragua son inocentes. Ellos no han cometido delitos", comentó un abogado independiente, quien pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato.

Contra la profesora actuó el fiscal Sandro Efraín Peña Urbina, quien formuló los cargos en un documento de siete páginas a las 8:23 de la mañana del sábado 26 de noviembre, dos días después de la detención. También acusó a la sobrina de la catedrática, Heidi Walkiria Ortega, y a Francisco Hernaldo Vásquez Delgado.

Juez represor está a cargo del "proceso"

Ese mismo sábado, a las 9:18 de la mañana, el juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, quien tiene antecedentes persiguiendo a otros presos políticos, celebró la audiencia preliminar. Cuando el reloj marcó las 9:35 de la mañana, es decir 17 minutos después del inicio, ya había dictado prisión contra los procesados, luego de admitir la acusación en una sesión en el juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua.

Sanarrusia es uno de los 23 operadores judiciales de la dictadura, sancionados por Estados Unidos el pasado 15 de julio, a quienes señalaron de socavar las instituciones democráticas y ejercer discrecionalmente el procedimiento legal para presentar cargos falsos contra opositores nicaragüenses.

Los procesados fueron representados por un defensor público. Se trata de abogados que el Estado pone a disposición de aquellos procesados que no tienen defensa. Durante meses, ha sido cuestionada también, porque ellos terminan actuando a favor de los intereses de los fiscales y jueces del régimen.

En la primera audiencia, sin embargo, el defensor explicó que no había suficiente claridad en los hechos, ni una "individualización" que permita conocer cómo participó la profesora, su sobrina y el señor Vásquez en la trama del fiscal.

Guisella Elizabeth Ortega Cerón

"En el penúltimo párrafo refiere que los acusados organizaron planes en contra del Gobierno, pero no detallan los planes, de qué manera se iban a concretar, todo esto tiene que detallarse en caso de que se admita", explicó el defensor público. Sin embargo, luego de escuchada a las partes, el juez prosiguió con el proceso y dictó cárcel contra los acusados, fijando audiencia inicial para el martes seis de diciembre a las 9:00 a. m.

Sin embargo, según lo que trascendió en los medios de comunicación, la catedrática Ortega, conocida como "Taylor", fue procesada supuestamente porque la Policía la vincula a impresiones de stickers con los colores de la bandera de Nicaragua que son vistos como subversivos por el régimen desde 2018, cuando el Estado reprimió con brutalidad a opositores.

Su sobrina es la propietaria de "Multiservicios Ortega" y Hernández-el tercer acusado-de Copynic, esta última la compañía que alquilaba impresoras y fotocopiadoras a la primera para que pudiese realizar su trabajo, según explicó el portal independiente Artículo 66.

CENIDH denuncia procesos "machoteros"

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), este tipo de juicios exprés, fabricados por el Estado, los suele llamar "machoteros" en referencia a la palabra machote que en el lenguaje jurídico se refiere a los documentos que los abogados del Estado ya tienen hechos y solo cambian los nombres de los acusados y las fechas de los hechos para intentar darle sin éxito verosimilitud a la fabricación.

"Si vos te fijás, toditas las acusaciones que presenta la Fiscalía. Independientemente de las circunstancias y las personas siempre son los mismos delitos: conspiración o menoscabo a la integridad nacional. También lo de ciberdelitos, ellos como que tienen un delito, quizás lo que cambia son los inventos individuales para justificar, pero en realidad no tienen imaginación. Dan la impresión como que toda Nicaragua estuviera coludida realizando la misma acción. Ellos están reprimiendo y trabajan con un borrador de acusación preestablecido para criminalizar a la gente", explicó la Vilma Núñez, presidenta del CENIDH.

Núñez añadió que al único de los presos políticos que le han imputado un delito distinto fue al sociólogo Oscar René Vargas, a quien además de acusarlo por propagación de noticias falsas y conspiración, le formularon otro cargo: rebelión. En ninguno de los casos, según la jurista, tienen bases para eso y lo que persiguen es "aumentarle la pena y criminalizarlo más que al resto".

"Si al resto, le han dado de siete a trece años. Cuidado a Oscar René (Vargas) le van a querer dar 30 años. O no sé cuántos años, esa es la intención", afirmó la defensora de derechos humanos, quien considera que todos estos hechos demuestran la instrumentalización del Poder Judicial para reprimir.

Vargas fue detenido cuando se encontraba en la casa de su hermana en Bolonia, a quien llegó a visitar porque ella está delicada de salud. A pesar de los delitos atribuidos, el sociólogo en realidad es castigado por sus críticas al régimen de Ortega y por la criminalización de su labor como pensador, divulgada en su blog y en medios de comunicación independientes (ver 1 y 2).

El sociólogo se desempeñó como asesor de la Dirección Nacional del FSLN en los años ochenta, es economista e historiador y había denunciado hasta su captura la grave crisis que atraviesa al país desde el punto de vista económico, social y político y la responsabilidad del orteguismo en la misma y en la migración forzada de miles de nicaragüenses.

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Cinco años del clamor por una "Navidad sin presos políticos"

Redacción de "Confidencial"

Doce presos políticos pasarán su quinta Navidad en prisión, mientras el régimen acumula cada vez más reos de conciencia en sus cárceles

Familiares de presos políticos y organizaciones de excarcelados lanzaron por quinto año consecutivo la campaña "Navidad sin Presos Políticos" en demanda de su libertad, en un año que el régimen orteguista agravó la persecución y el acoso contra sus familias y aumentó el número de prisioneros a 235; la cifra más alta desde 2018, cuando estalló la rebelión ciudadana reprimida con violencia por paramilitares y la Policía de la dictadura.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta noviembre de 2022 se contabilizan oficialmente 235 reos de conciencia en las diferentes cárceles del Sistema Penitenciario Nacional y delegaciones policiales.

Sin embargo, fácilmente esta cifra podría ascender hasta 250 personas secuestradas de forma arbitraria. Esto porque muchas familias aún no han autorizado al Mecanismo que incluya a su reo de conciencia en la lista que actualizan mensualmente. Las personas no pierden la esperanza que sus reos políticos sean liberados, si mantienen el caso en completo anonimato, explicó Ivania Álvarez, miembro del Observatorio Urnas Abiertas.

Con la Rebelión Cívica de 2018, el régimen orteguista recetó muerte y cárcel a la ciudadanía que salió a las calles a protestar por un cambio de sistema político. Ortega llenó las bartolinas del país con 674 reos de conciencia, en su mayoría, acusados de terrorismo.

Ese año se promovió la primera campaña "Navidad sin presos políticos", que fue respaldada por la ciudadanía, comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil, en solidaridad con las familias que soportaban el encierro injusto de su ser querido.

Con la polémica Ley de Amnistía, promovida por el orteguismo en 2019, la mayoría de los reos fueron excarcelados, pero hubo quienes permanecieron en prisión; entre estos, 12 reos de conciencia que este año pasarán su quinta navidad en condiciones inhumanas.

En ese mismo año, el 30 de diciembre el régimen orteguista liberó 91 presos de conciencia, incluida Álvarez, quien había sido apresada junto a un grupo de activistas en Masaya, cuando intentaban llevar agua a madres de presos políticos que habían quedado cercadas por la Policía dentro de la parroquia San Miguel, cuando iniciaban una huelga de hambre en demanda de la liberación de los presos políticos.

En diciembre de 2020 el régimen liberó tan solo a tres presos políticos. Sin embargo, durante los dos últimos años se ha encargado de acumular más reos de conciencia, imponiendo varias escaladas represivas, que han alcanzado a la Iglesia católica, con once religiosos detenidos,- dos de ellos condenados- incluido el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, en casa por cárcel desde hace casi cuatro meses.

2022: el peor año para los presos políticos

Ivania Álvarez explica que Nicaragua llega a una quinta Navidad en uno de los años "más crudo y violento en temas de presos políticos, con una nueva modalidad, que es la persecución a la familia. Estamos clarísimos que ni en tiempo de -la dictadura de Anastasio- Somoza si buscaban a alguien, buscaban a esa persona, y ahora, al no encontrar el objetivo se llevan a su hijo, su esposa, su yerno, a su hermano, y eso muestra el grado de crueldad que tiene esta dictadura", expresó.

Esta quinta campaña no tiene tanto impulso como la de los primeros años, considera Álvarez, debido a la criminalización de cualquier actividad que se promueva a favor de los presos políticos, el exilio de defensores de derechos humanos y familiares de reos de conciencia y el bloqueo, cierre y censura de los medios de comunicación independientes.

El nivel represivo ha escalado tanto, que cada vez más los parientes de encarcelados han tenido que huir de Nicaragua, y quienes se quedan, temen hablar con medios de comunicación. Si lo hacen, solicitan que no se nombre a su familiar.

Especialistas en derechos humanos han advertido que Ortega ha extendido las torturas de los presos a sus familiares, obligándolos a desnudarse y hacer sentadillas, como ocurrió en la última visita a los reos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote.

El defensor de DD. HH., Gonzalo Carrión, recuerda que hasta 2020, los parientes de reos de conciencia hablaban abiertamente sobre las violaciones contra sus reos de conciencia, pero no estaba "esa lógica de la intensidad del terror incluyendo a los familiares que reclaman la libertad, y esto ahora se mira", expresó.

Para Carrión el hecho que durante cinco años se mantenga la misma demanda de una Navidad sin reos de conciencia, confirma que el país sigue "bajo un sistema represivo, que impone un estado policíaco y de terror".

"11 Navidades con presos políticos en Nicaragua"

Allan Gómez, miembro de la Unión Nacional de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), explicó que desde el 1 de diciembre empezaron la campaña denominada "11 navidades con presos políticos en Nicaragua", en reconocimiento a diez personas condenadas antes del estallido social de 2018, considerados por el Mecanismo como reos de conciencia.

La principal demanda es la libertad de los 235 prisioneros políticos, en un mes dedicado a la unidad familiar. "Estamos a merced de que suceda un milagro como los familiares lo piden, y que se logre la libertad de sus familiares", expresó Gómez.

"Nos une el espíritu de lucha por seguir elevando en una sola voz el grito de justicia y libertad sin condiciones de todas las personas prisioneras políticas", se lee en un comunicado en conjunto de UPPN y la Organización de Víctimas de Abril (OVA).

Regularizar visitas en El Chipote

Álvarez recuerda que en 2019 tuvieron una visita especial para compartir con sus parientes en Navidad en El Chipote, la misma cárcel que el régimen ha convertido en un centro de torturas, y donde están recluidos más de una treintena de presos políticos, incluidos aspirantes presidenciales, liderazgos de la sociedad civil y sacerdotes.

Este grupo de presos políticos permanece aislados, incomunicados, sin atención médica especializada y sometidos a raciones de hambre, reflejado en sus cuerpos extremadamente delgados, la palidez de su piel y el envejecimiento prematuro. En 16 meses de prisión, sus familiares los han visto durante once ocasiones; la última ocurrió tras 84 días de zozobra.

"Es bien desesperanzador para los presos, que en momentos de unión familiar sea incrementada la violencia, la tortura y yo no estoy esperando que cambie", dice Álvarez. Por eso considera necesario mayor presión nacional e internacional en demanda de la liberación de los reos de conciencia, y que mientras estén encerrados les regulen sus visitas y les permitan un encuentro especial durante estas fechas decembrinas. Los reos políticos en la actualidad "están en indefensión total", añadió.

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Defensores de derechos humanos señalan "política de exterminio" en Nicaragua

Redacción Confidencial

En el Día Internacional de los Derechos Humanos defensores nicaragüenses advierten que 2022 ha sido "el año de mayor sufrimiento" en Nicaragua, después de 2018. Aseguran que los nicaragüenses "hemos perdido nuestra condición de ciudadanos", "nuestras vidas están condicionadas por el miedo" y "lo único" que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha logrado superar son los 355 asesinatos que fueron cometidos durante la represión a las protestas masivas de hace cuatro años.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, valoró que la represión en 2022 ha sido "especialmente cruel". Situación por la que considera que "ya no se puede hablar de violaciones sistemáticas de derechos humanos sino de una política de exterminio", puesto que los zarpazos del régimen van "en contra de todo y de todos".

Las violaciones a los derechos humanos han superado lo sucedido en años anteriores. "Quizá lo único que (el régimen) no ha logrado superar son los 355 asesinatos. Eso no significa que la gente no se siga muriendo. La gente que se ahoga cruzando el Río Bravo, la gente a la que matan mientras huyen del país hacia Costa Rica, eso tiene una causa y es precisamente la persecución", subrayó Núñez.

Para Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, 2022 es sin duda "el año de mayor sufrimiento" después de 2018 y es también el año en que "el régimen de Ortega se ratifica como perpetrador de crímenes de lesa humanidad".

"Tenemos un patrón sistemático y masivo de prácticas de torturas que estamos viendo con los presos políticos". "Este es el año de secuestros de familiares de disidentes políticos, eso es inaceptable", comentó el defensor de derechos humanos.

"No queda reducto de ciudadanía visible"

A juicio de Arce, en este año el régimen de Ortega logró consolidar su estado policial de facto, "ese estado de terror, de miedo, que inmoviliza a la ciudadanía, a la disidencia política". Los nicaragüenses "hemos terminado de perder nuestra condición de ciudadanos y el régimen ha consolidado ese estado de terror que ha aplastado o aniquilado los derechos ciudadanos", subrayó.

El defensor de derechos humanos recordó que el régimen pasó de prohibir toda clase de protesta ciudadana a cerrar decenas de medios de comunicación, a perseguir a la Iglesia católica y a cancelar más de 3000 organizaciones de la sociedad civil solamente en este año. "No queda en Nicaragua reducto de ciudadanía visible, nos han mandado a que ejerzamos nuestros derechos en la clandestinidad", apuntó.

Para la presidenta del Cenidh, la persecución a la libertad de expresión tuvo su clímax este año 2022. "Ya habíamos visto la confiscación de CONFIDENCIAL y 100% Noticias, pero nunca habíamos visto que un periódico entero como La Prensa haya tenido que sacar al exilio a todos sus redactores".

Por otro lado, el "haber tomado como rehenes a familiares solo porque no pudieron capturar a la persona que andaban buscando es el colmo y tuvieron el descaro de decirles 'no tenemos nada contra vos, pero mientras no se presente tu pariente no te dejemos en libertad' y ahora los están procesando", denunció Núñez.

Nicaragüenses víctimas del miedo

Tanto Núñez como Arce reconocen que actualmente el miedo se ha apoderado de la ciudadanía nicaragüense. Todas las instituciones del Estado "están en función de la represión" y el estado policial de facto "se ha consolidado".

"Todo nuestro quehacer, hasta nuestro pensar y actuar están condicionadas por la voluntad de esta gente (los dictadores). Aunque uno no quisiera acordarse de ellos, inmediatamente que no podés hacer algo, inmediatamente que no podés disponer de tu voluntad para conducirte a una actividad, inmediatamente pensás en ellos, como la imagen omnipresente y perversa que afecta la vida cotidiana de la gente", describió Núñez.

Por su parte, Arce precisó que a pesar de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua "mucha gente no denuncia por miedo a que ataquen a sus familiares". Ese patrón de daño también "tiene como objetivo neutralizar (a la disidencia), llevar a la gente a pensar que si siguen hablando en el exilio van a dañar a sus familiares en Nicaragua, por lo que mejor se quedan callados". "Ese es el objetivo", apuntó Arce.

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(*) Octavio Enríquez . Corresponsal de política de "Confidencial" de Nicaragua.Redacción de "Confidencial" 

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Fuente: Varias