5.12.22

Un cambio grave en la calidad de la democracia

Por Esteban Valenti (*)

Hay un consenso creciente en el mundo académico y en amplios sectores políticos de que la democracia está en crisis a nivel global.

 

Fuertes impulsos de partidos políticos antidemocráticos, grandes manifestaciones en Brasil pidiendo a los militares que intervengan para anular las elecciones, los camioneros en Chile volviendo a sus viejas andanzas antidemocráticas, Italia gobernada por un partido neo-fascista declarado, gobiernos de ultra derecha en varios países de Europa, Rusia donde se consolida, en un clima de guerra un gobierno autoritario, en Estados Unidos Donald Trump que vuelve a sus aventuras electorales, Irán donde hay elecciones pero el régimen es profundamente antidemocrático y represivo y para culminar el Campeonato Mundial de Fútbol se realiza en un pequeño reino autocrático y represivo, Catar. Podríamos seguir con ejemplos, en Filipinas y situaciones diversas en Asia. No solo se trata de hechos políticos, sino también ideológicos, de un fuerte debilitamiento de la política y de la democracia, como concepto, como principios.

Hay muchos y diversos factores de época que han contribuido a esta crisis, en nuestro país desde el punto de vista institucional no existen aparentemente grandes problemas, pero es porque hemos incorporado como algo natural una situación extremadamente grave: la corrupción del poder.

La corrupción tuvo un fuerte impacto en América Latina y produjo cambios muy importantes, ahora tenemos un cuadro muy complejo en el Uruguay.

Cuando la corrupción del poder se transforma en algo relativamente aceptable y comprensible en una sociedad, están dadas todas las condiciones para una profunda degradación de la democracia y una grave pérdida en la capacidad de pensar libremente, de actuar libremente y de convivir en una vida política y social adecuada y realmente democrática.

La corrupción se ha instalado en Uruguay en niveles que desconocíamos y la reacción de la sociedad en su conjunta es totalmente desproporcionada a esa gravedad.

No es un solo episodio, pero con el caso Astesiano alcanzaría para determinar la gravedad. Es un prontuario al más alto nivel del poder, la Presidencia de la República, varios ministerios, autoridades policiales que alcanzaría para prender todas las alarmas. Y las alarmas no quiere decir gritar, sumar episodios tras episodios de ese escándalo de proporciones desconocidas, es que el Estado y la sociedad uruguaya reaccionemos. La fiscalía con la adecuada asistencia de la policía, los jueces, el parlamento, los partidos políticos, la prensa, la sociedad civil, los intelectuales.

¿Qué razón puede disminuir la gravedad si desde una oficina de la Torre Ejecutiva se dirigía una red criminal que entregaba pasaportes con documentación de base falsa, que organizaba reuniones con representantes de otros países al más alto nivel, cobrara y distribuía coimas por la compra de equipamientos varios, realizara vigilancia privada paga con la estructura del Estado (red de cámaras del Ministerio del Interior e interceptaciones telefónicas y de comunicaciones, vehículos de presidencia), estaba al corriente de información clave sobre el funcionamiento de la Presidencia, traficaba con "pescado congelado" enviado por valija diplomática con cobertura presidencial a nombre del Presidente de la República? Y las informaciones que seguirán apareciendo sobre el accionar del jefe de la custodia presidencial, que de acuerdo a las normas legales que determinan su poder y su capacidad de influir en organismos del Estado e incluso en empresas privadas es enorme (1)

Una red de delincuentes que utilizaba a Astesiano para recoger información personal sobre dos Senadores de la República, Carrera y Bergara, por encargo de una empresa norteamericana, con un militar retirado como representante en Uruguay y que sin lugar a dudas actuaba a pedido de los belgas de Katoen Natie, para utilizar esa información como elemento de coacción y extorción sumándose a la estrategia desplegada por un senador blanco, Gandini y la constante ofensiva en la prensa de la banda belga.

¿Alguien con la más frondosa imaginación podía en algún momento imaginarse que algo semejante sucedería en Uruguay? Lo dudo.  

Si este fuera el único caso ya sería suficiente para marcar la gravedad de la corrupción que funcionó en la Torre Ejecutiva, desde nada menos que la jefatura de la seguridad presidencial. Pero no es lo único. Porque la suma de casos, no es una casualidad, es una señal inequívoca de un clima de corrupción enquistado muy profundo. Una de las peores cosas cuando se trata de corrupción es ser cobardes, es no llamar las cosas por su nombre, mentir y mentirnos.

El caso del pasaporte entregado en mano en una prisión de Dubai al mayor capo de una red de narcotraficante de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset, que fue liberado y  tuvo la capacidad y la voluntad de ordenar y organizar el asesinato de un fiscal paraguayo en su luna de miel en Colombia, es otro caso de extrema gravedad y en el mismo rubro. Todo casi en simultáneo. ¿Nadie cree que al menos en dos ministerios tendría que haberse producido una caída generalizada de los máximos jerarcas?

Un detalle, que no es un detalle: ¿ustedes escucharon a nuestro presidente reaccionar indignado, tratar de traidor a su estrecho colaborador Alejandro Astesiano, en todas estas semanas? No lo hizo, lo ha tratado con guantes de seda. ¿Por qué? ¿Tiene dudas de que traicionó al país y supuestamente a él personalmente? ¿O Astesiano sabe demasiado? Algunos chats, como el del "pescado congelado" o el del "número 1" confirman plenamente que sabe muchísimo. Las peores hipótesis se están confirmando día a día, a pesar de la vergonzosa actitud de senadores blancos y del silencio cómplice de sus socios en la coalición. ¿Acaso la participación en el gobierno incluye la complicidad con cualquier cosa? Con la entrega del puerto por 60 años a los belgas, con la filtración de documentos de inteligencia a la prensa, que no son los mismos que se entregaron en el parlamento y con mentirle a la Justicia?

Y están todos los componentes de la corrupción, que no pueden actuarse sin la directa intervención del poder: dinero mal habido (coimas pagadas y cobradas), tráfico de influencias, falsificación de documentos, asociación para delinquir (lo que no sabemos hasta donde llegaba la asociación, pero al 4to piso de la Torre Ejecutiva llegaba seguro), espionaje a senadores de la república para una banda extranjera y el peor de todos: traición a la Patria.

Porque lo que hizo Astesiano fue además de ser un delincuente común durante años, traicionar a su país y no solo a la Presidencia.

Todo esto es gravísimo, y tiene una discreta cobertura de la prensa, algunos medios no tienen más remedio, es un mamut demasiado grande y peludo para tratar de ocultarlo, pero lo más preocupante es que una parte de la población - yo creo que mucho menor a lo que registran algunas encuestadoras - aceptan convivir con naturalidad con esta avalancha de la peor corrupción. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si cientos de miles de uruguayos justificaran la corrupción por el color de su partido?

Eso es lo más grave, es un cambio de calidad en la democracia y en la vida política de nuestro país y un proceso político y judicial nunca antes visto en el Uruguay.

Pasaríamos del país de la excepción en América Latina sobre el tema de la corrupción, a ocupar uno de los peores lugares, el de la insensibilidad por razones partidarias, ante casos gravísimos, como los que mencionamos anteriormente.

No se trata de esperar a que las urnas en el 2024 sancione también estas conductas, eso no fortalece la democracia, esa es una consecuencia lógica y natural, pero estamos hablando de otra cosa, previa, imprescindible: la condena, el repudio, la máxima alerta ciudadana ante este cúmulo de horrores de corrupción. Y la plena y transparente acción de la justicia.

Están dadas todas las condiciones para reclamar la renuncia del Presidente de la República, o de lo contrario y de acuerdo a los artículos 93 y 172 iniciarle un juicio político al Presidente. Y no me pongo a hacer cálculos sobre la composición de las Cámaras, que cada uno asuma sus responsabilidades ante esta gravísima situación.

En el Uruguay, como todo el mundo, hay derecha, centro e izquierda, a nuestro estilo y con nuestra evolución política e ideológica, pero eso no puede servir de ninguna manera para justificar la corrupción, la traición a la Patria, la asociación para delinquir al más alto nivel del poder o en sus alrededores más próximos, ni la complicidad de parte de los legisladores, de los partidos, de los dirigentes.

Tuvimos casos en el pasado - nunca de este nivel - y tuvimos fuerza y capacidad para que reaccionara todo el sistema político. Ahora no debemos permitir que la democracia retroceda gravemente por cálculos políticos partidarios. Eso es imperdonable.

La corrupción es uno de los peores enemigos de la democracia y del país. No sirve escudarse en esperar a que se pronuncie la justicia, los datos incuestionables y que ya son de conocimiento público son totalmente inaceptables y la postura política e institucional a adoptar ante la investidura presidencial, dependerá de su actitud, no de las maniobras diversivas de sus asesores en comunicación.

(1)   Decreto que establece los poderes del jefe de la seguridad presidencial: "Requerir en cualquier momento apoyos y recursos, tanto del sector público como del privado, para el correcto desempeño de sus cometidos. Las instituciones del sector público están obligadas a suministrar la colaboración directa, el apoyo o la información que le fuere solicitada, con la premura y/o las prioridades que el oficial a cargo o el médico jefe de la Seguridad Presidencial determinen. (...) Ser apoyados por personas contratadas o en comisión, para el desempeño de alguna actividad específica que asegure el logro de los cometidos a su cargo. (...) Disponer logística, a la que le compete tramitar, registrar y proveer los medios necesarios para el normal funcionamiento del servicio, tales como combustible, equipos de comunicaciones, alimentación. (...) Recabar información de cualquier agencia nacional o extranjera, referente a eventuales riesgos para la persona del presidente de la República, sus familiares directos, y cualquier otra persona que aquel determine. (...) Ejercer contralor de ingreso  a toda persona debidamente autorizada a los edificios de Presidencia de la República, las residencias, así como a los lugares en el Presidente de la República se encuentre temporalmente. (...) Ser el enlace directo de los comandos de las Direcciones Nacionales y Jefaturas del Ministerio del Interior, ante cualquier situación que se plantee y sea de su competencia".

 

(*) Esteban Valenti. Trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista, escritor, director de Bitácora (www.bitacora.com.uy) y Uypress (www.uypress.net), columnista en el portal de información Meer (www.meer.com/es), de Other News (www.other-news.info/noticias). Integrante desde 2005 de La Tertulia de los jueves, En Perspectiva (www.enperspectiva.net). Uruguay