10.10.22

Chile: soberanía alimentaria y debate constituyente desde las organizaciones campesinas (y II) b

Por Diego Ortolani Delfino (*)

Este trabajo es la continuación de la primera parte ya publicada en Sin Permiso.

- Además de lxs convencionales que mencionaste, ¿cuáles fueron los colectivos de convencionales con los que pudieron establecer alianzas más fructíferas? Y, descontando que los convencionales de derecha fueron el principal antagonista, en tanto representantes directos de las grandes corporaciones del agronegocio ¿cómo fue la relación con ese bloque que conformaron el FA, el Colectivo Socialista y los INN?

Bueno, nuestros claros aliados fueron los colectivos constituyentes conformados por los elegidos desde los movimientos y pueblos en lucha, Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), Coordinadora Plurinacional y Popular, y Movimientos Sociales Constituyentes, incluyendo dentro de ellos a los elegidos por los pueblos originarios. Contaban con unos saberes desde las luchas por abajo que no son los de la política institucionalizada. Los de pueblos originarios, a pesar incluso de que varios eran más bien de centro y algunos conservadores, fueron un apoyo irrestricto, esta agenda si la impulsaron a pleno y se advierte que están familiarizados con ella, porque proviene de la propia vida de sus comunidades, más allá de las ideologías; proviene de sus formas de vida y producción, ligadas directamente a la relación con la tierra, el agua y el mar, con las semillas y la producción de alimentos.

En los colectivos aliados igualmente tuvimos que lidiar con el paradigma urbano de muchos de los convencionales, incluso nos fue difícil establecer una confianza con quienes levantaban las cuestiones del animalismo y el veganismo, que veían un poco lo rural como tradiciones conservadoras, o porque tienen fuertes resguardos con respecto a la cría, pesca y consumo de animales. Nos costó mucho concientizarles, e incluso con los votos en contra de algunos de ellxs fue que logramos constitucionalizar en la propuesta el fomento de la agricultura familiar y campesina y la pesca artesanal.

Entonces, contando con la base de apoyo de este Bloque Popular (como se terminó llamando en la CC la coordinación entre estos colectivos), nuestro trabajo se abocó luego a tratar de sensibilizar a ese bloque del FA-PS-INN, que sabemos funcionó como bisagra y llave en las votaciones, una especie de centrismo que pretendió hegemonizar la CC en base a los 2/3 de quorum para las aprobaciones de normas, que ellos mismos habían impuesto desde el Acuerdo de Noviembre de 2019 entre los partidos parlamentarios. Tenían un poco el sartén por el mango de qué pasaba y qué no.

Logramos cierta evolución en sus posiciones en base a las conversaciones, porque pasaron de una oposición a un apoyo no total pero suficiente para poder plasmar las propuestas, al menos varias de ellas. Particularmente en el FA contábamos con algunos apoyos, Yarela Gómez, Jeniffer Mella, que son gente de regiones y que entraron como independientes en cupo FA; en el CS teníamos el apoyo de Ramona Reyes Painequeo, que fue alcaldesa de Paillaco, de origen mapuche y que tenía relación ya con ANAMURI, toda gente más sensibilizada con las ruralidades.

Pero hubo gente que tuvimos en contra, en el FA gente como Fernando Atria, Christian Viera, muchos abogados constitucionalistas, en el CS Max Hurtado, Andrés Cruz, Tomás Laibe, Ricardo Montero, Pedro Muñoz, aferrados a la concepción de una "Constitución Mínima" con pocas definiciones, de que una Constitución es un texto más "jurídico" que político-histórico. Varios de ellos no pusieron los votos para lograr estas materias, y tenían una actitud desagradable con respecto a las organizaciones y sus dirigentes cuando los abordaban. Los 2/3 muchas veces se lograron raspando de manera casi milagrosa. No eran partidarios para nada de un catálogo amplio de derechos, con un rechazo a que este era un proceso constituyente que debía ser protagonizado por los movimientos y las luchas populares, por el que tanto empujaron, y a qué costos.

- Si, saliéndonos un momento del tema, en realidad para los movimientos esta "Constitución Mínima", situándola aquí y ahora, tiene que ver con una concepción y una imagen de la democracia y de la lucha política que es liberal (y no hay liberalismo hoy que no sea neoliberalismo). Con toda la restricción que significa el liberalismo para la participación y los derechos populares. Si fuera por ellos todo debería seguir decidiéndose en estos Parlamentos aristocrático-oligárquicos que hemos tenido hasta ahora (y que vamos a seguir teniendo si no logramos desbordarlos). Así votaron en la CC en contra también de la mayoría de las nuevas instituciones de democracia participativa y directa propuestas por el Bloque Popular.

Absolutamente. Y quienes somos conscientes de las derivas de las luchas populares, teníamos y tenemos fuertes resquemores de que si no logramos plasmar con claridad las cuestiones en el texto, corremos el peligro de que incluso se interpreten en leyes posteriores de manera contraria.  Con el derecho a la alimentación, en la primera votación en la Comisión 3, tuvimos que llamar a rechazar, porque a pesar de que la norma base era la impulsada por nosotros, tuvimos la situación de que este bloque FA-PS maniobró para presentar una indicación a último momento (por el convencional PS Patricio Fernández Chadwick), que desnaturalizaba el texto de consenso cuya base era la Iniciativa Popular de Norma presentada por las organizaciones campesinas, con algunos retoques.

Se pasaba de un derecho a la alimentación sana y adecuada ligada a la soberanía alimentaria y a la AFC, a un texto que lo vinculaba a la seguridad alimentaria, que hablaba de "inocuidad", de "trazabilidad", que son conceptos que en general ha impuesto la industria agroalimentaria, y estándares que han servido en otros países para imponérselos a la AFC que terminan perjudicándola. Si tú tienes una producción de tomates obtenida en 2 hs que va a ser llevada a una feria local, no es necesario aplicarles estándares de trazabilidad. Además, "inocuidad" o "trazabilidad" son conceptos que debe seguir la industria agroalimentaria para hacerse cargo de los efectos negativos que provocan por su uso creciente de agrotóxicos, agroquímicos y aditivos. Entonces, constitucionalizar esto y dejar abierta esa puerta era grave. 

 

 

- Como pasó también con el tema del derecho a salud, donde el articulado original era muy bueno, consagrando un Sistema Nacional de Salud público y gratuito suficientemente financiado por el Estado, y a última hora el FA-PS logró introducirle y aprobar en el Pleno una indicación que abre la puerta para que "prestadores privados" puedan participar en ese SNS (pensando muy probablemente en la "industria de la salud").

Claro, fue una práctica sistemática de estos sectores en la Convención. Saben muñequear y en qué momento hacer las jugadas, tienen ese arte de pasar la máquina en el momento preciso. Tuvimos votos en contra de ellos en muchas ocasiones, y algunas materias las logramos a última hora, y pasándolas  de unas Comisiones a otras, donde la correlación fuera más favorable. Las cuestiones que logramos plasmar tuvieron votos en contra de estos sectores hasta los momentos finales. Fue muy desgastante para las organizaciones tener que estar convenciendo, sin lograrlo del todo, a sectores que podríamos haber pensado como aliados. Incluso, en la cuestión de las semillas tuvimos algunos votos favorables de la derecha, Luis Mayol, Ossandón, que vienen de sectores rurales (oligárquicos, pero con alguna sensibilidad en estas cuestiones).

- Bueno, más o menos vamos concluyendo lo relativo a la Convención. Volviendo a lo que vendrá luego del Plebiscito, nos relatabas que con respecto al Plan Siembra por Chile presentado por el Gobierno, no habían sido llamadas las organizaciones a participar en su concepción, diseño y puesta en práctica, y que ya ahí había una mirada crítica ¿Ha cambiado algo al respecto? Además, luego el Gobierno lanzó esta Comisión Nacional por la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, en el marco de la inflación constante del precio de los alimentos, la pronunciada alza de la canasta básica alimentaria, la reaparición del hambre ya mencionada. Ustedes, como organizaciones campesinas, ¿fueron llamadas a participar en la Comisión? Y en general, de nuevo, ¿qué valoración hacen de la viabilidad de estos programas?

Si, no habíamos sido llamadas a participar y en ese sentido la situación sigue igual y por lo tanto nuestra visión crítica permanece. De hecho, está habiendo ya cierto desencanto por parte de las organizaciones. Además, ha sido fuertemente recortado el presupuesto del INDAP. Entonces, el Programa Siembra por Chile está andando, se están entregando recursos, sobre todo crediticios, pero sin que lleguen tan claramente a la AFC y sus organizaciones.

De todas formas, existe otra instancia, el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, al que fue convocada por el Gobierno a presidirlo Francisca Rodriguez, una dirigente de ANAMURI. Ese fue valorado como un buen gesto, aunque no quita que hubieran esperado tener un rol protagónico en la Comisión, porque a soberanía y seguridad alimentaria es a lo que han dedicado los últimos 20 años o más. Siempre es un desafío para las organizaciones de base entrar a las instituciones estatales, para explorar si es un espacio desde el que se puede avanzar o no. Lo cual no sería un problema si un Gobierno está profundamente comprometido con los cambios estructurales que se exigen, cosa que está por verse y en entredicho.

En todas partes, y aquí tenemos la gran experiencia de los últimos 30 años con la Concertación, se corre el peligro de ser cooptadas por las burocracias estatales sin al final obtener mayores avances (y muchas veces más bien todo lo contrario, con la dilución de las luchas), es un riesgo. Es un proceso delicado donde tendremos que ver que no suceda lo mismo incluso con parte de los sectores que actuaron como Bloque Popular en la Convención. Con respecto a las organizaciones campesinas, hay que observar que no se transforme en que se pierda la brújula de todo ese rico proceso de articulación que se dio en torno al proceso constituyente.

Ahora, como dices, a aquella Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria fueron citados todos los sectores involucrados en la cadena agroalimentaria. Las organizaciones de la Coordinadora 28J cuentan con dos representantes. Nosotros como Corporación Mundo Rural no fuimos convocados, pese a que efectivamente tuvimos reuniones con los asesores del MinAgri y la Subsecretaría de Agricultura, y nos plantearon que nos convocarían. No es que nos arroguemos con soberbia un papel, sino que además de nuestra labor de articulación con las organizaciones campesinas, hemos cubierto un vacío en cuanto a estudios e investigación de las ruralidades que las instituciones públicas tienen bastante abandonado. El tema en fin es la representatividad y la pertinencia de esta Comisión. La participación de las organizaciones campesinas y de pescadores artesanales, siendo los responsables estos sectores de más del 50% de la producción y el abastecimiento alimentario del país, es minoritaria. Están los grandes agroexportadores, los grandes supermercados, La Vega Central (cuyos dirigentes han hecho campaña por el Rechazo), del matadero de Lo Valledor. La correlación de fuerzas en esa Comisión es desfavorable.

- Está bien, pero el Gobierno podría decir que no se trata de generarle correlaciones de fuerza favorables a ustedes, sino de garantizar la seguridad alimentaria en una coyuntura crítica.

Sí, pero quien se encarga de más de la mitad de esa seguridad alimentaria es la AFC, porque son quienes producen y distribuyen los alimentos que se consumen, incluyendo a las ferias libres de la ASOF. En lo atingente a soberanía y seguridad alimentaria, estos actores deben tener el mayor espacio y representatividad. Los grandes exportadores no necesariamente cumplen con el rol de abastecer al país, sobre todo en estos cultivos, cereales, legumbres, hortalizas y verduras. La pequeña y mediana producción agrícola es el actor estratégico con respecto a esas metas.

El fin de la Comisión es formular más bien planes de mediano y largo plazo. Tanto para eso como para lo inmediato, los apoyos y créditos deben ser redirigidos a la AFC primordialmente. Hasta ahora no ha habido mucho más que reuniones y anuncios generales. Y habiendo esa correlación al interior de la Comisión, desde el punto de vista de las organizaciones campesinas, no es claro el panorama.

- Cuando ustedes dicen que quisieran que el diálogo fuera fructífero, ¿cómo se traduciría, qué sería eso concretamente?

Justamente que se le diera más protagonismo a la AFC y a sus organizaciones (aún reconociendo que el grado de representación de las organizaciones no es total, si bien representan a decenas de miles de agricultorxscampesinxs). Lo que planteamos es que la AFC y sus organizaciones deben ser protagónicas, entendiendo que es una disputa también política entre modelos de agricultura y formas de concebir la producción y distribución de alimentos. Apoyo institucional integral para el sector. Y de involucramiento institucional en el fortalecimiento de la organización y coordinación de la AFC, eso es fundamental. Ahí no existe énfasis, y debe ser lo primero.

Nos parece que las limitaciones de este Gobierno se van a manifestar también este plano, por su apuesta más "moderada", de no confrontación con los grupos de poder del agro que son poderosos. A nivel de declaraciones e intenciones, del propio Ministro, parecen ser alentadoras, aunque incluso ha ido moderando el discurso del principio hasta ahora. La columna sobre los Cinco Desafíos  que sacó el Ministro en El Mostrador va moderando, va acomodando el discurso por ejemplo dándole más énfasis a la seguridad que a la soberanía alimentaria. De todas maneras hay que ver, y nos parece que el resultado del Plebiscito va a tener gran influencia, porque si ganara el Rechazo, toda esta "moderación" probablemente se verá fortalecida. Y al revés, si gana el Apruebo, nuestro piso político para disputar en el futuro será más alto.

 

- Finalmente, te pregunto si no les parece que hay una tensión entre, por un lado,  un discurso que apunta a una coexistencia de los paradigmas del gran agronegocio exportador y de la AFC, de una transición "suave" hacia la agroecología; y por otro lado la realidad de la feroz oposición del gran agronegocio a las transformaciones que implicaría la NC (incluido el tema de las aguas), la realidad histórica de la pérdida de áreas sembradas con cultivos orientados al consumo interno, la continuidad de la depredación extractivista y la explotación laboral rural hasta ahora, etc. El Gobierno también lanzó la iniciativa de los "Supermercados Populares", que en realidad parece insuficiente frente a la realidad alimentaria.

Bueno, esto de acercar las verduras y vegetales de descarte pero aún comestibles, de las ferias a los sectores de escasos recursos y comedores populares, CODEMA ya lo hace. Y la cuestión de posibilitar que la población vulnerable acceda a los productos a punto de vencer de los supermercados, se ve difícil que contribuya de modo importante a paliar la gran dificultad de acceso a los alimentos. Además, por último deberían involucrarse los actores que tienen capacidades a nivel local y territorial, como las mismas organizaciones campesinas y populares, las municipalidades, etc.

Por otra parte, en realidad quienes han tenido que moderar el discurso y hablar de coexistencia entre el gran agronegocio exportador y la AFC, han sido las organizaciones campesinas y los sectores que las acompañan (también hay que pensar que estamos en un período de campaña, y que ha existido toda esta campaña del terror de la oligarquía del agro hacia lxs pequeños campesinos buscando el Rechazo a la NC). La voluntad de este diálogo es de las organizaciones, y desde su ángulo del Gobierno, que se da en un marco constitucional positivo (de aprobarse), pero que ni siquiera apunta a desmontar el agronegocioextractivista sino a humanizarlo, y sí apunta a fortalecer la AFC, los derechos de las ruralidades, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. La voluntad de diálogo del gran empresariado del agro es muy relativa.

Ahora, en realidad, el discurso del Ministerio parece estar deslizándose a una cierta conciliación entre ambos paradigmas, cuando en la práctica sabemos que son paradigmas antagónicos que no pueden tener una convivencia de equilibrio, a no ser como transición de uno hacia otro.

- Pensando un símil, así como no pueden convivir tendencialmente las energías fósiles con las energías renovables ecológicas (si hablamos de restauración ecológica y combate a la crisis climática). 

Tal cual, porque el modelo del gran agronegocio lo que hace es empujar a la desaparición de la AFC, a la concentración creciente de las tierras, las aguas y las rentas, por no hablar de su incompatibilidad con la restauración ecológica. Es algo tangible. Del año 2007 que existían 250 mil pequeños productores, pasamos a 150 mil el año 2020. O en esas cifras de disminución de la superficie cultivada por cultivos orientados a la alimentación del pueblo, y de concentración de las tierras.

Uno entiende que en la posición de Gobierno deban hacer un cierto equilibrio. De hecho, como decía, fue algo presente también en la Convención, porque estos sectores del FA-Colectivo Socialista-INN abogaron por esa convivencia. Pero las organizaciones campesinas tienen muy claro que los modelos de producción y distribución agrícola que se han desenvuelto al alero de la seguridad alimentaria, son los que van en detrimento de la soberanía alimentaria, que han perjudicado a la producción y las formas de vida campesina en Chile y el mundo, que han contaminado y degradado los suelos y las aguas, que han conducido en una medida muy grande a la crisis climática-ecológica, y que en realidad generan inseguridad alimentaria.

El articulado que quedó nos deja mejor parados para luchar por la soberanía alimentaria, pero a condición de un fortalecimiento eventual en el marco de una coexistencia contradictoria, y que sin una transición futura más profunda es insuficiente. Y creo que las políticas del Gobierno van a ir en el sentido de hacer amigables modelos que en realidad son antagónicos. Lo que hace la propuesta constitucional por su lado (y a lo que apuntan esas políticas anunciadas por el actual Gobierno si se cumplieran sus mejores intenciones), es frenar la desaparición de la AFC, que es el producto de la hegemonía del gran agronegocio.

Ahora, luego hay otro paso que dar que es fortalecer muy seriamente la AFC y volverla el actor protagónico de la producción de alimentos en el país, lo reiteramos. Es el paso número 1 de toda transición, porque son quienes en la práctica pueden sostener una alimentación suficiente, accesible, sana y adecuada, con estándares mínimos de respeto por los ecosistemas y los derechos fundamentales de las personas, que hasta hoy día el agronegocio vulnera sistemáticamente. No sólo con sus trabajadores, sino también con las comunidades de sus entornos. Medio millón de personas tienen que abastecerse de agua con camiones aljibe, número que sólo crecerá si no cambia la situación de depredación de las aguas por la gran agricultura agroexportadora. Estos argumentos son fuertes como para dudar de la coexistencia. En una coalición de gobierno como ésta, tan limitada en sus posibilidades y voluntades, con tanto temor a la confrontación con los sectores de poder, se entiende que el Ministro deba apelar a esa moderación, más allá de cual sea su real posición personal.

Poniéndolo al revés: solo si lxsproductorxs de la AFC y sus organizaciones vieran que son convocadas realmente a participar en el diseño, la gestión y la puesta en práctica de estos programas; sólo si hubiera un re-direccionamiento de los recursos técnicos y financieros a fortalecer la AFC; solo si palparan una práctica real de colaboración en el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos campesinos, en tanto sujetos fundamentales de esa necesaria transición, solo entonces podrían sentir que estos programas y anuncios son más que declaraciones de buenas intenciones. Porque además el gran agronegocio ha recibido enormes cantidades de recursos públicos por más de 40 años (y los sigue recibiendo). La realidad de declaraciones que al final no se materializan en transformaciones, concretas y profundas, las organizaciones campesinas ya las han vivido un montón de veces.

 

(*) Diego Ortolani Delfino biólogo, investigador y activista de los movimientos sociales chilenos, ha participado en diversas organizaciones de lucha contra la impunidad, por la memoria histórica y en experiencias de investigación militante en Argentina y otros países de América Latina.

Fuente:www.sinpermiso.info, 30 de septiembre 2022