4.7.22

Ecuador: La movilización social acorrala a Lasso. Dossier (I)

Por Jaime Chuchuca Serrano,  Pablo Dávalos, Anahí Macaroff  (*)

La colonialidad del poder y la lucha de clases no ha cambiado su estructura.

Jaime Chuchuca Serrano

El escenario internacional y la economía ecuatoriana no son nada prometedores. Antes de la pandemia, la situación de pobreza provocó intensas movilizaciones que desembocaron en el Levantamiento Popular de octubre de 2019. Al poco tiempo, vendrían las movilizaciones de Chile, Colombia y el golpe de Estado en Bolivia. El Levantamiento de Ecuador nos hizo recordar los viejos lazos de la estructura neocolonial. El movimiento indígena se reorganizó y tuvo mayor impacto social. Al mismo tiempo, cambió el escenario electoral. A las fórmulas del correísmo y de la derecha de Lasso, se sumó una tercera alternativa, la del movimiento indígena y popular con el Partido indigenista Pachakutik (PK) y su candidato, Yaku Pérez. 

En la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) detuvo el conteo durante cinco días, y al quinto día, con más del 93% de los votos escrutados, Guillermo Lasso pasó del tercer lugar al segundo, impidiendo que Yaku Pérez pasase a segunda vuelta.1 Pachakutik obtuvo por primera vez 27 escaños en la Asamblea Nacional, la coalición del correísmoUnión por la Esperanza (UNES) 49, la Izquierda Democrática (ID) 18, el Partido Social Cristiano (PSC) 18 y el partido de gobierno Creando Oportunidades (CREO) 12, entre otros. Pérez desenvolvió una gran lucha institucional en contra del fraude, sin resultados. La segunda vuelta se marcó por el crecimiento histórico de la votación nula; Guillermo Lasso (52,36%) ganó apenas con una diferencia de 4,72% al candidato del correísmo, Arauz (47,64%).

De ese modo, el gobierno de Lasso entró a gobernar ya debilitado políticamente. En ese contexto, ningún partido tenía la oportunidad de dirigir la Asamblea Nacional sin obtener alianzas con otras fuerzas. La fragmentación política ha provocado una constante inestabilidad. La composición de la Asamblea Nacional es un juego de mayorías móviles: UNES-PSC-CREO, CREO-PK-ID, UNES-PSC-PK. A ello se suman las divisiones internas de los partidos PK, ID, el aislamiento de diferentes asambleístas y la constitución de bancadas independientes. 2

Una de estas mayorías móviles logró tener la dirección de la Asamblea el primer año: CREO-PK-ID, con Guadalupe Llori como presidenta, asambleísta del ala derecha de PK. Después de un año de dirección, una nueva mayoría UNES-PSC, algunos asambleístas de PK y la ID, lograron destituir a PK y poner provisionalmente como presidente a Virgilio Saquicela, cercano a diferentes partidos de derecha, dependiendo del momento. Mientras tanto, la Asamblea Nacional ha aprobado la mayoría de reformas neoliberales que ha propuesto Lasso, granjeándose la desconfianza de los ecuatorianos.

El gobierno de Lasso se compuso por los bloques de la burguesía tradicional. Varios de sus integrantes provienen de la estructura estatal de los años noventa neoliberales. Los líderes jóvenes del Estado han sido afincados tempranamente en la rancia oligarquía ecuatoriana. Aparte de la vacunación anti COVID-19 del 80% de la población en 100 días, que efectivamente logró el gobierno, su programa electoral ha sido escasamente cumplido. Las propuestas demagógicas de Lasso se quedaron en la tibia retórica.

Sin embargo, lo que sí ha hecho el gobierno de Lasso es repartir a manos privadas al menos 22 bloques petroleros y 48 gasolineras, reactivar las concesiones para la gran minería -que ya venía de los gobiernos de Correa y Moreno- recortar los presupuestos para salud, educación, incumplir los pagos estatales para la seguridad social, seguir con el endeudamiento externo, subir los impuestos para las clases medias. Por ese camino, también ha iniciado la venta del Banco del Pacífico, empresas eléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y otras empresas públicas. Lasso siguió la política de Moreno y terminó de quitar los subsidios para la gasolina, lo que ha disparado los precios de los productos y bajado la capacidad adquisitiva de la gente. Las redes mafiosas y de corrupción han inundado el Estado y la sociedad civil, enfrentando al ciudadano de a pie con la inseguridad, la sangre y la muerte.3 Las matanzas y hacinamiento en las cárceles es el foco de los circuitos de la droga.4

La colonialidad del poder y la lucha de clases no ha cambiado su estructura. La casa de máquinas del poder en Ecuador es altamente colonial. La tierra sigue estando monopolizada por pocas familias, quienes también concentran el agua; las haciendas de monocultivos rigen de modo autoritario la economía y la política, la cultura colonial pervive en la educación y en la forma de dirigir las instituciones del Estado. Las etnias y nacionalidades indígenas siguen separadas de las burocracias centrales. Los cascos coloniales defienden su posición de poder contra los pueblos marginados del campo.

Las reivindicaciones que exigió el movimiento indígena en octubre de 2019 no se cumplieron en absoluto. La compleja problemática social que atraviesan los indígenas, así como la mayoría de ecuatorianos, no ha sido resuelta por ningún gobierno: falta de oportunidades académicas y de empleo, bajos ingresos salariales, discriminación cultural y de lenguas, desigualdad social, persecución por su orientación política, desalojo de las tierras, migración del campo a la ciudad y periferia-centro, incomunicación, falta de transporte y de servicios públicos, entre otras cargas de siglos.

La crisis pandémica ha empobrecido a millones y ha puesto en el filo del abismo a quien antes tenía algo de confort para vivir. Pero, así como esto sucedió con los menos favorecidos, los oligarcas ecuatorianos engrandecieron su capital. Los banqueros, que es el grupo que domina el gobierno, duplicaron sus utilidades: en 2020 tenían utilidades por 125 millones de dólares, en 2022 por 248 millones. La crisis económica producida por la guerra Rusia-Ucrania y las restricciones de EEUU y Europa, ha golpeado duramente a los ecuatorianos: se han encarecido los precios de fertilizantes, plaguicidas, urea; los productos de primera necesidad como el aceite, trigo, maíz y otros han duplicado su precio. La cruel situación que ya se vivía en la ruralidad ahora ha empeorado.

El paro nacional que empezó el 12 de junio lanzó un pliego de 10 exigencias. A diferencia del levantamiento de octubre de 2019 en contra del Decreto 883, que subía el precio de los combustibles, estos 10 puntos son un programa mínimo de gobierno del que Lasso carece. Las exigencias atraviesan problemas coyunturales e históricos como los subsidios, el libre ingreso a la educación superior, el empleo y la precarización laboral, la economía del campo, la oposición a la privatización y la entrega al Fondo Monetario Internacional (FMI), las políticas contra el narcotráfico y la inseguridad, la no concesión a la megaminería y los derechos de la naturaleza5. Con estas propuestas se levantaron los indígenas y campesinos, llamaron al diálogo y anunciaron: "¡no nos vamos a detener como en octubre!".

Ante la situación inestable del gobierno de Lasso, sin mayoría legislativa, cualquiera en su sano juicio hubiera concedido desde un inicio, antes que la Asamblea logre una nueva mayoría y convoque incluso a una destitución. No obstante, la composición del gobierno de Lasso es completamente autoritaria. Su respuesta no fue el diálogo, sino la represión policial y militar, el discurso racista y la discriminación. Para la élite del gobierno y los dueños de los medios de comunicación, que nacieron en la época de las dictaduras, la respuesta son las armas, la persecución y la criminalización.

Con este telón de fondo, la política antiprotesta de Lasso es un completo desastre, produce más problemas de los que arregla. Después de la convocatoria al Paro Nacional indefinido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el 12 y 13 de junio, Ecuador se encontraba en relativa tranquilidad. Hasta que al Ministro de Defensa, Patricio Carrillo y al Presidente Guillermo Lasso se les ocurrió ordenar la detención ilegal de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE. El 14 de junio, a media noche, se lo detuvo por flagrancia mientras estaba en un vehículo, sin haber actos flagrantes6 ; se le incomunicó por 8 horas y la policía se demoró 10 horas en dar el parte a la fiscalía. Lo llevaron en helicóptero a Quito, y de allí de nuevo a Cotopaxi, un ponchito rojo al viento, en medio de decenas de militares y policías. Faltando dos horas para las 24 de su detención, se llevó a cabo la audiencia; la jueza calificó la flagrancia y, sin pruebas, convocó a nueva audiencia para el 4 de julio, para así darle tiempo a la policía; se declaró prisión preventiva, pero se otorgaron medidas sustitutivas a la prisión. El gobierno quiso canjear la libertad de Iza a cambio de acabar la movilización.

En todo este "brillante proceso", una parte de la sociedad ecuatoriana conoció la sistemática violación a los derechos. Nada cuadraba. Mientras a algunos narcotraficantes se les excarcelaba, se apresaba al presidente del movimiento indígena. Las movilizaciones no tardaron en recrudecer. Organizaciones de derechos humanos, de trabajadores, de mujeres, de estudiantes pidieron la libertad de Iza. La CONAIE multiplicó su presencia en toda la sierra el 14 y 15 de junio. Las protestas localizadas en algunas provincias, ahora se convertían en un verdadero Paro Nacional. Sin restar fuerza al movimiento indígena, hago hincapié en que el gobierno dio palazos al "avispero".

Al Paro Nacional indígena se sumaron múltiples sectores de las tres principales regiones geográficas del Ecuador (costa, sierra y oriente). El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que congrega a las centrales sindicales más grandes, la Unión Nacional de Educadores (UNE), el gremio más grande de docentes, las Federaciones de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), organizaciones de mujeres, ecologistas, de profesionales y otras convocaron a movilizaciones para el jueves 16 de junio. La Universidad de Cuenca hizo marcha institucional. El pueblo poco a poco se va volcando a las calles. Las movilizaciones son cada vez más numerosas. Incluso, en la costa, donde generalmente las movilizaciones no son mayores, los pequeños productores de banano se adhirieron al paro, así como varios gremios de transportistas, maestros y estudiantes.

El 17 de junio, en horas de la noche, Guillermo Lasso, presidente de la República, comunicó en cadena nacional medidas para palear la crisis: subsidio a la urea, subida de 5 dólares en el bono de desarrollo humano, entre otros.7 Pero, aún así, aprobó el Decreto 455 con Estado de Excepción para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. En la primera versión que comunicó a la prensa, el Decreto 455 incluía el Art. 9, que restringía la comunicación a estas provincias y podía cortar los servicios de telecomunicaciones, y el Art. 11 que permitía el uso de la "fuerza letal" contra los manifestantes. Después de la gran crítica contra el denominado Decreto de la Muerte que ocurrió en las redes sociales, la secretaría de la presidencia, en un space de Twitter, anunció que lo firmado por Lasso había sido un "borrador". Esto levantó una incertidumbre que aún hoy dura en Ecuador. En la web de la presidencia, el 18 de junio, cerca de la media noche se colgó el Decreto 455 sin los artículos mencionados, y según el gobierno era la versión que fue a la Corte Constitucional. Sin embargo, varios asambleístas llamaron a sesión del pleno para el lunes 20 de junio en horas de la tarde y así revocar el Estado de Excepción.

La estrategia antiprotesta de Lasso ha cumplido también con echar la culpa al Paro Nacional del incremento de los precios de los productos. Este mensaje especulador transmitido por los medios causó que la mayoría de intermediarios aproveche la situación para elevar los precios y esconder los productos como el gas de uso doméstico y alimentos. Después de este incremento, difícilmente regresará el precio anterior. No obstante, con estas políticas el mismo gobierno se ha puesto la soga al cuello. La inflación y toda medida que ejecute no logrará mayores cambios.

El domingo 19 de junio, la policía y la fiscalía idearon un operativo tipo dictadura. La fiscalía habla de una denuncia anónima N. N. por llamada telefónica al 1800Delito, por supuesto "material bélico" en posesión de la Casa de la Cultura.8 Con este pretexto, la policía, con orden de la fiscalía, allanó el edificio -no encontró más que libros, pinturas y otros objetos valiosos-, pero para horas de la tarde decidió tomarse las instalaciones para convertirla en centro de operaciones. La policía no se tomaba las instalaciones desde los años 60, durante la dictadura militar. La emblemática Casa de la Cultura acogió en octubre de 2019 a los manifestantes. Ahora el gobierno y la policía quieren ocupar todos los posibles lugares que den albergue a los activistas. Varias tendencias en Twitter piden a las Universidades asilar a los indígenas. La Casa de la Cultura, los parques del Arbolito y El Ejido están con fuerte resguardo policial, antimotines y caballería.

Los medios de comunicación nacionales y del gobierno crearon un cerco mediático para incomunicar a la población. El discurso se volvió reverencial a Lasso y dilapidador en contra de los manifestantes. Las agencias de comunicación, en especial Teleamazonas, Ecuavisa, TC y GamaTV, cumplieron con construir un discurso de violencia. En estas cadenas parece que el Paro Nacional no tenía mayor presencia y que se dedicaba únicamente a hacer destrozos, desmanes y actos de vandalismo. Esta visión fue generalizada por los medios reinantes y el gobierno. Mientras tanto se llenaban las calles y plazas del Ecuador, sobre todo en la sierra y la Amazonía, con torrentes multitudinarias de gente uniéndose al Paro Nacional. Las noches del 18 y 19 de junio llegaron cientos de manifestantes a Quito, mientras la policía a otros tantos los retenía a las entradas en el sur, en Tambillo, y en el Norte, en Guayllabamba. La CONAIE continúa convocando al Levantamiento Popular y ya se oyen voces de "fuera Lasso", si no hace caso las demandas.

El gobierno de Lasso en pocos días se ha trocado en una representación tiránica que impide la libre expresión, asociación, reunión y protesta. El pronóstico de la situación política ecuatoriana es reservado, con la incertidumbre de las fuerzas en la Asamblea Nacional, el movimiento activo grita que irá "hasta las últimas consecuencias".

Notas:

1 Yaku Pérez presentó 16 mil actas con inconsistencias. 

2 Los partidos de diferentes tendencias políticas han tenido que hacer alianzas por situaciones coyunturales, PSC (derecha), CREO (derecha), UNES (centro izquierda, correísmo), ID (centro, socialdemocracia), PK (centro izquierda, indigenismo).

3 El 66% de muertes violentas está en 3 provincias. 

4 364 prisioneros asesinados en 6 matanzas carcelarias.

5 Las 10 exigencias se pueden leer aquí. 

6 Según el Código Integral Penal ecuatoriano, en el Art. 526 la flagrancia es la situación de delito inmediato en presencia de una o más personas; después del descubrimiento de la comisión la aprehensión tendría que ocurrir máximo en 24 horas.

7 Las medidas se pueden leer aquí.

8 En este tuit se puede leer la denuncia y en este las declaraciones de Fernando Cerón, quien se opone a que la Casa de la Cultura sea un sitio de represión.

https://oncubanews.com/mundo/america-latina/ecuador-de-la-fuerza-del-mov...

 

Ecuador: levantamiento indígena y neoliberalismo

Pablo Dávalos

A partir de la elección de Guillermo Lasso, un banquero ultraconservador y miembro numerario de la secta del Opus Dei, como Presidente en el año 2021, se produjo una situación política sui géneris en el Ecuador. Lasso tenía que cohabitar con un Parlamento que, en sus dos terceras partes, era dominado por fuerzas de izquierda y de centro izquierda.

Empero, Lasso apenas se posesionó como Presidente puso el pie en el acelerador de las reformas neoliberales. En los primeros meses había avanzado de forma agresiva en su programa de privatizaciones y casi sin ninguna oposición; de hecho, había desmantelado la principal empresa de seguros del Estado, Seguros Sucre, para repartir el mercado del aseguramiento, sobre todo de la infraestructura pública, entre sus socios financieros.

Había creado, asimismo, un mercado para la comercialización de hidrocarburos que tenía en la empresa estatal Petroecuador su principal soporte, a través del incremento de los precios de los combustibles, de tal manera que se convierta en un mercado rentable para los inversionistas privados. Los importadores de combustibles podían utilizar la infraestructura del Estado sin pagar un centavo por ello. Emitió varias regulaciones para crear un mercado para la distribución de la energía eléctrica en el que transfería capacidades regulatorias a las empresas privadas.

También, desde la Presidencia, pudo bloquear cualquier intento de regular más a la banca por varios sectores que pedían un alivio financiero para una economía que aún estaba en shock por la pandemia del Covid-19. A finales del año 2021, su banco, el Banco de Guayaquil, tendría sus mejores utilidades de las últimas dos décadas. Como horizonte de mediano plazo, Guillermo Lasso se había propuesto la privatización del segundo banco más grande del país, el Banco del Pacífico, que pertenecía al Estado desde la quiebra bancaria de 1998-1999. Si lo lograba pasaba a disputar el primer lugar con su competidor más importante, el banquero Fidel Egas del grupo económico Banco del Pichincha.

Sin embargo, Lasso necesitaba ampliar el horizonte de las privatizaciones, la desregulación, la apertura de la economía y la flexibilización laboral. En el último trimestre del año 2021 envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con más de 400 artículos para reformar más de treinta leyes. El epítome de las reformas propuestas por el gobierno lo constituían las reformas laborales.

En estas reformas, el Presidente Lasso planteaba que cuando un trabajador era despedido de forma intempestiva tenía que ser él quien debía indemnizar al empresario que lo había despedido. En la misma ley retomaba el trabajo infantil y adolescente a pesar que el Ecuador había suscrito instrumentos internacionales de derechos humanos que prohibían el trabajo infantil. Esa reforma legal se quedó en el intento porque la mayoría de la Asamblea Nacional, que fue presionada por la sociedad, rechazó de forma mayoritaria estas reformas que llevaban al país al siglo XIX.

En ese contexto, el movimiento indígena pudo bloquear, de forma tímida por lo demás, el incesante incremento de los precios de los combustibles y logró arrancar un compromiso de mantener congelados los precios del diésel y el gas licuado de petróleo.

Ahora bien, aquello que llama la atención es que las reformas neoliberales de Guillermo Lasso se procesaban de manera independiente y en un andarivel distinto del sistema político y del debate político. Los partidos y movimientos políticos no pudieron hacer mucho por evitarlo, salvo oponerse a leyes demasiado radicales.

En el primer año de gobierno, el debate político siguió inscrito dentro de las coordenadas entre los partidarios del ex presidente Rafael Correa, que quieren convertirse en la única oposición, y la derecha de Guillermo Lasso. En este juego de espejos, la representación política del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, a pesar de haber captado la presidencia de la Asamblea Nacional, nunca pudo convertirse en el fiel de la balanza y, para no caer en el lado del correísmo, cayó en el lado del gobierno.

A fines del año 2021, el gobierno envió nuevamente un paquete de reformas neoliberales que incluían la privatización de la banca pública de desarrollo, nuevos impuestos para las clases medias a través de cambios en el cálculo para el impuesto a la renta, un nuevo marco regulatorio para los contratos petroleros, entre otras reformas.

Lo paradójico y contradictorio es que estas reformas neoliberales finalmente fueron aprobadas por la Asamblea Nacional gracias al apoyo de último minuto que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso de sus aparentemente acérrimos opositores, el movimiento político del ex Presidente Rafael Correa, denominado UNES (Unión por la Esperanza). No obstante, aquello que casi termina de forma abrupta con el gobierno de Guillermo Lasso fueron las denuncias de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Ahí se demostraba de forma absolutamente clara que Guillermo Lasso no podía incluso inscribirse como candidato a la Presidencia porque las leyes se lo prohibían habida cuenta de sus propiedades en fideicomisos en paraísos fiscales. Curiosamente, pudo salvarse gracias al apoyo, esta vez, del movimiento Pachakutik.

Mientras tanto, el país se derrumbaba. El desempleo y subempleo se elevaron dramáticamente. De cada diez personas en capacidad de trabajar, apenas tres de ellas tenían trabajo. La pobreza, que en el año 2017 se situaba en el 23%, se estimaba para el 2022 en el 32%. La inversión pública en salud, educación, inclusión social cayó a sus peores indicadores desde décadas atrás. Para que pueda tenerse una idea, el gobierno de Guillermo Lasso había reducido para el año 2022 la inversión pública a 1,8 mil millones de dólares (su promedio era de 4 mil millones de USD); empero de ello, en el primer trimestre de ese año apenas había invertido 67 millones de USD (el 0,37% de lo planificado).

Curiosamente, la economía vivía una bonanza: las remesas de migrantes alcanzaron por vez primera el 4% del PIB, el precio del petróleo se había casi duplicado con relación a lo calculado para la proforma presupuestaria, las recaudaciones fiscales se habían elevado de forma importante. El gobierno pudo, apenas en los primeros tres meses del año 2022, eliminar el déficit fiscal calculado en el 2,5% del PIB. La pobreza, el deterioro social, no se debían a ninguna crisis, sino a políticas deliberadas y asumidas directamente desde el gobierno en contubernio con el FMI.

La situación del sector público era cada vez más dramática. Un trámite tan sencillo como cambiar el documento de identidad u obtener un pasaporte, que en términos generales demoraba algunos minutos, llegó a demorar meses porque no existían recursos ni personal para hacerlo. El presupuesto para rehabilitación social para el sistema penitenciario se redujo en un 80%. El conflicto de los centros de rehabilitación penitenciaria desbordó hacia la sociedad y se convirtió en un problema de salud pública por la cantidad de asesinatos por sicariato.

En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a su sociedad al abismo. Llevó a proponer tratados de libre comercio a economías que compiten directamente con lo poco que se produce en el país y se empeñó cada vez más en reformas neoliberales más agresivas que todas aquellas que hasta ese entonces se habían aprobado. La popularidad y credibilidad del Presidente Lasso, que en sus primeros momentos rebasó el 70% por su exitosa gestión en las vacunas contra el Covid-19, disminuyó a menos del 30% en su primer año.

Es en ese contexto que el movimiento indígena insiste en los compromisos que había asumido el Presidente Lasso en sus primeros días de gobierno, de frenar el incremento de los precios de los combustibles y apoyar a la pequeña economía campesina.

A pesar de sus múltiples insistencias, el Presidente Lasso siempre dio largas a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y pensó que con sus acuerdos con el movimiento Pachakutik (que es el partido político de la CONAIE), tenía más que suficiente para tener controlado al movimiento indígena.

La nueva dirigencia de la CONAIE, dirigida esta vez por el líder indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza Salazar, adoptó, ante Guillermo Lasso, un tono más radical que aquel que habían tenido hasta ese momento los asambleístas del movimiento Pachakutik con respecto al gobierno.

Leonidas Iza se dedicó en sus primero meses como presidente de la CONAIE a recorrer el país y visitar cada una de sus filiales y poner el dedo en el pulso del movimiento indígena y de la sociedad, y comprendió que el país estaba en ebullición. Cuando planteó a sus propios asambleístas que sean más radicales con respecto al gobierno neoliberal del Lasso, pudo constatar que la mayoría de su bloque de asambleístas (que representan el 18% de toda la representación parlamentaria), decidió más bien apoyar al gobierno de Lasso que a su propia organización matriz.

En esos momentos, Leonidas Iza comprendió que la unidad y el rescate del movimiento indígena no podía circunscribirse ni limitarse dentro de los estrechos límites del sistema político y decidió apelar a su propia organización. Realizó asambleas en todas las regionales y en cuantas comunidades de su organización existían y ahí prendió la chispa de la movilización nacional.

Luego de casi un año de recoger la voz de su pueblo, en un Congreso de su organización, la CONAIE, se decidió ir a una movilización nacional para el 13  de junio de 2022 con diez puntos: (1) el congelamiento de los precios de los combustibles; (2) el alivio económico para los pequeños deudores del sistema bancario y financiero agobiado por las deudas y por las coactivas; (3) precios justos para los productos del campo (leche, arroz, banano, papas, etc.); (4) políticas de empleo y derechos laborales; (5) moratoria a la frontera extractiva; (6) respeto a los derechos colectivos consagrados en la Constitución; (7) evitar la privatización de los sectores estratégicos y, en especial, de la banca pública de desarrollo; (8) políticas de control de precios para los bienes de primera necesidad; (9) presupuesto para salud y educación y libre ingreso de los jóvenes al sistema universitario; y, (10) políticas públicas efectivas contra la delincuencia, el sicariato y la violencia.

Como puede apreciarse, la plataforma de la CONAIE, construida desde el consenso, el diálogo y la participación comunitaria, popular y social, plantea un mínimo de políticas públicas que puede suscribirlas cualquier gobierno con un mínimo de sensatez. Se trata de una plataforma plausible, coherente y que se debía al momento y las circunstancias. No planteaba ningún extremismo ni tampoco cuestiones ideológicas sobre la política económica (como por ejemplo, suspender los acuerdos con el FMI).

Leonidas Iza sabía que una plataforma como esta tenía que construirse de a poco y que la presión al gobierno para que pueda sensibilizarse y cambiar en algo la agresiva política neoliberal, tenía que ser fuerte a nivel social, porque se trataba de un gobierno altamente ideológico y extremadamente conservador y racista.

Por ello, la CONAIE fue prudente y planteó una movilización nacional, territorial e indefinida. Nacional porque abarcaba a todo el país y abría el paraguas para que puedan incorporarse poco a poco nuevos actores sociales conforme avance la lucha social; territorial porque la movilización empezaba en los territorios, se mantenía en ellos y se consolidaba en ellos (es decir, no se planificaban marchas hacia la capital como en un levantamiento); e indefinida porque era una lucha de largo plazo.

Un régimen neoliberal tan fundamentalista como aquel de Guillermo Lasso difícilmente cambiará sus ejes ideológicos aunque las circunstancias le sean imposibles para él mismo. Por eso la estrategia de la CONAIE era situar la lucha política en el largo plazo, apelar a la organización y recuperar a su bloque legislativo, al tiempo que cambiar los ejes del discurso político para sacarlo del binarismo (falso por lo demás) entre correísmo y anticorreísmo.

Era una apelación a la misma estrategia de 1990 cuando se produjo el primer levantamiento indígena desde el retorno a la democracia. Se trataba de una posición prudente y que partía del reconocimiento de las propias fortalezas pero también de las debilidades. Si la movilización se sostenía en los territorios, entonces podía durar mucho tiempo y el gobierno, ante esa extensión, tarde o temprano tendría que ceder.

Empero, para la burguesía y para el gobierno, había un fantasma que había que exorcizar, se trataba de las movilizaciones de octubre de 2019, las movilizaciones más fuertes en toda la historia reciente del país. Ahora bien, una movilización de la CONAIE, de cualquier magnitud que sea, apelaba a esos fantasmas que tenían que ser exorcizados. Por ello, la estrategia del gobierno fue utilizar a Pachakutik para dividir y desgastar al movimiento indígena. De hecho tenía aliados importantes dentro del movimiento Pachakutik para esa estrategia.

Pero Leonidas Iza cambió el tablero del juego y le obligó al gobierno a cambiar de estrategia, pero el problema es que Lasso y su cohorte no tenían un plan B ante ese cambio de estrategia. Como si se tratase de una batalla clásica, el gobierno pensó que si decapitaba el movimiento indígena y lo dejaba sin su referente y líder más importante, Leonidas Iza Salazar, entonces, y sin su general más valioso, el movimiento indígena podía implosionar y la movilización podía morir apenas nacida.

Para el régimen, había que evitar a toda costa que las movilizaciones de la CONAIE se conviertan en otro Octubre-19. Si eso se producía el gobierno no podía resistir una movilización tan contundente, su capital político era muy escaso para eso.

Empujado por el miedo a sus propios demonios, el gobierno de Guillermo Lasso comete su error más estratégico y fatal, decide en la madrugada del 14 de junio de 2022, a apenas un día de empezada la movilización de la CONAIE: detener a Leonidas Iza Salazar en la provincia de Cotopaxi.

Pero lo detiene sin ningún tipo de argumento jurídico, porque Leonidas Iza está amparado por el artículo 98 de la Constitución que protege el derecho a la resistencia. Al no tener argumentos jurídicos para legalizar esa detención, y ante la posición de la Fiscalía General del Estado de abstenerse en acusar a Leonidas Iza, el apresamiento al líder indígena se convierte en un secuestro, es decir, en un delito de Estado.

Pero el secuestro es una figura jurídica demasiado fuerte porque puede llevar directamente al juicio político al Presidente de la República (el numeral 3 de artículo 129 de la Constitución establece que el Presidente puede ser sometido a juicio político: "por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia").

Apenas conocida la noticia del apresamiento del máximo líder del movimiento indígena, Leonidas Iza Salazar, las comunidades indígenas deciden radicalizar sus posiciones y aquello que solo era una movilización territorial e indefinida, de pronto, se transforma en levantamiento indígena.

La misma noche que es detenido en la provincia de Cotopaxi, los comuneros y dirigentes de las filiales de la CONAIE deciden pasar a una nueva etapa de lucha y una nueva consigna: la toma de Quito para liberar a su líder. En pocas horas cambia el sentido y la estrategia de la movilización.

El apresamiento del líder indígena convoca la solidaridad de tirios y troyanos y el gobierno prácticamente se queda solo con el apoyo de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad. El gobierno sabe que no se han cumplido con las formalidades de rigor y establecidas en la Constitución y la ley, y decide improvisar. En ese improvisación decide secuestrar al presidente de la CONAIE en una base militar hasta que la situación se resuelva por sí misma.

La indignación es creciente y motiva a otros sectores sociales a reclamar por la libertad del líder indígena y sumarse a la movilización que, esta vez, es ya un levantamiento. Maestros, obreros, ecologistas, feministas, intelectuales, profesores universitarios, entre otros, empiezan a sumarse al levantamiento. En la madrugada del 15 de junio los comuneros indígenas llegan a Quito y empieza la toma de Quito. A 32 años del levantamiento indígena de 1990, otra vez se produce un levantamiento indígena en pleno Inti Raymi, la fiesta del sol.

Ante estas circunstancias, la dirigencia del movimiento Pachakutik que se había dividido en una fracción a favor del Presidente Lasso y otra a favor del Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, decide reunirse nuevamente y formar un solo frente en la Asamblea y se solidarizan con su principal líder político.

Pero hay otro hecho que es necesario indicar y es que la CONAIE otra vez saca el debate político del corsé liberal y lo sitúa nuevamente en su espacio natural, aquel de la lucha de clases. Obliga a tomar posición y plantea una línea divisoria con la estrategia neoliberal del gobierno de Lasso y, de esta manera, permite que la política respire por fuera de la falsa dicotomía entre correístas y anticorreistas.

En menos de un día, y gracias a los gruesos errores del Presidente Lasso que, por lo que puede apreciarse no tiene la más remota idea de cómo funciona el movimiento indígena, cambia de forma radical la coyuntura y somete al Presidente Lasso a una situación de debilidad extrema.

Las opciones para Guillermo Lasso son pocas. Si decide mantenerse en su proyecto neoliberal tendrá que confrontar un levantamiento indígena y popular que podrá parecerse mucho a Octubre de 2019. Lasso, en ese contexto, no tiene ningún espacio en la Asamblea, y ahora tendrá que enfrentarse a, al menos, tres bloques de asambleístas que tienen, sumados entre ellos, todos los votos necesarios para su destitución.

Pero si es forzado por las circunstancias a suscribir por lo menos un punto de la agenda de la CONAIE, en cambio tendrá que asumir las consecuencias de haber incumplido con el FMI y el derrumbe de la cotización de los bonos soberanos de la deuda externa, un dato aterrador para un banquero como él. Entre Escila y Caribdis, quizá no tenga la inteligencia de Odiseo para eludir la coyuntura. Pero en todo caso, Guillermo Lasso habrá demostrado que la derecha conservadora y neoliberal empieza a parecerse en una incongruencia de la historia.

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