6.6.22

Las izquierdas progresistas ante la Revolución cubana. Reflexiones sobre las alternativas emancipatorias en AL (I)

Por Alexander Hall Lujardo (*)

El triunfo de la Revolución cubana marcó el final de la dictadura de Fulgencio Batista, cuyo régimen suspendió las garantías constitucionales desde su llegada al poder en 1952. Este hecho significó un bandazo contra la democracia republicana que había manifestado mayores garantías de participación con la Constitución de 1

Sin embargo, sus postulados quedaron sepultados ante los anhelos autoritarios del general, autoconsiderado legítimo representante de los sectores populares de la Isla.

En realidad, se trataba de un actor representativo de la oligarquía cubana, la misma que controlaba los hilos del poder económico y visibilizaba como un peligro a sus intereses acumulativos, la propuesta que sectores medios con anhelos de reforma en el sistema sociopolítico pretendía impulsar con su amplio favoritismo electoral.

El ascenso del gobierno revolucionario el 1ro. de enero de 1959 con el derrocamiento de Batista, provocó la apertura de un paradigma de liberación en los países del subcontinente. La autoridad de Fidel Castro como líder del proceso triunfante, se convirtió en un referente para otros pueblos del hemisferio que contemplaban en el joven guerrillero, un ejemplo de consagración para enfrentar a las elites antipopulares, racistas y clasistas, mediante la toma del poder a través de la lucha armada.

En numerosos movimientos de la región, el 26 de julio pasaría a celebrarse como una fecha reivindicatoria de la justicia. De igual forma, la porción antillana se convirtió en importante espacio de confluencia cultural entre la vanguardia artística e intelectual. Esta realidad adquirió una dimensión relevante para los sectores oprimidos, debido al protagonismo de los subalternos en gran parte de las tareas acometidas.[1]

La voluntad de impulsar un proyecto nacional que rompiera con los resortes de la dependencia, tal como tipificaba la crisis estructural del sistema republicano en la Isla, demandaba la implementación de medidas que afectaban los intereses del capital foráneo, incluyendo una composición trascendente de los negocios estadunidenses.

En esa dirección, se llevaron a cabo un número importante de legislaciones como la ley de reforma agraria, la ley de reforma urbana, la nacionalización de las industrias, entre otras. Esta realidad condujo al antagonismo con los Estados Unidos y provocó el desenlace de acciones hostiles por parte de la potencia imperialista, en función de desmantelar la estructura del nuevo régimen instaurado.

No obstante, el gobierno revolucionario pretendía lograr un desarrollo autóctono que concretara las necesidades de satisfacción material del pueblo cubano. A pesar de esos intentos que se manifestaron en sucesivos proyectos de experimentación y espontaneidad disfuncional, durante el período 1960-1970 fracasaron todos los esfuerzos por establecer la plena autonomía económica del país.

Esta incapacidad se expresó en las políticas de «gasto alegre», el voluntarismo ineficiente, el excesivo burocratismo, el verticalismo centralizado, el despliegue de métodos militaristas de ordeno-mando, la falta de participación de los obreros en la planificación económica, el acometimiento de megaproyectos carentes de objetividad, entre otras causas.

Tales fracasos condujeron al país a un aumento de la dependencia hacia la Unión Soviética en un escenario de «Guerra Fría», caracterizado por la acentuada hostilidad entre las dos superpotencias mundiales que dividió al planeta en dos grandes bloques.

En ese contexto, Cuba quedaría plenamente integrada al bando oriental con su entrada al CAME en 1972, luego de revelada su incompetencia en articular estrategias de sustentabilidad.[2]

Durante los primeros años, el ámbito interno no estuvo exento de contradicciones como resultado de políticas que condujeron al quiebre de gran parte de las izquierdas con el proceso revolucionario, como fue el polémico Caso Padilla.

Este suceso, que estuvo marcado por la represión contra el conocido poeta por parte de los órganos de la Seguridad del Estado, desató una enconada polémica internacional que condujo al pronunciamiento de numerosos intelectuales, que desde ese momento dejaron de manifestarle su apoyo a la Revolución. Entre ellos se encontraba Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Mario Vargas Llosa.

En el decursar estalinista del modelo, destaca la implementación de las denominadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) hacia las que fueron enviadas miles de personas por su orientación sexual, pensamiento político o creencia religiosa. Estas políticas acometidas por la dirección del país se encontraban en consonancia con los preceptos de un modelo lineal, monolítico y excluyente que caracterizó el discurso oficial, centrado en promover un esquema de comportamiento acorde a los preceptos del «hombre nuevo».[3] Sin embargo, en la tipificación de ese molde ciudadano, fueron impuestos parámetros disciplinarios asentados en el imaginario social, según los intereses de la clase política gobernante.

La década de los setenta se caracterizó también por el predominio de la censura contra diversos exponentes de las manifestaciones artísticas,[4] resultado de la sovietización del entorno cubano. Las contradicciones de esta etapa reconocida como «quinquenio gris», devino en la aplicación de prácticas utilitarias a los designios del poder, lo que generó expresiones lamentables para el campo de la cultura que han sido documentadas por autores como Jorge Fornet,[5] Guillermo Rodríguez Rivera,[6] Alberto Abreu Arcia,[7] Ambrosio Fornet,[8] entre otros. Este accionar estuvo encabezado por funcionarios a los que se les otorgó convenientes cuotas de poder en el ejercicio de sus cargos, para la implementación de un proceder represivo respaldado por los dispositivos de control ciudadanos.

No obstante, el proceso continuó gozando de fuerte popularidad en el escenario internacional debido a su voluntad de contribuir en la liberación de los territorios africanos. De esta forma, quedaba manifiesta la voluntad del liderazgo político en llevar adelante toda una hazaña global por la emancipación de los pueblos del Tercer Mundo. Sin embargo, paradójico a tales propósitos acorde a los preceptos del internacionalismo, el resultado de sus esfuerzos se limitó a la expulsión de las autoridades coloniales en los territorios en los que intervinieron las tropas cubano-soviéticas. Esta realidad, provocó que una vez librados de la presencia colonial extranjera, se instauraran en esos países, regímenes alejados de toda praxis socialista y se procediera a la investidura de gobiernos representativos de burguesías nacionales, que sometieron a sus pobladores a nuevas formas de explotación. A su vez, potenciaron las condiciones estructurales del subdesarrollo, dando paso al establecimiento de modelos neocoloniales en sus relaciones de intercambio con las naciones industrializadas.

De esta forma, el proceso intervencionista en África, afrontó la dicotomía de una liberación restringida, debido al devenir que asumieron sus estados en complicidad con las elites locales que cedieron a los intereses del capital trasnacional.

El punto de inflexión ante la crisis permanente del modelo económico en Cuba

La crisis del período especial con la caída del «campo socialista», marcó una ruptura en las políticas conceptuales que asumió la dirección del país. Ante la inminente caída del «comunismo» en los países de Europa del Este y la URSS como alternativa a los designios del sistema/mundo capitalista, Cuba entró en su peor crisis económica sin que ello implicase la sumersión en un período de ingobernabilidad. La autoridad de Fidel Castro sumado a los amplios niveles de consenso carismático y legitimidad, permitió la continuidad del modelo con profundas transformaciones en su funcionamiento sistémico. Esos cambios se reflejaron en la cesión de mayores oportunidades al capital extranjero, la despenalización del dólar como moneda de circulación, la privatización de diversas actividades económicas, la impulsión con mayores estímulos al sector cooperativo con profundas trabas burocráticas para su desempeño, entre otras realidades.

Tales cambios indicaron el tránsito hacia un sistema más abierto en sus relaciones externas, aunque siguió rigiendo el modelo de partido único, la unidad de poderes, la escasa actividad del parlamento, el sostenimiento de la figura presidencial como autoridad indiscutible, entre otras características que evidenciaron la tenue alterabilidad del orden democrático.

Una parte importante de los movimientos progresistas comenzaron a identificar las transformaciones realizadas como el inicio de una restauración capitalista. Sin embargo, algunos economistas marxistas la definen como una etapa en la que se produce el ascenso de un sistema neocapitalista de estado.[9]

Esta realidad condujo a que algunos movimientos socialistas identificaran al estado cubano como un régimen capitalista autoritario,[10] incapaz de ofrecer garantías para la emancipación del trabajo, la libertad de expresión y otras formas divergentes de pensamiento político. En este periodo, el liderazgo estableció serias alteraciones en su proyección discursiva, identificada con el abandono del lenguaje categorial del marxismo, cediendo a la articulación de un enunciado que encontró nuevos referentes en la historia nacional y el pensamiento latinoamericano.

No obstante, gran parte de los movimientos populares siguieron manifestándole su apoyo a un proceso que identificaban como estandarte de la resistencia imperialista contrahegemónica. Un reflejo de esa realidad se manifestó en el aporte brindado por las brigadas de solidaridad, así como en las labores desarrolladas por los «Pastores por la Paz» en sus intentos por quebrar los efectos del bloqueo económico y enviar insumos solidarios para afligir los pesares del pueblo cubano. Sin embargo, en el plano interno, siguió predominando el monopolio del estado sobre los medios de comunicación, el restringido espacio para la sindicalización autónoma de la clase trabajadora, la proscripción del derecho a huelga, las carencias para la asociación libre, sumado a otras realidades marcadas por el predominio de un régimen que insiste en sostener severas limitaciones para el ejercicio efectivo de los derechos, sin que tales manifestaciones atenten contra el orden sistémico-estructural del modelo imperante.

Durante esta etapa, la movilización popular continuó siendo un referente de aprobación para el sostenimiento del status quo por la clase política en el poder. Las herramientas utilizadas por el aparato discursivo caló en la composición civil con la fuerza persuasiva suficiente para la rearticulación de su mando representativo. El desmantelamiento de toda forma organizacional autónoma estuvo acompañada por la ausencia de un marco regulatorio complementario: elemento ineludible para la concreción de un «estado de derecho», a pesar de los intereses populares de gran parte de la ciudadanía proyectadas en ideas socialistas heterodoxas, voces feministas, antirracistas, anarquistas, republicanas, entre otras que no han tenido espacio de realización en la sociedad, con la excepción de su cauce por los marcos institucionales de la instancia burocrática.

Con el transcurso de los años noventa, la Isla quedó sumergida en la crisis socioeconómica más profunda de su historia. Este escenario provocó una abrupta caída en las importaciones de bienes, falta de combustibles para la producción, la transportación y la generación eléctrica, escasez de medicamentos, pérdida del poder adquisitivo de la moneda, caída generalizada en las exportaciones, entre otros daños.

Sin embargo, la época finisecular dio apertura a un nuevo ciclo progresista en América Latina, cuyos liderazgos sentían fuerte atracción con el proceso que encabezó una transformación radical en Cuba a mediados del siglo XX. Esos ideales habían servido de bujía inspiradora al resto de los movimientos populares frente al poder de penetración imperialista y la influencia de las elites locales. Semejante contexto robusteció la admiración regional hacia Fidel Castro por los países del sur y fortaleció las condiciones de resistencia del pueblo cubano, favorecidas por el establecimiento de nuevos acuerdos multilaterales que provocaron una mejoría a niveles macroeconómicos.