22.11.21
¿Se puede garantizar el empleo a todo el mundo?
Por Carlos Sánchez Mato (*)
El mecanismo europeo, tan valorado por la economía ortodoxa, tendrá un coste fiscal neto en promedio anual de un 1,51% del PIB, casi un 20% superior al necesario para implementar el Plan de Empleo Garantizado.
En España, lo habitual en caso de recesión era que la actividad económica y la ocupación cayeran prácticamente en paralelo, pero con un despegue retrasado en el caso del empleo de hasta 2,5 puntos en las etapas de crecimiento. Sin embargo, la aplicación de medidas de protección del empleo como los ERTE, algunas restricciones al despido y actuaciones para dotar de liquidez a las empresas, como la financiación avalada por el ICO, ha revertido esa histórica tendencia de la economía española y ha reducido el arrastre destructor de la caída del PIB sobre el empleo. Mantener un mayor nivel de ocupación, garantizar rentas a los trabajadores hibernados y facilitar la supervivencia de empresas está teniendo obvios efectos positivos, tanto en la actividad económica, al paliar la descomunal caída del consumo, como en las arcas públicas, por reducir su gasto y atenuar la merma de ingresos tributarios. Lo normal en épocas de crisis era que en España se perdiera un 1% del empleo por cada punto porcentual que caía el PIB, algo que, en términos absolutos, equivalía a casi 200.000 afiliados a la Seguridad Social, tanto a principios de 2009 como de 2020. En la gran depresión que estalló en 2007, la cosa fue mucho peor porque llegó a ser casi el triple la pérdida de ocupación que el retroceso del PIB y el efecto inicial de la reforma laboral de 2012 realizada por el PP, sin más diálogo social que el que mantuvo Fátima Báñez con la CEOE, lo agudizó haciendo que el empleo saliera peor parado que la propia actividad productiva de la que forma parte cuando se producía un frenazo. Las estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, que se han incluido en la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, indican que, en base a la relación histórica entre evolución de la actividad económica y la tasa de paro, puede concluirse que ante una caída del PIB como la registrada en 2020, la tasa de paro habría aumentado cerca de 10 puntos porcentuales hasta el 23,9%, siete veces más que la que realmente ha tenido lugar, lo que habría supuesto una destrucción de casi dos millones de puestos de trabajo.
Ante una caída del PIB como la registrada en 2020, la tasa de paro habría aumentado siete veces más sin las medidas de protección aplicadas
Según nuestras estimaciones, si no se hubiesen tomado las medidas del escudo social y se hubiese destruido empleo a ritmo similar que en la crisis de 2007, la caída del PIB producida entre finales de 2019 y el segundo trimestre de 2021 habría arrojado una destrucción de empleo superior a los 2,9 millones de puestos de trabajo, frente a los casi 300.000 efectivamente perdidos, a los que habría que sumar casi 448.000 en situación de ERTE, en junio de 2021.
En definitiva, cabe afirmar que las medidas desplegadas han tenido un impacto positivo sobre el empleo.
Pero no es suficiente. Seguimos con tasas de desempleo que deberían sonrojarnos y por eso tiene todo el sentido la implantación de la propuesta de Trabajo Garantizado. Esta medida surgió originalmente en los años 80 de la mano del economista estadounidense HimanMinsky y desarrollada por muchos economistas estadounidenses, australianos, franceses e italianos, fundamentalmente. El Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado con condiciones laborales dignas a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté preparada, capacitada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad. Parte de la premisa de que, si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están ocupando ningún puesto de trabajo, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades y mucho trabajo que ya se realiza pero que no es remunerado.
Es un disparate económico y social que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de la población y de nuestro medio ambiente no están cubiertas.
Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Es un disparate económico y social que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de la población y de nuestro medio ambiente no están cubiertas. Y no lo están porque al sector privado no le es rentable y el Estado ha decidido no llevarlas a cabo.
Vamos a soñar
Imaginad que reforzamos la educación, la sanidad, las actividades culturales y deportivas, la generación de energía renovable, los servicios de reutilización y reparación de materiales y productos y de optimización del rendimiento energético de edificios.
Imaginad que lo anterior lo acompañamos de una remuneración, visibilización y dignificación del trabajo de cuidados domésticos y otros trabajos hoy día voluntarios, repartiendo esas actividades de forma solidaria entre la comunidad...
Suena bien y seguramente si preguntásemos a la gente, habría una abrumadora mayoría que pensaría que viviríamos mejor si transitásemos por esa vía.
Pero te dirán que es imposible y el principal obstáculo que formalmente se suele oponer a su puesta en marcha es el coste del programa y cómo lo pagaríamos. De antemano se considera que ni es asumible ni financiable desde las administraciones públicas.
Veamos si es así.
Garantizar empleo con un salario medio de 21.000 euros para desempeñar tareas que consigan un mayor cuidado del medio ambiente, más y mejores construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social, política y económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del desempleo y de generación de renta que alivie la pobreza precisa de una considerable inversión de recursos públicos. Los cálculos que hemos realizado lo sitúan en un coste neto promedio anual cercano al 1,21% del PIB por cada millón de empleos1.
Hablamos de coste "neto" porque, como es obvio, los empleos creados y pagados por el Estado tienen un retorno en forma de tributos pagados, cotizaciones sociales satisfechas y reducción parcial de subsidios a desempleados de larga duración. Por ese motivo, el coste bruto anual promedio del Plan en el período se reduce un 46% para alcanzar el coste fiscal neto.
De hecho, podría considerarse que el coste sería todavía más reducido si tenemos en cuenta la reducción que podría derivarse de una menor necesidad de prestaciones sociales de desempleo, ayudas a familias sin recursos o servicios penitenciarios.
¿Se trata de una inversión de recursos públicos inasumible? ¿Es acaso demasiado onerosa una decisión así?
Para responder a esta cuestión optaremos por compararla con la inversión pública que la Unión Europea ha aprobado para impulsar la economía ante los daños generados por la pandemia. Los fondos aprobados, tan anhelados y que tendrían su expresión más concreta en el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia supondrán más de dos puntos de PIB al año en promedio en el período 2021-2024 y la plena ejecución del Plan supondrá un importante impulso de demanda a corto plazo, lo que permitirá una vuelta progresiva a la senda de crecimiento pre-covid al final del periodo de ejecución del Plan. Las previsiones indican que aportará en torno a 800.000 empleos durante el periodo previsto de ejecución. Por consiguiente, contribuirá a reducir la tasa de paro hasta situarla en el 12,7% en 2024. El multiplicador fiscal, el efecto que tiene sobre el crecimiento del PIB que se incremente el gasto público, lo sitúa en el 1,1 que está en el rango intermedio de los trabajos publicados hasta la fecha2 y muy superior al 0,9 que hemos utilizado para el Plan de Empleo Garantizado, atendiendo al reducido valor añadido en términos de PIB de los empleos creados.
El resultado que hemos obtenido es que el Mecanismo europeo, tan extraordinariamente valorado por la economía ortodoxa, tendrá un coste fiscal neto en promedio anual de un 1,51% del PIB, casi un 20% superior al necesario para implementar el Plan de Empleo Garantizado.
Se trata de una diferencia que podría ser coherente y compatible con el tipo de empleos creados menos intensivos en capital, pero que también esconde la forma en la que se actúa con los fondos europeos. Porque el mecanismo pasa por la figura denominada Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que es una figura mixta creada para canalizar esa colaboración público-privada con la que se identificarán "proyectos estructurales con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía española". Queda chulo, pero realmente consiste en que el sector público pone la pasta y asume los riesgos, y el sector privado recibe los beneficios de la actuación sin tener una presión de las incómodas cláusulas ambientales, sociales y de género para las empresas, incorporadas en la normativa de contratación pública.
En definitiva, actuar de forma directa con gestión pública o modelos mixtos socialmente mejores para el interés general, como los público-comunitarios, impediría la transferencia masiva de recursos a los bolsillos de las élites. Y eso son palabras mayores.
Se puede garantizar el empleo a todo el mundo. Una vez más, hacerlo es una cuestión de voluntad política y no de carencia de recursos económicos.
Que no te cuenten que es imposible por el coste fiscal, mientras te venden las bondades de un gigantesco rescate a nivel europeo en el que, quienes primero subirán al bote salvavidas serán las grandes corporaciones.
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1. El detalle del coste del Programa de Empleo Garantizado forma parte de un estudio presentado en el II Encuentro Iberoamericano de Teoría Monetaria Moderna titulado "Coste fiscal neto de un Plan de Empleo Garantizado en España" Garzón E, Medialdea, B y Sánchez Mato, C. (2021).
2. Bankowski, Fedinandusse, Hauptmeier, Jacquinot and Valenta "The macroeconomic impact of the Next Generation EU instrument on the euro area". ECB OccasionalPaper Series, No 255 / January 2021
Di Serio, Fragetta y Melina, "The Impact of r-g on the Euro-Area Government Spending Multiplier".IMF WP/21/39, February 2021.
Canova and Pappa "What are the likely macroeconomic effects of the EU Recovery plan?".Reunión Técnica AIReF - Banco de España, April 16th 2021.
Galí, J, LópezSalido, D. y Vallés, J. (2010): Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of theEuropeanEconomicAssociation.
(*) Carlos Sánchez Mato. Responsable de elaboración programática de Izquierda Unida. Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.
