9.8.21
Cuba. Nuevo dossier (II)
Por Ailynn Torres Santana, Julio César Guanche, Luis Emilio Aybar (*)
Uno de ellos es considerar la libertad como inalienable. Cuba tiene problemas reales en este campo, porque en su historia revolucionaria ha recortado el estatus de la libertad política a categorías políticas como «revolucionario» respecto a la de «ciudadano», que es la que categoría universal de relación con el Estado. Hacer distinciones entre «revolucionarios» y «no revolucionarios» para el acceso, por ejemplo, al campo de los derechos políticos, es un problema de libertad republicana y socialista.
Otro problema es la relación entre el Derecho y la Ley. En Cuba, hasta el año 2019, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó tres veces más decretos que leyes, y, en general, tuvo una baja elaboración legislativa en forma de leyes. Las «leyes» tienen un sentido propio en la jerarquía legislativa: expresan discusión, deliberación y capacidad de articulación. La carencia de leyes propiamente dichas en favor de la gran presencia de decretos supone una muy escasa vida política parlamentaria y una pobre discusión política sobre el contenido de las materias fundamentales que deberían ser sometidas a leyes.
Pero a esa historia hoy se le suma un problema adicional: el lenguaje constitucional de 2019 es mucho más amplio que muchos de los decretos que se han aprobado después de ese año. Entonces, si bien existe mayor reconocimiento de derechos de participación y de garantías a derechos en la Constitución vigente, se han ido aprobando decretos más restrictivos. Un ejemplo de ello es el DL 370, que regula la expresión a través de redes públicas de transmisión de datos. Es otro problema republicano socialista, en este caso para la elaboración colectiva de lo político y para la producción popular del Derecho.
Otro problema para el republicanismo socialista en Cuba es el de la propiedad distribuida y con capacidad de protección y control frente a ella. Esa discusión se ha mantenido en el país entre la dicotomía entre «propiedad estatal» y «propiedad privada».
La privada sería la capitalista, que no existía en Cuba regulada constitucionalmente hasta el 2019, mientras que la única propiedad expresamente socialista sería primero la estatal y luego la cooperativa. Sin embargo, apenas se ha dado una discusión franca, frontal, sobre los problemas de la propiedad estatal burocráticamente controlada y burocráticamente dirigida que no supone ampliación de poder colectivo para los trabajadores ni supone capacidad de reivindicación de los derechos de propiedad para sus reales titulares, fuesen colectivos obreros, colectivos ciudadanos, etc.
Ese es otro problema para el republicanismo socialista, si entendemos que el socialismo es un programa de distribución de poder y de propiedad para construir capacidades para producir la vida y controlar las condiciones de la existencia.
MM
¿Cómo valoran las reformas económicas iniciadas hace más de una década, que incluyeron la apertura al capital extranjero de algunas áreas de la economía? ¿Y qué evaluación hacen del liderazgo de Miguel Díaz-Canel?
ATS
El cambio en el liderazgo del poder político era, obviamente, inevitable. Las reformas económicas también lo eran, y lo siguen siendo. No se trata de si reformas sí o reformas no. Analistas de todas las disciplinas, especialmente desde la economía y las ciencias sociales, dentro y fuera de las instituciones, se han pronunciado sistemáticamente por la necesidad de reformas. La discusión pasa por qué tipo de reformas, en qué tiempos, con qué costos, para quiénes, para qué.
El bloqueo estadounidense y la política de desestabilización política de ese gobierno hacia Cuba ha estado ahí, cada vez peor, y en el corto plazo parece que continuará. Eso hay que denunciarlo, no naturalizarlo jamás, y continuar acumulando solidaridades en ese sentido. A la vez, las reformas económicas y sociales en Cuba necesitan revisarse: detener algunas, reensamblar otras, destruir rápidamente otras sumamente peligrosas que continuarán engrosando el grupo de los y las empobrecidas.
La reforma cubana tiene problemas de implementación pero también de diseño. Es desconsiderada en la práctica, aunque no lo sea en el discurso, respecto al empobrecimiento y la desigualdad. Las formas concretas de asegurar justicia social no están en el centro de la discusión partidista ni institucional, como argumentamos en nuestro más reciente artículo en Jacobin.
Las medidas de protección social existentes son insuficientes y en muchos sentidos deformes. La escasez de recursos restringe las posibilidades pero no justifica nada de eso. Podría hacerse -y necesita hacerse- de modo distinto. Desde antes de las protestas y ahora más, hay urgencias. En primer lugar, es imprescindible no criminalizar ni simplificar las protestas: entender su legitimidad y sus razones tanto como su complejidad.
Segundo, asumir un proceso de revisión profunda de lo sucedido, incluidos muy especialmente, los abusos policiales denunciados y testimoniados que necesitan investigarse tanto como poner en libertad a las personas inocentes y levantar las causas que tienen en su haber parte de los y las manifestantes. Tercero, urge resituar la discusión de la justicia social y de la igualdad como contenido factual de los programas de economía política que se están implementando. Cuarto, es vital producir una conversación entre distintas imaginaciones políticas, y muy especialmente de las del campo de las izquierdas.
Nunca es admisible, y ahora lo es menos, la «cosmetización» del conflicto. Está en juego, sobre todo, la vida buena y justa para cubanos y cubanas.
JCG
Sobre Díaz-Canel hay algo que es clave. Raúl Castro no tiene ningún cargo actual, pero Díaz Canel anunció que Raúl sería consultado para los grandes temas que se requiriera. En este mismo momento, mientras conversamos con Jacobin América Latina, Raúl Castro se encuentra reunido con el Buró Político del PCC, en una reunión que estaría tratando el tema de las protestas.
El tipo de legitimidad que tuvieron Fidel y Raúl Castro es irremplazable en Cuba. Tuvieron una amplia línea de apoyo, por razones tanto de historia como por sus labores al frente del país, y también tuvieron sus enemigos y sus críticos.
El nuevo hecho es que el actual gobierno tiene que construir su legitimidad sobre otras bases: la legitimidad de su gestión y la legitimidad institucional. Ahí es donde tiene que enfocar todo su trabajo Díaz-Canel. Tiene que ampliar la superficie de contacto del Estado con la sociedad cubana, dar cuenta de que existe un problema serio de representación de la sociedad cubana dentro de las instituciones y comprometerse con que el amplio apoyo popular a la constitución de 2019 no significa un cheque en blanco para cualquier tipo de actuación estatal.
Tiene haberes a su favor. La política pública de ciencia en Cuba no la definió Díaz-Canel, sino Fidel Castro, y ha sido muy exitosa. Díaz-Canel tiene el mérito de haber continuado esa política y de haber logrado, bajo su gobierno y en medio de la pandemia del COVID-19, un logro tan descomunal como dos vacunas cubanas, primeras en América Latina, con calidad mundial.
El modo en que se maneje la crisis actual va a definir muchas cosas en Cuba. Esa es su responsabilidad. Debe tener la capacidad de conducir un proceso político apto para comprender la legitimidad que habita en las protestas, facilitar articulaciones populares contra los enemigos externos y darle un nuevo cauce al pacto nacional cubano. Será una prueba definitiva para su liderazgo.
Fuente: https://jacobinlat.com/2021/07/22/esta-en-juego-la-vida-buena-y-justa-para-cubanos-y-cubanas/
El día después no podrá ser el mismo
Luis Emilio Aybar
Lo más grave de los acontecimientos recientes, es que una parte del pueblo, aquella a la que no le pagaron para manifestarse, ni pertenece a expresiones opositoras de articulación yanqui, asumió las consignas imperialistas durante las protestas. Para ello se venía trabajando durante mucho tiempo, pero la pregunta no es solo cómo lo lograron, sino también, y quizás todavía más importante, qué debilitamientos y fracturas permitieron que víctimas del bloqueo se identificaran con los instrumentos ideológicos de quienes lo aplican y de quienes lo defienden.
Para llegar a ese resultado no basta con que la política institucional cubana esté marcada por insuficiencias, negligencias y errores a sus distintos niveles, propiciando que sujetos populares, como los que estamos abordando aquí, responsabilizaran al gobierno por su situación. Tampoco basta con que las campañas contrarrevolucionarias desarrollaran poderosas técnicas de manipulación. Era necesario, además, que las fuerzas revolucionarias y patrióticas no fueran capaces de liderar la lucha contra esa negligencia e insuficiencia institucional.
El vacío que dejamos permitió que el sentimiento opositor que anida en el corazón de muchos cubanos fuera canalizado por sus opresores internacionales. Ese vacío, sedimentado por décadas, es profundamente contradictorio con nuestro credo, ¿acaso no debemos ser los revolucionarios y comunistas los primeros en combatir la corrupción, la burocracia, la injusticia, el autoritarismo, vengan de donde vengan? ¿Cómo es posible entonces que no lo hagamos, o que, incluso cuando lo hacemos, todo esté organizado para que nadie lo sepa? Es claro que no me refiero a la condena discursiva, sino a acciones eficaces que se opongan a esos fenómenos en su manifestación particular y concreta a los distintos niveles territoriales, sectoriales, institucionales y sociales.
Hemos quedado atrapados por una serie de principios muy arraigados en la cultura política cubana:
1. El Estado es la Revolución y, por tanto, oponerse al Estado es ser contrarrevolucionario,
2. Impugnar a personas, políticas y prácticas del Estado, afecta la unidad,
3. La crítica hay que hacerla en el lugar correcto, en el momento oportuno y de forma adecuada,
4. Ser revolucionario implica un apoyo incondicional a los líderes de la Revolución,
5. Hay que practicar la disciplina revolucionaria - entendida como esperar siempre orientaciones y ceñirse a ellas.
Resulta que la Revolución, sin dudas, tiene presencia en el Estado cubano, pero no en todo él. Como tal Estado, el nuestro contiene prácticas, personas y políticas que contradicen el proyecto de justicia social de la Revolución. Los procesos que dañan al pueblo son los que más afectan la unidad cuando perduran, porque desmoralizan a los colectivos, decepcionan a las personas y hacen mermar las filas propias. ¿Qué hacer en aquellos escenarios donde por mucho tiempo las cosas se dicen «en el lugar correcto, en el momento oportuno y de la forma adecuada», y nada cambia? Si no es posible cuestionar decisiones erradas, tomadas o respaldadas por los líderes, ¿cómo vamos a rectificarlas? En espera de orientaciones se apaga la actitud de crear desde la realidad concreta, y se pierde el pensamiento propio, la respuesta inmediata a los problemas urgentes, la sensibilidad ante las necesidades del pueblo.
Son vicios acumulados por décadas, en los que se han ido agazapando los peores intereses. Generan un ambiente muy favorable para el ejercicio arbitrario, dogmático, discrecional y corrupto del poder.
En conclusión, lo sucedido este 11 de julio también se explica porque los comunistas y revolucionarios no combatimos con suficiente fuerza y eficacia las prácticas nocivas del Estado, defendimos la unidad de una manera que en realidad la perjudica, nos conformamos con plantear las cosas en el lugar correcto aunque la solución no llegara, acompañamos acríticamente a los líderes en lugar de rectificar el camino y nos dejamos disciplinar cuando lo que tocaba era pensar y actuar con cabeza propia.
¿Cómo si no, entender las décadas de inadecuada atención a la agricultura, factor de peso en las actuales penurias? ¿Cómo si no, entender la falta de control popular sobre la decisión de establecer tiendas en Moneda Libremente Convertible, y la voracidad con que se ha aplicado esta medida, donde hay pueblos enteros en que ya casi no queda una tienda en Pesos Cubanos, que es la moneda de los salarios? Lo mismo podemos preguntarnos sobre la falta de protagonismo de la Central de Trabajadores de Cuba en el diseño e implementación del Ordenamiento Monetario, medida de alto riesgo en un contexto de crisis. Durante el 2020 se destinó la mitad de las inversiones del país a la construcción hotelera, en condiciones de una drástica disminución del turismo internacional con pronóstico reservado y de una aguda escasez de insumos para las producciones agrícolas. El país entero estaba sufriendo apagones de más de cinco horas todos los días, muchos de ellos por la noche, en pleno verano, pero esto no mereció un seguimiento prioritario en la prensa nacional ni la atención orientadora del presidente. Se mantuvo en bajo perfil como es habitual, para evitar la sensación de caos, así que la nueva crisis cotidiana tomó por sorpresa a las familias cubanas. Los cortes eléctricos en el pueblo de San Antonio de los Baños, donde surgieron las protestas, venían acompañados de afectaciones en el suministro de agua: los responsables de planificar los apagones quitaban la electricidad en el circuito donde están ubicadas las estaciones de bombeo. ¿Cómo permitimos que las políticas sociales y culturales se debilitaran dramáticamente en los barrios que protagonizaron las protestas de la capital?
Quedar pasivos nos hace cómplices de esos problemas. Cómplices y víctimas a la vez, porque somos parte del pueblo. Todo lo contrario de lo que corresponde a un comunista, cuya razón de ser es luchar por el bienestar y la justicia para todas las personas sin cejar en el empeño.
El 11 de julio tiene que marcar un antes y un después. Hay que comenzar a combatir con la fuerza popular a la contrarrevolución institucional, más compleja y sutil por varios motivos. Casi nadie se mete con ella porque no es opositora, se disfraza de fidelidad. Por otro lado, involucra a personas y a intereses creados que hay que extirpar del Estado, pero también a compañeros que no son desechables aunque estén equivocados. Dentro de la misma institucionalidad ha de forcejear la creatividad con la inercia, el compromiso con la insensibilidad, la igualdad con el privilegio, la emancipación con la dominación y triunfar, para que la órbita de la Revolución sea cada vez mayor en esta isla.
Emplear los mecanismos existentes de control popular, muy subutilizados, y desarrollar otros nuevos que doten a los de debajo de un poder efectivo, para que podamos defendernos de aquellas tendencias: capacidad de vetar decisiones, revocar cargos, plebiscitar propuestas, a los distintos niveles y sobre todo en el campo administrativo; es decir, ampliar las formas de democracia directa. No temer a métodos más confrontativos o de agitación pública cuando sea evidente la falta de voluntad o la traba contrarrevolucionaria, después de intentarlo de tantas maneras, porque tenemos el derecho y el deber de usarlos en un marco estrictamente patriótico, y porque callar hace más daño que gritar.
Desterrar el vicio de huirle al conflicto, que luego explota en la cara. La forma fidelista de hacer las cosas no es evitar la contradicción, sino asumirla y liderarla.
¿Cómo vamos a permitir que sean protestas instrumentalizadas por la oposición yanqui, realizadas «en el lugar incorrecto, en el momento inoportuno y de la forma más inadecuada», las que logren que el gobierno adopte dos medidas que podía haber tomado hace mucho tiempo, tales como la importación no comercial sin límites de alimentos y medicamentos, o la posibilidad de que los migrantes internos se acojan a la libreta de abastecimiento? El resultado puede no ser tan benéfico siempre. Ausentarnos de presionar al gobierno por la izquierda significa que la derecha llevará la iniciativa, erosionando la correlación de fuerzas a su favor, es decir, por más mercado y propiedad privada, menos educación y salud pública, y concesiones de todo tipo a las reglas de juego imperialistas.
Los comunistas y revolucionarios tenemos más razones para tensar la cuerda, porque estamos por toda la justicia, una hermosa y sutil manera de decir que no nos vamos a conformar con solo una parte de ella. Tenemos más razones, además, porque le ponemos el cuerpo a los problemas de este país todos los días, no apuntamos desde un balcón o una pulsación de sofá. Tenemos más razones porque buscamos una solución para todas las personas, a diferencia de quienes adentro o afuera, con carnet o sin él, hablan a nombre del pueblo para abrirse paso a sí mismos. Los inconformes y descontentos también están del lado de los que salimos aquel domingo a defender la patria. Esta Revolución se va a completar cuando los cientos de miles que estuvimos en los actos de reafirmación por todo el país, armados de la justicia alcanzada, digamos ¡basta!
Fuente: https://medium.com/la-tiza/el-d%C3%ADa-despu%C3%A9s-no-podr%C3%A1-ser-el-mismo-1106a79585d6
(*) Ailynn Torres Santana, académica y militante feminista cubana. Es investigadora del International ResearchGrouponAuthoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo e investigadora asociada de FLACSO Ecuador. Forma parte del Consejo Editorial de la revista Cuban Studies (Universidad de Harvard) y del comité de redacción de Sin Permiso.
(*) Julio César Guanche. Historiador y jurista cubano. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
(*) Luis Emilio Aybar. Sociólogo en el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello. Se dedica a promover una posición de izquierda crítica dentro de Cuba.
