Una segunda transición, dentro de los “límites planetarios”
Por Cristina Narbona (*)
Una eventual reforma de la Constitución debería reforzar el derecho al medio ambiente, precisamente como garantía de un progreso justo y duradero.
1. Lo que va de ayer a hoy
La transición desde el franquismo a la democracia constituye una innegable referencia, bien valorada globalmente dentro y fuera de nuestras fronteras, sujeta a numerosos análisis e incluso discrepancias, por parte de historiadores y de especialistas en ciencia política.
En esa (primera) transición, el contexto era notablemente diferente al actual; y es oportuno entender los cambios que se han producido en España (y en el mundo) a lo largo de más de cuatro décadas, para tener la necesaria perspectiva sobre los condicionantes de un nuevo proceso de transición, materializada en su caso por una reforma de la Constitución.
En primer lugar, España se incorporaba entonces a la combinación del capitalismo y el sistema democrático, que gozaba de muchísima mejor salud que en la actualidad: el "contrato social" entre el Estado, el capital y el trabajo garantizaba el desarrollo del denominado "Estado del bienestar", y generaba grandes expectativas en una población lastrada por los años de dictadura y de escaso desarrollo económico. La ilusión de la ciudadanía aumentó con la puesta en marcha de las Comunidades Autónomas, encargadas de prestar los servicios públicos básicos desde una administración más próxima. Hasta la crisis económica internacional de 2008, muy pocos economistas y responsables públicos cuestionaban el paradigma económico: posteriormente, la evidencia de la creciente desigualdad y concentración de poder y riqueza en pocas manos, así como de la corrupción y de los efectos dramáticos de los recortes en las prestaciones de nuestro incipiente Estado del bienestar ha generado indignación y desafección hacia las instituciones democráticas.
La transición tuvo también su lado oscuro: el olvido o la indiferencia hacia muchos perdedores de la Guerra Civil
La transición fue protagonizada, durante su etapa inicial, casi en exclusiva por líderes masculinos, dada la escasísima presencia de mujeres en las Cortes Constituyentes, y, en general, en los partidos políticos. A pesar de ello, el fuerte impulso de los movimientos feministas y la creciente participación de mujeres en la actividad parlamentaria, comportó cambios normativos que, en un tiempo relativamente corto, permitieron aproximar el reconocimiento de los derechos de la mujer en España con la situación en otros países occidentales.
España era, todavía, un país de emigrantes, con poca presencia de ciudadanos extranjeros, y por lo tanto con una importante homogeneidad cultural y religiosa, como indicaban los estudios sociológicos de la época. Un país con fuertes tradiciones propias, que comenzaba a abrirse al mundo gracias a la llegada creciente de turistas y a la progresiva incorporación a instancias internacionales. La entrada en las Comunidades Europeas fue percibida por los españoles como la equiparación definitiva de nuestro país con las democracias occidentales, generando también expectativas de progreso económico y social.
La transición tuvo también su lado oscuro: el olvido o la indiferencia hacia muchos perdedores de la Guerra Civil, que solo en época muy reciente, a partir de la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el gobierno de Zapatero, comenzaron a hacerse objeto de atención, reparación y justicia. Coincido con el enorme valor simbólico otorgado por el gobierno de Pedro Sánchez a la exhumación y traslado de los restos del dictador: ese día, sin duda, se cerró una etapa, aunque queda mucho por hacer para considerar atendidas las demandas de tantas víctimas de la represión franquista.
2. Globalizando las transiciones
La política nacional ha ido perdiendo relevancia a medida que ha avanzado el poder de las empresas transnacionales así como la cesión de soberanía a la Unión Europea. Hoy día, en España y en cualquier otro país, la globalización de las finanzas (propiciada en su momento incluso por gobiernos socialdemócratas, convencidos del impacto económico positivo de la libertad de movimiento del capital) condiciona significativamente tanto la capacidad de regulación pública como la política fiscal. Y buena parte de las decisiones en numerosos ámbitos -desde los presupuestos generales del Estado hasta la política agraria, desde las normas del mercado interior a los acuerdos comerciales con terceros países...- responden al cumplimiento de los Tratados, las directivas y los reglamentos europeos.
Así que, frente a los retos imperiosos de la transición ecológica, de la digitalización o del envejecimiento de nuestra población, España comparte estrategias y programas de actuación acordados en Bruselas. En algunos casos, como en todo lo relativo a la lucha contra el cambio climático, los países europeos mantienen en el ámbito internacional una posición común (no exenta de algunas discrepancias internas); en otros, como el de la digitalización, que incluye desafíos como la fiscalidad de las grandes plataformas tecnológicas, la protección de los datos y las posibilidades de manipulación de la información... apenas se ha avanzado en acuerdos supranacionales, que permitan globalizar las correspondientes reglas de juego.
Cualquier proceso de transición hacia una democracia que pueda garantizar mejor los derechos básicos de los ciudadanos tiene por tanto que contemplar la creciente interdependencia a nivel global, tanto de fenómenos de muy diferente naturaleza como de las correspondientes respuestas desde la acción pública, en el ámbito local, nacional y europeo.
Por otro lado, España se ha convertido en una sociedad cada vez más diversa y multicultural, con un significativo porcentaje de inmigrantes, de cuya adecuada integración cabe esperar efectos positivos para nuestro sistema público de pensiones y para el oportuno aumento de la tasa de natalidad. Es urgente, por tanto, combatir la intoxicación por parte de la ultraderecha, empeñada en una peligrosa xenofobia, y fortalecer la garantía para los inmigrantes de un enfoque de plena ciudadanía, en derechos y en obligaciones.
La interdependencia a nivel global exige también una consideración ética hacia los ciudadanos del resto del mundo, en especial los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad...(fenómenos provocados por nuestro modelo de crecimiento), así como ante todo tipo de riesgos geopolíticos, tecnológicos y de salud pública.
En síntesis, la calidad de nuestra democracia se juega dentro y fuera de nuestras fronteras, y depende de la capacidad de renovación del proyecto europeo, de forma que la UE contribuya a la globalización de reglas inspiradas en la defensa de los derechos humanos y en los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
3. Una transición compatible con los "límites planetarios".
La transición desde la dictadura a la democracia estuvo muy marcada por la necesidad de garantizar el pluralismo político así como de impulsar el desarrollo económico y social de España, conforme al paradigma dominante. Como se ha explicado en los puntos anteriores, hoy la realidad es muy diferente, y cualquier eventual reforma de nuestra Carta Magna tendría que incorporar una visión más crítica respecto de la economía de mercado, potenciando el papel de los organismos reguladores y reforzando la dimensión social de la riqueza que ya enuncia la actual Constitución, por ejemplo en sus artículos 47 -que supedita al interés general la utilización del suelo, para impedir la especulación sobre el mismo-, 128 -que señala que la riqueza, en todas sus formas e independientemente de su titularidad, está supeditada al interés general...-.
Es urgente combatir la intoxicación por parte de la ultraderecha, empeñada en una peligrosa xenofobia, y fortalecer la garantía para los inmigrantes de un enfoque de plena ciudadanía
Quisiera detenerme en el artículo 45, que sin duda introduce la cuestión ambiental de manera bastante avanzada, teniendo en cuenta que se trata de un texto de 1978. Este artículo define el "derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo", como parte de los principios rectores de la política económica y social; un principio a garantizar por los poderes públicos "que velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y restaurar el medio ambiente...". Asimismo, el artículo 45 prevé el establecimiento de "sanciones penales o administrativas para quienes incumplan este deber, así como la obligación de restaurar el daño causado".
La Constitución, conjuntamente con el amplio acervo comunitario en materia ambiental, ha propiciado en España la aprobación de leyes y de programas que, lamentablemente, no se han implementado con la suficiente eficacia, en particular a causa de la consideración de las políticas ambientales como un obstáculo para el crecimiento económico y la creación de empleo. Una eventual reforma de la Constitución debería reforzar el derecho al medio ambiente -precisamente como garantía de un progreso justo y duradero-, teniendo en cuenta el estado del conocimiento científico, que demuestra que la salud, el bienestar, la seguridad y la propia vida dependen de la estabilidad climática, de la calidad del aire, del agua, la producción de alimentos.... En esa dirección se han modificado ya otras Constituciones, como la francesa, que han incorporado en sus textos la emergencia ecológica y en particular la emergencia climática.
Hoy los expertos alertan sobre las graves consecuencias de la superación de los denominados "límites planetarios"[1], de naturaleza geológica, fisicoquímica o biológica, cuya consideración es imprescindible para la supervivencia de la especie humana.
Todo lo anterior aconseja la incorporación a la Carta Magna de los principios de prevención y precaución, así como de la consideración de los "límites planetarios", para reorientar adecuadamente la actividad económica. Se trata de establecer un enfoque más integral, que tenga en cuenta la interrelación entre aspectos sociales, económicos y ambientales, acorde con el compromiso adquirido por todos los países en la Asamblea de Naciones Unidas en 2015 respecto a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
(*) Cristina Narbona es presidenta del PSOE.
Nota: (1) Véanse los informes del Resilient Institute de Estocolmo, a partir de 2010, a cargo del equipo encabezado por Johan Rockström, sobre nueve procesos globales: cambio climático, pérdida de biodiversidad, cambios en el uso del suelo, uso del agua dulce, ciclos del fósforo y del nitrógeno, acidificación de los océanos, carga de partículas en la atmósfera, agotamiento del ozono troposférico, e introducción de nuevas substancias químicas u organismos biológicos con efectos desconocidos.
