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Chile: de la movilizaciĆ³n popular destituyente a la exigencia de una Asamblea Constituyente

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Por Sergio Grez Toso (*)

Nuestro colaborador Ariel Petrucelli entrevista a Sergio Grez Toso sobre los últimos acontecimientos en Chile.

AP. En América Latina, cuando el desempeño económico no es el esperado habiéndose implementado las políticas de ajuste exigidas por el FMI y teorizadas por los padres del neoliberalismo, se suele argumentar que el problema no es el carácter pernicioso o errado de las concepciones neoliberales, sino que no se las aplica con la profundidad debida. Sin embargo, Chile parece ser el país (incluso del mundo) en el que la realidad social más se asemeja al tipo de deseado por el neoliberalismo. ¿Podemos decir que ha sido el éxito, no el fracaso del modelo lo que se halla detrás de este estallido?

"Éxito" o "fracaso" son términos relativos, en función de la perspectiva y los intereses sociales que están detrás de cada apreciación. La implementación del modelo neoliberal en Chile ha sido muy "exitosa" desde el punto de vista de los intereses del gran empresariado nacional y transnacional instalado en el país, pues les ha permitido una acumulación enorme de capital gracias a la sobreexplotación de la mano de obra y de la naturaleza. Ello redundó durante algunas décadas en crecimiento económico, exhibido como prueba de las bondades del modelo, lo que a su vez dotó al Estado chileno de mayores recursos, una parte de los cuales fueron destinados a "gasto social" que sirvió como paliativo de la miseria, ergo contención social. Si bien los índices de pobreza disminuyeron, la aplicación con "correctivos" de las recetas de la Escuela de Chicago durante la postdictadura hizo que la desigualdad social se mantuviera prácticamente inamovible. La implementación a rajatabla del modelo (el caso más extremo del mundo) fue acumulando frustración, resentimiento y rabia en amplios sectores de la sociedad cuya precaria sobrevivencia se basa en el endeudamiento crónico, la realización de extensísimas jornadas laborales, el pluriempleo, la postergación indefinida de la edad de jubilación y algunas ayudas estatales focalizadas en los sectores más pobres. No obstante, es un modelo que se estancó y, contrariamente a sus promesas y las esperanzas de algunos que creyeron en ellas, no reparte la riqueza. El estallido actual es, entonces, el resultado del "éxito" para los de arriba y el fracaso para los de abajo, incluyendo en esta categoría a grandes contingentes de los sectores medios que también sufren de la carencia de derechos esenciales y viven en la incertidumbre sobre su futuro, especialmente en casos de enfermedades graves y cuando les llegue la edad de la jubilación. Todo ello en un marco político rígido -la Constitución del dictador- que no deja prácticamente espacio para cambios estructurales por la vía institucional. Como todas las cosas pueden devenir su contrario, el "éxito" del modelo termina convirtiéndose en un fracaso, en la medida de que su extremismo genera situaciones -como la actual- que son peligrosas para la propia burguesía chilena y su sistema de dominación.

AP: Se ha hablado mucho por estos días del carácter absolutamente imprevisto de lo sucedido. ¿Era tan imprevisible?

Era absolutamente previsible que esto ocurriría algún día aun cuando nadie era capaz de predecir el momento. Muchos dirigentes sociales, militantes de izquierda e intelectuales lo vienen (lo venimos) señalando desde hace largos años desde distintas perspectivas de análisis. Pero quienes detentan las riendas del poder en Chile -los grandes empresarios, sus representantes y ejecutantes políticos- se han negado durante décadas a reconocer la existencia del malestar y sus causas profundas. A lo sumo aceptaban que pudiera haber descontento por ciertos "abusos" o por imperfecciones -perfectamente corregibles según su criterio- en la implementación del modelo. Su ceguera les está costando muy caro, ya que, en estos momentos, tienen un pueblo rebelde que les está generando una sensación de caos e ingobernabilidad con la consiguiente pérdida de la mitificada imagen internacional de Chile, que tan laboriosamente habían construido.

AP: En los informes y análisis que circulan se suele insistir en el carácter esencialmente espontáneo del levantamiento y en la ausencia de programa. Lo primero parece indiscutible, pero en las movilizaciones se puede escuchar una serie de demandas bastante específicas. Quizá no un "programa" predeterminado, pero sí algo parecido a un atisbo programático relativamente generalizado. ¿Qué piensa usted al respecto?

Efectivamente, se trata de un movimiento esencialmente espontáneo del pueblo chileno. Una rebelión sin un estado mayor, pero no por ello menos eficaz a la hora de provocar una gran convulsión que ha desconcertado a las elites dirigentes. Por sus características de espontaneidad y descentralización, este movimiento es mucho más difícil de contener o absorber que el movimiento estudiantil de 2011-2012, lo que en el actual contexto constituye una fortaleza al mismo tiempo que una debilidad puesto que pasado el primer momento, luego de que el factor sorpresa se disipó, las fuerzas que sostienen el modelo -de gobierno y de oposición- han comenzado a urdir maniobras políticas para desviar la fuerza del gran movimiento en curso hacia callejones sin salida o vías inocuas para el sistema. Un primer paso fueron los anuncios de medidas paliativas anunciadas por Piñera, medidas que no afectan en nada la continuidad del modelo y que no constituyen soluciones reales a los graves problemas que aquejan a la mayoría de la población. Luego han comenzado los conciliábulos entre personeros de gobierno y algunos dirigentes opositores dispuestos a participar en una "unión sagrada" que permita salvar al régimen. Para ello han publicado una declaración en la que ofrecen su "colaboración para dar respuesta al malestar social", titulada "La democracia en diálogo". Cabe señalar que a la cabeza de la lista de firmantes aparece una connotada figura del Frente Amplio y que entre sus adherentes se cuentan centenares de dirigentes, militantes y simpatizantes de la derecha tradicional (antiguos pinochetistas que hoy apoyan a Piñera) y de la antigua Concertación/Nueva Mayoría que gobernó el país entre 1990-2010 y 2014-2018.

Frente a estas maniobras de los partidarios de la mantención del status quo, los sectores populares, los movimientos sociales y políticos contestatarios, además de la masa sin representación que participa en la rebelión popular, se encuentran en franca desventaja puesto que si bien estos movimientos y organizaciones vienen formulando reivindicaciones y propuestas de soluciones alternativas a las del Estado y los partidos del duopolio político que lo ha administrado desde 1990, que bien podrían considerarse como puntos de un programa de gobierno, hasta ahora carecen de estrategia y unidad de mando común que les permita disputar con posibilidades de éxito la salida a la crisis actual.

AP: Visto desde fuera y a la distancia, la manera de abordar la crisis por parte del presidente Piñera (que pasó en 24 horas de anunciar que estaba en guerra a hacer algunos anuncios de salvataje social con el mismo tono y la misma gestualidad con la que podría haberse dirigido al país luego de haber ganado holgadamente unas elecciones) parece un cúmulo de torpezas. ¿Es así?

Efectivamente, el manejo inicial de la crisis por parte de Piñera y su gobierno fue extremadamente torpe. Como lo ha dicho muchos analistas, intentó "apagar el fuego con bencina", provocando con sus declaraciones y medidas no solo a los manifestantes sino a la mayoría del país. No obstante, al cabo de algunos días, ha reaccionado intentando apagar el incendio mediante el anuncio de medidas parche y, sobre todo, mediante propuestas de diálogo en aras del "bien del país" con sectores de la oposición dispuestos a hacerlo, incluso, bajo el estado de emergencia, toque de queda y militares en la calle.

AP: Michelle Bachelet impulsó un "proceso constituyente" tibiamente tendiente a dotar a Chile de una nueva Constitución. Usted ha sido un crítico severo de las premisas de las que partía la propuesta de Bachelet, pero ha sido un impulsor decidido de la necesidad de una Asamblea Constituyente sobre otras bases. ¿Cuáles son sus críticas a la propuesta de Bachelet y qué defienden usted y el "Foro por la Asamblea Constituyente"?

El así llamado "proceso constituyente" desarrollado por Bachelet en los últimos años de su segundo gobierno fue una maniobra política destinada a impedir que se expresara la soberanía popular a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, entregando la conducción del proceso a las mismas fuerzas sociales y políticas que durante un cuarto de siglo venían administrando y beneficiándose del sistema neoliberal. Sin entrar en el detalle del análisis crítico que formulamos en su momento sobre el itinerario y la metodología adoptada por su gobierno, nuestras objeciones fueron las siguientes.

En primer lugar, la subordinación de Bachelet y de su "proceso constituyente" a los quorom supramayoritarios inalcanzables establecidos por la Constitución del dictador para su propia reforma. Según el plan de la entonces presidenta, se le propondría al Congreso Nacional, elegido en base al sistema electoral binominal, que habilitara al próximo Parlamento (el que asumiría en marzo de 2018) para que este decidiera, por un quorom de tres quintos, entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto que enviaría su gobierno y las formas de aprobación. Las alternativas eran: una Comisión Bicameral de senadores y diputados, una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente o, en defecto de las anteriores, que el Congreso convocara a un plebiscito, para que la ciudadanía decidiera. Inmediatamente sostuvimos que las cuatro alternativas propuestas no eran tales puesto que la Asamblea Constituyente había sido, en realidad, descartada. Su inclusión puramente figurativa, además de ayudar a administrar las tensiones en el seno de la Nueva Mayoría (dado que con las cuatro alternativas todos sus integrantes quedaban más o menos conformes), no era más que un elemento meramente ornamental destinado a seducir a ingenuos y permitir que el ala "izquierda" de la coalición gobernante pueda seguir manteniendo cierta legitimidad ante sus seguidores. Al mismo tiempo, Bachelet prometió entregar al Congreso Nacional, a inicios del segundo semestre del 2017, el proyecto de nueva Constitución para que, una vez sancionado por esta instancia, fuese sometido a un plebiscito vinculante para su ratificación por parte de la ciudadanía. Estas promesas no fueron cumplidas. No se hizo nada de eso, apenas la formalidad de enviar al Parlamento, ¡dos o tres días antes de dejar su cargo!, en marzo de 2018 un anteproyecto de nueva Constitución elaborado por sus asesores. ¡Una burla a la ciudadanía!

Conviene subrayar que Bachelet entregó el protagonismo de su proceso a los integrantes del Congreso Nacional (binominal) y luego a quienes asumirían en marzo de 2018 y, a modo de inocua compensación a la ciudadanía, organizó un show de "cabildos ciudadanos" meramente consultivos cuyas opiniones no tendrían carácter vinculante. En su momento, desde el Foro por la Asamblea Constituyente, cuestionamos públicamente este itinerario, señalando que no le correspondía a los diputados y senadores adoptar dicha decisión pues en ellos no radica el poder constituyente, sino -desde la perspectiva democrática- en la ciudadanía. También subrayamos el carácter puramente decorativo que tenían los "cabildos" promovidos por el gobierno, así como la autoimposición por parte de Bachelet de quorom supramayoritarios imposibles de lograr. Esto último, dijimos, se explicaba por su voluntad de entregarle a la Derecha clásica una porción importante del poder de decisión para que no se produjeran cambios constitucionales de fondo, a fin de seguir preservando el modelo de economía y sociedad coadministrado por ambos bandos del duopolio. De este modo, los defensores del status quo presentes en el campo "progresista" tendrían como pretexto para no hacer los cambios tan esperados por la población, el antiguo y conocido argumento de "no contar con las mayorías parlamentarias necesarias". Esta situación, agregamos, les serviría, también, para llamar una vez más a los electores a votar por sus candidatos a fin de obtener una mayoría parlamentaria proclive a las reformas, enarbolando incluso la alternativa de la Asamblea Constituyente como argumento para conseguir votos. Los hechos posteriores nos dieron la razón en toda la línea. El "proceso constituyente" de Bachelet fue un fiasco completo porque su verdadero objetivo era impedir el ejercicio de la soberanía popular.

Sigo estando convencido de que solo una poderosa fuerza constituyente de raigambre esencialmente popular podrá provocar una ruptura democrática con el actual orden de cosas, una superación de la institucionalidad heredada de la dictadura que obligue a la casta política parlamentaria a ceder y entregar la cuota de legitimidad institucional para la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente. La rebelión del pueblo chileno que estamos viviendo en estos momentos nos ofrece una gran oportunidad de avanzar en esa dirección.

 

(*) Sergio Grez Toso (Santiago de Chile, 1953) es un historiador e intelectual de gran intervención pública. Ha publicado una gran cantidad de libros, entre los que destacan: De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1910), Santiago, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1998; Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de "la Idea" en Chile., 1893-1915, Santiago, Lom Ediciones, 2007 y Asamblea Constituyente. La alternativa democrática para Chile (en coautoría con el Foro por la Asamblea Constituyente), Santiago, Editorial América en Movimiento, 2015.

Fuente: www.sinpermiso.info, 9 de noviembre 2019


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