bitacora
ESPACIO PARA PUBLICIDAD
 
 

Chile: Dossier (I)

imagen

Por María García Arenales, Revista Heterodoxia, Carlos Morales Alfaro, Martín Hopenhayn, Rolando Astarita (*)

Más de un millón de personas

María García Arenales

 

La manifestación de ayer fue considerada la mayor desde el fin de la dictadura chilena; organizaciones sociales se unen para exigir una Asamblea Constituyente en Chile. 

Para poder entender por qué miles de personas, principalmente jóvenes, protestan en las calles de Chile desde el 6 de octubre basta con escuchar una breve conversación telefónica entre la primera dama del país, Cecilia Morel, y una amiga. "Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento [...] intentaron quemar un hospital y tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás", dijo la esposa del presidente Sebastián Piñera. 

Se trata de un audio de Whatsapp, de menos de un minuto de duración, que fue filtrado en la tarde del domingo. Más tarde, el martes, Morel lamentó en Twitter su "desacierto" y dijo que al sentirse "sobrepasada por las circunstancias hizo que su estado de ánimo personal pareciera el de un estado general de gobierno". En esa misma red social añadió que Chile no está para más divisiones e instó a que todos los actores de la sociedad trabajen por "disminuir la desigualdad y ser más humildes".

Pero lejos de calmar los ánimos, las palabras de la primera dama sólo generaron polémica y añadieron más leña al fuego. Porque no se trata de un simple desacierto, ni de una invasión alienígena, como indicó Morel, sino de una auténtica desconexión entre las élites políticas y empresariales chilenas y el resto de la población, los sectores populares. 

Si bien la mecha se prendió después de que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera subir 30 pesos las tarifas del metro de Santiago, en realidad la crisis social que tiene a varias ciudades chilenas en estado de emergencia y con toque de queda se debe una acumulación de problemas, "de situaciones muy injustas derivadas del modelo neoliberal de los últimos 30 años", explica a La Diaria la socióloga y dirigente feminista Claudia Dides. 

Las intensas protestas, duramente reprimidas por las fuerzas militares, han dejado 18 muertos, más de 500 heridos, más de 2.400 detenidos, mujeres abusadas sexualmente, además de saqueos, incendios, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre policías y manifestantes. 

El miércoles y jueves fueron jornadas de huelga general y, de momento, las movilizaciones continúan. La crisis es de tal magnitud que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que enviará una "misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos" en el país. 

De poco sirvió que en la noche del martes el propio Piñera se dirigiera a la nación ?citando a Mario Benedetti? para pedir perdón a sus compatriotas por su "falta de visión" para reconocer que los problemas de "inequidad y abuso" se estaban acumulando, o que incluso admitiera que ni su gobierno ni los anteriores estuvieron a la altura de las circunstancias. 

El mandatario, además, propuso un paquete de medidas que incluye aumentar 20% las jubilaciones básicas (unos 28 dólares), incrementar el salario mínimo, mejoras en materia de salud y un aumento de los impuestos a quienes más ganan. Sin embargo, Piñera decidió mantener al Ejército en las calles. 

Una parte importante de la ciudadanía chilena considera que esas medidas son insuficientes y sigue reclamando que los militares se retiren. 

"En general hay una resistencia a las medidas que anunció Piñera porque formaron parte de su programa (electoral) y, por tanto, no tienen nada que ver con las peticiones que se están haciendo hoy. Las medidas son insuficientes para los cambios que está pidiendo Chile, son migajas", sentencia Dides. 

La activista, que critica la ausencia de conducción política por parte del gobierno y la división de los partidos de centroizquierda, asegura que uno de los grande errores de Piñera es que "no sacó a nadie de su gabinete, no hay responsables políticos en esto". 

Esos reclamos del pueblo chileno a los que hace referencia Dides incluyen un aumento de presupuesto en la salud y educación públicas, y un "cambio total" en las pensiones, que funcionan bajo un sistema privado heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que reporta jubilaciones muy bajas a los trabajadores cuando se retiran. Es más, en Chile hay un elevado número de jubilados que se ve obligado a incorporarse al mercado laboral debido al bajo nivel de sus pensiones, ya que el promedio de lo que reciben se sitúa en los 290 dólares. También son muchas las familias que se endeudan para poder pagar la educación de sus hijos, y también lo hacen los propios estudiantes. 

Otro de los reclamos de la ciudadanía es la nacionalización del agua y otros recursos naturales como el cobre y el litio, además de una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente. De hecho, si hay algo que en estos días ha despertado una esperanza de cambio en el país es que numerosas organizaciones sociales se han reunido para reclamar un nuevo pacto social con una Constitución que reemplace a la actual, redactada en 1980, en plena dictadura. Entre esas organizaciones se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora No+AFP, la Cumbre de los Pueblos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, a las que se suman artistas y otras figuras públicas. 

"Estamos viviendo un momento bien complejo porque es tiempo de un nuevo pacto social en Chile y estamos discutiendo cómo lo vamos a hacer. No hay una fórmula, pero la gente no se ha ido a sus casas, se está organizando, está discutiendo. Más allá de la violencia y el vandalismo, también hay muchas asambleas. Nos hemos vuelto a reorganizar como hicimos 30 años atrás en el período de la dictadura militar", explica Dides, que forma parte de ese colectivo de organizaciones sociales que exige cambios. 

Chile, añade, necesita una nueva Carta Magna legitimada por su pueblo, elaborada con las organizaciones sociales y partidos políticos mediante una Asamblea Constituyente, "que tenga que ver con la realidad del país y donde se reconozcan los derechos básicos", sostiene la activista. 

Desde hace tiempo la reforma tributaria, la de las pasividades y la de salud permanecían atascadas en el Parlamento, y ahora estas organizaciones sociales han pedido que no se lleve a cabo ninguna votación, "que se paralice todo", porque consideran que se necesitan proyectos de ley que efectivamente sean capaces de dar cuenta de la realidad que atraviesa el país y que se ha puesto en evidencia con este estallido social. 

Asimismo, recuerdan que si el gobierno realmente quiere empezar a negociar para terminar con esta grave crisis, el requisito indispensable es que los militares salgan de las calles.

 

La Diaria, 26 de octubre 2019

 

República o barbarie

 Revista Heterodoxia

 

I. El palacio mirando una revuelta: de la tesis policial a resguardar el contrato social

 

'Llegaron finalmente, Pietá... Ya golpearon nuestra puerta. No he dormido una pestañada, esperando que a la mañana todo esto no fuera más que un sueño horrible; pero los ruidos aumentaron durante la noche. Cruzaron el río, al fin... Ya no los podemos parar.'

Meyer a Pietá en Los Invasores, Egon Wolff, 1963

 

'Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas'

Cecilia Morel, 2019

 

¿Qué es lo que se cae y qué aparece con el estallido social? Aquellas incógnitas han estado en el núcleo de toda la vorágine de debates y opiniones que aparecen en la prensa y reportajes televisivos. Es cierto, esta lluvia de interpretaciones guarda mucho de inmediatez mediática y de ansias de profetas, pero no se clausura únicamente en aquello. Detrás de dicho ruido de opiniones está un debate político clave: determinar el terreno y los términos sobre los cuales se dará la interpretación de este estallido. En última instancia, determinar y caracterizar a las amigas y a las enemigas. 

Pocas cosas son tan importantes como aquello. Toda guerra es una guerra de religiones, decía Gramsci y con ello se deriva algo importante: la política tiene muchas aristas, pero una fundamental es la batalla de las clases dominantes por lograr presentar exitosamente sus credos y su fe como la forma legítima de comprender tanto el orden social como sus tensiones. Perder aquello es dejar al poder desnudo solo con su propia facticidad: los toques de queda y el estado de sitio. 

Ante ese escenario, la elite únicamente atinó inmediatamente a presentar su ya trillado discurso legitimador. Diferentes intelectuales aparecieron en todos los medios señalando lo inaudito que, en plena modernización capitalista, aparezca algo como lo que estamos presenciando. ¿Cómo una economía que ha abierto el consumo y el bienestar material a la población, que ha acelerado la individualización y la autonomía de los sujetos y que ha complementado dicho despegue material con la democracia política, puede experimentar tal nivel de barbarie? La pregunta solo les generó una respuesta: esto no es algo inherente a dicha 'modernización', sino un problema exógeno, acaso meramente generacional. Una juventud que no logra pasar sus pulsiones (sic) y anomia por el velo de la razón y que, por el contrario, busca imponer sus dolores subjetivos como criterios de verdad. Ante esa sinrazón, solo les quedó una consigna:

 

¡Modernización capitalista o barbarie!

 Y detrás de esa consigna únicamente hay una tesis, la policial: el asunto es una república violentada por el desorden y la sinrazón. Aquella defensa justifica mucho, mal que mal, contra la barbarie toda forma de lucha es válida. Y se actuó en consecuencia con los militares en la calle reprimiendo, sin éxito, a 'la invasión alienígena'. Sin embargo, las crecientes protestas aglutinaron a mucho más que estudiantes, las acciones políticas fueron más allá de las evasiones colectiva, y denunciaban mucho más que el alza en el sistema de transporte. Así, la primera hipótesis de la élite fue quedando cada vez más aislada. 

Ante aquella situación, han aparecido otros intentos desesperados de interpretar esto en clave elitaria, solo que ahora de la mano del economicismo más burdo. Repentinamente, la pasión de los jóvenes se transforma en algo que hay que atender, porque contiene un malestar real y extendido, ahora supuestamente asentado en expectativas racionales incumplidas de las clases medias ascendentes. Si bien la promesa del modelo de ascenso social a partir de los méritos y la competencia se estaría cumpliendo, sería a un ritmo más lento del esperado. Y aquella disonancia entre las expectativas de ingresos de mediano plazo e ingresos de corto plazo genera una brecha temporal que se llena con el descontento. Lo peligroso de aquello, señalan repetidamente intelectuales del orden, es que el descontento desestabilizaría el orden institucional chileno que ha logrado reducir costos de transacción e incertidumbres de la inversión privada y haría que Chile cayera en eso llamado "trampa de los ingresos medios". El descontento, mal gestionado, es la puerta abierta para el estancamiento de lo que, de otra forma, sería el oasis de dinamismo económico regional. 

Lo curioso de esta idea es el supuesto en el que se basa: el pueblo que sale a protestar corresponde a una masa uniforme de individuos de clase media que actúan con calculadora en mano: midiendo la tasa de crecimiento de sus ingresos, sacando un resultado y evaluando racionalmente, si la utilidad de marchar se compensa con el costo de oportunidad perdido en términos de generación de ingresos. Aquella vulgaridad económica es comprensible: la élite utiliza al pueblo como un espejo, los busca comprender como extensiones menos exitosas de sí misma. Mal que mal, ese es el único registro que poseen para entender lo social. 

Aquella lectura movió al Presidente en un segundo momento. La tesis policial ahora se complementaba con otra: gestión del descontento a partir de nuevos subsidios. El ingreso mínimo garantizado, el aumento de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario, el nuevo tramo en el global complementario, congelar la tarifa eléctrica, etc. Este gigante 'bono término de conflicto' de 1.200 millones de dólares funciona bajo la premisa que la gente lo que desea en su interior, y por lo que protesta, es pasar de $X a $X+1. 

Pero ni aquello, ni sus ideas, ni sus tesis ni sus políticas han cambiado nada. Del levantamiento se pasó a una huelga general, y de ésta a la concentración social más grande de la historia de Chile. El gobierno ahora debe, por obligación, respetar a la barbarie (incluso felicitarla amargamente por redes sociales) e invitarla a 'dialogar' sobre qué es lo que se busca en espacios formales e institucionalizados. Pero el gobierno no retrocede: dicen por prensa que 'han cambiado' y lanzan grandes consignas por un nuevo compromiso por la dignidad, pero por dentro cierran filas a cualquier reforma que mine alguno de los pilares de su orden. El horizonte parece reducirse a cuántos subsidios focalizados está el gobierno dispuesto a ceder sin poner en jaque el equilibrio fiscal.  Uno puede ver lo vacío de sus llamamientos, como decía Marat, "Ya vemos perfectamente, a través de vuestras falsas máximas de libertad y de vuestras grandes palabras de igualdad, que, a vuestros ojos, no somos sino la canalla".

 

II. El pueblo mirando al palacio: la economía moral de la multitud

 

¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia y la justicia del pueblo, barbarie o rebelión?

Maximilien Robespierre

 

A pesar de la mala lectura inicial, debemos rescatar lo mencionado por un intelectual orgánico del orden como el profesor Carlos Peña: de lo que estamos hablando hoy es sobre capitalismo, cómo éste cubrió normativamente su realidad material bajo el lema de la modernización  y cómo emergió en su propio seno, una base social que sencillamente paralizó al país.

Parte importante de la intelectualidad progresista ha señalado y documentado lo evidente: detrás del aparente éxito chileno se esconde una profunda desigualdad, precariedad laboral, informalidad en el empleo y bajas pensiones. Esta realidad material convoca a un malestar que, acumulado en el tiempo (y sin canales institucionales que los canalicen orgánicamente), termina en un estallido social. Detrás de la 'modernización' del consumo se esconde la barbarie de la deuda y la precariedad en el trabajo. Es precisamente esto lo que el economista Fernando Fajnzylber anotó cuando analizó el boom económico de Chile en los setenta: una 'modernización de escaparate'. Los trabajadores tenían mayor oferta de bienes y servicios modernos en los escaparates de las tiendas comerciales, pero con ingresos típicos de un país periférico. 

Eso es correcto, incluso necesario señalarlo majaderamente para romper de una buena vez el cerco ideológico del modelo, pero no señala lo medular: ¿qué representan los actores en disputa? 

El estallido de hoy es parte de una ola de levantamientos que han venido sucediendo en Chile desde hace ya varios años. Las luchas mapuche contra el extractivismo forestal en el sur, las luchas de las comunidades contra las zonas de sacrificio de la industria minera y termoeléctrica, las luchas estudiantiles contra el abandono de la educación pública y el CAE, las luchas contra la propiedad privada del agua, las batallas contra el sistema de las AFP y las jornadas por la reducción de la jornada laboral tienen un hilo común: la desmercantilización de la vida social para tener una vida material digna. No es coincidencia que el lema más común del estallido hoy sea "Hasta que la dignidad se haga costumbre". 

La consigna por la dignidad es clave: es una crítica a una situación en que las personas carecen de los medios para impedir que otras decidan por ellas, viéndose como carentes de derechos y sometidos a relaciones paternales y arbitrarias. Vivir sin dignidad es vivir sometidas a otras. Por el contrario, una vida digna es vivir protegidas de ese sometimiento. Y el grito colectivo por la dignidad demanda un compromiso medular: hacer que la comunidad política asegure la base material para que nadie vuelva a vivir bajo la arbitrariedad y el abuso de otra.

 

En el fondo, la demanda encierra un llamado jacobino a ser libre.

 

Que esta situación de indignidad haya sido vinculada a la mercantilización de la tierra, las pensiones, el trabajo, etc. es sencillamente poner el principio de dignidad contra el principio de la libertad de mercado capitalista, en tanto ésta última depende su existencia de la mercantilización de todos los espacios de la vida. Es declarar explícitamente que a través de la libertad del mercado se erigen agentes que logran reducir la dignidad del pueblo. Esta demanda mina el principio normativo clave del capitalismo: el mercado es la fuente de la libertad en la modernidad. 

Así, en estos términos, se hace visible la disputa clave: Libertad del pueblo versus libertad del capital.

Por esto ya no es suficiente decir que la batalla hoy tiene su origen en la desigualdad y la precariedad. Menos señalar que el problema es el 'capitalismo de amigos' y la 'falta de competencia' o la 'democracia semisoberana' o que la 'modernización capitalista' era una quimera. Aquí lo que hay es una batalla por los principios que gobernarán la vida social. Una batalla entre libertades: la libertad política que permite la toma de decisiones para asir la dignidad de la vida v/s la libertad capitalista, en la que la libertad finalmente se transforma opresión. 

La disputa que se presenta en estos términos nos abre la puerta para una conclusión medular. El gobierno tiene la razón cuando sitúa la batalla entre república y barbarie. Pero se equivoca en la identidad de los actores que representan esos guiones. Quienes defienden el principio republicano de asegurar que el pueblo sea soberano y sea responsabilidad de todas asegurar la base política y material para ello son los y las participantes de la huelga general; y quienes defienden la barbarie (esto es, la arbitrariedad de una oligarquía comercial que  'cocina' reformas tributarias, la impunidad al financiamiento ilegal en política, la tercera cámara a-democrática del tribunal constitucional, la Constitución de la dictadura, etc.), es el gobierno. 

Así, mientras los llamados del gobierno a dialogar con estado de sitio no son escuchados por el pueblo, éste último se agrupa en asambleas locales, juntas de barrio y en espacios públicos para ejercer el principio republicano principal: discutir entre libres e iguales sobre los fines que nos proponemos como sociedad.

 

En un lado se encuentra la república viva, en el otro la barbarie del toque de queda.

 

http://www.heterodoxia.cl/?fbclid=IwAR2r4lgq9p9LYVX3x53Z4YJgFi8weFIzvFsY_VQbbnssuKhMxK8GRkYMXlU

 

El paraíso en guerra 

Carlos Morales Alfaro

 

El 18 de octubre en Santiago de Chile fue el día en que todo estalló. Las demandas y peticiones populares acumuladas por décadas en los escritorios del Estado hicieron de combustible para la ignición. En la tarde de ese viernes, el ministro del interior, Hernán Chadwick invocaba la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los manifestantes. En la noche, el presidente Sebastián Piñera anunciaba por cadena nacional la aplicación del Estado de emergencia. Un día para la historia. 

Todo comenzó con la viralización de un video en el que un grupo de estudiantes secundarios se reúne fuera de una estación de metro para después ingresar corriendo sin pagar. Alegres, cantando y riendo. Niños a punto de emprender una travesura. La idea se replicó los días posteriores en más estaciones de metro, con más colegios uniéndose a la protesta contra el alza de $30 pesos en el transporte público. Metro cifraba en mil la cantidad de personas que no pagaron su pasaje. Mil de un total de dos millones de personas que a diario se movilizan por Santiago. Eso bastó para que decidieran suspender el servicio, en un día laboral a mediodía. Los estudiantes que protestaban, trabajadores que se devolvían a sus hogares, ancianos que no pueden movilizarse de otra manera, todos ellos juntos. Y enfurecidos. El pueblo se encuentra a sí mismo en un lugar inesperado: sus sindicatos fueron domesticados, sus partidos neutralizados, sus comunidades desintegradas, sus barrios abandonados. Pero el Metro los volvió a reunir. 

Del lado contrario al renacer de los sentimientos de comunidad surge el espíritu neoliberal en toda su pureza. Las imágenes de los saqueos, robos y destrucción que han recorrido las televisiones y redes sociales de todo el mundo expresan la lección aprendida de todos estos años: si hay crisis, te salvas solo. Algunos sectores de las clases menos favorecidas por los años de oro del capital especulativo, sin ningún tipo de esperanza en el ideal de la fraternidad, ven una oportunidad de arrancar a otros la abundancia material que se les ha prometido. Las fuerzas de orden y seguridad han permitido estos desórdenes(1) por mandato directo de los dueños de los supermercados multinacionales, tras una reunión de estos con el presidente. A veces de manera evidente, otras por medio de agentes encubiertos de civil. Hechos de vandalismo se han multiplicado desde el anuncio de toque de queda en varias regiones del país. Hay delincuentes que se sienten más seguros robando con un soldado apuntándoles la nuca. Guerra sicológica de manual. 

El profesor Jaime Bassa, abogado constitucionalista, explicó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado(2) que la aplicación del Estado de excepción constitucional conocido como Estado de emergencia, en la práctica se ha desarrollado con detenciones por parte de miltares y suspensión de las libertades de movimiento y reunión, ambas facultades que no han sido delegadas a la jefatura militar y que no se contemplan en un Estado de emergencia. Este tipo de medidas se corresponden con otra medida excepcional, que es el Estado de sitio, reservado solo para el caso de una guerra interna ("estamos en guerra", según el presidente Piñera). Este hecho constituye la mayor gravedad por tratarse de la violación de la Constitución y el Estado de derecho. Deberían rodar muchas cabezas cuando todo se aclare. En medio de este caos, las fuerzas militares han tomado las calles en actitud vengativa, disparando al cuerpo, amenazando a la gente en sus casas, golpeando indiscriminadamente a niños y ancianos. 

Al 23 de octubre, las cifras de detenciones ilegales, muertes sin esclarecer, torturas, golpizas, violencia sexual y ataques con armas de fuego contra civiles son escalofriantes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha realizado un último reporte(3) con más de 2600 detenciones contabilizadas, 584 heridos (245 por armas de fuego). Y cada día se multiplican. La Fiscalía Nacional ha confirmado una investigación exclusiva destinada a aclarar las circunstancias en las que han fallecido 18 personas, de las cuales 7 no se conoce su identidad. 5 han sido asesinadas por agentes del Estado (una persona por atropello y cuatro por disparos con armas de fuego), por lo que ya hay dos militares formalizados. Los recuerdos de tiempos oscuros aterrorizan a los más mayores. 

La oposición en el Congreso evalúa aún qué medidas implementar. La acusación constitucional sería un mecanismo legal que cuenta con todos los fundamentos para llevarse a cabo, pero que es poco viable políticamente. Cuesta creer que la ceguera con la que el gobierno ha enfrentado la situación no haya generado ninguna fractura en el bloque oficialista. O existe un plan bien coordinado o están dispuestos a hundirse todos en el mismo bote. Las propuestas del gobierno para aplacar la furia popular no pasan de ser subsidios al sector privado, maniobra que no ha contentado a la gente que en masa vuelve a salir a las calles día a día. 

El movimiento de impugnación arrastra tantas demandas como personas que participan de él. En el fondo de las reivindicaciones hay un malestar contenido contra los fundamentos del pacto de gobernabilidad posdictatorial: la Constitución de Pinochet, la privatización de los servicios públicos básicos, el saqueo de las élites económicas a los recursos naturales, la precariedad sostenida de los sectores medios, la mercantilización total de la vida, el desprecio de un grupo de privilegiados que no ve en ellos más que electores, etc. La articulación en clave democrática de estas demandas tendrá que luchar por ganarse un espacio en el largo plazo, frente al llamado al "orden" que enarbolan los medios de comunicación y el mundo empresarial. Llegará el momento en que la fabricación de un nuevo "hombre de orden" será menos costoso que mantener al actual. Es la principal amenaza de los movimientos democráticos. Declarar la guerra en el paraíso neoliberal y no ser capaz de pararla puede costar más caro de lo pensado.

 

Notas:

https://www.youtube.com/watch?v=FHgBUJaSd1U

https://www.youtube.com/watch?v=wpSqfdF26ME

https://twitter.com/inddhh/status/1187421433351286784


Atrás

 

 

 
Imprimir
Atrás

Agrandar texto

Achicar texto

linea separadora
rss RSS