Brasil, 2019: la vuelta al pasado del “país del futuro”
Por Eduardo Luis Junquera Cubiles (*)
El sector minero, el armamentista y el religioso fueron los grandes donantes de la campaña de Bolsonaro. Ahora exigen contrapartidas.
Para entender por completo las políticas emprendidas por cada país es imprescindible saber qué empresas son las principales donantes de fondos para financiar las campañas electorales de los partidos. Algunos medios difundieron de forma interesada noticias que decían que eran los pequeños donantes a título privado quienes estaban sosteniendo la campaña de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, pero esta información no era cierta. En Brasil, las campañas siempre han sido financiadas por grupos poderosos que exigen contrapartidas una vez alcanza el gobierno el candidato por el que apostaron. Una investigación del periódico Folha de São Paulo revelaba que, en las elecciones municipales de 2016, las primeras sin aportes de las empresas, las donaciones de los ciudadanos ascendieron al 43% del dinero recaudado por los candidatos, mientras que en las elecciones de 2012 el porcentaje había sido de tan solo el 25%. El 17 de septiembre de 2015, tras casi un año y medio de deliberaciones, el STF (Supremo Tribunal Federal de Brasil) decidió por amplia mayoría y en un fallo histórico que las donaciones de las empresas privadas a las campañas de los partidos eran inconstitucionales.
Tres han sido los principales sectores que han financiado la campaña de Jair Bolsonaro: el sector minero, el sector armamentista y el sector religioso. Al poder de estos grupos habrá que sumar el apoyo que el nuevo presidente tendrá de la llamada bancada ruralista, el conjunto de diputados que defiende en el Congreso brasileño los intereses de la industria de productos agrotóxicos y de los grandes productores agrícolas, en la cual hay diputados de casi todos los partidos. Los ruralistas suman 99 de los 513 diputados del Congreso brasileño que salió de las elecciones del pasado mes de octubre.
El apoyo del sector minero
Este sector, omnipresente en la historia de Brasil, controla parte de la economía desde tiempos inmemoriales. La minería brasileña tiene fuertes vínculos internacionales y, como todos los grandes grupos de presión a nivel mundial, tiene sus esperanzas puestas en el imparable avance del neoliberalismo. Solo parapetándose tras el escudo legal que supone modificar el marco jurídico de un país puede entenderse la próxima barbarie que prepara el lobby minero, cuyo proyecto es apoderarse de las tierras indígenas para explotarlas a voluntad. Una de las promesas de Bolsonaro durante la campaña electoral consistía en la apertura de las tierras indígenas a la prospección de la industria minera y de otras formas de explotación económica. Aunque el 13% de los bosques tropicales de Brasil están protegidos por ser considerados tierras indígenas, no hay ninguna garantía de que el nuevo presidente no cambie las leyes para entregar el Amazonas y la sabana brasileña a las empresas mineras, a los empresarios madereros y a la gigantesca industria del cultivo de soja. La candidatura de Bolsonaro carecía por completo de planes para revertir la deforestación o para impedir la explotación de las tierras de los indios.
LA CANDIDATURA DE BOLSONARO CARECÍA POR COMPLETO DE PLANES PARA REVERTIR LA DEFORESTACIÓN
La explotación minera directa no es la única causa de deterioro del medio ambiente asociado a esta industria. Las actividades ligadas a la minería también tienen un enorme impacto ambiental porque cuando se abre un proyecto minero de cierta importancia se construye toda una red de infraestructuras derivada de la creación de puestos de trabajo: carreteras, viviendas, aeropuertos, etcétera. El estudio medioambiental para otorgar licencias de explotación de minas no suele contemplar el impacto que se produce fuera de las áreas estrictamente dedicadas a la minería, y las empresas mineras no se caracterizan por asumir responsabilidades de carácter social.
El apoyo del sector armamentista (deforestación de la Amazonia y de la sabana brasileña)
A comienzos del siglo XXI, la sociedad brasileña vivía bajo la creciente amenaza de la violencia y del aumento del tráfico de cocaína en el país, lo que aumentó la presión sobre el primer Gobierno de Lula da Silva (2003-2010) para que el nuevo ejecutivo regulase el uso de armas de una manera más estricta. En 2003, el Congreso aprobó el conocido como el Estatuto del Desarme, un conjunto de medidas que restringía el acceso a las armas para la mayor parte de la población. La entrada en vigor del nuevo estatuto produjo un descenso en el número de víctimas por arma de fuego durante los primeros cuatro años, pero los homicidios volvieron a aumentar, al igual que el número de armas registradas, que pasó de tan solo 5.159 en 2004 a 42.387 en 2017. Las promesas de Bolsonaro de relajar las leyes de acceso a las armas han provocado un aumento en la cotización bursátil de las empresas armamentistas brasileñas. En un nuevo ataque contra los derechos humanos, el nuevo presidente ha expresado su deseo de otorgar mayor libertad a la policía para matar a los delincuentes. Por este motivo, 5.144 personas murieron en Brasil en 2017, un 20% más que en 2016. Bolsonaro también ha declarado su intención de dotar a los policías de una suerte de inmunidad para que los crímenes ejercidos en su labor policial no sean considerados punibles.
En su labor como diputado, Bolsonaro ha defendido siempre los intereses de las empresas de armas brasileñas. El lobby armamentista está estrechamente ligado a la bancada ruralista. Los objetivos de los ruralistas coinciden con los de los lobbies armamentista y minero: perdón de deudas con la Hacienda brasileña a los productores rurales grandes o pequeños-lo cual incluye a la gran industria productora de soja y maíz-, promover el uso de armas en la población rural brasileña, acabar con las leyes que protegen la ecología y cambiar la Constitución de 1988, que garantiza a los pueblos indígenas la explotación de sus propias tierras, algo esencial para su supervivencia. En 2012, los ruralistas ya lograron modificar en parte el Código Forestal en detrimento del medio ambiente. Tanto los ruralistas como los lobbies armamentista y minero son contrarios a la demarcación de las tierras indígenas. La demarcación es un proceso por el cual se asignan tierras a los indios con el fin de garantizar su desarrollo y su supervivencia. El proceso de demarcación de tierras ya fue paralizado por el presidente Michel Temer (2016-2018) a cambio de los votos de los ruralistas, a los cuales ofreció también nuevas áreas del Amazonas para deforestar. La tasa de deforestación anual disminuyó de forma constante desde 2005 hasta 2014. A partir de 2015, los análisis realizados mediante satélite por el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil demuestran que la masa forestal de la Amazonia se está reduciendo de nuevo. Entre junio de 2015 y el mismo mes de 2016, la masa arbórea perdió casi 800.000 hectáreas. El proceso de reducción de demarcación de tierras es muy anterior al Gobierno de Michel Temer. En realidad, la demarcación de tierras indígenas comenzó a disminuir durante los Gobiernos de Dilma Rousseff (2011-2016). Las organizaciones más importantes de defensa de la naturaleza consideran que las demarcaciones, además de ser una cuestión de justicia y reparación hacia los indios, ayudan a preservar el medioambiente.
A comienzos de 2017, la organización ecologista MightyEarth publicó un estudio que revelaba el vínculo entre la deforestación del Amazonas y la producción de soja por parte de las estadounidenses Cargill y Bunge. Una parte de la soja que estas empresas compran ha sido cultivada previa tala de árboles y quema de bosques. Para elaborar este informe, MightyEarth utilizó fotos vía satélite, imágenes obtenidas por drones y trabajos llevados a cabo sobre el terreno. Cargill gasta cada año millones de dólares para lavar su imagen, pero MightyEarth dejó bien clara la relación entre las actividades de estas dos empresas y la deforestación. Como suele ser habitual, algunas prácticas de las empresas multinacionales son enormemente obscenas: el estudio mostraba la existencia de un patrón sistemático en la quema de bosques en la Amazonia y en el área de El Cerrado, la sabana brasileña que ocupa el 23% del territorio nacional y que alberga más de 10.000 especies de plantas, de las cuales más del 45% solo se desarrollan allí. Los campesinos de esta región queman bosques con el fin de cultivar soja que posteriormente venden a empresas proveedoras de Burger King como Cargill y Bunge. Si consideramos el tamaño de El Cerrado, la deforestación se produce allí a un ritmo cuatro veces mayor respecto al de la Amazonia, y si tenemos en cuenta las proyecciones del gobierno de Brasil, que hablan de un aumento en la producción de soja de entre un 29% y un 60% en la próxima década, a las que hay que sumar la ausencia de políticas de protección del medio ambiente por parte del nuevo Gobierno, no podemos más que esperar un aumento de la deforestación en ambas zonas.
Brasil se ha convertido en un gran tablero en el que se desarrollan algunas de las más importantes batallas geoestratégicas a nivel mundial: en medio de la guerra económica entre Estados Unidos y China, Brasil ha conseguido exportar al gigante asiático casi el 80% de su producción de soja entre enero y agosto de 2018. Continuando con las actividades depredadoras de Cargill y Bunge: en 2015, Cargill pagó la convención de Burger King y en 2014 ya había donado fondos a la fundación Burger King McLamore. En 2010, Burger King fue adquirida por el fondo de inversión brasileño, 3G Capital, una empresa que no se caracteriza precisamente por su transparencia.
La deforestación en las grandes áreas naturales de Brasil afecta a jaguares, osos perezosos, osos hormigueros y otras especies. En su informe de 2017, la organización de defensa del medioambiente Global Witness documentó la muerte de 57 activistas medioambientales en Brasil. En el estudio también se mencionan ataques violentos contra indios de la etnia Gamela que se saldaron con al menos 22 personas heridas, varias de ellas por arma de fuego y algunas con las manos amputadas.
Tan solo dos partidos políticos, el Partido Socialismo y Libertad, liderado por GuillermeBoulos, y REDE (Red de Sostenibilidad), liderado por Marina Silva, ofrecían en sus programas de gobierno medidas para proteger a los pueblos indígenas, incluyendo la demarcación de tierras. La organización católica CIMI (Consejo Indigenista Misionero) elaboró un informe en 2018 en el que advertía de un incremento de las violaciones contra los pueblos indígenas en 2016 y en 2017. Durante 2017, al menos 110 indios fueron asesinados en el país. Pese a la barbarie de estos números, la cifra es menor respecto a los 118 indios asesinados en 2016 o los 137 en 2015. El CINI también denuncia un aumento en otros tipos de violencia ejercidos sobre las minorías indígenas, como la expulsión de tierras. En Brasil hay 305 etnias indígenas, de las cuales 107 constan en los registros de FUNAI (el departamento nacional de defensa de los indios, creado en 1967) como tribus aisladas y no contactadas, más que en cualquier otro lugar del mundo.
EL DISCURSO CONTRA EL INDIO ES UNA FORMA DE PREPARAR A LA SOCIEDAD PARA QUE ACEPTE LOS PRÓXIMOS CRÍMENES QUE, PREVISIBLEMENTE, SE VAN A PERPETRAR CONTRA LOS INDÍGENAS
La elección de Jair Bolsonaro, lejos de tranquilizar a las minorías indígenas solo deja motivos para la preocupación, puesto que ya ha declarado de forma rotunda que no solo no cederá un solo centímetro de tierra a los indios, sino que aspira a despojarles de parte de sus territorios. El nuevo presidente ya amenazó con cerrar el FUNAI. En una ocasión, Bolsonaro declaró: "Es una vergüenza que la caballería brasileña no fuera tan eficaz como los estadounidenses, que exterminaron a sus indios". Del mismo modo, su apoyo a las posiciones de la bancada ruralista en el Congreso son inequívocas: "El reconocimiento de tierras indígenas es un obstáculo para la agroindustria". Las palabras del nuevo presidente van a envalentonar a los grupúsculos de pistoleros afines a los grupos de presión madereros, a los de la minería y a los acaparadores de tierra brasileños. El poder político en Brasil está legitimando las acciones de fuerza contra las minorías indígenas, algo que en algunos casos y en algunas regiones del país puede llevar a su aniquilación como pueblo. No tenemos más que echar la vista atrás unos pocos años: durante las décadas de los ochenta y los noventa, miles de indios de la tribu de los Yanomami fueron asesinados debido al apoyo de los sucesivos gobiernos a los llamados garimpeiros -buscadores de piedras preciosas-, los buscadores de oro que invadieron y robaron las tierras de esta tribu. Además de las muertes por asesinato, la población yanomami se vio diezmada por las enfermedades traídas por los buscadores de oro, que también llevaron a las tribus alcohol, drogas y prostitución.
En realidad, el discurso contra el indio no esconde únicamente racismo, sino que constituye una forma de preparar a la sociedad para que normalice y acepte los próximos crímenes que, previsiblemente, se van a perpetrar contra los indígenas por una cuestión de explotación de recursos. La tribu de los Guajajara, por ejemplo, sufre continuos ataques de las mafias madereras, que anhelan expulsarlos de sus tierras y que operan en estas áreas de forma ilegal. La organización Survival Internacional, que aboga por los derechos de los pueblos indígenas, calcula que, desde el año 2000, al menos 80 indios pertenecientes a los Guajajara han sido asesinados. Por su parte, la tribu de los Yanomami, como antes hemos comentado, está siendo hostigada y atacada por los buscadores de oro ilegales desde hace más de 30 años. En la actualidad, esta tribu sufre una grave epidemia de sarampión, posiblemente causada por la presencia de los garimpeiros en sus tierras, y decenas de yanomamis han muerto por la deficiente atención médica en las zonas en las que viven. Pese a la protección que la Constitución otorga a los indígenas, algunas tribus como los guaraníes de Mato Grosso do Sul han sido desposeídos de sus tierras por terratenientes y por empresas de la industria agroalimentaria que no han dudado en pagar a pistoleros para asesinar a algunos de sus miembros. En la actualidad, los indios de esta tribu viven en reservas extremadamente pequeñas o en campamentos cercanos a autopistas en condiciones de precariedad y miseria. Esta tribu posee uno de los índices de suicidio más altos del mundo. Según los datos del CIMI, el estado de Mato Grosso do Sul es el área en la que más asesinatos de indios se registran, y allí se han documentado casi la mitad de las muertes violentas de indígenas en todo el país. Esta región encabeza también el número de suicidios, con 30 muertes en 2016. Por esta causa han muerto 782 personas en Mato Grosso do Sul desde el año 2000, el 20% de ellos eran niños de entre 5 y catorce años.
Actualmente, existen 33 propuestas contra los indígenas en proceso de aprobación en el Congreso brasileño, 17 de las cuales tratan de alterar los procesos de demarcación de tierras.
Continuando con la bancada ruralista, este grupo, financiado por la industria agroalimentaria, además de estar en contra de la demarcación de tierras indígenas también promueve políticas agresivas para extender de forma general el uso de los transgénicos y para aprobar algunos productos agrícolas tóxicos prohibidos en Europa y Estados Unidos. Los ruralistas también persiguen, como ya consiguieron en 2012 con el Código Forestal, modificar o suprimir las leyes de protección del medio ambiente. Uno de los más destacados representantes de la bancada ruralista es BlairoMaggi, ministro de Agricultura del Gobierno de Michel Temer y fundador del grupo Amaggi, principal productor de soja a nivel mundial. Maggi es mencionado en la red de sobornos de Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país. A comienzos de 2017, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la investigación sobre Maggi por este asunto.
El apoyo del sector religioso (corrupción en las iglesias evangélicas)
El tercer grupo financiador de la campaña de Bolsonaro, el sector religioso, ha sido objeto de múltiples investigaciones judiciales y policiales que han concluido que las iglesias evangélicas brasileñas han sido utilizadas como centros de lavado de dinero negro ligado al narcotráfico y a los políticos. En los templos evangélicos de Brasil es común que los pastores se dediquen a infundir miedo y a amenazar a los fieles que por una u otra razón no aportan dinero a la iglesia. La excepción fiscal que proporciona el artículo 150 de la Constitución brasileña es un factor fundamental para entender la falta de control sobre el dinero de las iglesias, que no tributan por ninguna clase de impuesto ni por las donaciones que reciben de los fieles ni por cualquier otra actividad vinculada a ellas.
Edir Macedo, líder y fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), la segunda iglesia evangélica más importante del país, ha sido procesado por una veintena de causas judiciales, aunque siempre fue exculpado por prescripción del delito o por falta de pruebas. En septiembre de 2011 fue acusado por el Ministerio Público Federal brasileño por organización de actividades criminales, evasión de divisas, lavado de dinero y falsedad ideológica. Junto a Macedo, también fueron acusados otros integrantes de la cúpula de la IURD. Según el Ministerio Público de Brasil, para llevar a cabo estas operaciones la Iglesia Universal del Reino de Dios se habría valido de empresas creadas en paraísos fiscales. La IURD tiene unos dos millones de fieles en Brasil y Edir Macedo, según la revista Forbes, posee una fortuna de alrededor de 1.000 millones de dólares. La segunda televisión del país, Record TV, es propiedad de Macedo desde 1989. El líder de la Iglesia Universal también posee al menos un yate y se traslada en avión privado de forma habitual. Como otros líderes religiosos de Brasil, dispone de pasaporte diplomático. La Iglesia Universal cuenta con varias editoriales; un semanario, la Folha Universal, con 2,5 millones de ejemplares en cada edición; y 40 canales de radio. Edir Macedo tiene procesos abiertos en Estados Unidos y Venezuela relacionados con el lavado de dinero. En el caso de Venezuela, el dinero provendría del narcotráfico. El Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa (DIAP) abrió a finales de 2017 una investigación para aclarar el papel de la Iglesia Universal del Reino de Dios en una presunta red de adopciones ilegales que habría supuesto la salida de Portugal de varios niños en la década de los noventa. Marcelo Crivella, alcalde de Río de Janeiro desde 2017, es pastor evangélico de la IURD y sobrino de Edir Macedo. Crivella ha disminuido la aportación de fondos para el carnaval, la marcha del orgullo gay y los cultos del Umbanda y el Candomblé. Crivella también es un firme defensor del creacionismo, la doctrina que dice que los seres vivos han sido creados por Dios y no proceden de una evolución. Este dirigente político, al igual que otros miembros de las iglesias evangélicas brasileñas, está obsesionado con la comunidad LGTB y ha llegado a calificar la homosexualidad como "una conducta maligna".
LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS BRASILEÑAS HAN SIDO UTILIZADAS COMO CENTROS DE LAVADO DE DINERO NEGRO LIGADO AL NARCOTRÁFICO Y A LOS POLÍTICOS
En junio de 2017, en el contexto de absoluta podredumbre de la política brasileña, el presidente Michel Temer recibió en el Palacio de Planalto, sede del ejecutivo brasileño, a varios obispos de la iglesia Asamblea de Dios Ministerio Madureira, cuyo presidente ejecutivo, Samuel Ferreira, está siendo investigado en la Operación Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia del país, que finalmente habría sido entregado a Eduardo Cunha, expresidente del Congreso brasileño, actualmente en prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Las diversas iglesias agrupadas bajo la denominación "Asamblea de Dios" reúnen a más de 23 millones de fieles en todo Brasil y constituyen el mayor grupo religioso del país. En diciembre de 2016, la Policía Federal de Brasil desarticuló una red de corrupción de cobro de comisiones en relación con la explotación minera. La policía citó a 29 personas para que prestasen declaración, entre los detenidos estaba el pastor de la iglesia Victoria en Cristo, vinculada a la Asamblea de Dios, SilasMalafaia, que habría recibido un cheque de 30.000 euros procedente de uno de los bufetes de abogados envueltos en el caso. La Justicia brasileña ordenó la detención de 16 personas relacionadas con este fraude, entre ellas el director de recaudación del Departamento Nacional de Producción Mineral, AntônioValadares Moreira. En 2013, la revista Forbes cuantificó la fortuna de Malafaia en 150 millones de dólares. Este pastor es otro enemigo declarado del colectivo LGTB y sus declaraciones contra esta comunidad son una continua incitación al odio. Malafaia describió a los homosexuales como "Fundamentalistas de basura moral" y añadió "Vamos a buscar una isla desierta donde enviar a los gais". SilasMalafaia también viaja en avión privado.
Valdemiro Santiago, líder y fundador de la Iglesia Mundial del Poder de Dios, fue objeto en 2013 de una investigación del Ministerio Público y de la Policía Civil del estado de São Paulo. GEDEC es el Grupo Especial de Delitos Económicos que, junto a la División de Investigaciones sobre Crímenes contra la Hacienda, organismo perteneciente a la Policía Civil, investiga un supuesto delito de lavado de dinero y ocultación de bienes relacionado con la iglesia liderada por Valdemiro Santiago. Este pastor se convirtió en el centro de varias investigaciones cuando se descubrió que una gigantesca hacienda ubicada en el estado de Mato Grosso era de su propiedad. Se trataba de San Antonio del Itiquira, una granja situada en la localidad de Santo Antônio do Leverger. La propiedad, que constaba de 10.174 hectáreas, mansión con piscina, pista de aterrizaje y miles de cabezas de ganado fue adquirida por más de 11 millones de euros pagados al contado a través de la empresa WS Music, cuyos representantes son el apóstol y su mujer. La Iglesia Mundial del Poder de Dios ha sido denunciada por no pagar los alquileres de los locales que utiliza como templos y por no abonar a la televisión Rede Bandeirantes el dinero correspondiente a la cesión de espacios para que la iglesia retransmita ceremonias y contenidos religiosos. Las cuentas de esta iglesia fueron bloqueadas como consecuencia de la denuncia de Rede Bandeirantes, que vio cómo el juez se pronunciaba a favor de sus alegaciones. El pastor Valdemiro Santiago posee varios coches blindados, chóferes y guardaespaldas. Este personal está a su total disposición las 24 horas del día. La revista Forbes cuantificó en 2010 la fortuna de Santiago en 220 millones de dólares, lo que le convertiría en el segundo pastor más rico del país, aunque su iglesia no se halla entre las mayores de Brasil (se encuentra en el puesto 14º por número de fieles). Como Edir Macedo, Valdemiro Santiago también dispone de pasaporte diplomático y viaja en avión privado.
Marco Feliciano, pastor de la iglesia Asamblea de Dios y diputado del Congreso brasileño, es uno de los líderes evangélicos más influyentes de Brasil. Entre los meses de marzo y diciembre de 2013 llegó a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Feliciano es un ultraconservador que consiguió que este organismo aprobase en junio de 2013 una propuesta denominada por la prensa como la "cura gay". Este proyecto consistía en suspender la resolución del Consejo Federal de Psicología de prohibir a los psicólogos aplicar tratamientos destinados a "curar" la homosexualidad, además de participar en manifestaciones que refuercen los prejuicios sociales contra la comunidad LGTB. Durante esta etapa, la Comisión aprobó la tramitación de una propuesta de referéndum para consultar a la población acerca del matrimonio entre personas homosexuales. Marco Feliciano ha definido a la raza negra como "maldita", considera que el amor entre personas homosexuales "conduce al odio y al crimen" y que el virus del SIDA es un "cáncer homosexual". Feliciano también presentó un proyecto de ley para que no existiera reconocimiento legal para el matrimonio de personas del mismo sexo. Las palabras de este pastor, que es todo menos un hombre de Dios, suponen una continua incitación al odio y a la violencia. Días después del asesinato de la activista de los derechos humanos, Marielle Franco, Marco Feliciano se permitió hacer un chiste sobre su muerte en el famoso programa de radio, Pânico na Rádio.
El lobby religioso dispone de cuantiosas cantidades de dinero que aportó de forma directa a la campaña de Jair Bolsonaro. A partir del 1 de enero de 2019, los evangélicos contarán con 91 de los 513 diputados en el Congreso de Brasil. En el Senado, el porcentaje pasará de 3 a 4 senadores. El llamado "bloque de la Biblia" se opone al aborto (un problema de salud pública en el país), a la despenalización de las drogas, a los derechos del colectivo LGTB y a que se promueva en las escuelas el respeto y la tolerancia hacia esta comunidad. Los evangélicos han pedido también que se supriman los ministerios de Cultura y de Ciencia y Tecnología, además de solicitar la creación de una institución que supervise la "enseñanza moral".
Sin esperanza para Brasil
Dentro de los grupos de poder brasileños, Bolsonaro representa al sector más reaccionario y atrasado. No hay nada en sus propuestas que pueda entenderse como una concesión a la modernidad o al progreso. Al contrario, el nuevo presidente apela de forma directa a la violencia contra el adversario político, al golpismo, al odio hacia las minorías, al machismo, al racismo y a la homofobia. El nuevo Gobierno presenta un fortísimo perfil ultraderechista y es una mezcla de ministros civiles y militares. Es prácticamente imposible que un país como Brasil, que ha congelado por un tiempo de 20 años la inversión en Educación y en otras partidas públicas a través de la enmienda PEC241, vea una reducción significativa de sus inadmisibles cifras de violencia, que están en torno a las 60.000 muertes anuales. Lo más lógico, dado el anuncio del nuevo presidente de que se facilitará el acceso a las armas de fuego a la población, es que el número de víctimas por esta causa aumente de forma alarmante tanto en las ciudades como en las áreas rurales, donde Bolsonaro ha prometido hacer todo lo posible para que los ciudadanos dispongan de fusiles de asalto. La inmensa mayoría de las armas usadas por los grupos criminales brasileños fueron compradas de manera legal en algún momento, de manera que un aumento de la posesión de armas conducirá, antes o después, a un incremento de su uso para cometer delitos. Entre el 31 de agosto y los días posteriores a la victoria de Jair Bolsonaro, el valor de las acciones del principal fabricante brasileño de armas, Taurus Forges, aumentó en un 421%. No es necesario decir a quién beneficia el discurso del nuevo presidente.
Todas las líneas ideológicas del nuevo Gobierno apuntan a un rearme moral de la ultraderecha brasileña, a un aumento de la desigualdad y a un retroceso en los pocos avances logrados en el país durante los Gobiernos del Partido de los Trabajadores. De hacerse realidad los planes neoliberales de Paulo Guedes, Bolsonaro deberá enfrentarse a una sociedad que verá un aumento en los recortes sociales iniciados por el presidente, Michel Temer, tras el proceso que terminó con la destitución de Dilma Rousseff. Se produce, además, una triste y llamativa paradoja: varios ministros han hecho declaraciones rotundas en contra de las materias que ahora deben gestionar. El ministro de Exteriores es cualquier cosa menos un hombre diplomático; el ministro del Medio Ambiente no considera un problema principal el cambio climático y el deterioro del medio ambiente; la ministra de Agricultura no se ha distinguido por luchar por un tipo de agricultura sostenible que proteja los derechos de los ciudadanos; la ministra de Derechos Humanos tiene un dudoso concepto de los derechos de la mujer; el ministro de Sanidad ha trabajado siempre para la sanidad privada; y el nuevo ministro de Educación no otorga valor alguno a las políticas educativas inclusivas y de respeto por las minorías. Bolsonaro también ha declarado que todas las organizaciones de defensa de los derechos civiles dejarán de percibir ayudas económicas y que los movimientos sociales podrán ser considerados terroristas, con la consiguiente criminalización de sus dirigentes.
