Cuba: Sobre el Proyecto de Constitución

Por Ernesto Daranas (*)

Algunas cuestiones de partida.

Parte del sistema legal cubano se ha centrado en ofrecer respuestas coyunturales a los problemas derivados del propio diseño nacional.

En consecuencia, más que un estructurado cuerpo de leyes, se cuenta con un apreciable grupo de disposiciones transitorias, de carácter regulatorio y a veces disonantes con la propia Constitución vigente. El Proyecto presentado no escapa del todo a esa tradición, y su diálogo con la Gaceta Oficial número 35 (10 de julio de 2018), resulta inevitable, en tanto coinciden en el tiempo y comulgan en algunas intenciones.

La referida Gaceta (que incluye el polémico Decreto 349) regulariza y limita el ya estrecho marco de acción de los emprendedores cubanos, haciendo explícita la visión del legislador sobre una de las zonas más comentadas del Proyecto: el reconocimiento de la propiedad privada y la puerta que esto abre hacia una economía mixta. Nuevamente, la legalidad cubana sale a la caza de una realidad que se le adelanta, esta vez parcialmente propiciada por las propias reformas de la última década que, junto a un grupo de medidas largamente esperadas, han incrementado el costo de la vida, los niveles de pobreza y las diferencias sociales.

Afloran entonces en el debate algunas cuestiones esenciales: ¿Es ese el camino hacia un socialismo próspero y sostenible? ¿En qué lugar de esa Ley de Leyes quedará decididamente afrontada la lucha contra la creciente pobreza? ¿Cómo se abordará constitucionalmente el acelerado envejecimiento de la población y las precarias condiciones de muchos de nuestros jubilados? ¿Por qué hay un grupo de derechos recogidos por la Constitución vigente que se omiten en el Proyecto? ¿Por qué los cubanos no gozan de los mismos derechos que los inversores extranjeros? ¿Qué impide la igualdad de derechos y deberes entre la iniciativa estatal y la privada? ¿No está claro para el legislador que la complementación de esas iniciativas estatales y privadas, nacionales y extranjeras, conforman un motor económico generador de oportunidades, desarrollo y empleos? ¿No debió entonces la mencionada Gaceta 35 ser una secuela del nuevo texto constitucional? ¿Lo que procede es la centralización y un mayor poder para el Estado o un diseño nacional más abierto, democrático y participativo? ¿No es el pueblo quien debe proponer y decidir acerca de todo esto? Siendo así, ¿la estructura actual del Estado y los modelos de participación existentes permiten que eso sea posible?

No sólo la masividad garantiza que esos modelos de participación sean efectivos. Las consultas populares realizadas previas a los Lineamientos y al nuevo Código del Trabajo apenas hicieron públicas, de manera directa, las principales demandas recogidas entre el pueblo. Frente a este señalamiento, se han hecho algunos ajustes para el debate del Proyecto, pero se reitera un procedimiento que, aunque masivo y sujeto a un voto final, no resulta vinculante ni garantiza plenamente que un grupo de demandas esenciales vayan a ser atendidas. Por lo pronto, se nos afirma que lo novedoso y lo cualitativo de las propuestas hechas al Proyecto puede terminar primando sobre lo cuantitativo, lo que da lugar a lógicas dudas; ¿sobre qué principios puede decidirse eso, acaso lo cuantitativo dejó de ser un indicador objetivo de la voluntad del pueblo?

No solo se trata de cuántos cubanos leen o discuten el Proyecto, o de cuántos van a aprobar o no al final lo que se les presente. Se trata, también, de tener acceso a sus inquietudes y comprobar de qué manera, y en qué medida, las mismas terminan conformando realmente una nueva Constitución capaz de devolvernos una visión de futuro. Se trata de habilitar un auténtico intercambio público que nos permita acceder a diferentes enfoques sobre temas a veces muy complejos, pero sensibles para todos. ¿Qué sentido tiene un debate en la red y otro diferente en los medios? ¿Cuáles son las alternativas frente al monopolio sobre esos medios y su repercusión en procesos tan importantes como este?

La independencia, la economía, los modos de propiedad, las elecciones y el pueblo como protagonista

Es difícil entender una verdadera independencia sin independencia económica. Luego de décadas intentando estabilizar nuestra economía, el mayor capital sostenible al que puede aspirar el socialismo cubano parece estar dado por el propio talento e iniciativa de su pueblo, actuando desde las formas de propiedad más diversas. Nuestro desarrollo no puede quedar eternamente supeditado a la posibilidad de que se levante el bloqueo, a los vaivenes de la inversión extranjera, al aliado de turno, al número de turistas, al ciclón de cada año, ni a la volátil situación internacional. Por supuesto que son factores que inciden con fuerza, por eso exigen de una estrategia interna concreta, centrada en encontrar opciones reales a nuestra libertad e independencia en el terreno social, político y económico que saque el máximo partido a nuestras potencialidades y devuelva el sentido de futuro a nuestro pueblo.

Si algo deja claro el sustancioso debate académico desarrollado durante los últimos años, es que no existen fórmulas mágicas para resolver la suma de problemas que se han venido acumulando en nuestra economía, agravados por la lentitud para reaccionar frente a ellos. Una de las más caras consecuencias de este estancamiento ha sido la fuga del capital humano compuesto por jóvenes y profesionales formados en el país. ¿Tiene sentido que cientos de miles de cubanos altamente calificados se hayan visto limitados por un diseño económico que no saca partido a sus potencialidades y a su capacidad de generar progreso, bienestar y riqueza? ¿Tiene sentido que ese talento que en Cuba se crea emigre de manera masiva? ¿Tiene sentido que produzca más ingresos al ser exportado que aportando directamente al desarrollo nacional? ¿Hasta dónde las restricciones que determinan esta grave anomalía han afectado nuestra calidad de vida, restando valor al esfuerzo propio como fuente del bien común, generando corrupción, desmotivación e ineficiencia a todos los niveles?

Por otro lado, ¿cómo entender que exista una Ley de Inversión extranjera y que la propia Constitución de la República limite la posibilidad de los cubanos de llegar hasta donde su capacidad y esfuerzo les permita? ¿Acaso no aportarían infraestructura y riqueza al Estado, integrándose como actores económicos a ese socialismo próspero y sostenible al que se aspira? ¿Cuál es la lógica tras esta diferenciación entre cubanos y extranjeros? ¿No se oponen a ella nuestros derechos como cubanos, la autoestima nacional y la propia diversidad de opciones económicas y de modos de propiedad que ofrece el socialismo? ¿Cuál es el precio de estas restricciones para el apoyo popular a varias de las estrategias del Gobierno? ¿Hasta qué punto no han sido decisiones de este tipo las que explican la manera en la que una parte de los cubanos se relaciona con la propiedad y los recursos administrados por el Estado?

La igualdad de condiciones, deberes y derechos entre todos nuestros actores económicos (estatales, privados, militares y civiles), a la par que un requisito para el progreso en todos los frentes posibles, conforma una vía natural para lograr que la concentración de la propiedad y la riqueza sólo se produzca en base a la eficiencia y a la capacidad de aportar al bienestar colectivo. Por eso se ha cuestionado también que nuestras principales opciones de desarrollo se centren en un modelo de propiedad estatal que, a lo largo de ya más de medio siglo, no ha resultado eficiente; un modelo en el que todos sus actores no juegan con las mismas reglas y que ha sido reticente frente a otras formas de gestión de la propiedad socialista en las que el pueblo puede sentirse realmente responsable de los medios y recursos, así como de los beneficios que se derivan de ellos.

El pueblo es el gran inversor de los recursos que administra el Estado y la razón de ser del mismo. En consecuencia, le corresponde a él proponer y decidir el modelo económico a seguir, la pertinencia o no de un partido único, la pretendida irrevocabilidad del socialismo y cualquier otra definición de principios referida al Estado que lo representa. ¿Está eso plenamente garantizado por el proceso seguido, por los mecanismos de participación existentes y por el propio diseño del Estado? ¿Cuánto de nuevo hay sobre esto en el Proyecto con respecto a la Constitución vigente? ¿De qué modo asegurar un diálogo constante y directo con la voluntad del pueblo?

Una opción sería el diseño de un modelo electoral basado en el voto directo a todos los niveles, que reemplace el criterio de "confiabilidad" por los de "capacidad", "honestidad" y "compromiso". En ese caso, desde la base, pasando por los Gobernadores locales ahora propuestos, hasta la elección misma del Presidente, los candidatos serían aquellos ciudadanos más capaces y dispuestos para resolver los problemas de su comunidad y de la nación. La Asamblea Nacional se debería entonces a este principio y en ella radicaría el máximo órgano de dirección del país, dado que sus miembros serían los representantes y voceros directos de sus electores. Un proceso de esta naturaleza permitiría un Estado menos burocrático, libre de estructuras con atribuciones paralelas, con una clara vocación de servicio a los electores y donde la vanguardia del pueblo estaría legítimamente conformada por esos ciudadanos más capaces para aportar riqueza, cultura, valores, soluciones sociales y conocimiento a la nación.

Otros aspectos esenciales

Es importante que se haya abierto esta consulta constitucional a la diáspora, pero esto no ha venido acompañado de su derecho al voto y a invertir en su país de origen. En general, los derechos y deberes de los cubanos deben ser los mismos, sin distinción de raza, credo, afiliación política, ideología, género u orientación sexual; sin importar que sean obreros, campesinos, maestros, artistas, médicos, ingenieros, deportistas, dirigentes, militares, emigrantes o propietarios de negocios. Esos derechos y deberes no pueden verse limitados, manipulados o favorecidos, por intereses coyunturales de ningún tipo, ni deben ser delegados por la Constitución al remitirlos a otra ley posterior.

En el Proyecto presentado destaca la definición de Cuba como un Estado Socialista de Derecho y el reconocimiento al debido proceso, entre otras novedades. Pero llama la atención la mencionada omisión de algunos derechos presentes en la Constitución vigente y de otros que, como el derecho a huelga, forman parte de las armas históricas del pueblo para hacer valer sus reclamos.

Se ha insistido también en que la censura en la cultura, la política y los medios ha sido y es fuente de impunidad y abuso de poder. El enunciado de que "las formas de expresión en el arte son libres" (Artículo 95) no recoge la verdadera y completa libertad de creación como derecho inalienable. Una nueva Constitución debe garantizar la libre circulación de las ideas como requisito básico para una sociedad más justa, participativa, con pleno acceso a la información y a la toma de decisiones, así como a un periodismo y una cultura enfocados en las verdaderas necesidades, sueños e inquietudes de la gente, capaz de exponer sus dificultades, cuestionar a los responsables, propiciando un seguimiento constante de sus problemas reales.

El sentido de una nueva Constitución

Luego de casi seis décadas intentando construir el socialismo, cualquier diseño realista de nuestra sociedad tiene ante sí la magnitud e impacto de una crisis que ya dura treinta años, sumado a las consecuencias de algunas de las reformas recientes. Crear las bases necesarias para comenzar a revertir esto sin afectar a los sectores más vulnerables constituye uno de los mayores desafíos para la nueva Constitución.

La Ofensiva Revolucionaria de 1968 erradicó la pequeña y mediana empresa afectando, de manera dramática, el trazado económico, social y cultural de la nación. El Estado se echó sobre sus hombros un peso sólo posible de llevar a medias con el subsidio soviético. La manera en la que las reformas recientes han pretendido aliviar esa carga, parece responder más a una necesidad de subsistencia del Estado que a una verdadera comprensión de la importancia de devolver el rol protagónico que la iniciativa y talento de los cubanos deben jugar en nuestro desarrollo. Corresponde revisar entonces de qué manera las nuevas medidas para el sector privado (Gaceta 35) y parte del Proyecto presentado, continúan abriendo las puertas, desde sus propias restricciones e imprecisiones, a nuevas formas de corrupción y descontento.

A estas alturas, la recuperación cultural, económica, social, política, urbanística, rural, e incluso ética, espiritual y de valores, parece impensable sin leyes lógicas y propiciadoras de desarrollo. ¿Acaso es posible la reanimación de nuestra infraestructura productiva, industrial, comercial, cultural y de servicios de todo tipo, sin abrir decididamente las puertas al valor del trabajo y del esfuerzo propio, enfocados en el crecimiento personal y social? ¿No es ese enjambre de pequeñas y grandes iniciativas, sociales y privadas, la que activa el mercado interno, ofrece opciones de trabajo a la gente, propicia nuevos rubros exportables, revitaliza la producción agrícola, potencia el turismo y las inversiones, reanima a las ciudades, a la cultura y a la propia economía en general?

El Estado y la Constitución existen para el pueblo, ofreciendo respuestas a sus anhelos de justicia y prosperidad. Más que atemperarse frente una nueva realidad, nuestra Ley de Leyes debe sentar entonces las bases de nuestro futuro. Cada cubano tiene el derecho de sentirse responsable del destino de un país donde las ideas de libertad e independencia alcancen finalmente una dimensión concreta en el terreno económico; sin espacio para la impunidad, el secretismo, las restricciones injustas, los favoritismos, la corrupción, la censura, la manipulación y el abuso de poder. Por el momento, no sólo está limitada la iniciativa privada, sino la propia diversidad de modelos que ofrece el socialismo. Una nueva Constitución es una gran oportunidad de cambiar eso, aportando nuevas reglas de juego que permitan un verdadero espacio de realización a nuestras aspiraciones y sueños.

(*) Ernesto Daranas, es cineasta. Su filmografía cuenta con los aclamados largometrajes 'Los dioses rotos', 'Conducta', y' Sergio y Serguei'.

Fuente:https://jcguanche.wordpress.com/2018/11/12/ernesto-daranas-sobre-el-proyecto-de-constitucion/#more-2377